Por Sergio Rodríguez Gelfenstein:
Prudente silencio hice ante el anuncio de la visita a
Venezuela de Michelle Bachelet en su condición de Alta Comisionada de Naciones
Unidas para Derechos Humanos. A pesar que tuve el natural impulso de escribir
sobre el tema dado los antecedentes políticos de la funcionaria internacional,
me abstuve por respeto a muchos amigos en el país y el exterior que forjaron
expectativas a partir de la supuesta honorabilidad y respetabilidad de la
susodicha, lo cual auguraba neutralidad e imparcialidad en el informe que
habría de elaborar
.
Es menester decir que como hijo de un hombre que fue preso y
torturado en democracia en Venezuela y en dictadura en Chile, que además tengo
decenas de amigos y amigas que pasaron por la prisión, la tortura y la
desaparición forzada en varios países de la región, repudio y rechazo la
práctica de violación de los derechos humanos venga de donde venga, y la Alta
Comisionada que es la autoridad superior en esta materia en el mundo debería
también observar esta compostura en el cumplimiento de sus responsabilidades.
De esta manera, no me voy a referir al informe que hizo, el
cual ni siquiera voy a leer, pero, como le dije a todos los que quisieron escucharlo,
ese informe estaba hecho antes que Bachelet llegara a Caracas, agregando el
hecho que –dada la trayectoria de la mencionada funcionaria- muy probablemente
el mismo había sido elaborado en Washington. Hoy, eso ha quedado demostrado
cuando el gobierno de Venezuela ha dicho que el 82% de los datos del informe
provienen de fuera del país. Tengo serias dudas que ese trabajo haya podido
hacerse después del viaje de la Comisionada a Caracas. No, ya estaba elaborado.
Es decir, no se trata de si el informe dice o no dice la
verdad, sino de cuánta veracidad pueda tener un reporte de una oficina que
tiene una pésima reputación y de una funcionaria que carece de credibilidad en
materia de derechos humanos dadas las continuas violaciones de los mismos
mientras fue presidenta de Chile, sobre todo en la brutal represión al pueblo
mapuche.
Otros, argumentaban que nada podría ser peor en materia de
lealtades imperiales que las del antecesor de Bachelet en tal responsabilidad,
el príncipe jordano Zeid Ra´ad al Hussein de conocida subordinación a
Washington donde hizo una larga pasantía como embajador de Jordania primero y
representante de su país en la ONU posteriormente.
Pero, como dice un sabio dicho popular en Venezuela “deseos
no empreñan”, me impresionó la inocencia de tantas personas que todavía tienen
a Bachelet como un adalid de los derechos humanos cuando su impronta muestra
todo lo contrario. Parece increíble que alguien pueda pensar que Bachelet pueda
ser imparcial respecto de Venezuela cuando ella fue activa y entusiasta
fundadora del grupo de Lima, un anexo de la OEA creado para propiciar el
derrocamiento del gobierno venezolano. En el colmo de la desfachatez, en algún
momento, cuando se le inquirió sobre tal asunto, echó toda la culpa de sus
actuaciones en esta materia a su canciller Heraldo Muñoz, a quien según dijo
“no puedo controlar”.
Fiel a esa forma de actuar y pensar, una vez más Bachelet le
ha hecho asumir la responsabilidad sobre el actuar de su oficina a los
funcionarios colocados en sus puestos “por mi antecesor” a los que
supuestamente tampoco puede controlar.
Bachelet, es de esos extraños personajes que en política
podrían caracterizarse de “extremo centro”, es decir no opinar, no
comprometerse, dejar hacer, echar la culpa a otros y no asumir responsabilidades,
al parecer características afines a la política chilena si nos atenemos a que
dos veces fue elegida presidenta de la nación austral, pero tal identidad en
ella no es natural, es asumida concientemente por instrucciones superiores que
estudiaron su perfil y entendieron que era esa la forma más adecuada para colocarla en las más altas instancias de
gobierno.
