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viernes, 2 de octubre de 2020

Las opiniones políticas del comandante en jefe

 Por Juan Pablo Cárdenas S.:

En las democracias verdaderamente sólidas y estables, las opiniones de las cúpulas militares son prácticamente irrelevantes y no concitan realmente la atención de la prensa. En Chile, en cambio, los medios de comunicación se encuentran muy interesados en las FFAA y en cada acción o gesto que venga de la alta oficialidad. Ello tiene base en las constantes irrupciones castrenses en la política, sus sucesivos cuartelazos e, incluso, en la todavía fresca conspiración de 1973 que se derivó en 17 años de una dura y cruenta dictadura.

Es sabido que, más que velar por nuestra soberanía, el Ejército, la Armada y la Aviación han ejecutado constantes y fratricidas acciones para imponer la seguridad o la paz interna, por lo que han ocasionado incontables ejecutados, detenidos desaparecidos y toda suerte de víctimas en nuestra propia población civil. Muchas más, por ejemplo, que en los conflictos que desgraciadamente enfrentamos en el pasado con nuestros países vecinos, y en cuyos campos de batalla se inmolaron siempre muchos más civiles reclutados que uniformados de carrera.

No se trata, tampoco, que los militares chilenos sean muy locuaces. Más bien son los comandantes en jefe de los institutos armados los que deciden hablar cuando les interesa, como recién lo ha hecho el general Ricardo Martínez Menanteau, a través de conversación con el diario El Mercurio, medio que utilizan por excelencia (domingo 20 se septiembre).

Esta entrevista es publicada a pocas semanas del Plebiscito Constitucional, consulta popular que debiera conducirnos a una nueva Constitución Política del Estado, cuestión que sin duda debe inquietar a nuestras ramas de la Defensa y a las dos policías. Una nueva Carta Magna que es poco probable que mantenga los privilegios que hoy tienen los uniformados respecto de la población civil.  De allí que el general Martínez rompa el silencio y la supuesta prescindencia política que dicen tener los militares a fin de plantear juicios que buscan influir en el proceso electoral que se avecina, a sabiendas que la actual Constitución (la de Pinochet) pueda ser abolida y nuestra nueva institucionalidad se defina sobre un “papel en blanco”, como muchos lo desean. 

Desde luego, el Comandante en Jefe asume definiciones políticas. Claramente plantea que las FFAA deben estar constituidas únicamente por el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, cuando perfectamente una asamblea constituyente pudiera modificar esta situación y diversificar al mundo castrense como acotar sus atribuciones, cuando en materia de Defensa ya no están muy nítidos los perfiles funcionales de cada rama castrense en materia de defensa y posibilidad de guerra.

 Tampoco se mostró en esta entrevista partidario de que los altos mandos militares sean nombrados o ratificados por el Poder Legislativo, advirtiendo el “riesgo de politización” que vivieron en el pasado, especialmente el Ejército. Aunque habría de recordarle que esto no fue óbice, para que la conspiración de 1973 justamente tuviera como cabecillas a oficiales que había sido designados en sus cargos por el Ejecutivo y el Parlamento, para después ser derrocados, asesinados y confinados por quienes los nombraron. A todas luces, un planteamiento como éste es totalmente político, más allá de las razones que pudieran esgrimir los militares para mantener los altos grados de autonomía que ahora tienen respecto de los poderes del estado.

Más Insólitas son, todavía, las declaraciones del general Martínez respecto del fenómeno de la Explosión Social (18 de octubre), manifestándose completamente en desacuerdo con quienes aseguran que el estado ejerce una violencia estructural como se asegura por muchos y provocara una verdadera y masiva insurrección popular, interrumpido solo por la emergencia sanitaria mundial del Covid 19. De allí que en sus opiniones respecto del conflicto de la Araucanía llegue al extremo de plantear que “la violencia en el sur es obra de delincuentes, además de cobardes, que atacan de noche, a rostro cubierto y a personas indefensas…”

Con lo que colige que sería necesario enfrentarlos, advirtiendo también que si se llegara a atacar a los contingentes militares éstos “tendrían una respuesta superior”. Bravata que no disimula su preocupación sobre lo que sucede, puesto que en otro párrafo de su entrevista anuncia “un plan especial de ingreso al Ejército para pueblos originarios”, con lo que reconoce la discriminación de nuestras etnias hasta en el reclutamiento militar.

Por supuesto que en los juicios del Comandante en Jefe no hay una sola autocrítica ni por el pasado o el presente. 

Al grado que, sobre la supuesta reprimenda recibida por el ex ministro de Defensa, a propósito de una grave filtración desde el Ejército a la prensa, solo reconoció con arrogancia que él se “disculpó” ante el Secretario de Estado, pero nunca le pidió “perdón”. Muy reacio se mostró, además, a opinar sobre los militares que sufren presidio por sus graves violaciones a los Derechos Humanos. Tal como entregó una muy escueta respuesta sobre los oficiales procesados por corrupción y que él mismo estuvo obligado a marginar del Ejército, atribuyéndole al Gobierno la “decisión política” de negarse a indultar a los militares que cumplen condena de por vida.

Pero donde el desparpajo del general Martínez se expresa totalmente es cuando se refiere a la situación previsional de las FFAA, negándose a aceptar que exista cualquier privilegio castrense respecto de los trabajadores civiles pensionados. Para ello alega que los militares deben cumplir una disponibilidad 24/7, sin pago de horas extras o bonos, estar sindicalizados o tener derecho a huelga, así como restringidos en sus desplazamientos, libertad de expresión y en riesgo de trabajar con armas y explosivos, cuanto dispuestos a dar la vida por la misión que les encomiende la República…

Entre tantas cosas, se le olvidó al General, reconocer que la pensión promedio de los civiles es al menos triplicada por las de los militares jubilados todavía con menos años de servicio. Omitió decir que durante los períodos de emergencia realmente elevan sus estipendios no solo en dinero, sino en viviendas, “ranchos”, viáticos, gastos de representación, casinos, hospitales y un sinfín de otras ventajas. Que sus riesgos laborales, ciertamente son muy inferiores a los de los mineros, pescadores y otros que cotidianamente pierden sus vidas en sus sacrificadas faenas. O que en desastres como el que ahora vive el país con la pandemia, los que tienen mayormente garantizada su estabilidad laboral son justamente todos los uniformados, ante los millones de trabajadores que pierden sus empleos y disminuyen sus ingresos.

Tenemos “muchos deberes y pocos derechos respecto a la inmensa mayoría de los chilenos”, asegura el primer oficial de la República, llegando al descaro de afirmar que no hay otra profesión que se le parezca en cuanto a necesidad del Estado. Una percepción realmente imprudente y que lo único que favorece es el divorcio cada vez más profundo del mundo militar con la población civil. Miles de uniformados que consumen la mayor tajada de nuestro presupuesto fiscal en materia salarial e infraestructura y que, como la historia lo comprueba, no han cesado de abusar y corromperse gracias al poder de las armas que controlan. 

Lo que no se condice para nada con el “amor a la patria” que proclaman en sus arengas o entrevistas. Muy eficientes, debemos reconocerlo, en levantar campos de confinamiento y tortura destinados a sus connacionales. Implementar cada vez más onerosas y ridículas paradas militares, mientras el hambre, la cesantía, la delincuencia común y el narcotráfico asolan a nuestras ciudades y barrios de todo el país. “Valientes soldados” verdaderamente expertos, como se han demostrado, en traicionar la institucionalidad y actuar de guardianes de los capitales foráneos enseñoreados en todo nuestro territorio y riquezas naturales.

juanpablo.cardenas.s@gmail.com

sábado, 30 de mayo de 2020

Ele Moreno cobarde y Traidor



 Por Julio Yao Villalaz:
 El levantamiento nacional del pueblo ecuatoriano, que se coronó exitosamente gracias a la insurrección indígena, fue traicionado por Ele Moreno (para no llamarlo Lenin ni seguir blasfemando a Ulianovsk, según consejo del Dr.  Juan Carlos Mas).

Después de “negociar” con la dirigencia de la CONAIE y aceptar derogar el Decreto 883 que suspende el subsidio a los combustibles -- motivo inmediato del movimiento -- emprendió esa misma noche una campaña de represión a los seguidores y exfuncionarios de la Revolución Ciudadana del expresidente Rafael Correa y también a los propios dirigentes indígenas.  Algunos de sus negociadores cayeron arrestados en el mismo sitio de la negociación, ante el estupor de la Conferencia Episcopal y los mediadores de la ONU.


