Las huellas brutales dejadas en Chile por la dictadura
impuesta en septiembre de 1973 para derrocar al presidente Allende y que durara
tantos años, no han desaparecido ni se borrarán jamás. Sobre todo, si, como
sucede en la realidad, no acaba de hacerse plena justicia y, a pesar de los
avances, la impunidad todavía mantiene un espacio.
Por eso es que siempre será oportuno revisar y difundir qué
sucede en materia de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad, así como
las reacciones de los diversos sectores de la sociedad.
Un suceso reciente es que, a propósito del reciente
procesamiento del ex alcalde derechista Cristian Labbé por su responsabilidad
penal como autor del delito de torturas, se levantaron de inmediato las voces
de representantes del pinochetismo que sostuvieron indignados que era simple
persecución política venir a juzgar al representante de la UDI – y ex coronel
de ejército – tantos años después de ocurridos los hechos.
Lo sucedido es que – sin perjuicio de otros casos en que se
encuentra procesado igualmente por el delito de torturas y por los que será sin
duda condenado – Cristian Labbé recibió sentencia condenatoria de apenas 3 años
de presidio. Se trata del fallo del proceso criminal el juzgado de Temuco que
condena al reo Cristian Labbé Galilea, coronel de ejército en retiro a la pena
de 3 años de presidio por haber sido autor de la aplicación de tormentos a
Harry Cohen Vera. Originalmente el procesamiento era más amplio e incluía
además las torturas inferidas por Labbé a Jaime Rojas, Bernardo Santibáñez y
Juan Horacio Rosales, hechos ocurridos en la ciudad de Pangipulli en el mes de
noviembre de 1973.
Interesante la
lectura del expediente. El entonces joven coronel Labbé actuaba con el rostro
pintado para impresionar a sus víctimas y se paseaba entre ellas a grandes
pasos profiriendo toda clase de insultos y amenazas en contra de prisioneros
atados, indefensos. Así actuaron en esos años nuestros “valientes”
militares Recordemos de paso que Labbé ha sido signado como uno de los
fundadores de la siniestra DINA, policía secreta de Pinochet y formadora de
torturadores y asesinos.
Los golpistas no se quedaron callados ante la sentencia.
Esto “es solamente venganza” dijo, por ejemplo, el senador derechista Juan
Antonio Coloma dolido por la resolución de tribunales y denunció la excesiva
tardanza. El reclamo de la derecha se funda ante todo en la tardanza en hacer
justicia. Y en eso coincidimos. En nuestro país la Justicia ha tardado
demasiado. Pero es preciso revisar y conocer ¿quién o quiénes son precisamente
los responsables de esta tardanza? ¿Por qué ante crímenes tan feroces como
miles y miles de detenidos desaparecidos, de ejecutados políticos, de
torturados, de prisioneros sin causa cometidos a partir del 11 de septiembre de
1973 y hasta el fin de la dictadura, no actuó en su momento del Poder Judicial?
Recordemos, brevemente, qué pasó en todos estos años. Desde
luego debe reconocerse que desde 1973 y hasta 1998, hacer justicia en estos
casos era imposible. Que nadie olvide que la Corte Suprema de la época, declaró
a mediados de 1973 que el gobierno del presidente Allende era inconstitucional.
Aquello fue parte de la estrategia diseñada en Washington a fines de 1970 tras
la reunión de Agustín Edwards con Richard Nixon y el director de la CIA de la
época. Por supuesto, la Corte carecía absolutamente de facultades jurídicas
para un pronunciamiento de tal naturaleza. Pero era el golpe en marcha.
Luego de producido, Pinochet promulgó una ley de
autoamnistía y contó por muchos años con el servilismo de la Corte Suprema,
cuyo presidente Israel Bórquez respondió con una burla infame a quienes
buscaban a sus familiares: “¡Los desaparecidos ya me tienen curco!”. Así
pasaron esos años. Pero el fin de la dictadura no cambió las cosas. La amnistía
seguía vigente, Pinochet continuaba como jefe del Ejército y su discurso era
concreto: “El día que me toquen a alguno de mis hombres se acabó el Estado de
derecho”. Sus hombres no fueron tocados por los gobiernos de la Concertación y
así pasaron los años.
Hasta que el 12 de enero de 1998, la querella presentada en
nombre del Partido Comunista de Chile por un grupo de abogados que tuve el
honor de encabezar y acompañados de la dirigente Gladys Marín, fue aceptada a
trámite por la Corte de Apelaciones de Santiago la que designó como juez
investigador a don Juan Guzmán Tapia. Un hecho histórico que cambió el curso de
los acontecimientos ante la sorpresa de todos. Coincidentemente, meses más
tarde Pinochet era arrestado en el Reino Unido por solicitud del juez español
Baltasar Garzón en el proceso iniciado en el exterior tiempo antes. La historia
cambiaba. Comenzaron los procesos y a la querella de enero del 98 se sumaban
cientos y cientos.
Pero no debe olvidarse que la llamada Concertación de
partidos por la Democracia había premiado a Pinochet con el cargo de Senador
Vitalicio. Y fue esa misma fuerza política, supuestamente democrática, la que
salvó al dictador de su segura prisión en Europa: Un político “socialista”,
José Miguel Insulza, fue el encargado de viajar al rescate del tirano. La
fragilidad de la memoria no debe borrar jamás esta asquerosa maniobra en contra
de los derechos humanos.
Hasta la querella de enero del 98 un manto de impunidad
había cubierto la historia del país. Olvido para los miles de víctimas y en
cambio jubilaciones multimillonarias y privilegios de fantasía para los oficiales
de todas las ramas de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. Llegó a llamarse al
general Juan Emilio del Corazón de Jesús Cheyre como el del “Nunca más” Hoy
está procesado criminalmente.
Y además fue sólo a partir de fines del 2009 que los
tribunales se abrieron a investigar también los casos de ejecutados políticos y
de torturados; hasta entonces sólo se llevaba los casos de detenidos
desaparecidos. Esto obligó a la designación de jueces de dedicación exclusiva
en diferentes puntos del país. Son más de Mil quinientos juicios en desarrollo.
Y una parte de ellos ha estado dedicada a los casos de oficiales y suboficiales
de las propias FFAA que en su momento se opusieron a asesinar o a torturar a
sus indefensos prisioneros por lo que ellos mismos fueron sometidos a torturas
y a Consejos de Guerra. Su caso, al igual que otros de civiles, llegó hasta la
Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Hoy nuestro país muestra una situación que en esta materia
registra más avances que en otros países que igualmente sufrieron dictaduras
como son los casos de Uruguay y Brasil y se puede equiparar a lo avanzado en
Argentina. Pero por una parte lo obrado sigue siendo insuficiente y por otra
aparecen señales peligrosas como por ejemplo que las sentencias condenatorias que
están dictando los jueces especiales en los últimos años son penas bajísimas,
presidios de muy corto plazo. Por otra parte, se hace exigencias desmedidas a
las víctimas para acreditar que sufrieron, como si las torturas o las balas
hubiesen sido juguetes de niños, lo que además alarga por muchos años los
procesos. Y debe agregarse el extraño comportamiento en estas materias del
llamado “tribunal constitucional” que interfiere dudosamente.
En conclusión: el tema del tratamiento de los crímenes de
lesa humanidad perpetrado por la dictadura de la derecha chilena en 1973 sigue
siendo tema pendiente. No abordarlo decididamente es seguir violando los
derechos esenciales de la persona humana.
eduardocontreras2@gmail.com
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