Por Sergio Rodríguez Gelfenstein:
La crisis institucional de Colombia es de larga data a un
punto tal que ya es parte del sistema político, dicho de otra manera, las
élites diseñaron un modelo a través del cual la crisis es vista y aceptada como
expresión de democracia. Claro, el resquebrajamiento del Estado tiene límites
en tanto no afecte los intereses oligárquicos que controlan ese país desde la
independencia.
Las fuerzas armadas no son ajenas a este fenómeno. Fueron
creadas para “… la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del
territorio nacional y del orden constitucional” según reza el artículo 217 de
la Constitución política. Sin embargo, toda vez que los únicos conflictos
externos que ha tenido Colombia desde 1948 han sido provocados por Bogotá: la
incursión de la corbeta Caldas en 1987 en aguas jurisdiccionales de Venezuela y
la invasión a Ecuador en 2008, el estamento castrense ha sido involucrada en
una guerra interna -que no han podido ganar en el terreno militar- por más de 60 años en defensa de ese “orden
constitucional” que sirve a las élites y margina al pueblo que se encuentra
sumido en altos niveles de pobreza y exclusión.
En el caso de las fuerzas armadas, el más alto grado de descomposición se manifestó a través de la política de falsos positivos mediante la cual el binomio Uribe-Santos prostituyó a una parte importante del componente militar colombiano. Ese delito que según la Corte Penal internacional (CPI) “puede ser catalogado como de lesa humanidad y de guerra” se convirtió en 2012 en política de Estado si se considera que estos asesinatos fueron cometidos para aumentar los índices de éxito militar, transformando la muerte de civiles en instrumento de obtención de mayores recursos internacionales para el logro de sus objetivos
Al respecto, en un informe elaborado en noviembre de 2012,
la Corte señaló que: “Una política de
Estado no necesariamente tiene que concebirse en el más alto nivel de la
maquinaria estatal, sino que puede ser adoptada por órganos estatales locales o
regionales. Incluso una política adoptada local o regionalmente puede ser
catalogada como política de Estado”.
Estos hechos que no sólo manifestaron el horror de la guerra
que el Estado libra contra el pueblo, fueron expresión de un descontento en
ciertos sectores de las fuerzas armadas colombianas que no aceptaban que se les
utilizara para formalizar la violación de derechos humanos, habida cuenta la
impunidad que en lo interno ha tenido la oligarquía de ese país a través de la
historia, y en lo externo el aval que
Estados Unidos le ha concedido para cometer todo tipo de crímenes en nombre de
la democracia.
Según el analista político colombiano Juan Carlos Tanus, en
su país hay tres sectores dentro de las fuerzas armadas: los que viven del
narcotráfico, los que viven de la lucha contra el narcotráfico y un tercero que
se opone a vincular a la institución militar con el delito nacional y
trasnacional.
Las conversaciones de paz en La Habana entre las Farc y el
gobierno colombiano manifestaron un debate en las sesiones oficiales y fuera de
ellas entre los líderes guerrilleros y los jefes militares colombianos que
formaban parte de la delegación gubernamental. Tal como ocurriera en un evento
similar a comienzos de los años 90 del siglo pasado en las negociaciones que
culminaron con un acuerdo de paz entre las fuerzas enfrentadas en la guerra
civil de El Salvador, la comunicación entre guerrilleros y militares se tornaba
fluida y auspiciosa. Solo los que conocen la guerra y han participado
directamente en ella aprecian con profundidad el valor de la paz.
Por el contrario, en uno y otro caso, las élites políticas
gubernamentales dilataron, torpedearon y menospreciaron el valor del diálogo y
la negociación. No obstante, los resultados obtenidos fueron disimiles: en El
Salvador, donde desde 1992 impera un ambiente de paz en el que las armas dieron
paso a la política, mientras que en Colombia, ello ha sido imposible, incluso
cuando desde el gobierno de Iván Duque se ha establecido un permanente
bombardeo contra los acuerdos, lo cual ha generado un clima de impunidad que ha
provocado el asesinato de alrededor de 250 combatientes, aproximadamente un 4%
del total de desmovilizados tras el aparente fin del conflicto. Una cifra
similar de dirigentes sociales, campesinos, indígenas y activistas de derechos
humanos también han sido asesinados con total impunidad.