Desde el inicio de las mal llamadas “negociaciones”, estaba claro que la dirigencia pecaba de ingenua al creer a pie juntillas que Ele Moreno era sincero y transparente cuando, casi que, llorando, se deshacía en elogios al “pueblo que tanto amaba y para el cual solo quería la paz.”  Eso sí, en un parpadeo de fugaz sinceridad dejó entrever que a ese pueblo que tanto amaba no pertenecían los seguidores de Correa.

Los indígenas, que protagonizaron un levantamiento no visto en décadas en Latinoamérica que hizo huir pero no renunciar al presidente, se conformaron con la palabra de un traidor sociópata en serie y, creyendo que  la  paz era un hecho automático, no pidieron que se liberasen inmediatamente a los presos; se atendiesen a los miles de heridos y familiares de los muertos; se investigara los desaparecidos, como  tampoco que se levantase el Estado de Excepción ni que cesara toda represión, como preámbulo a la negociación.

Tampoco exigieron que se rechazaran las recetas del FMI que agravan la situación social del pueblo y enriquecen a los más ricos y a las empresas extranjeras, recetas mucho más perjudiciales que la suspensión de los subsidios al combustible y el contrabando de gasolina.

Era evidente que el objetivo del paquetazo del FMI era reducir los impuestos a los que más ganan y aumentárselos a los más pobres.  Así, se dejaron intactas las recetas para disminuir los salarios y vacaciones, la pérdida de empleos, salud y educación, entre otros.

Mientras nadie sabía cómo se reemplazará el Decreto 883 por otro ni que contendrá el nuevo, sin esperar a que amaneciera, allanaron a múltiples residencias de exfuncionarios correítas en medio de la noche, en base a listas preparadas de antemano por la Inteligencia y el ministerio de la Defensa para acusarlos falsamente de un conjunto de delitos, para lo cual obviamente plantaron las evidencias, las huellas del delito, y niegan toda posibilidad de defensa a los perseguidos.

En efecto, Ele Moreno se ha embarcado en una cacería de brujas como nunca antes se ha experimentado en Ecuador y que seguramente cuenta con el aval de Washington, que intentará descabezar la rebelión que pudiera dar un vuelco a la Doctrina Monroe y su agresión a nuestros pueblos.
Los indígenas dieron por cerrado el caso sin que Ele Moreno se comprometiese a cobrar los 5,000 millones que los más ricos le deben al fisco y que hubiesen hecho totalmente innecesaria la suspensión del subsidio a los combustibles que provocó la insurrección en primer lugar.

Ahora, ya desmovilizados y felices porque pensaban haber triunfado, los indígenas, agotados, estropeados, con hambre luego de dos semanas de combate, se la verán en dificultades para reaccionar.  Muchos lo harán, pero también muchas correítas más correrán para salvar sus vidas.

Antes de levantarse de la mesa, la CONAIE debió pedir elecciones anticipadas, autonomía comarcal, garantías contra la persecución.   En vez, quienes debieron alzarse con una victoria que se ganaron palmo a palmo; quienes confundieron a policías y militares; quienes gritaron como nunca, “el pueblo unido jamás será vencido”, ahora se ven obligados a refugiarse en los montes, embajadas e iglesias de Ecuador y a replantearse la lucha en más difíciles condiciones.

Ele Moreno, con un gobierno seriamente debilitado por la jornada, será presa fácil, un manso cordero ante los sectores dominantes nacionales y extranjeros y deberá escoger pronto entre ser dictador sanguinario, huir como una rata o suicidarse.  Pero Ele Moreno, cobarde y traidor, no tiene agallas, valor ni dignidad para lo último.

Analista Internacional y ex Asesor de Política Exterior.
julioyao1@gmail.com

miércoles, 4 de diciembre de 2019

Por la Razón o la fuerza (Plan Condor II)



Por Rodolfo Cortés Calderón:
Pareciera que el digno y valiente pueblo chileno y los demás países de Latinoamérica están destinados a vivir la desgracia permanente de la bota militar asesina y usurpadora. Además de Chile, lo vemos en Bolivia, Ecuador, Honduras, Haití, Brasil, Colombia, Guatemala, El Salvador y otros países donde se ven estos nubarrones auspiciados por el militarista y guerrerista Donald Trump, emperador del Imperio.


La enseña “POR LA RAZÓN O LA FUERZA” forma parte del escudo y la bandera de Chile y, ayer, en un discurso difundido por la televisión internacional lo repitió con énfasis el sanguinario Sebastián Piñera que ya lleva en sus espaldas según RT 23 asesinados, más de 2200 heridos, entre ellos casi 300 afectados en los ojos, más de 6300 detenidos y un estimado de 4,500 millones de dólares en daños como una señal de que este energúmeno neoliberal no tiene el menor concepto de lo que es LA RAZÓN ya que sólo ha aplicado LA FUERZA.

Da la impresión que en nuestras sociedades latinoamericanas se está reviviendo el satánico Plan Cóndor que desde mediados del siglo XX y hasta casi los albores del siglo XXI dejó una secuela de millones de personas entre asesinados, desaparecidos, desterrados, encarcelados y donde sobresalía de parte de los psicópatas y esquizofrénicos militares la tortura, violaciones a mujeres y hombres, secuestros de niños y niñas, robo y saqueo de fortunas, etc.

Hubo un caso muy patético en Chile, entre centenares, de una mujer luchadora magisterial MARTA LIDIA UGARTE ROMÁN (1934-1976) que después de ser detenida, desaparecida y torturada fue tirada desde un helicóptero militar en las playas chilenas y, en Honduras, hay algunas versiones de que el padre GUADALUPE (JAMES) CARNEY (jesuita) y otros miembros de un grupo guerrillero sufrieron la misma pena en las selvas de Olancho en 1983. Atrocidades hasta lo inimaginable.

EL ASESINO PLAN CÓNDOR DEL SIGLO XX
El Plan Cóndor es una de las páginas más oscuras y dolorosas de la realidad latinoamericana del siglo pasado. Es una realidad que más se ensañó y se visualizó en América del Sur, los países de Mesoamérica lo vivieron con igual o peor dolor, sin ser visibilizados. En el Sur, ya se ha hecho algo de justicia, en Centroamérica está en ciernes.

Este Plan surgió en los tiempos del mal llamado presidente demócrata John F. Kennedy que gobernó Estados Unidos desde 1961 hasta 1964, año en que fue asesinado por el mismo Imperio.
El principal objetivo de este Plan u Operación Cóndor era contener y destruir los movimientos insurgentes que motivados por la exitosa revolución cubana de 1959 se daban en el continente.

De ahí surgieron dictadores militares golpistas de la talla de Augusto Pinochet Ugarte en Chile;  Humberto Castelo Branco, Emilio Garrastazu Medici, Ernesto Geisel, Artur da Costa y Joao Figuereido de 1964 a 1985 en Brasil; Jorge Rafael Videla, Roberto Viola, Leopoldo Galtieri y Reynaldo Bignone desde 1976 hasta 1985 en Argentina; dictadura cívico-militar de 1973-1985 en Uruguay; Anastasio Somoza Debayle en Nicaragua; Alfredo Stroessner en Paraguay; Hugo Banzer Suárez en Bolivia; Oswaldo López Arellano en Honduras; Juan Velasco Alvarado en Perú; Julio Adalberto Rivera y Fidel Sánchez Hernández en El Salvador; José María Pinilla Fábrega en Panamá; Fernando Romeo Lucas García, Kjell Eugenio Laugerud García y Efraín Ríos Montt, en Guatemala y Henri Namphi y Prósper Avril en Haití, todos estos dictadores tuvieron como su centro de “formación” la tétrica Escuela de las Américas.

LA SUBLEVACIÓN CHILENA
Octubre de 2019 será un mes y año mal recordado siempre por los Chicago Boys, padres del abortado Modelo Neoliberal. Esta semana los insurgentes chilenos llegaron a su primer mes de lucha, sin flaquear un solo día.

Y no es para menos, 46 años de oprobiosa dictadura de Augusto Pinochet,16 años y, 30 años de sus monigotes “demócratas” politiqueros liberales, socialistas y neoliberales. Ellos son los únicos responsables de toda esta crisis y de los asesinados, detenidos y heridos.
El enfoque primario de los insurgentes está en la destitución de Piñera y la convocatoria a una asamblea nacional constituyente, sin dilaciones.

LA CÓMPLICE OPOSICIÓN DE CHILE
Queriéndole dar “miel con el dedo” a los sensatos y conscientes resistentes chilenos el poder neoliberal piñerista presentó, desde el Legislativo a la sociedad chilena un adefesio de propuesta--elaborada por el poder neoliberal sin tomar en cuenta a la ciudadanía—que propone un plebiscito para abril 2020 donde los chilenos escogerían entre dos opciones, las dos surgidas del poder político neoliberal y quizá a finales del mismo año elegir a los “constituyentes”.
Sin la menor duda los movimientos populares resistentes y algunos sectores políticos que no se unieron al gobierno, entre ellos los partidos comunista y humanista, rechazaron la propuesta.
El lunes recién pasado la resistencia chilena convocó a un paro general que fue todo un éxito.

