¿Quiénes realmente son los violentistas?

Por Juan Pablo Cárdenas S.:

Compelidos como hemos estado a condenar “la violencia venga de donde venga”, en realidad creemos justo repudiar, primero que todo, la violencia del régimen neoliberal que provocó el desenlace que hoy a todos nos conmueve. Es decir, aquella que se ejerce en la cotidiana explotación de los grandes empresarios a sus trabajadores, vulnerando sus derechos laborales; la que provoca el desparpajo de los políticos enriquecidos y ensoberbecidos en la perpetuación de sus cargos públicos y groseros estipendios. O la impunidad institucionalizada en favor de los delincuentes de cuello y corbata, de los que usurpan desde las AFP y las isapres las cotizaciones de los trabajadores.

La violencia que generan los bullados casos de corrupción ventilados ante la opinión pública y que crónicamente deja impunes a sus responsables y cómplices. La violenta discriminación sufrida por nuestro principal pueblo autóctono, como las criminales acciones descargadas día y noche contra sus familias y hogares. De manos, habitualmente, de carabineros digitados por los empresarios forestales de la Araucanía que los despojaron de tus propiedades ancestrales. Todo con la complacencia de La Moneda, ahora, y por los gobiernos precedentes.

En efecto, violencia sistemática justificada por los gobiernos, dícese progresistas, y los políticos de derecha, dícese católicos y amantes del “estado de derecho”.

Sin ignorar, tampoco, el saqueo fiscal y bancario en contra de los estudiantes. De esos cientos de miles de jóvenes que seguirán endeudados por varias décadas más, si es que no se les condona lo que deben. Una deuda lacerante para cientos de miles de familias que fuera fomentada por el gobierno de Ricardo Lagos quien, paralelamente, le puso un abusivo peaje al libre tránsito por las autopistas. Por quien incluso intentó pasar como obra suya la mismísima Constitución de Pinochet, con solo algunos retoques negociados con el Parlamento, para ahora tener el cinismo de sumarse a la demanda popular por una nueva Carta Fundamental.

Cómo olvidarnos de la ultrajante violencia que significó la negativa del presidente Frei a recibir durante todo su mandato a los familiares de los detenidos desaparecidos de la Dictadura. O la burla que le propinó al país la señora Bachelet con su falso proceso constituyente. El que, por supuesto, no condujo a nada, salvo frustrar las esperanzas que de nuevo se agitan en las protestas, después de que le entregara la banda presidencial por segunda vez al principal defraudador de los derechos del pueblo. Un multimillonario engreído, insensible y sin capacidad alguna de autocrítica y pudor. Cuya permanencia en La Moneda violenta y crispa todos los días a la población que lo repudia tan contundentemente.

Imposible pasar por alto la violencia ejercida por el sistema todavía vigente contra los sin casa o los deudores hipotecarios, estrangulados todos por las entidades financieras y constructoras. La violencia que significa que el sueldo mínimo recibido por millones de trabajadores no les alcance para llegar a fin de mes, como lo hemos podido constatar en esos estremecedores testimonios de ancianos, viudas, pensionados, como de tantos jóvenes impelidos a delinquir para comer y llevar algo a casa.

Por la violenta e insensata actitud de los principales medios de comunicación circundados por la farándula y la frivolidad, ignorantes de la realidad nacional y mundial y cuyos rostros ahora lloran lágrimas de cocodrilo al descubrir nuestro país real. Con sus noticiarios y programas tan lacerantes a la conciencia pública, la dignidad de los pobres y de la propia clase media. Como si no fuera terriblemente violento, también, el constante atentado en contra de la soberanía nacional, mediante la inicua explotación de nuestros recursos naturales, el saqueo cotidiano de millones de toneladas de cobre, litio y otros productos desde las entrañas de nuestro territorio.  O los mismos incendios provocados en nuestras reservas forestales a fin de proveerle terreno a las empresas constructoras y a aquellas que buscan reforestar nuestro paisaje con especies de mayor y más rápida plus valía, sin importarles si éstas agotan los manantiales y aguas subterráneas en desmedro de la agricultura y del agua potable en tantos pueblos y ciudades del país.

