Por Sergio Ortiz:
La pandemia no deja ver cuándo será su pico de contagio. La
negociación con los fondos acreedores está trabada y el 22 de mayo será fecha
clave. Es momento que el gobierno despeje incertidumbres con políticas bien
claras.
La pandemia de COVID-19 muestra algunas de sus cartas
mortíferas y aumentan los contagios y muertes en Argentina, bien que menores a
los de otros países. Esa performance no puede dar lugar al “mal de muchos,
consuelo de tontos”. No se debe ser tontos sino seguir adoptando recaudos.
Sí dejó ver que sus víctimas favoritas son, por un lado, la
gente rica que viajó al extranjero, y por el otro la gente pobre que vive
hacinada en conglomerados urbanos como la Villa 31 Padre Múgica de Retiro y la
1-11-14 Padre Ricciardelli, de Flores.
Los que vienen tomando buenas decisiones políticas y
sanitarias en la pandemia tienen su reconocimiento, como el presidente Alberto
Fernández, el ministro de Salud GGG y el experto Pedro Cahn, cada uno en su rol
específico, entre muchos más.
En el rincón opuesto, el de los políticos aplazados por la
crisis, está el jefe de Gobierno de la CABA, Horacio Rodríguez Larreta. Es el
responsable político principal del drama de los barrios vulnerables de la
Capital, algunos de los cuales no tienen ni agua potable. Su entorno alegó que
la empresa AySA era la responsable de proveer agua a esos lugares, y desde esa
empresa, la titular Malena Galmarini de Massa, dijo que las conexiones llegan
hasta la zona y que el gobierno de la Ciudad debía hacer las conexiones hacia
adentro del barrio.
Suponiendo que ambos tuvieran razón, querría decir que hay
un 50 por ciento de culpa de ambos sectores, el PRO y el Frente Renovador,
integrante de la coalición gobernante Frente de Todos.
Por supuesto, más allá de la repartija de culpas, lo
importante para esas familias y demás ciudadanos del Área Metropolitana de
Buenos Aires, es que hagan urgente las obras para que haya agua potable y demás
servicios.
Si de condiciones de habitabilidad se trata, el virus ganó
por goleada gracias a la inacción de sucesivos gobiernos. Justamente esta
semana el presidente anunció un plan nacional para la construcción de 5.500
viviendas, con una inversión de 29.000 millones de pesos y que generaría
750.000 empleos.
Es una muy buena noticia, pero con tres aclaraciones. La
primera, llega tarde. La segunda, es insuficiente. Y la tercera, habrá que ver
a cuántos vecinos de la Villa 31 y Villa 1.11.14 va a favorecer, si es que le
tocará a alguno.
Cerca del 80 por ciento de los contagios están localizados
en el AMBA, que comprende a la Capital y el conurbano de la provincia. El
presidente AF hace un gran esfuerzo por mostrar a Horacio Rodríguez Larreta a
su lado, como si fuera un gran socio. Varios intendentes del conurbano, en
cambio, quieren poner controles en los puentes para que desde la CABA no se
pueda ir libre y masivamente a sus partidos.
Si bien esa no es la solución “manu militari”, esos
intendentes están más cerca de la verdad que el presidente, un oportunista
extremo en este punto.
Impuesto a los ricos
El gobierno nacional viene imprimiendo billetes para
financiar el apoyo a diversos sectores que sufren la crisis. Ese sostén social
está muy justificado.
También se advirtió acá que no se puede darle indefinida ni
ilimitadamente a la impresión de papel moneda, sin respaldo en producción de
bienes, porque eso a la larga generará alta inflación.
Por ahora es tan grande el párate productivo, la caída de
recaudación y el freno de las importaciones y exportaciones, que ese fenómeno
inflacionario se mantiene relativamente bajo. Según la medición del Indec, los
precios de abril subieron sólo 1,5 por ciento, aunque el de alimentos y bebidas
fue más importante. Cualquier vecino que va al mercadito del barrio a hacer su
compra diaria habrá visto que antes gastaba 450 pesos y ahora, por los mismos
productos, gasta 700, pesos más o menos.
Apoyar desde el Estado, aún a costa de la emisión monetaria,
también para que empresas privadas puedan pagar los sueldos, está bien. Eso sí,
sólo una política claudicante del gobierno puede incluir en ese listado a
firmas que tienen hasta 800 empleados, porque ese volumen de personal y
negocios retrata a grandes capitalistas. Si se confirmara la información
publicada en El Destape, por Ari Lijalad, que Techint y Clarín han pedido ayuda
del gobierno para abonar a sus empleados, y que las solicitudes fueron
aprobadas, se estaría ante una claudicación ante los miserables monopolistas de
siempre, Paolo Rocca y Héctor Magnetto.