¿ESTAMOS A LAS PUERTAS DE UN PLAN CÓNDOR II?
Aunque no lo deseamos, todo parece apuntar a que las sociedades latinoamericanas estamos a las puertas de un Plan Cóndor No. II. Si observamos con detenimiento los presupuestos nacionales de la mayoría de los ministerios de Defensa y las Fuerzas Armadas de estos países, estos presupuestos se han incrementado escandalosamente en detrimento de los presupuestos sociales.

Sólo en Honduras, nuestro pequeño país, el dictador de turno Juan Orlando Hernández, JOH, incrementó hace unos pocos días a las Fuerzas Armadas más de 150 millones de dólares, para un oculto proyecto productivo, mientras la pobreza alcanza el 63% y de estos el 38% vive en indigencia (INE 2017). A esto se suma que desde el golpe de Estado de 2009 los únicos presupuestos que se incrementaron fueron los de Defensa y Seguridad.

Pero ésta no es sólo la realidad de Honduras, vea lo que sucede en Colombia, Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, El Salvador, Paraguay, Haití, etc. y ahora en Bolivia con un pueblo en contra del golpe de Estado, reprimidos por el ejército.

CONCLUSIONES:
Parece que estamos ya en el velorio y entierro del modelo neoliberal que tarde o temprano llegará a todos los países de la órbita imperial capitalista.
Uno de los claros propósitos de los movimientos populares resistentes de Latinoamérica debe ser la eliminación de las onerosas y represoras fuerzas armadas nacionales que son la punta de lanza del imperialismo contra todo proyecto ciudadano.

Los partidos políticos, sin excepción, incluyendo los autollamados de izquierda, en todos estos países están en decadencia y desacreditados por el descarado y prostituido amorío con el neoliberalismo.
rcortescal@yahoo.es

sábado, 19 de octubre de 2019

Chile deudas en derechos humanos


 Por Eduardo Contreras:
Las huellas brutales dejadas en Chile por la dictadura impuesta en septiembre de 1973 para derrocar al presidente Allende y que durara tantos años, no han desaparecido ni se borrarán jamás. Sobre todo, si, como sucede en la realidad, no acaba de hacerse plena justicia y, a pesar de los avances, la impunidad todavía mantiene un espacio.
Por eso es que siempre será oportuno revisar y difundir qué sucede en materia de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad, así como las reacciones de los diversos sectores de la sociedad.


Un suceso reciente es que, a propósito del reciente procesamiento del ex alcalde derechista Cristian Labbé por su responsabilidad penal como autor del delito de torturas, se levantaron de inmediato las voces de representantes del pinochetismo que sostuvieron indignados que era simple persecución política venir a juzgar al representante de la UDI – y ex coronel de ejército – tantos años después de ocurridos los hechos.
Lo sucedido es que – sin perjuicio de otros casos en que se encuentra procesado igualmente por el delito de torturas y por los que será sin duda condenado – Cristian Labbé recibió sentencia condenatoria de apenas 3 años de presidio. Se trata del fallo del proceso criminal el juzgado de Temuco que condena al reo Cristian Labbé Galilea, coronel de ejército en retiro a la pena de 3 años de presidio por haber sido autor de la aplicación de tormentos a Harry Cohen Vera. Originalmente el procesamiento era más amplio e incluía además las torturas inferidas por Labbé a Jaime Rojas, Bernardo Santibáñez y Juan Horacio Rosales, hechos ocurridos en la ciudad de Pangipulli en el mes de noviembre de 1973.

 Interesante la lectura del expediente. El entonces joven coronel Labbé actuaba con el rostro pintado para impresionar a sus víctimas y se paseaba entre ellas a grandes pasos profiriendo toda clase de insultos y amenazas en contra de prisioneros atados, indefensos. Así actuaron en esos años nuestros “valientes” militares  Recordemos de paso que Labbé ha sido signado como uno de los fundadores de la siniestra DINA, policía secreta de Pinochet y formadora de torturadores y asesinos.

Los golpistas no se quedaron callados ante la sentencia. Esto “es solamente venganza” dijo, por ejemplo, el senador derechista Juan Antonio Coloma dolido por la resolución de tribunales y denunció la excesiva tardanza. El reclamo de la derecha se funda ante todo en la tardanza en hacer justicia. Y en eso coincidimos. En nuestro país la Justicia ha tardado demasiado. Pero es preciso revisar y conocer ¿quién o quiénes son precisamente los responsables de esta tardanza? ¿Por qué ante crímenes tan feroces como miles y miles de detenidos desaparecidos, de ejecutados políticos, de torturados, de prisioneros sin causa cometidos a partir del 11 de septiembre de 1973 y hasta el fin de la dictadura, no actuó en su momento del Poder Judicial?

Recordemos, brevemente, qué pasó en todos estos años. Desde luego debe reconocerse que desde 1973 y hasta 1998, hacer justicia en estos casos era imposible. Que nadie olvide que la Corte Suprema de la época, declaró a mediados de 1973 que el gobierno del presidente Allende era inconstitucional. Aquello fue parte de la estrategia diseñada en Washington a fines de 1970 tras la reunión de Agustín Edwards con Richard Nixon y el director de la CIA de la época. Por supuesto, la Corte carecía absolutamente de facultades jurídicas para un pronunciamiento de tal naturaleza. Pero era el golpe en marcha.

Luego de producido, Pinochet promulgó una ley de autoamnistía y contó por muchos años con el servilismo de la Corte Suprema, cuyo presidente Israel Bórquez respondió con una burla infame a quienes buscaban a sus familiares: “¡Los desaparecidos ya me tienen curco!”. Así pasaron esos años. Pero el fin de la dictadura no cambió las cosas. La amnistía seguía vigente, Pinochet continuaba como jefe del Ejército y su discurso era concreto: “El día que me toquen a alguno de mis hombres se acabó el Estado de derecho”. Sus hombres no fueron tocados por los gobiernos de la Concertación y así pasaron los años.

Hasta que el 12 de enero de 1998, la querella presentada en nombre del Partido Comunista de Chile por un grupo de abogados que tuve el honor de encabezar y acompañados de la dirigente Gladys Marín, fue aceptada a trámite por la Corte de Apelaciones de Santiago la que designó como juez investigador a don Juan Guzmán Tapia. Un hecho histórico que cambió el curso de los acontecimientos ante la sorpresa de todos. Coincidentemente, meses más tarde Pinochet era arrestado en el Reino Unido por solicitud del juez español Baltasar Garzón en el proceso iniciado en el exterior tiempo antes. La historia cambiaba. Comenzaron los procesos y a la querella de enero del 98 se sumaban cientos y cientos.

Pero no debe olvidarse que la llamada Concertación de partidos por la Democracia había premiado a Pinochet con el cargo de Senador Vitalicio. Y fue esa misma fuerza política, supuestamente democrática, la que salvó al dictador de su segura prisión en Europa: Un político “socialista”, José Miguel Insulza, fue el encargado de viajar al rescate del tirano. La fragilidad de la memoria no debe borrar jamás esta asquerosa maniobra en contra de los derechos humanos.

Hasta la querella de enero del 98 un manto de impunidad había cubierto la historia del país. Olvido para los miles de víctimas y en cambio jubilaciones multimillonarias y privilegios de fantasía para los oficiales de todas las ramas de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. Llegó a llamarse al general Juan Emilio del Corazón de Jesús Cheyre como el del “Nunca más” Hoy está procesado criminalmente.

Y además fue sólo a partir de fines del 2009 que los tribunales se abrieron a investigar también los casos de ejecutados políticos y de torturados; hasta entonces sólo se llevaba los casos de detenidos desaparecidos. Esto obligó a la designación de jueces de dedicación exclusiva en diferentes puntos del país. Son más de Mil quinientos juicios en desarrollo. Y una parte de ellos ha estado dedicada a los casos de oficiales y suboficiales de las propias FFAA que en su momento se opusieron a asesinar o a torturar a sus indefensos prisioneros por lo que ellos mismos fueron sometidos a torturas y a Consejos de Guerra. Su caso, al igual que otros de civiles, llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Hoy nuestro país muestra una situación que en esta materia registra más avances que en otros países que igualmente sufrieron dictaduras como son los casos de Uruguay y Brasil y se puede equiparar a lo avanzado en Argentina. Pero por una parte lo obrado sigue siendo insuficiente y por otra aparecen señales peligrosas como por ejemplo que las sentencias condenatorias que están dictando los jueces especiales en los últimos años son penas bajísimas, presidios de muy corto plazo. Por otra parte, se hace exigencias desmedidas a las víctimas para acreditar que sufrieron, como si las torturas o las balas hubiesen sido juguetes de niños, lo que además alarga por muchos años los procesos. Y debe agregarse el extraño comportamiento en estas materias del llamado “tribunal constitucional” que interfiere dudosamente.