Ciertamente que duele ver un templo en llamas o la destrucción de monumentos patrimoniales, pero todo eso se puede volver a reconstruir o reparar. No así nuestros vandalizados yacimientos del norte y de las altas cumbres cordilleranas. Pero no nos equivoquemos: para sujetos como Piñera, la destrucción callejera puede ser incluso una oportunidad de negocio para las empresas constructoras e importadoras, como para las mismas compañías de seguros. Ya un hábil alcalde y algunos “emprendedores” en cosa de horas discurrieron semáforos portátiles; de la misma forma como algunos poderosos del retail se proponen, después de cobrar sus pólizas por incendio, reemplazar estos hipermercados por grandes condominios de viviendas bien cercadas y más inexpugnables.

Qué duda cabe que la promesa de un plebiscito y de una asamblea constituyente (con leoninos quórums para aprobar cualquier cambio sustancial de la actual Carta Magna) busca también apaciguar las demandas sociales y convertirse en un placebo para los ansiosos de cambio. ¡Qué violento contubernio es el ejecutado por el Ejecutivo y los parlamentarios para, en cosa de horas, levantar un acuerdo y prometer una agenda social que ha sido burlada o postergada por tanto tiempo! Si hasta tenían preparado aquel enorme lienzo blanco que cubrió la plaza Baquedano para hacernos creer que la batalla terminaba y que el orden se restablecía. Desconociendo el hecho de que la protesta no solo se alzó contra el Gobierno sino contra toda la indolente clase política.

Por ello que abandonar la calle y “volver a la normalidad”, como se nos sugiere, sería realmente fatal para un país que merece mayor equidad y una paz fundada en la justicia y no en la quietud de los cementerios. ¿O es que acaso algún cambio de época y transformación de nuestra historia no ha supuesto la ira popular y episodios inevitables de insurrección? 

Violencia nunca comparable, en todo caso, ¿con la ejercida por los vencedores de Concón y Placilla que conspiraron contra el presidente Balmaceda y derivaron en la organización de turbas que salieron a saquear las casas de los derrotados? O la de los bombardeos de La Moneda en l973, seguidos por los campos de tortura y exterminio; como los asesinatos masivos de campesinos en Ranquil y otras localidades rurales. Tal como años antes se ultimó en Santiago, por instrucción presidencial, a los estudiantes en el Seguro Obrero, o en otras masacres a centenares de mineros. Como la misma “pacificación” de la Araucanía que ya nadie discute que se trató de un brutal genocidio contra nuestro pueblo aborigen. Por cierto, impune, como otras aberraciones.

Es inaudita la hipocresía de quienes hoy apelan a un armisticio exigiendo que los humillados por el sistema abandonen sus protestas, piedras y palos, mientras los policías disparan con armas letales a los manifestantes, les arrancan los ojos a los jóvenes. Y, por supuesto, le siguen poniendo todo tipo de cortapisas al reajuste digno de los salarios y pensiones. Cuanto, a la misma posibilidad de una Asamblea Popular Constituyente, donde lo que mande sea el sufragio mayoritario de sus integrantes y no los intereses de esa minoría cobijada en un acuerdo y quórum espurio. Convenido, como vimos, a espaldas del pueblo movilizado.

¿Es que acaso Piñera pactó con el pueblo y sus organizaciones tan alto despropósito?

¿Es que existe algún antecedente en Chile y en el mundo en que los acuerdos de paz se firmen solo entre los mismos aliados?

juanpablo.cardenas.s@gmail.com

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Narcotráfico, corrupción y FFAA

Por Juan Pablo Cárdenas S.:

En Chile hasta hace poco el narcotráfico y el consumo de estupefacientes no eran temas de mucha preocupación política. Nuestro país, se decía, a lo sumo sería solo un pasadizo de las drogas, pero hoy debemos reconocer que aquí se producen alucinógenos, se exportan al extranjero y los niveles de consumo, especialmente entre los más jóvenes, han llegado a superar el de muchos países de nuestra Región. Las lacras vinculadas al narcotráfico muestran dramáticamente sus efectos en los establecimientos escolares, los tribunales de justicia y las cárceles. Además de involucrar severamente a las poblaciones más pobres de las grandes urbes, aunque los recursos de este fenómeno sirvan para mitigar, muchas veces, nuestra arraigada y vergonzosa desigualdad social.