Esos dos nombres de la infamia – socios de la pasada dictadura
militar y cívica – más otros grupos económicos concentrados, como las
terminales automotrices extranjeras, las petroleras ídem y tantos otros
empresarios, vienen suspendiendo personal y rebajando sueldos, violando el
decreto presidencial.
En particular el monopolio de la desinformación viene
fisgoneando campañas que pegan bajo la línea de flotación del gobierno. ¿Y
ofreciendo la otra mejilla AF los va a incluir en los programas ATP para que
paguen sueldos?
Para completar la contradicción, el gobierno sigue
histeriqueando, sin concretar, con el proyecto de impuesto a los muy ricos. La
iniciativa tuvo ese nombre cuando estaba bajo la órbita de Máximo Kirchner.
Luego de las observaciones críticas del presidente fue rebajado a Contribución
Extraordinaria por única vez. Ese proyecto light fue a recalar al despacho del
presidente de la comisión de Presupuesto de Diputados, Carlos Heller y allí
durmió una siesta de más de un mes.
Este miércoles 13 el Congreso debutó con sesiones virtuales
y asistencia física de un mínimo de legisladores, en una y otra cámara, por
separado. Supuestamente, por su índole, el impuesto a los ricos como se lo
conoce popularmente, debía ingresar a Diputados, pero no fue incluido en el
temario. Tampoco hay precisiones de cuál es su letra chica ni cuándo podrá ser
debatido. Según Heller lo deberían oblar por única vez unas 12.000 personas muy
ricas, con un patrimonio mayor a los 200 millones de pesos. El banquero del
Credicoop declaró que así redundaría al Estado un ingreso de casi 300.000
millones de pesos. No es casual que ese diputado no lo tradujera a dólares.
¿Cuántos dólares son 300.000 millones de pesos? Si es a su cotización oficial,
de 60, serían 5.000 millones de dólares. Como el dólar blue está a 130 pesos,
serían 2.500 millones de dólares, o sea menos de lo que el Estado ha gastado en
la emergencia. También acá el gobierno debería dejar de decir “gre gre” para
decir Gregorio. ¿Rebajas de salarios a trabajadores del 30 por ciento y los
ricos no aceptan poner 1 por ciento sus fortunas?
Duro con los fondos buitres
Los economistas de diversas tendencias políticas han
coincidido que la suba del dólar blue hasta los 138 pesos tuvo dos vertientes:
inversores que ven venir una devaluación y maniobras de los fondos de
acreedores que con esos movimientos alcistas de la divisa quieren subrayarle al
ministro Martín Guzmán su desacuerdo con su propuesta de renegociar la deuda.
El 22 abril pasado el gobierno les propuso rebajar los
intereses en 62 por ciento, el capital en 5,4 y un plazo de gracia de 3 años
antes de reanudar los pagos. En la reanudación, los intereses serían de 2.5 con
alzas hasta un promedio del 3,5 por ciento.
BlackRock, nave insignia de los fondos que años atrás eran
denominados sin pudor “fondos buitres”, hizo llegar una respuesta negativa a
esa oferta, muy frontal, y se enojó cuando Guzmán la hizo trascender a los
medios.
El ministro estimaba que el grado de aceptación de los
bonistas sería del 40 por ciento. Quedaba un poco lejos del básico requerido
para la aceptación (66 por ciento en unos bonos y 75 en otros), pero dejaría un
margen para seguir negociando.
Los bonistas que aceptaron fueron sólo el 18 por ciento;
Guzmán-Fernández no movieron el amperímetro de esos acreedores. El 22 de mayo,
cuando vence un bono de 503 millones de dólares que no se atendió en abril,
habrá default si no se paga. Ese es el gran cuco que agitan los economistas de
los monopolios que cotizan en Wall Street y la Bolsa de Comercio.
Aquellos bonistas están agrupados en tres equipos. El de
colmillos más afilados es el de BlackRock, Templeton y Fidelity, que ya
desgarró a Axel Kicillof. Los tres grupos han entregado su contrapropuesta.
Esta vez Guzmán no tuvo el gesto de comentarlo a los medios, pero se puede
conjeturar que aquellos reclaman que el gobierno les baje los tres años de
gracia, recorte la quita de intereses y capital, pague algo “cash” y reconozca
los intereses devengados en años de gracia.
El cronista no es adivino, pero supone que el presidente va
a mejorar la oferta a los buitres, violando su promesa de que lo propuesto era
su última palabra.
Ojalá que AF mantenga su propuesta de abril. No es buena
sino la menos mala. La mejor es la que sugieren Nora Cortiñas, Adolfo Pérez
Esquivel y numerosas organizaciones sociales y políticas: una Auditoría de la
Deuda Externa y suspensión de los pagos; y si surgen irregularidades y delitos,
enjuiciar a los responsables de esos delitos.
Fernández es tibio. No es Norita ni Pérez Esquivel. Igual,
si su pago no es satisfactorio, aquellos buitres lo van a picotear y
ensangrentar como si lo fuera.
ortizserg@gmail.com