No se puede suponer que todas los militares colombianos
avalan tal comportamiento. Un sector, como dijo Tanus, cree que hay que darle
una oportunidad a la paz. Finalmente, debe pasar por la cabeza de algunos, que
esas fuerzas armadas son herederas de las tradiciones de Pantano de Vargas y de
Boyacá, saben que el fundador de su ejército fue el Libertador Simón Bolívar,
quien en medio del fragor del combate en 1820, fue capaz de comprender e
impulsar una negociación con los españoles -en un momento en que la victoria
final se oteaba en la cercana- solo para evitar mayores sufrimientos y dolores
al pueblo.
Es sabido que en Colombia son los estratos medios los que
envían a sus hijos a las academias militares, la oligarquía no manda sus
descendientes a la guerra, sino a las universidades estadounidenses para
formarse a fin de asumir el poder y controlar la economía del país, así mismo
van a los seminarios para formarse como sacerdotes capaces de vigilar el alma
de los feligreses y la sacrosanta propiedad privada, son los que persisten en
una guerra absurda que utiliza a los hijos de los campesinos como carne de
cañón en un conflicto que no les pertenece.
En días recientes se ha sabido como el ex fiscal general
Néstor Humberto Martínez, un adalid del belicismo y la confrontación fraguó en
alianza con la DEA estadounidense pruebas para incriminar a Iván Márquez y a
Jesús Santrich en el narcotráfico, obligándolos a dar continuidad a la lucha
armada en resguardo de su vida y la de
miles de combatientes que le dieron una oportunidad a una paz que por segunda
vez ha sido traicionada por las élites. El uribismo en Colombia pretende
obtener por vía del asesinato y las masacres lo que las fuerzas armadas no
pudieron lograr en el terreno bélico.
En este marco también se ha hecho pública la denuncia del
Inspector General de la Policía Nacional general William José Salamanca en
contra del director de esa instancia general Óscar Atehortúa y otros jefes
policiales por la posibilidad de que éste haya intentado borrar información
relacionada con investigaciones al interior de la institución.
Así mismo, se han manifestado dudas en la sociedad
colombiana respecto de quienes son realmente los autores de las reiteradas
masacres a la población, en particular de jóvenes humildes, las que Duque y
Atehortúa se han empecinado en responsabilizar a la guerrilla del ELN y a
“disidentes” de las FARC, sin que hasta el momento hayan presentado ninguna
prueba al respecto. Se sabe que Atehortúa es un protegido del ministro de
defensa Carlos Holmes Trujillo quien aspira a ser el abanderado del uribismo en
las próximas elecciones, de manera que una vez más se está usando a las fuerzas
de seguridad en función de mezquinos intereses de un grupo.
Otro tanto está ocurriendo en el ejército. El 22 de
septiembre pasado, el coronel Pedro Javier Rojas Guevara, Director del Centro
de Doctrina del Ejército Nacional presentó su renuncia a las fuerzas armadas.
Rojas, que cuenta con 33 años de servicio dirige la instancia que se encarga de
elaborar la doctrina que sustenta la planificación y ejecución de las
operaciones militares. Esta institución es la responsable además desde 2011, de
instrumentar el “Plan Damasco”, orientado a producir una modernización del
Ejército para hacerlo más acorde a sus pares de la OTAN, alianza a la que
Colombia se incorporó en 2013.
En su carta de renuncia dirigida al presidente Iván Duque,
Rojas le hizo saber que: “Debo
manifestarle de manera respetuosa pero enfática […] que he perdido absolutamente
la confianza en el Alto Mando institucional, encabezada por el señor general
Eduardo Enrique Zapateiro, comandante del Ejército Nacional, lo que, sin atisbo
de duda no solo me impide continuar bajo sus órdenes sino, además, va contra
mis principios cristianos y valores como la lealtad, fidelidad y
transparencia”.
Entrevistado ayer 1° de diciembre por el periódico “El
Tiempo” de Bogotá, el oficial declaró que: “Hay una crisis de liderazgo interno
evidente. Tenemos 25 generales menos de los que debería haber y también han
salido oficiales de otros rangos”. Y sobre el Plan Damasco, según El Tiempo, el
coronel Rojas señaló “que la siguen matriculando como una doctrina desarrollada
por uno de los bandos: el del general Alberto Mejía, ex comandante de las
Fuerzas Militares. Y que por ello le han quitado apoyo”.
El militar continúa diciendo que: "Desde 2011, los
generales Navas, Mantilla, Rodríguez, Lasprilla, Mejía, Gómez y Martínez
apoyaron la evolución doctrinal denominada Damasco en el marco del plan de
transformación del Ejército (2011-2030). Lo extraño es que el actual comandante
quiera borrar algo que ha sido beneficioso para la institución”. El Tiempo cree
que “para Rojas es claro que esa falta de liderazgo y una incompetencia interna
no generan confianza en los mandos medios y la tropa”.