Solo esta realidad puede explicar que millones de chilenos condenados al salario mínimo puedan incrementar sus ingresos, subsistir y acceder a los servicios más básicos, aunque muchos de ellos sigan privados en sus derechos a la salud, educación y vivienda digna. Cualquier cálculo que se haga, indica que el sueldo promedio de nuestros trabajadores hace imposible solventar su adecuada alimentación, vestuario o trasporte cotidiano. Mucho menos, todavía, el de sus familias o el más mínimo acceso a las expresiones de la cultura, el deporte y la sana recreación. De esta forma es que los niños y adolecentes pobres descubren en el microtráfico la posibilidad resolver sus carencias. Más todavía cuando en nuestro país se reprime con tanta dureza el comercio ambulante, esto la posibilidad que tienen cientos de miles de familias de escapar de la miseria e, incluso, de ser enrolados por la droga.

El gobierno de Piñera ha dado el paso de incorporara a nuestras FFAA al combate del narcotráfico, especialmente en los numerosos puestos fronterizos del país. Una medida audaz que ciertamente puede tener su pro y contra, como ha quedado demostrado en México, Colombia, Argentina, Brasil y otros países como Estados Unidos. Se trata todavía de una propuesta por implementar que ya suma partidarios y detractores, cuando hasta aquí esta tarea ha sido acometida por las policías.

Lo que se teme es que los militares, como también ha sucedido en otras naciones, puedan ser corrompidos por los enormes y seductores poderes del narcotráfico y que este fenómeno termine desmoronando la pretendida probidad de nuestros institutos armados. Por diversas razones, hay chilenos mantienen confianza en la idoneidad de mundo militar, cuando es cosa de comprobar la cantidad de oficiales que están siendo procesados por corrupción en las distintas ramas de nuestra Defensa y seguridad. Como si no fuera también una expresión de su falta de probidad haber conspirado tantas veces contra nuestra institucionalidad y haber usado su poder y armas para matar a sus propios compatriotas, derribar gobiernos, organizar campos de exterminio y tortura. Junto con facilitarse toda suerte de leyes y condiciones de vida, ciertamente muy por encima de las que tiene la población civil. Sin que ello les haya exigido, como se sabe, más trabajo, estudios o meritos, aunque sean propiamente castrenses, cuando hace más de un siglo en que no tenemos conflictos bélicos con nuestros vecinos.

Como reza el dicho popular, podemos temer que incorporar a estos uniformados a la lucha contra el narcotráfico sería como “amarrar con longanizas a los perros más rabiosos”. Facilitar la acción de los carteles de la droga y masificar hasta en los propios regimientos el consumo de estupefacientes. Quizás sea más razonable partir desde cero con la organización de una policía antidrogas ad hoc, independiente de las labores militares y policiales, la cual pudiera reclutar conscriptos y jóvenes que escapen del mando militar y policial actual tan desprestigiado por sus acciones. Y por los horrores cometidos en el presente y el pasado.

Sin embargo, lo más importante de todo es cuidar de nuestras instituciones republicanas y la honorabilidad de sus integrantes. Las clases políticas aquí y en otros países han sido prácticamente las primeras en dejarse seducir por los poderes fácticos dispuestos a financiar sus partidos y competencias electorales. Como es el caso de tantos gobernadores y parlamentarios que han consolidado verdaderos narco estados en el continente; o como también ha sucedido con tantos jueces y tribunales cooptados por las redes delictuales.

Chile puede quedar mucho más expuesto todavía al poder del narcotráfico si sus autoridades e instituciones republicanas no recuperan la fortaleza e independencia que tuvieron en el pasado. Para hacer frente, por ejemplo, a la abusiva inversión extranjera en la que muchas veces se solapa la penetración de los narcotraficantes, como ya sucedió con las concesiones de carreteras y la instalación en Chile de un Amado Carrillo, el llamado Señor de los Cielos. Por cierto, con la complicidad de algunos políticos, jueces y policías. Asimismo, el sometimiento de nuestro país a tantos tratados de libre comercio, amén de debilitar nuestra soberanía y ceder nuestras riquezas básicas, puede ser un severo inconveniente en la posibilidad de evitar la inversión de capitales indeseables.