En conclusión: el tema del tratamiento de los crímenes de lesa humanidad perpetrado por la dictadura de la derecha chilena en 1973 sigue siendo tema pendiente. No abordarlo decididamente es seguir violando los derechos esenciales de la persona humana.

eduardocontreras2@gmail.com

miércoles, 18 de septiembre de 2019

La criminalidad de Trump y sus vasallos en América Latina



Por Diego Olivera Evia:(*)
Nuevamente el terrorismo de EEUU y el Grupo de Lima

La historia del patio trasero de EEUU, concebido en el Siglo XX fue impulsado por el Plan Condor, y desarrollado por Herri Kissinger creo una crisis de violencia, asesinatos, violaciones, torturas y desaparecidos, hasta seres humanos tirados al Rio de la Plata y el Rio Uruguay, esta década de terror y crisis económica, fue implantado por los militares, de Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, en el Cono Sur, creando una guerra de asesinatos, como el del presidente Salvador Allende, como la muerte de miles de latinoamericanos, para crear un modelo neoliberal a sangre y fuego, para ampliar los objetivos de EEUU, de controlar a los movimientos revolucionarios y la propuestas alternativas al modelo capitalista de las trasnacionales, como Monsanto que enveneno, a la naciones de América Latina con transgénicos glifosato, como la creación de químicos naranjas, impulsados en Viet Nam, sin poder derrotar a esta nación de un pueblo libre y la defensa de su nació.


Hoy la realidad se maneja bajo el mismo concepto, de que dominar a los países latinoamericanos, la realidad de Trump aplica duras sanciones, a países centroamericanos les anuncia que cortará la ayuda económica, a México le amaga con cerrar la frontera, a Colombia le espeta que “no ha hecho nada” contra el narcotráfico, pero esta realidad de Colombia es que produce la droga, para los estadounidenses, y la DEA que hace la vista gorda, a los hijos de Marihuana y cocaína, la cual ha sido considera por el payaso presidente, Duque que una reunión se refirió  a la droga como el modelo productivo, pero la realidad es que el estado es criminal, terroristas a través de sicarios y paramilitares, realmente un estado criminal.

Cuba esta amenazada por la ley Helms-Burton (sus antecesores presidentes suspendieron su aplicación), autorizando demandas contra empresas extranjeras que se beneficien de propiedades expropiadas a estadounidenses, tras la revolución de 1959, a lo que se opone la Unión Europea que teme que sus inversiones en la isla sean afectadas y se produzca una ola incontrolable de litigios.

Por su parte el terrorista Trump ha creado un ataque a los organismos de integración de la región, comenzando por Mercosur, Unasur y siguiendo por la Celac, con la complicidad de los gobiernos neoliberales de la región. Pero no ha logrado que estos países lo acompañen en su agresión militar contra Venezuela y, prácticamente ha hecho que su manipulable Organización de Estados Americanos (OEA) se convirtiera en un jarrón chino, sin poder lograr consenso para imponer sus políticas. Según una encuesta de Gallup, la popularidad de Trump en Latinoamérica es de tan solo el 16 por ciento. Las cifras indican que la región no quiere a Trump, que la utiliza como una “bolsa de boxeo”, especialmente a México, Cuba y los países centroamericanos, a los que llegó a llamar “países de mierda”.

Trump recortó el presupuesto de asistencia para América Latina, pero pidió reservar 500 millones de dólares para financiar a la oposición venezolana. El plan incluye un recorte del 23 % para el Departamento de Estado y la Agencia para el Desarrollo Internacional (Usa id), que ahora cuentan con 52.000 millones de dólares aprobados por el Congreso y a los que Trump desea sumar 40.000 millones de dólares.

Unos 209 millones de dólares de esos fondos irían a parar a Colombia, que actualmente cuenta con 143 millones de dólares. Colombia es considerada tradicionalmente por EEUU como su aliada más leal en Sudamérica. El Plan Colombia, dirigido a estabilizar a un Estado debilitado a lo largo de décadas por el conflicto armado, ha sido alabado como uno de los mayores éxitos de la política exterior estadounidense en los últimos años.

Para América Latina, los objetivos centrales son, precisamente, los temas que resultan determinantes para Trump (comercio, medioambiente y migración), tanto frente a sus votantes como en lo que se refiere a su posicionamiento internacional. Por ello, es casi inevitable que haya un conflicto de intereses permanente.
Y pese a la retórica agresiva y racista de Trump, la política exterior en la región está marcada por una continuidad respecto de las medidas bilaterales y multilaterales del gobierno de Barack Obama. Para el gobierno de Trump, el eje de todas las consideraciones políticas es el «poder de caos» de América Latina. Desde su campaña electoral, el tema central fue el freno a la inmigración, marcado ya por el gobierno de Obama. Su aplicación significó millones de deportaciones (sobre todo a México y Centroamérica) y la reducción en 30% la inmigración ilegal en la frontera con México (cifras de en 2017).

En su relación bilateral con distintos países, lo que más parece interesar a Trump es lograr ventajas competitivas para las empresas estadounidenses en los mercados internacionales y contribuir así a reducir el déficit comercial crónico de su país. En ninguno de los casos se vislumbran «medidas defensivas» efectivas por parte de América Latina para atenuar los efectos asimétricos; y es algo que aparece como poco factible debido a la falta de cohesión regional estimulada por Washington.

Nuevamente el terrorismo de EEUU y el Grupo de Lima
El Grupo de Lima, que este lunes emitió en Chile una declaración que califica al Gobierno venezolano como “una amenaza a la paz y la seguridad internacionales” y convocó a otros países a sumarse al cerco contra Caracas, “reiteró una vez más sus propósitos injerencistas” en contra de Venezuela, plegándose a las “instrucciones perversas de Estados Unidos”, denunció el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.

A que agrego que “El Grupo de Lima reiteró una vez más sus propósitos injerencistas contra el Gobierno de Venezuela y señaló una supuesta influencia negativa de #Cuba. Nuevamente siguen las instrucciones perversas de los #EEUU. Nuestra respuesta es #Dignidad contra Doctrina Monroe #Somos Cuba”, publicó Díaz-Canel en su cuenta de Twitter.

El Grupo reiteró este lunes sus propósitos injerencistas contra el Gobierno de Venezuela y propuso a otras naciones e instituciones sumarse a su empeño por derrocar a las autoridades del país sudamericano, en una declaración de 17 puntos.

La declaración, firmada por los representantes de los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú y de la proscrita Asamblea Nacional de Venezuela, pretende responsabilizar de la actual situación interna de Venezuela al gobierno de ese país, al que califica de “una amenaza a la paz y la seguridad internacionales, con efectos regionales y globales”.

Igualmente, llama a la comunidad internacional a adoptar sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro y poner a disposición del apócrifo gobierno -inexistente- de Juan Guaidó los bienes pertenecientes al pueblo venezolano en el extranjero.

Esa petición, que viola directamente la soberanía venezolana y las leyes internacionales, se contradice con otro de los puntos en el cual los firmantes dicen apoyar “un proceso pacífico de recuperación” de la democracia y del Estado de derecho en la República Bolivariana de Venezuela, conducido por los propios venezolanos en el marco de la Constitución y el derecho internacional.

Estos conceptos han mostrado la realidad antidemocrática del Grupo de Lima, un modelo apócrifo no avalado por instancias legales, solo actúan en función de la ordenes del terrorista Donald Trump, presidente inmoral y mentiroso, que no cumple sus acuerdos y denigra a los presidentes del Grupo de Lima, acusándolos de perritos, ante la exigencia de un presidente inmoral, que no respeta a la mujeres y abusa de ellas, además ha sido acusado de pederasta, con este currículo podemos entender, los secuestros de niños de inmigrantes, abusando en cárceles de menores, con mamelucos rojos, siendo estos menores separados de sus padres, y hacinados en barracas y alambres, lo que demuestra que EEUU es un estado terrorista e inhumano.