Resulta evidente que todo este complicado trance es
expresión de la profundización de la crisis interna en la institución
castrense. Lo que ha ocurrido es la manifestación de una respuesta pública de
un sector militar que vio en los Acuerdos de La Habana una ruta positiva para
salir del entrampamiento de la guerra. De esa manera está dando respuesta al
grupo más recalcitrante del uribismo guerrerista que no está acostumbrado a
develar estos asuntos a la opinión pública, pero que subyace a pesar de lo poco
que se ha conocido abiertamente.
La actual cúpula militar, impuesta arbitrariamente por
Duque, removió de sus cargos a todos los militares simpatizantes del proceso de
paz e inició una “cacería” interna. Lo que ha hecho el coronel Rojas es
atreverse a dar la cara para mostrar que hoy existe una alternativa al uribismo
y a la guerra. En este sentido, es probable que otros uniformados activos o en
situación de retiro apoyen a Rojas, si no es que antes, también sean sometidos
a fuertes sanciones y/o a su expulsión de la institución armada.
En un artículo escrito por el periodista Andrés Dávila y
publicado por el portal “Razón Pública” el 22 de julio de 2019 se señala que
tras las negociaciones de paz: “El Ejército entendió que, aunque en La Habana
no se discutieron su tamaño ni sus funciones, tenía que adaptarse y anticipar
los cambios que traería el post acuerdo. Desde luego, en organizaciones
jerárquicas tremendamente conservadoras, adversas al cambio e inerciales, estos
cambios toman tiempo, y producen tensiones, divisiones y debates internos”, Es
probable que estas manifestaciones disidentes sean expresión de esas
“tensiones, divisiones y debate internos” de los que habla Dávila.
En medio del aprieto, el Ejército se apresuró a refutar al
Coronel Rojas en el mismo medio de comunicación en el que el militar hizo sus
afirmaciones, diciendo que la Doctrina Damasco está "instaurada, y con
base en la misma sigue la capacitación. No es cierto que se vaya a parar".
De igual forma, señaló que en este momento se está trabajando en 30 manuales de
instrucción sobre la misma asegurando que: "No es un tema político, son
los lineamientos tácticos, operacionales y estratégicos del actuar castrense”,
según informó un alto militar que rechazó identificarse.
Curiosamente, como si fuera una olla que se está destapando,
en el mismo momento en que se produce este debate público sobre la integridad y
las capacidades de las fuerzas armadas, el periódico “El Espectador” de Bogotá
en su edición de hoy 2 de diciembre da a conocer que el pasado 26 de noviembre, dando respuesta a la solicitud que había
hecho en julio pasado el presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de
Roux, las Fuerzas Militares entregaron tres informes sobre la génesis y las
operaciones de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), negando a priori
cualquier vínculo de las fuerzas armadas con el paramilitarismo.
Reconociendo que las juntas de autodefensas se hicieron con
el objetivo de “permitir a los ciudadanos la defensa de sus bienes del ataque
de las organizaciones guerrilleras”, los militares opinan que dichas
estructuras tuvieron “la incorporación de organizaciones de narcotráfico en el
escenario nacional” que se convirtieron en grupos armados irregulares como las
AUC. A partir de ello, el informe las justifica con el argumento de que en el
contexto en que dichas organizaciones fueron creadas “aumentaba la presencia de
grupos delincuenciales generando condiciones de inseguridad para muchos de los
pobladores de distintas regiones del país”, intentando de esta manera establecer
una diferencia inaceptable entre paramilitarismo y AUC como si estas no fueran
expresión de lo anterior.
El Espectador opina que: “… aunque en el documento se niega
la existencia de acciones sistemáticas entre las Fuerzas Armadas y las Auc, la
Corte, hasta septiembre de 2019, había proferido 22 sentencias contra el Estado
colombiano por la violación a los derechos humanos: varias de estas por
“omisión” a su deber frente a hechos delictivos perpetrados por paramilitares”.
En fin, como se afirma en el argot popular: “si el río
suena, piedras trae”. Es evidente que al interior de las fuerzas armadas
colombianas están ocurriendo hechos que, a la luz de los acontecimientos
recientes en el país, son sólo el inicio de acciones de sectores cada vez más
amplios (incluyendo de las fuerzas armadas) que intentarán rescatar la decencia
y el decoro de la institucionalidad del país.
sergioro07@hotmail.com