Ni pensar siquiera lo que podría suceder si el propio Ejecutivo, los legisladores y los tribunales siguen al arbitrio de un Tribunal Constitucional constituido como un supra poder por la Constitución de Pinochet. Entidad que se mantiene vigente en lo esencial y que, de verdad, muy pocos políticos quieren acotar en sus atribuciones, ante la posibilidad que, a su turno, sus referentes ganen el control del organismo. Dado que la integración de sus magistrados se cuotea políticamente, salvo las muy honrosas excepciones de algunos de sus integrantes.

El abultamiento de nuestro gasto militar, los ingentes presupuestos que se destinan a las FFAA, además del mismo sentido común, indican que el camino debe ser la disminución de su personal y la supresión de sus privilegios. Que se termine con el absurdo de que los uniformados cuenten con hospitales propios, un sistema de previsión escandaloso en relación al de los trabajadores del país y la eliminación de la llamada Justicia Militar, que lo que hace en la práctica es favorecer la impunidad de los delitos cometidos de los denominados “hombres de armas”. Qué más podrían querer los narcotraficantes que contar con “burreros” uniformados que pudieran, a lo sumo, ser llevados a las fiscalías militares y, eventualmente, a sus cárceles de lujo, como sucede actualmente en otros ámbitos del delito.

Siempre es conveniente revisar la experiencia de otros países al respecto, donde se comprueba que la represión militar a los traficantes de drogas, además de infiltrar a sus agentes, ha llevado a los carteles a dotarse expeditamente de las armas para hacer frente a la represión y sumar a los estragos del consumo de drogas los de la violencia, el narcoterrorismo y los crímenes más espeluznantes.

Es cierto que habría muchos militares o ex uniformados capaces de ejercer un notable servicio al combate de las drogas, pero ciertamente podríamos arriesgarnos a lamentar, mañana, una dócil sumisión de los militares al poder de los narco productores y traficantes. Por todo lo cual parece oportuno recordar que la mejor forma de combatir ésta y otras lacras es la justicia social, favorecer el empleo justamente remunerado, prohibir la extrema riqueza, ejercer una real soberanía sobre nuestro territorio y fronteras. No para cerrarles el paso a los inmigrantes que llegan con la ilusión de encontrar un trabajo digno, sino a tantos especuladores y delincuentes “de cuello y corbata” que vienen a empoderarse en nuestra geografía. Y que hoy, como tanto nos consta, tienen en jaque nuestros suministros más esenciales, como la luz y el agua potable.

juanpablo.cardenas.s@gmail.com

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Maduro en la Encrucijada

Por Juan Pablo Cárdenas S.:

Todos los procesos de cambio van a encontrar siempre duros detractores. Es cuestión de revisar la historia universal, y muy especialmente la de nuestro Continente, para comprobar todo lo ocurrido durante la gesta, por ejemplo, de los héroes y libertadores de América, hasta la de un Salvador Allende y otros genuinos mandatarios propuestos a luchar por la dignidad de sus pueblos.

Nicolás Maduro no podía esperar otra actitud del gobierno de Estados Unidos y de las grandes empresas y consorcios que han colonizado nuestra región, especialmente en el país que tiene las mayores reservas petroleras del Planeta y está tan cerca de la codicia norteamericana y su enorme poder militar y comunicacional. Toda una maquinaria de guerra para desestabilizar y derrocar regímenes e invadir toda suerte de países para apoderarse de sus riquezas y destino político.

Todos los que se proponen concitar el apoyo y el fervor popular para cambiar la historia de sus naciones incurren, desde luego, en errores de distinta naturaleza y casi inevitablemente llegan a ejecutar acciones que dañan la integridad y los derechos de sus opositores y disidentes. Pero también es razonable asumir que siempre estos procesos van a despertar la ira y las conspiraciones criminales de los que necesariamente deben ser afectados en sus intereses; de los que se organizan para atentar contra de la infraestructura y las fuentes de la producción del país; de los que rápidamente se ponen a disposición del imperialismo y aquellos poderes contrarios a que haya pueblos dispuestos a torcerle el rumbo a las inequidades fragrantes y consagradas. Situación que vivía Venezuela con sus enormes riquezas en manos de unos pocos y de las llamadas empresas transnacionales.