En junio de 2014 cuando Zeid Ra´ad al Hussein fue elegido
para el cargo, los abogados especialistas en derechos humanos Javier El-Hage y Roberto
González escribieron un artículo en el periódico madrileño El País en el que al
describir esa responsabilidad dentro de la estructura de la ONU decían que:
“…hasta ahora las acciones del alto comisionado han sido en el mejor de los
casos tímidas, por lo general carentes de norte democrático y a veces incluso
reñidas con los ideales que persigue. Esto se debe a que la OACDH sufre, aunque
en menor medida, del mismo problema estructural que padecen otros órganos de la
ONU como el Consejo de Seguridad y el Consejo de Derechos Humanos, cuyos
pronunciamientos y acciones concretas están altamente influenciados por
dictaduras con poder de veto y membrecía mayoritaria”. Si nos atenemos al
historial de los dos últimos altos comisionados, estas opiniones resultan
ampliamente atinadas.
En el caso de Michelle Bachelet, después de ser una
insignificante militante política en el partido socialista de Chile -según un
artículo publicado en el desaparecido periódico santiaguino La Nación, el 16 de
enero de 2006- se marchó a Estados Unidos a cursar “…un diplomado sobre
estrategia militar en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos
(ANEPE) —al que asistieron doce alumnos: seis oficiales de las Fuerzas Armadas
y de Orden y Seguridad, y seis civiles donde -por su buen rendimiento—obtuvo el
primer lugar de la promoción, y gracias al patrocinio de la Beca Presidente de
la República continuó en 1997 un curso superior sobre defensa continental en el
Colegio Interamericano de Defensa, ubicado en Washington D. C., Estados Unidos.
A su regreso en 1998, Bachelet trabajó un año como asesora del Ministerio de
Defensa Nacional” Curiosamente, a partir de ese momento inició su fulgurante
despegue político que la llevó -en tan solo 8 años- a ser elegida presidenta de
Chile. Todo indica que difícilmente ha podido desprenderse de la tutoría que el
Pentágono ha ejercido en ella.
Según la organización Mapuche Meli Wixan Mapu, en octubre de
2018 había en Chile 20 presos políticos mapuche injustamente condenados por la
Ley Anti Terrorista aprobada en ese país el 16 de mayo de 1984 cuando no había
parlamento durante la dictadura de Pinochet. Bachelet no hizo nada por
eliminarla en sus dos gobiernos, al contrario, profundizó la represión contra
el pueblo mapuche durante sus dos gestiones.
Hay que decir que desde 2001 durante los gobiernos de la pos
dictadura, en la mayoría de los cuales participaba el partido de Michelle
Bachelet, fueron asesinados 19 mapuche, de ellos dos, Johnny Cariqueo Yáñez en
2008 y Jaime Facundo Mendoza Collío en 2009 fueron exterminados durante el
primer gobierno de Bachelet y dos más,
José Mauricio Quintriqueo Huaiquimil en 2014 y Víctor Manuel Mendoza Collío en
2014 lo fueron en el segundo gobierno de la ahora funcionaria internacional,
sin que ella hiciera absolutamente nada
por aclarar los homicidios.
Estos hechos hacen que Michelle Bachelet sea considerada
como una feroz represora por parte del pueblo mapuche. Desde su llegada al
gobierno en 2006 ordenó la represión a comuneros y comuneras mapuche de la
localidad de Quepe de la Comuna de Freire en la región de la Araucanía, que
protestaban por la instalación de un aeropuerto en ancestrales territorios
mapuche usurpados por la fuerza a sus legítimos propietarios. En agosto de ese
año fue asesinado Juan Lorenzo Collihuin Catril, de 71 años, su asesino un
sargento de Carabineros fue absuelto del caso por la Fiscalía Militar.