(*) Periodista, politólogo y analista internacional
diegojolivera@gmail.com

sábado, 7 de septiembre de 2019

Colombia entre la paz y la barbarie. Dialéctica de un proceso


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Por Sergio Rodríguez Gelfenstein:
Desde hace buen tiempo vengo alertando respecto del peligro que la agresividad imperialista conduzca al renacimiento de la lucha armada en América Latina como opción para hacer política en los marcos de la democracia representativa, cuando ella misma cierra las posibilidades de participar, mientras -al contrario- eterniza su intención de engañar a los pueblos, usándolo cada cuatro, cinco o seis años para legitimar por vía electoral tal intención. Habría que decir que esta situación sobrepasa los límites regionales como lo atestiguan las recientes acciones del CIRA (Ejército Republicano Irlandés- Continuidad) que había llegado a un acuerdo con el gobierno británico para poner fin al conflicto de Irlanda en 1998, pero que lamentablemente ha decidido reagruparse ante la cada vez más probable salida de Gran Bretaña de la Unión Europea despertando temores respecto de que esta decisión pueda significar un alejamiento de las posibilidades de que el nunca abandonado anhelo de reunificar su país se haga realidad, lo cual ha hecho reaparecer el fantasma del resurgimiento de la violencia en la dividida Irlanda.


Otro tanto pareciera estar emergiendo en América del Sur, región en la que todavía existen grupos guerrilleros que desarrollan la lucha armada en Paraguay. En este contexto, la decisión de un grupo importante de combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarías de Colombia (FARC) encabezados por los comandantes Iván Márquez y Jesús Santrich entraña trascendentales consecuencias políticas no solo para Colombia, también para la región y porque no decirlo, para todo el planeta.

El hecho es de tal significación que -me parece- debe conocerse, estudiarse y analizarse en un marco que supere lo estrictamente emocional e incluso lo ético para penetrar los insondables ámbitos de la política en un plano que supere la coyuntura y se adentre en las repercusiones estratégicas que tal resolución implicará para Colombia y para América Latina y el Caribe.

El estudio del acontecimiento que ha remecido a la sociedad colombiana debe asimilarse a partir de los antecedentes que llevaron a él y el contexto en que se produce. En ese marco, hay que decir que durante todo el proceso de negociaciones que llevaron a la firma en 2016 en La Habana de los acuerdos de paz entre las Farc y el Estado colombiano, hubo y todavía hay una sensación que los medios de comunicación se han encargado de sembrar en relación a que se estaba negociando con una guerrilla derrotada y vencida. Por otro lado, es menester recordar que todo el mundo aceptó que los acuerdos de La Habana fueron el primer paso para la paz, no la consumación de la misma.

Esta situación, además de ser falsa ha creado un ambiente en el que supone que las Farc le “deben” a la sociedad, mientras que el Estado colombiano ha hecho bien la tarea y le ha dado una “oportunidad” a la guerrilla para reinsertarse. No ha sido así: las conversaciones en La Habana se dieron entre dos fuerzas militares beligerantes, ninguna de las cuales pudo derrotar militarmente a la otra, por lo que ambas llegaron a la conclusión de que la guerra (como continuación de la política) no tenía solución en el terreno bélico y se debía buscar una alternativa en el campo del diálogo y la negociación.

Este no es un detalle menor, toda vez que cuando se desatan guerras que son ganadas en el terreno militar, el vencedor le impone condiciones al vencido que no tiene capacidad para impedir decisiones que casi nunca son de su agrado, pero que debe aceptar por la correlación de fuerzas militar y política que subyacen al fin de un conflicto en estas circunstancias.

No fue este el caso de Colombia, país donde se llegó a un acuerdo en que ambas partes asumían responsabilidades y se comprometían a cumplirlas, sin embargo los medios de comunicación se han encargado de construir una falsa idea en el imaginario popular y en la opinión pública de que solo las Farc tienen tales obligaciones con la sociedad, mientras que el Estado quedaba con las manos libres para seguir cometiendo las tropelías que por 200 años han caracterizado la actitud política de la élite colombiana.
En ese marco desde el 24 de noviembre de 2016 cuando se firmó el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC hasta el 20 de julio de este año han sido asesinados 765 dirigentes sociales, comunitarios, sindicales, indígenas y de organizaciones de derechos humanos. En esa cifra se incluyen 138 guerrilleros que se acogieron al proceso firmado en La Habana. Habría que agregar 10 ex guerrilleros de las Farc en proceso de reincorporación han sido desaparecidos forzosamente, además, de 19 casos de intento de homicidio.

Todos estos datos vienen referidos en un informe elaborado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) citado por RCN Radio de Colombia. Dicho informe especifica que desde la posesión del presidente Iván Duque a la fecha han sido asesinados 229 líderes sociales y defensores de derechos humanos, entre ellos. 66 indígenas, 5 afrodescendientes y 106 campesinos ambientalistas. Igualmente han sido asesinados 55 ex guerrilleros de las Farc. Paradójicamente, estos datos no impidieron que Estados Unidos le diera un aval a Colombia como país que respeta los derechos humanos. Con ese cheque en blanco, el Estado colombiano podrá continuar impúdicamente asesinando activistas de derechos humanos, dirigentes sociales y ex combatientes desmovilizados de las FARC

De la misma maniera, se deben sumar las amenazas de extradición de dirigentes violado los acuerdos en materia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que en los hechos no ha sido reconocida por el embajador de Estados Unidos Kevin Whitaker, ni por Álvaro Uribe, tampoco por el ex fiscal Néstor Humberto Martínez quienes parecieran funcionar en un Estado paralelo en el que incluso Uribe tuvo la desventura de proclamarse presidente.
En el mismo plano deben considerarse las dificultades que se han desatado a fin de que los acuerdos se hagan efectivos en materia de participación política, tras la persecución y marginación de los movimientos sociales.

Para los que siempre hemos apoyado los esfuerzos de búsqueda de la paz en Colombia y consideramos que la peor democracia es preferible a cualquier guerra y que por tanto vimos con verdadera esperanza la firma de los acuerdos de La Habana -a pesar de que tenían más cara de rendición que de otra cosa- no dejamos de ver con preocupación los recientes hechos acaecidos en la república hermana. Pero el análisis no puede obviar que el Estado ha creado una disyuntiva entre una muerte probable y la salvaguarda de la vida para seguir luchando, lo cual conduce al observador externo a difíciles definiciones de carácter ético.
Sin embargo, los que han asumido esta responsabilidad, han abandonado supuestas mejores condiciones personales de vida en su país y han tomado riesgos que son respetables ante la terrible situación de violación de derechos humanos.

Vale decir que es difícil digerir que después tres años de haber estado absolutamente convencidos y abocados a llevar adelante las negociaciones en La Habana y con un “futuro político” asegurado, Iván Márquez y Jesús Santrich prefirieran las limitaciones de la vida en la selva y la posibilidad cercana de nuevos combates en los que un final fatal es probable, sin haber apreciado con suficiente minuciosidad los avatares que a que los conducían tal decisión.

Vale decir que lo más lamentable es que seguramente, acorde las “tradiciones “ de la izquierda latinoamericana sobrevendrán acusaciones entre las partes que se alejaron, emergerá lo más bajo de la condición humana obviando las acciones ocurridas en años de lucha en conjunto para poner sobre el tapete oscuros acontecimientos que nunca antes se dijeron, y terminar la retórica con brutales inculpaciones entre ellas las consabidas  imputaciones de “agentes de la CIA y de estar al servicio del imperialismo”, sin entender que cada quien tiene derecho a tomar sus propias decisiones, y que lo que debe primar es el respeto a quien adoptó una u otra posición.

Ahora también vendrá la guerra de los números: que si son 50 y 50 % los que se quedaron en una u otra organización, o si son 70 y 30 u 80 y 20, como si eso importara. Lo que importa es que el 100% se mantenga en la lucha contra la oligarquía y el imperialismo a quienes han definido como el enemigo a vencer. 
No debe olvidarse quién es el enemigo principal, que se estará solazando por los ataques de una y otra parte, al contrario, debe rescatarse la fraternidad que los llevó por la vida durante varias décadas de luchas y de riesgos. También debe entenderse que lo que no se obtuvo mientras se permaneció unidos, difícilmente se logrará ahora que ha surgido una nueva parte. La intención debería ser recatar lo que los une, definir en conjunto ese enemigo principal – el cual que yo sepa, no ha cambiado ni para uno ni para otro- para entender que en términos estratégicos deben continuar en el mismo equipo, aunque hoy se difiera en términos tácticos. 

Hasta ahí el análisis ético de la decisión. En términos políticos nacionales e internacionales, la misma genera indudables contradicciones. En Colombia se ha comenzado a afirmar que la disposición de Márquez, Santrich y el resto de combatientes que los siguen están haciendo el juego al uribismo e incluso que esta determinación será la principal propaganda de campaña de la ultraderecha, de cara a las elecciones regionales del 27 de octubre. Es sabido que el uribismo, Duque incluido, ha sido abierto enemigo de la paz, que sigue apostando por una victoria militar y que, en esa medida, podría argüirse que hoy tienen una excusa ante la desinformada y engañada opinión pública colombiana para seguir desatando su política de seguridad democrática que en realidad nunca ha sido abandonada.