Lo que no puede pretender Maduro es que sus transformaciones sean asentidas por el Imperio y el orden internacional que ha consagrado las ideas neoliberales y toleran la democracia y la soberanía popular solo hasta que ven la necesidad de promover dictadores y tiranos que salven o restauren el sistema económico social que los favorece. Libia, Irak, Palestina, Cuba, Irán y otros numerosos ejemplos sirven para explicarse cómo las naciones más poderosas acostumbran a borrar con el codo lo escrito con la mano, tanto en la Revolución Francesa, la Emancipación Americana y otros grandes acontecimientos libertarios.

Los chilenos sufrimos en carne propia la furia del Departamento de Estado, del Pentágono, de la CIA y tantas otras entidades para consumar en 1973 el derrocamiento y magnicidio de nuestro régimen democrático. Para lo cual decidieron financiar y alentar a los militares traidores, a los partidos reaccionarios y, como siempre, reducir o seducir a los llamados centroizquierdistas que, con el tiempo devienen invariablemente en centroderechistas, como tan bien lo expresa ahora nuestra escena política.  Fue así como, una vez acometido el asalto a La Moneda, tomaron posesión de nuestros yacimientos, empresas públicas, medios de comunicación, universidades y tantas otras entidades. Además de asesorar por largo tiempo a Pinochet para organizar campos de concentración, tortura y exterminio, e impregnar enseguida de autoritarismo y leyes terroristas toda nuestra institucionalidad. En el acompañamiento, también, de crímenes que se cometieron en territorio norteamericano, Argentina, Italia y otros países.

Lo que nadie puede negar es que Hugo Chávez y su revolución bolivariana llegaron al poder después de la corrupción de su clase política, los partidos y sus gobiernos. Ganando sucesivas elecciones y consolidando un sistema electoral, después, que fuera calificado por el ex presidente Carter como uno de los más probos y transparentes del mundo, junto con su proceso constituyente y su nueva Carta Fundamental. Porque no se puede ignorar, tampoco, la raigambre que mantienen las ideas chavistas en el pueblo venezolano, su enorme capacidad de movilización enfrente de la dispersión y las contradicciones que manifiestan sus opositores, a los cuales el Gobierno de Maduro les reconociera un triunfo en los comicios legislativos para llegar a instalar al propio Guaidó como presidente del Parlamento.

Difícil sería explicar lo anterior bajo un régimen verdaderamente dictatorial, como se lo acusa, al tiempo que explicarse el severo bloqueo impuesto por Trump a la economía venezolana, en la que no ha trepidado en confiscar depósitos de este país en el extranjero y apropiarse de sus refinarías sin consentimiento alguno del derecho internacional. Junto con ejercer toda suerte de amenazas y alentar la postura fratricida de Colombia, Brasil, Perú y Chile, entre otros, en contra de Venezuela. De gobernantes que son, por supuesto, discípulos de los regímenes militares alentados en la década de los sesenta y setenta en América Latina. Cuyo caso más vergonzoso es el de Sebastián Piñera que hasta llegara a Londres para solidarizar con Pinochet y salvarlo de un juicio internacional. Para luego garantizarle de por vida su impunidad.

Posiblemente sea un error el de Maduro pretender concitar apoyo mundial a su gobierno después de lo sucedido en Chile y tantos otros países. Que haya tenido la ilusión de que un informe de la señora Bachelet pudiera resultar ecuánime, por más abrazos y besos con ésta en el pasado. Solo tendría que haber preguntado cómo llegó la expresidenta chilena a ese alto cargo en las Naciones Unidas, después de sus horribles bemoles en materia de probidad gubernamental, tráfico de influencias y crímenes cometidos contra los mapuches bajo sus gobiernos, cuanto de la mano de su socialista subsecretario de Interior y su operación Huracán. Porque ella podría haber aspirado a una serie de otros cargos internacionales para prolongar su carrera política y peculio, pero jamás a uno que tuviera que ver con los Derechos Humanos, cuando por dos períodos gobernó una de las naciones más desiguales del mundo, sin que haya alterado lo más mínimo nuestra distribución del ingreso y la dependencia extranjera.

De allí que Maduro esté ahora tan complicado y ante una real crisis, luego de la férrea oposición extranjera a sus propósitos, la caída del ingreso petrolero y las enormes demandas económico sociales que abrió su proceso. A lo que hay que sumar el desabastecimiento alentado por la industria y el comercio, tal como lo conocimos en Chile. De todas maneras, debiera renunciar a la bendición de Estados Unidos y de los mismos países que en su momento traicionaron el sueño de la patria común de Bolívar. Preferible sería conformarse con el apoyo de China, Rusia, Turquía y otras poderosas naciones que todavía tendrán que comprobar si su adhesión es sincera y no interesada. Para ocupar, justamente, el espacio que dominaba Estados Unidos.