El 30 de octubre de 2007, Patricio Queipul Millanao de solo
13 años de edad, fue herido en el tórax por 6 disparos hechos por Carabineros
con sus escopetas antimotines
El 3 de enero de 2008 fue asesinado por la espalda Matías
Catrileo Quezada, de 22 años, por el cabo 2° de Carabineros, Walter Ramírez,
sin que las autoridades realizaran investigación alguna para hacer justicia. El
día 30 de ese mes de enero, Patricia Troncoso quien se encontraba en huelga de
hambre por 112 días tras ser condenada junto a otros comuneros mapuche a 10
años y 1 día bajo la ley anti terrorista de Pinochet que sigue imperando en
Chile, concluyó su ayuno. La noticia habría pasado inadvertida sino hubiera
sido porque acompañada por la madre de Matías Catrileo, le escribió una carta a
Bachelet en la que le decía: “Yo quiero preguntarle(...) Usted que fue
prisionera política, que fue torturada, siente hoy el placer de torturarnos a
nosotros. ¿Qué siente usted señora presidenta? (...) ¡Qué lástima que usted se
haya olvidado de todo lo que significa la prisión política y la muerte de
tantos seres! Usted, con la actitud soberbia de su gobierno, de sus
representantes, hoy en día nos torturan condenándonos a una muerte silenciosa”.
En otro ámbito, durante la realización en agosto de 2007 en
protestas convocadas por organizaciones sindicales descontentas con la política
neoliberal de Bachelet, la represión ordenada por ésta dejó unos 50 heridos y
372 detenidos, Los actos estuvieron acompañados de incidentes debido a la
fuerte acción de la policía. El presidente de la Central Unitaria de
Trabajadores (CUT), Arturo Martínez llamó al Gobierno a analizar la violencia,
a su juicio "inusitada", con que actuó la policía. La jornada comenzó
cuando miles de manifestantes que salieron pacíficamente a las calles fueron
reprimidos con fuerza por carabineros, que detuvo en pocas horas a un centenar
de personas.
Continuando con su política de represión al movimiento
popular, durante los primeros meses del año 2008 en las ciudades más
importantes del país, los estudiantes secundarios y universitarios
desarrollaron movilizaciones exigiendo la derogación definitiva del marco legal
de educación creado por la dictadura. La respuesta del gobierno de Bachelet
fue ponerse de acuerdo con los partidos
pinochetistas para aprobar una nueva ley que en los sustancial dejaba todo
igual, toda vez que no modificaba su carácter neoliberal y perpetuaba el beneficio
de los que lucran con la educación en Chile
Para ello, Bachelet jugó el papel de articuladora entre las partidos de
derecha que estaban dentro y fuera del gobierno: Democracia Cristiana y los
pinochetistas Renovación Nacional (RN) y Unión Democrática Independiente (UDI)
en la oposición, así como con la desprestigiada y mafiosa iglesia católica, el
Opus Dei y otros actores que se han enriquecido con la educación en el país.
Mientras tanto, la presidenta ordenó reprimir con dureza las movilizaciones estudiantiles
a fin de ablandar a los líderes, para cooptarlos y desarticular el movimiento,
lo cual fue de alguna manera logrado. En el camino, las fuerzas represivas
bacheletistas agredieron brutalmente a un periodista que reportaba los hechos
Vale la pena recordar también que a finales de diciembre de
2010, un cable de Wikileaks hizo público que un documento obtenido de la
embajada de Estados Unidos en Chile fechado el 7 de febrero de 2008, hizo
patente que la entonces ex presidenta Bachelet había pedido apoyo de
inteligencia a Estados Unidos para dar seguimiento a la “radicalización” del
conflicto mapuche y sus posibles contactos con “otros grupos terroristas
extranjeros”. Con ello, Bachelet mostraba ya no solo su talante represivo,
también permitió constatar su verdadera identificación nacional al estar
dispuesta a ceder la soberanía de Chile autorizando al gobierno de una potencia
extranjera a inmiscuirse en los asuntos internos del país, a fin de reprimir al
pueblo lucha por sus legítimas demandas.