Sin embargo, el hecho cierto es que concretado o no el suceso que se analiza, las condiciones de vida del pueblo colombiano no han mejorado, ni en materia económica, ni en participación democrática, ni en términos sociales, ni en la lucha contra el narcotráfico que se ha expandido, ni en poner freno al paramilitarismo que con apoyo del Estado siembra de muerte y exterminio los campos de Colombia manteniendo altos niveles de desplazamiento forzado. Todo ello también se discutió en La Habana y también se llegó a acuerdos que no se han cumplido. No hablemos de justicia, la cual parece inexistente en ese país.
En el plano internacional, esta decisión complica a una región que saludó casi unánimemente el acuerdo (incluyendo al gobierno de Estados Unidos), porque – se decía- que generaba un futuro mejor para el país y el continente. Desde entonces, la situación ha cambiado, la llegada de Donald Trump y los halcones que lo rodean a la administración de Estados Unidos ha intensificado la tradicional práctica agresiva imperial contra los pueblos de América Latina y el Caribe.

Por supuesto, la iniciativa emprendida por este grupo de combatientes de las FARC, también ha servido para que los gobiernos de Estados Unidos, Brasil y Colombia arrecien su campaña contra Venezuela haciendo acusaciones sin pruebas, en el sentido de que su gobierno estaría apoyando tal decisión, obviando que Hugo Chávez ni siquiera había nacido cuando las FARC fueron creadas, que la violencia en Colombia en endémica en su sociedad: lo sabemos los venezolanos que padecimos el intento de asesinato de Bolívar en 1828 y el que se perpetró con alevosía contra el mariscal de Ayacucho en 1830 ocasionándole la muerte.
Venezuela ha sido víctima de la violencia en Colombia, no promotora. Es la nación colombiana la que a través de su historia ha padecido todo tipo de violencia, recientemente guerrillas, narcotráfico, paramilitarismo y delincuencia organizada en niveles extremos. Venezuela nunca ha tenido un presidente vinculado a los carteles de la droga o al paramilitarismo, Venezuela nunca ha llevado a su ejército fuera de sus fronteras para atacar un país hermano, lo hizo solo bajo el mando de Bolívar y Sucre para ayudar a la libertad e independencia de otros pueblos,  el colombiano incluido, Venezuela nunca ha formado parte de bloques militares agresivos ni ha subordinado sus tropas jamás a potencia alguna, Venezuela no maltrata ni desprecia a los hermanos de otras naciones que han venido a refugiarse a nuestro territorio.

Ahora, en su afán de torpedear la paz, el presidente Duque se ha desentendido de los acuerdos firmados aduciendo que tal documento es un compromiso de gobierno, no de Estado, evidentemente no ha tenido tiempo ni sus asesores le han dicho que lea los elementos más básicos del derecho internacional. Agobiado por una desastrosa situación interna que es capaz de sostener solo por el apoyo de Estados Unidos y la desunión de la oposición, pretende ahora llevar la guerra de Colombia fuera de sus fronteras, solo para dar otra prueba de su lealtad a Estados Unidos.

Será en Colombia donde de evite esa pretendida guerra fratricida, el pueblo venezolano y sus fuerzas armadas están prevenidos, pero será la entereza y el sentido patriótico del pueblo colombiano, incluyendo seguramente a las dos Farc, cada cual desde su perspectiva, las que construirán un valladar que impida semejante desatino belicista que pretende confrontar a pueblos siempre hermanos.
sergioro07@hotmail.com

miércoles, 14 de agosto de 2019

“MACRI NUNCA MAS”


Por Martin Almada:
Mensaje abierto a la Dra. Alcira Argumedo 
A la atención de la Dra. Alcira Argumedo
Doctora en Ciencias Sociales Universidad de Buenos Aires

Le escribo en mi condición de víctima del PLAN CÓNDOR y también como descubridor de su ARCHIVO DEL TERROR en Paraguay, el 22 de diciembre de 1992, luego de 15 años de investigación en Panamá y en Paris. El 26 de noviembre de 1974 fui torturado en Asunción por el Comisario Héctor García Rey, Jefe de Policía de Córdoba, estando detenido por haber defendido en la Universidad Nacional de Plata, (1972/1974), mi tesis doctoral “PARAGUAY. EDUCACION Y DEPENDENCIA“ siguiendo la metodología de la Educación Liberadora de Paulo Freire, supuestamente de  inspiración marxista. También fui torturado por militares de Brasil, Bolivia, Chile, y Uruguay, todo ello en el marco del mencionado PLAN CÓNDOR.



Como usted sabe muy bien, en dicho operativo estaban implicados los gobiernos de las dictaduras militares de la época (1975) de Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Bolivia y Paraguay. El PLAN CÓNDOR fue una página negra en nuestra historia y dejó una herencia de miles de asesinados, torturados y desaparecidos en el cono sur de América Latina. Sus negativas consecuencias aún se aprecian en estos países y, aunque parecía que el CÓNDOR era ya historia, hoy contemplamos con dolor como aletea de nuevo y la sombra de su vuelo aparece otra vez en nuestro paisaje esta vez con la complicidad del Poder Judicial.

El motivo de la presente es trasladarle nuestra preocupación por el hecho de que algunos intelectuales argentinos estén realizando llamadas a la conciliación con el “macrismo”, y pidiendo el abandono de la lucha libertaria. Estos llamamientos a la conciliación con el “macrismo” tienen como objetivo el destruir la conciencia social y el espíritu crítico imprescindibles para superar la situación en que se encuentra el país y poder construir una sociedad más justa, más igualitaria, en la cual una diferente cuna no signifique obligatoriamente una diferente existencia; poder construir una sociedad en la cual las condiciones de vida y trabajo sean dignas para todos y no existan capas importantes de población marginadas  en la PATRIA GRANDE y sin esperanzas de mejorar su situación en el futuro. Se quieren destruir las esperanzas en un mundo mejor, más justo y más humano y se quiere imponer una sociedad donde reinen el consumismo, el individualismo y la mentira (las Fake-News).

 Llevamos ya 20 años del siglo XXI. Tiempos difíciles en los que demasiada gente ha renunciado a sus creencias y muchas conciencias se han entregado al poder o están a la vista esperando al mejor postor. Soy muy consciente de ello. A pesar de lo cual me sorprendo cada vez que se dan hechos de esta naturaleza, como por ejemplo este llamamiento a entenderse con Macri, que no deja de ser un símbolo y un ejemplo de la corrupción/impunidad que existe en Argentina con la complicidad imperial de los grandes medios de comunicación

POR FAVOR MACRI NUNCA MAS.

Apreciada doctora Alcira Argumedo, son conocidas su trayectoria pública y patrióticos aportes. Por eso me adhiero a la posición por Usted expresada con tanta valentía contra ciertos intelectuales argentinos   a la vez que me solidarizo con los y las que su trabajo es pensar y actuar desde el Pueblo y con el Pueblo.

También somos conocedores del nivel de su compromiso político y social. Por todo ello me uno a la repulsa y denuncia de este tipo de confluencias entre el poder y algunos intelectuales al MEJOR POSTOR que han perdido el sentido de su función crítica.

Ya no es tiempo de “iluminados intelectuales”, de exitosos banqueros y proveedores del Estado, ganaderos y multinacionales. Es tiempo de los pueblos y de dignidad.

Fraternalmente
almada@fcpa.org.py

miércoles, 7 de agosto de 2019

Almagro con la OEA apoya el terrorismo regional


Por Diego Olivera Evia:
América Latina bajo la manipulación de Trump

La utilización de la Organización de Estados Americanos (OEA), se ha transformado en una estructura intervencionista, a través del Secretario General de la misma, Luis Almagro, quien de manera ilegal asume funciones de un pro cónsul, del presidente bipolar, Donald Trump en su campaña contra Venezuela, como objetivo principal y otras naciones como Cuba, Nicaragua, Bolivia, y naciones del Caribe.

La OEA se concibió como un mecanismo de control, luego de la segunda guerra mundial, con el objetivo de que EEUU pueda controlar a los países latinoamericanos, bajo las teorías intervencionistas, bajo esta realidad se intervino a naciones del área, y se aplicó el Plan Cóndor en el Cono Sur, con golpes de estado, con miles de muertos y desaparecidos.


Antecedentes de las doctrinas imperialistas de EEUU
La Doctrina Monroe, sintetizada en la frase «América para los americanos», fue elaborada por John Quincy Adams y atribuida al presidente James Monroe en el año 1823. Establecía que cualquier intervención de los europeos en América sería vista como un acto de agresión que requeriría la intervención de Estados Unidos La doctrina fue presentada por el presidente James Monroe durante su sexto discurso al Congreso sobre el Estado de la Unión. Fue tomado inicialmente con dudas y posteriormente con entusiasmo.