Debiera también valorar y cuidar mucho Nicolás Maduro la fidelidad de sus Fuerzas Armadas, las que desde hace largos años marcan diferencia con las de otras naciones del continente en materia de formación profesional, composición social y vocación democrática. Proponerse, más bien, ganar amigos en las expresiones realmente progresistas y de izquierda del mundo, despreciando los vaivenes y fragilidad ideológica de toda esa suerte de oportunistas que en el pasado hacían gárgaras de antiimperialismo y ahora se los ve debajo de la mesa del gobierno de Chile, por ejemplo, para recibir sus migajas o agenciarse algunos cargos menores o fugaces como el que se le otorgó al primer Canciller de Piñera por traicionar sus ideas o “pecados” de juventud.

No le vaya a pasar lo mismo a Maduro de lo ocurrido con la Unidad Popular, varios de cuyos dirigentes ya estaban escondidos al momento del 11 de septiembre, mientras Allende combatía y moría en La Moneda.  Los mismos políticos que después terminaron renegando de todo su pasado a la primera invitación de Washington y que, ahora, se instalan a la vanguardia intelectual en la guerra contra Venezuela, bien premunidos de recursos e impudicia. 

Evidentemente, hay que sacar lecciones de la historia y no rendirse a la campaña de desinformación alentada por los medios de comunicación estadounidenses y sus sucursales en nuestra televisión, diarios, radios y redes de internet. El Gobierno de Maduro ha cometido graves errores, si se quiere, pero el peor podría ser la búsqueda de reconocimiento de los que son y serán enemigos de todo cambio y objetivos de justicia. Y que ante el fracaso experimentado en Cúcuta, por ejemplo, ahora alientan mesas de diálogo e intermediación internacional.

La ética debe acompañar siempre los cambios. “La revolución es moral o no es revolución”, escribió Peguy, pero ello no debe llevar a los reformadores a tolerar las acciones criminales de los detractores, el sabotaje y la mentira organizada. Nos parece muy encomiable, sin embargo, que los que mataron a un opositor y conspirador encarcelado sean ejemplarmente juzgados, como ya lo han decidido el Mandatario Venezolano y su Ejército. Ojalá que ello hubiera ocurrido alguna vez bajo las dictaduras militares del Cono Sur o, incluso, bajo los gobiernos pretendidamente democráticos que les siguieron.

Por cierto que no es grato ver a cientos de miles de venezolanos emigrar hacia otros países, muchos de los cuales luego han comprobado su enorme error y desazón. En todo caso, estos movimientos parecen ser inevitables y reiterados, de lo cual sabemos también nosotros los chilenos cuando llegamos a tener más de un millón de compatriotas en el exterior dentro de una población que entonces no superaba los 12 millones de habitantes. Es decir, tres o cuatro veces menos que la venezolana actual. Cuando todavía hoy son más los chilenos en el extranjero que todos los inmigrantes avecindados en nuestro territorio en estos últimos años.

Sería muy triste para todo nuestro continente el fracaso del proceso político venezolano. El gobierno de ese país cuenta con una de las geografías más ricas de América, con un respaldo popular contundente y que nadie puede ignorar, además de la fidelidad profesada por los militares bolivarianos. Por el contrario, su enemigo principal, el presidente Trump, cada día está más desacreditado en el mundo, así como crecen los estadounidenses renuentes a seguirlo en sus disparatados caprichos y despropósitos. Ni qué decir los jefes de estado títeres de la Casa Blanca, como el de nuestro país, con una penosísima adhesión popular, a causa de haber traicionado una vez más las aspiraciones de los chilenos, rendido a los intereses foráneos y cediendo toda nuestra soberanía al Imperio. Lo que se revelara en su infeliz encuentro con el mandatario norteamericano cuando quiso anexar nuestra estrella patria a las de la unión estadounidense. Lo que sonrojó incluso a su huésped.

juanpablo.cardenas.s@gmail.com

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Alternancia en el poder y cambalache ideológico

Por Juan Pablo Cárdenas S.:

Se dice que una de las características de la democracia es la alternancia en el poder, esto es que las distintas expresiones políticas puedan acceder al Ejecutivo y en otros períodos solo se conformen con ejercer una oposición, ojalá constructiva, al gobierno de sus adversarios. Sin duda que esta alternancia no basta para considerar a un régimen como “democrático”, si es que no existen también diversidad informativa, la plena independencia de los poderes del estado y un voto ciudadano verdaderamente libre e informado, entre otras varias exigencias.