En fechas más cercanas, ya durante su segundo gobierno la
organización pro estadounidense Amnistía Internacional, ante la desfachatez por
el desconocimiento del Estado chileno de los derechos humanos se vio obligada a
recomendar al Estado de Chile una serie de políticas en favor del respeto de
los derechos humanos. Precisamente, hicieron mención a la aplicación de la Ley
Antiterrorista. En este sentido, la Secretaría General de esa organización
Irene Khan, afirmó en 2008 que: “Los pueblos indígenas son muy discriminados y
marginados en Chile, y se ven a sí mismos como víctimas de una estrategia
económica que está destruyendo su vida y su sustento”. A este respecto, Hernando Silva, coordinador
jurídico del Observatorio Ciudadano, al referirse a la aplicación de esta ley
en los gobiernos de la pos dictadura dijo que : “La criminalización de la
protesta social indígena, que ha sido un fenómeno que surgió principalmente
durante el gobierno de Ricardo Lagos, fue una tónica que se repitió durante el
gobierno de Michelle Bachelet, por cuanto se utilizaron figuras penales
excepcionales para desvirtuar los procesos de reivindicación de derechos de las
comunidades mapuche“.
El tiempo transcurrió y el olvido se hizo eco del pueblo
chileno que re eligió a Bachelet en 2014 para un nuevo período presidencial de
cuatro años. Uno de sus planes emblemáticos fue una vez más la represión del
pueblo mapuche. Para esto diseñó la denominada “Operación Huracán” que
configuró acciones nunca antes vistas, ni siquiera en tiempos de la dictadura.
La disposición de montajes de operaciones de falsa bandera al más puro estilo
del gobierno colombiano de Álvaro Uribe que condujo a acusaciones de líderes
mapuche para justificar la más brutal represión contra ellos, fue el sello más
importante de este segundo gobierno de Bachelet. El funcionario que dirigió las
operaciones, alto dirigente del partido socialista de Chile realizó reuniones con autoridades judiciales, policiales, con
fiscales y abogados para construir una trama a objeto de criminalizar a los
líderes mapuche. En lo más alto de la cúpula de este criminal entramado se
encontraba el ministro del interior y la propia presidenta Bachelet, tal como
lo denunció Rodrigo Román, abogado de la Defensoría Popular en declaraciones a
la Radio de la Universidad de Chile. Román afirmó que sin embargo Bachelet no
había sido afectada porque estaba protegida por “los ricos, los poderosos y los
medios”, recordando además que “una de las ofertas de campaña de Bachelet para
llegar al ejecutivo fue la no aplicación de la Ley Antiterrorista”, pero “ lejos de no aplicarla, ha invertido
cuantiosos recursos para condenar a los peñis [hermanos en mapudungun, la lengua
mapuche] sobre conductas terroristas”.
Continuando con su estela de represión, en septiembre de
2016, la lideresa mapuche Juana Calfunao fue condenada a 5 años de cárcel por
negarse a aceptar la construcción de un camino que pasaba por su propiedad. Desde
hace más de 20 años la comunidad Juan Paillalef a la que pertenece la lonko
[jefe/a de una comunidad mapuche] mantiene un conflicto con el Estado debido a
que se opone a la ruta trazada para tal vía que “dividiría a su comunidad y
destruiría espacios sagrados donde se realizan ceremonias y rogativas, y
además, su construcción no ha sido consultada de forma previa, libre e
informada como lo determina el Convenio 169 de la OIT” según un reporte del
portal digital chileno eldesconcierto.cl. En marzo de 2011, Calfunao encaró a
la ex presidenta Michelle Bachelet en el Parlamento Europeo en Bruselas por la
aplicación de la Ley Antiterrorista.
Bachelet siempre guardó silencio como presidenta y lo sigue
haciendo en su nueva función de proteger a los amigos de Estados Unidos desde
la ONU mientras utiliza su cargo para atacar a los que lo adversan, actuando de
la manera servil y rastrera que la caracteriza. Incluso, inmersa en una
patología conocida como Síndrome de Estocolmo, se ha encargado de proteger a
los militares incursos en la violación de derechos humano durante la dictadura
no moviendo un dedo para que fueran eliminados las cárceles cinco estrellas
donde asesinos, violadores y torturadores pasan su maravillosa existencia en
condiciones materiales óptimas. Es de suponer que esto también sea parte del
acuerdo con el Pentágono, toda vez que hasta Sebastián Piñera, sin haber
cambiado mucho, ha tomado medidas en este ámbito.