Fue un momento decisivo en la política exterior de los Estados Unidos. La doctrina fue concebida por sus autores, especialmente John Quincy Adams, como una proclamación de los Estados Unidos de su oposición al colonialismo en respuesta a la amenaza que suponía la restauración monárquica en Europa y la Santa Alianza tras las guerras napoleónicas.

El presidente norteamericano James Polk despertó por primera vez el discurso de Monroe en su alocución del 2 de diciembre de 1845 con la finalidad de apoyar las pretensiones norteamericanas sobre Texas y el territorio de Oregón, así como para oponerse a supuestas maquinaciones británicas con relación a California, que en aquel entonces era una provincia mexicana.
En 1850 también se tomó el pronunciamiento del entonces expresidente Monroe en ocasión de la rivalidad entre británicos y norteamericanos en Centroamérica. 

La aplicación de la doctrina del gran garrote
Los antecedentes de esta realidad se sitúan  La política del Gran Garrote, plan Garrote o Big Stick es el nombre con que se conoce a una tendencia en las relaciones diplomáticas estadounidenses de principios del siglo XX. La expresión se origina en una frase escrita por el presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, en el año 1901, donde manifestaba su agrado porque el comité del Partido Republicano de Nueva York había expulsado a un corrupto consejero. La frase, tomada de un proverbio del África occidental era: "habla suavemente y lleva un gran garrote, así llegarás lejos" (speak softly and carry a big stick, you will go far).

Tal concepto ilustra la voluntad de Roosevelt para realizar negociaciones y pactos con sus adversarios internos y externos, pero siempre mostrando la posibilidad de una actuación violenta como modo de presión. Aplicada a la política de Estados Unidos en América Latina, la frase mostraba que el régimen de Roosevelt podía presionar a los países latinoamericanos, particularmente los ribereños del Mar Caribe con una intervención armada.

Señala el inicio del imperialismo estadounidense y de su actuación como potencia mundial. En América Latina comenzaría una ola de dominio político y económico estadounidense (a principios del siglo XX) justificada en la marcada extensión del "derecho" de Estados Unidos a intervenir en asuntos de otros países en defensa de los intereses de ciudadanos estadounidenses, encontrada en el "Corolario Roosevelt a la Doctrina Monroe" emitido por Theodore Roosevelt en su mensaje anual de 1904 como consecuencia de la intervención de las potencias europeas en el Bloqueo Naval a Venezuela de 1902-1903.

América Latina bajo la manipulación de EEUU
Estos son las bases del concepto imperialista de EEUU, de concebir a América Latina como su patio trasero, que adopta el carácter intervencionista y sus campañas  expansionistas, como racistas hacia los países latinoamericanos, como actualmente lo desarrolla el gobierno de Donald Trump, en su concepción de la supremacía blanca y sus nexos con el Ku Klux Klan un clan terrorista que surgió en Tenesse, Estados Unidos en el año de 1865, cuyos integrantes eran un grupo de antiguos oficiales, blancos esclavistas que tenían un fin en común, reprimir a los esclavos liberados, concibiendo a la raza de color como seres totalmente inferiores a ellos, siendo sus padres miembros de esta secta.

Bajo esta visión imperial e intervencionista Trump y su equipo político-militar, adopta estas teorías para controlar a los países latinoamericanos, su prepotencia enfermiza lleva a tratar a los mandatarios, del continente como títeres, en la presidencia de Amlo en México, como la obligación de pagar el Muro, ha creado una crisis en sus acuerdos. De la misma manera tratar al presidente de Brasil Bolsonaro, como al de Argentina Mauricio Macri, como sus testaferros en el cono Sur, apoyado por el acuerdo con el presidente de Perú, quien caracterizo a estos mandatarios en su encuentro con Trump de “perritos”, como el presidente de Paraguay Mario o Marito, con sus vínculos narcotraficantes, y sus patrañas con Bolsonaro estos son parte de la campañas anti populares y sus ataques a Venezuela y al presidente Nicolás  Maduro.

Esta nueva realidad continental y las derrotas de algunos modelos progresistas, han mostrado la necesidad de nuevas propuestas económicas y políticas, ante el neoliberalismo, el uso de la prepotencia en las relaciones políticas, el llamado a atacar a Venezuela del presidente de Panamá, en el periodo de Juan Carlos Varela por expreso mandante del presidente bipolar Trump, muestra el poder imperial, creando a través de la OEA, del inmoral Secretario Almagro, han creado una farsa de la realidad de esta nación latinoamericana.
Hoy naciones criminales como Colombia, con más de 200 dirigente sociales y campesinos,  asesinados entre ellos ex FARC amnistiados y familia, las acciones impunes de los paramilitares, dirigidos por el exmandatario Álvaro Uribe, con nuevas amenazas de invadir a Venezuela, los asesinatos de periodistas y comunicadores sociales en México, las tumbas colectivas en ambas naciones, hablan de verdaderos gobiernos forajidos, la inmoralidad de la presidencia de facto de Temer y sus juicios por corrupción, frenados por la compra de legisladores y jueces, cubren la malversaciones, de la misma Manera Macri en Argentina, donde la justicia no cumple sus funciones y la corrupción esta impune.

Nada de estos hechos son investigados por la OEA y el esbirro Almagro, para él los miles de asesinados,  la tumbas colectivas, el narcotráfico en Colombia y México, la impunidad en Brasil y Argentina, son parte de  la realidad del modelo neoliberal capitalista, si atacar al gobierno de Venezuela y Cuba, con mentiras, pero en el fondo es el petróleo venezolano, la mayor reserva del planeta, el oro, el coltán, y otros minerales son el objetivo del imperio, los ciudadanos son para Trump un mero daño colateral, como lo realiza en Iraq, Siria, Yemen, Somalia, Afganistán.

Periodista, Analista Geopolítico
diegojolivera@gmail.com

miércoles, 3 de abril de 2019

Integración, democracia y Paz, o más guerras y sabotajes



Por Jairo H. Pertuz Suarez
Integración, democracia y paz, temas obligados para lograr desarrollo equitativo, se han convertido en una fantasía, en un mito, en algo imposible de lograrse. Son tantos los intereses que prevalecen en unas elites político-económicas mundiales desajustadas que cada día son más corruptas, insensibles y deshumanizadas, que así se puede colegir. Lograr estos objetivos viene costando millones de muertos, mutilados, torturados, desaparecidos, discapacitados y migrantes alrededor del mundo. La pobreza y las enfermedades cobran cada día dimensiones impensables.


El coloniaje no logra superarse. Los modelos de integración de latino-América – ALALC, Grupo Andino y Unasur han sido habilidosamente penetrados y desarticulados, desde afuera, con la complicidad de actores criollos internos, herederos y facilitadores de infamias, para dar paso a Alianza del Pacifico o Pro-Sur, convenientes al statu-quo internacional, igual que los TLC bilaterales que tanto daño hacen a las economías y a los pueblos en vías de desarrollo. Al polo tradicional de sometimiento de mercado - EEUU-UE-Japón -no conviene la nueva apertura a China, Rusia, India y otros grandes países consumidores, vendedores e inversores con quienes se debió negociar hace años.
La política internacional de apoderamiento indebido, violatorio de todo principio moral, jurídico y legal que algunos gobernantes pretenden imponer como normal, o de pleno derecho unilateral a título de emperador mundial. La política internacional de apoderamiento es cada día más voraz y algunos actores en su ego e ignorancia se auto conceden privilegios de ceder u otorgar territorios y secuestrar o robar riquezas de otros países. Ningún país o gobierno puede otorgar, ceder o concesionar partes de su país, menos de otros países, peor en una región marcada como botín y envuelta en guerras prefabricadas.

Tampoco utilizar nuevas tecnologías (electromagnéticas o cibernéticas) contra otros países vulnerables. Tecnologías de las cuales, quienes las utilizan, aceptan que se están protegiendo, eso es criminal. Lo que parece es que las próximas elecciones a celebrarse, llevan a algunos actuales mandatarios a cometer torpezas y exabruptos. Estamos viviendo tiempos de abusos y cinismo rampante que por inacción o incapacidad de organismos internacionales y países obsecuentes, están conduciendo a la humanidad por un camino tortuoso que tiene señas demarcadas del apocalipsis.
Para occidente, la cooperación, la equidad y la convivencia pacífica no es tema de consideración, menos de discusión. Tal parece que su filosofía y métodos son tomar todo por la fuerza, y vaya que han tenido, tienen, o encuentran, especímenes con la suficiente prepotencia e incapacidad y dotados de una inescrupulosa y experimentada crueldad.