Así, en el desempeño de su
más reciente responsabilidad, Bachelet guarda absoluto silencio frente a
las brutales violaciones de derechos humanos de las monarquías árabes aliadas
de Estados Unidos, no opina sobre los ataques de Israel al pueblo palestino, no
se inmuta ante el desastre humanitario que Arabia Saudita está produciendo en
su guerra contra Yemen, tampoco se ha enterado que en Colombia todos los días
asesinan activistas sociales, de derechos humanos y desmovilizados de las FARC,
ha asumido mudez absoluta ante los crímenes del gobierno de Honduras, no se ha
dado cuenta que todos los meses la policía de Estados Unidos asesina a
ciudadanos negros solo por esa condición, ni ha hecho mención a la brutal
represión y exterminio de migrantes en Estados Unidos y ha emitido una débil
voz en la imprescindible condena a la ilegal detención de Lula.
Ella sabe que la sola evocación de cualquiera de esas
flagrantes violaciones a los derechos humanos le haría perder su cargo, por eso
prefiero asegurarlo aceptando entregar el informe que Washington hizo sobre
Venezuela.
Resulta curioso darse cuenta que a diferencia de los otros
tres presidentes de su alianza política que le precedieron, los que entregaron
el poder a otro miembro de esa coalición, Bachelet en dos ocasiones traspasara
el bastón de mando al pinochetismo en nombre de Sebastián Piñera y que en ambos
casos, Estados Unidos le consiguiera un puesto en un organismo internacional
para asegurarle una huida económicamente provechosa. Uno inocentemente podría
preguntarse ¿Para quién trabaja?
Ella ha cumplido su parte y con Venezuela lo ha hecho con
creces, con el mismo ímpetu, dedicación y esfuerzo con los que participó en la
fundación del Grupo de Lima, creando condiciones nuevamente para justificar una
intervención militar en Venezuela. Debe saber que, si ello ocurriera, deberá
ser acusada como una criminal de guerra, cómplice del genocidio que
sobrevendrá.
Quiero repetirlo, no me interesa el informe que haya hecho
Bachelet, no tiene ninguna validez, toda vez que fue elaborado antes de su
visita al país, además según dicen los que lo leyeron, no incorporó ninguna de
los datos que aportó el Estado venezolano, es decir fue un juicio sin derecho a
defensa.
No se trata del informe, incluso si todo lo que ahí se
dijera fuera verdad, el problema es si esa oficina posee real autonomía e
imparcialidad para hacerlo y si la persona que lo conduce tiene la autoridad
ética y moral para dirigirla. Evidentemente no. En esa medida es que carece de
valor el informe que ha hecho. La impronta de su vida política anula la validez
del informe.
Ella actuó como lo que es, una persona sin opinión que
funciona a favor de quien le paga, nunca ha tenido criterio propio para nada,
alejada de cualquier ética o compromiso con la humanidad. Hasta cuando su hijo,
funcionario en La Moneda bajo su mandato presidencial, realizó actividades
fraudulentas que la justicia está investigando, dijo que no sabía nada. Nunca
sabe nada, otros saben por ella, otros piensan por ella.
Estimados lectores y lectoras, cree usted que con semejantes
antecedentes, una persona puede hacer un informe de manera imparcial y objetivo
sobre algo, sobre cualquier cosa, no sólo sobre derechos humanos. Imposible, la
deleznable naturaleza de las acciones que ha realizado a lo largo de su vida
política la retrata y la desnuda.
Recuerdo, cuando en Viena en el año 2006, en el marco de la
Cumbre Unión Europea-América Latina, el presidente Chávez se reunió con ella
por primera vez, al preguntarle si tras la reunión emergía alguna instrucción
para el gobierno, el comandante solo dijo: “Ella es la hija de mi General Bachelet”.
Solo eso es. No le da para nada más.
sergioro07@hotmail.com