Pretender ser grandes con violaciones, imposiciones, invasiones, sabotajes, destrucción y muerte no conducen al respeto o reconocimiento, ni a la admiración, sino al rechazo y hasta el odio. Las guerras militares, financieras, mediáticas, cibernéticas o de cualquier índole, no pueden justificarse ni tienen perdón de Dios y sus graves consecuencias no las olvidan ni perdonan los pueblos que ponen los muertos, viven la destrucción y las dolorosas precariedades que se derivan de todo ello. Cada día se altera más la paz y la seguridad mundial, y no es por parte de países que aún no tienen armas nucleares calificadas y suficientes. Afortunadamente, algunos países cuyos pueblos han sufrido largo tiempo de innumerables dolores y privaciones, hoy son fuertes económica y militarmente y practican otra filosofía. Vemos hoy que Francia, sumida en crisis, acaba de recibir y firmar acuerdos con China. ¿Vendrán sanciones de los Estados Unidos?

 Algunos países están retrocediendo a 400 años a.c, cuando Grecia, tuvo una corrupción alarmante, y luego en otros lugares, Emperadores y dictadores asesinaron masivamente a inocentes como nos muestra la historia, ¿será que se está dando la reencarnación? La “democracia” sin corrupción, y la integración, así como la equidad entre naciones, son las vías para la paz. Solo así habrá justicia, progreso y cero migrantes. -    

Periodista-Analista Internacional
jhpertuz@hotmail.com

martes, 16 de octubre de 2018

La crisis humanitaria en México. Los hechos y sus cifras. ¿Quién tira la primera piedra?


Por Gabriele Kuehnle:

El siguiente texto intenta aclarar la situación de los derechos humanos en aquellos países de Latino América que son protagonistas en acusar a Venezuela por violarlas. Este segundo informe habla de México, el anterior se dedicaba a Colombia. Hemos encontrado un abismo de crisis humanitaria en ambos países, que sobrepasa largamente los problemas de Venezuela.



Informe II: México
Los desaparecidos en México

La desaparición forzada existe en muchos países del mundo: México se encuentra en el segundo lugar en América Latina. Las últimas cifras del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) indican 37.435 víctimas Gabriele.Kuehnle@outlook.com. (1) Según esas cifras, la mitad de ellos desaparecieron durante el mandato de Enrique Peña Nieto,  en promedio 359 personas cada mes.

El secuestro y las desapariciones forzadas son un fenómeno muy presente en el mundo, pero en algunas regiones y países llega a dimensiones que se comparan con las cifras de guerras. América Latina bate un triste récord, y con ello especialmente México.

La cifra real es mucho más alta.

El "Movimiento por Nuestros Desaparecidos", en que participan varias organizaciones humanitarias, critica los números oficiales. En realidad la cifra sería mucho más alta. Estima que de cada 10 casos solo dos son reportados.

"Las personas están preocupadas por su seguridad y la de sus familias cuando informan. En algunas regiones del país, existen vínculos estrechos entre la policía y el crimen organizado. Además, las autoridades clasifican muchos casos no como desapariciones forzadas, sino como tráfico o secuestro," explica la organización.

La cifra solo es superada por Colombia con más de 73.000 víctimas. Los dos países ocupan el primer lugar a nivel mundial en este crimen.

El caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa (2) es bien conocido. En la noche del 26 de septiembre de 2014, los estudiantes de un centro de formación de profesores viajaron en autobuses contratados a la ciudad cercana de Igualá para participar en una acción sindical. La policía de la ciudad detuvo los autobuses y les disparó. Cámaras de vigilancia de transito los mostraron arriba de vehículos de la policía. Los 43 estudiantes han desaparecido sin dejar rastro hasta hoy.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos criticó en su informe de mayo de 2018, "La doble injusticia", las prácticas de tortura y otras violaciones de derechos humanos en las investigaciones policiales en el caso de Ayotzinapa para extorsionar declaraciones y confesiones.

El alarmante caso de Ayotzinapa no pudo detener el secuestro de personas en México.

Amnistía Internacional y las organizaciones locales de derechos humanos informaron a principios de 2018 del secuestro de otras 20 personas (3) entre 2016 y 2018 en el mismo estado de Guerrero donde desaparecieron los estudiantes. Durante las fiestas de Navidad del 2017, siete jóvenes fueron arrestados por la policía en la ciudad de Chilpancingo. A dos de ellos los encontraron muertos a poco tiempo, tres fueron encontrados con vida atados de manos y pies con rastros de tortura en un baldío, los otros dos desaparecieron hasta el día de hoy.

En mayo de 2018, la Comisión de la ONU volvió a dar alarma. Entre febrero y mayo de este año, 21 hombres y dos mujeres (4) fueron arrestados y secuestrados en plena calle en la ciudad de Nuevo Laredo, estado de Tamaulipas. Según la documentación de la ONU, miembros dela Policía Federal Mejicana fueron observados en las detenciones.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo:

Muchas de las personas fueron arrestadas arbitrariamente mientras realizaban sus actividades diarias. Es especialmente aterrador que al menos cinco de las víctimas sean menores de edad, tres de ellas muy jóvenes, de solo 14 años.

La ONU instó a las autoridades estatales mejicanas a tomar medidas urgentes para impedir los secuestros. Frente a la falta de ayuda los familiares de los desaparecidos tomaron la búsqueda en sus propias manos. Hasta el momento, encontraron seis muertos.

Una ley contra las desapariciones forzadas tardaba siete años

Aunque la ley contra "desapariciones violentas y desapariciones forzadas por parte de individuos" entró en vigencia el 16 de enero de 2018, los secuestros continúan. A pesar de la ley, la tradición de impunidad persiste. Desde el comienzo de la guerra contra las drogas en 2006, el fenómeno de la desaparición ha aumentado dramáticamente. Dicha guerra produjo unos 235.000 asesinatos (5) según estadísticas oficiales.

No fue hasta mediados del año pasado que el presidente Peña Nieto respondió a las demandas de varios partidos políticos e introdujo una ley en el Congreso que criminalizó estos delitos. La iniciativa llegó al final de su mandato y siete años tarde. Ya en 2001, un grupo de trabajo de la ONU instó al gobierno mexicano a aprobar una ley lo antes posible para castigar este crimen.

"Mientras que el gobierno mexicano carezca de voluntad política para impedir que desaparezcan sus ciudadanos y a lo menos para decir dónde están las víctimas, la ley será inefectiva. Solo sirve de pantalla sin que se garanticen las medidas de memoria, verdad, justicia, compensación integral y la 'no repetición", dijo la portavoz de la Organización "Nuestros Desaparecidos".

Trata de personas esclavizadas en México

La oficial Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) calcula en su estudio "Diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en México" unas 500.000 víctimas de trata de personas (6) en el país. Reconoce que el dato es aproximado, pues este delito casi no se denuncia y, cuando se hace, existe una tendencia a reclasificarlo como crímenes distintos.

Otro estudio que la CNDH difundió el 23 de septiembre de 2016 señala que el 93 % de las víctimas de trata de personas son mujeres. Además, el 26 % son menores de edad. México es considerado "un país de origen, tráfico y destino de la trata de personas".
Hay deficiencias en la norma legal con la que se combate la trata de personas en México, pero también omisiones y complicidad en el estado.
En efecto, este crimen es el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo, solo por debajo del tráfico de drogas y de armas, ya que generaganancias superiores a los 36.000 millones de dólares anuales.

México es uno de los diez países más violentos del mundo.

Sin embargo, el presidente Enrique Peña Nieto, cuyo mandato termina el primero de octubre, nunca fue denunciado a nivel internacional por la crisis humanitaria abismal que traviesa su país. Nadie habló de "aislar a nivel diplomático" al gobierno mejicano por la falta de derechos y la impunidad del crimen. Ni los EEUU ni la Unión Europea consideraron alguna vez ejecutar sanciones económicas contra México por violaciones de derechos humanos. Sin embargo su presidente, junto con el de Colombia, juega un rol protagónico en la campaña política contra Venezuela. Aunque Venezuela no se compara ni por lejos con México o Colombia en cuanto a las violaciones de derechos humanos.

Con este resumen no se pretende disculpar las violaciones de ningún país. Son graves por donde ocurran. Se trata de oponerse a la instrumentación de las palabras "Derechos Humanos" por meros intereses geopolíticos. Ya que exime a los gobernantes de países como México o Colombia de su obligación de respetarlos y de terminar con la impunidad. También se trata de demostrar, cuan hipócrita es el permanente fuego de denuncias contra Venezuela por países que no cumplen ellos mismos.

(1) https://polemon.mx/con-pena-nieto-en-la-presidencia-cada-dia-hubo-12-desaparecidos

Gabriele.Kuehnle@outlook.com