Ciertamente, en Chile esta alternancia está plenamente vigente. Además de las administraciones de la Concertación y la Nueva Mayoría, la derecha propiamente tal ha accedido en estos últimos años a La Moneda en dos oportunidades, lo que le permite a muchos asegurar que nuestra transición a la democracia es un fenómeno ya culminado, aunque todavía nos rija la Constitución de Pinochet, un régimen autoritario, así como se mantenga una profunda desigualdad económica y social en la población.

Pero que unos y otros se alternen en el gobierno lo cierto es que ocasiona muchas paradojas y hasta miserias. Se puede apreciar en estos meses cómo los que tuvieron la oportunidad de gobernar por varias décadas, una vez en la oposición se ponen a golpear la mesa exigiendo reformas que nunca emprendieron cuando tuvieron la mejor posibilidad de implementarlas.  Tal como han surgido expresiones de ultraderecha o del pinochetismo que, en su desfachatez, acusan a la administración actual de estar cediendo muy dócilmente a las demandas de la autodenominada centro izquierda.

El impulso, por ejemplo, que La Moneda le está dando a la reforma tributaria o a la previsional, en su empeño de “igualar la cancha” a favor del acceso a la salud, la educación y otros derechos universalmente reconocido posiblemente le asegure a la derecha instalar a un sucesor de Piñera en el Ejecutivo y, por qué no, mejorar su representación en el Congreso Nacional, donde por ahora la derecha continúa en minoría.

De esta forma es que a cada rato, y hasta con repugnancia, observamos en la oposición exigencias verdaderamente escandalosas si se considera la total negativa de estos sectores a concretarlas cuando fueron gobierno. Una de ellas es el pago a la deuda histórica de los profesores, demanda que viene desde la Dictadura y la cual fuera desestimada por todos los gobiernos que le sucedieron. Los pensionados, igualmente, son testigos de cómo se les hizo un verdadero desaire a las reformas impulsadas por NO+AFP, frustración que se repite en los estudiantes y las múltiples organizaciones de trabajadores que hoy van a la huelga, incluso, en la esperanza que sea un gobierno de derecha el que paradojalmente pueda satisfacer sus aspiraciones.

El populismo podríamos decir campea en los planteamientos de varios partidos y bancadas parlamentarias, aunque la posibilidad de que sus promesas sean confiadas por el pueblo es algo todavía muy difícil, habida los reiterados desengaños y la posibilidad de que quienes gobiernan actualmente sean los que implementen algunos cambios, aunque sin alterar el régimen neoliberal que todavía campea en nuestra economía.  Hasta en materia de DDHH hay quienes aseguran que la sensibilidad de la derecha se ha demostrado algo mejor que la de quienes desde La Moneda les dieron constantes portazos a los familiares de los detenidos desaparecidos y las organizaciones de presos políticos. Y solo se acotaron a esa “justicia en la medida de lo posible” advertida por el presidente Aylwin.

A ratos parece que el tango Cambalache se ha instalado como himno oficial de nuestra política. Muchas veces apreciamos que no hay diferencia entre las promesas del centro derecha y la centro izquierda, en lo que a menudo se podría también incluir a dirigentes de los sectores más vanguardistas. Este tiempo ha sido, como sabemos, el de la drástica mutación ideológica de algunos furibundos izquierdistas de antaño, lo que seguramente se expresa en el quiebre interno de los socialistas y demócrata cristianos, fenómeno que tiene muy a maltraer la posibilidad de un amplio pacto para enfrentar los próximos desafíos electorales. A la vez que los “republicanos” de José Antonio Kast (que todavía alaba el régimen militar) podrían desertar del apoyo que a regañadientes le dieron a Piñera para ser reelegido.

Esta alternancia política tiene efectos, también, en la conducta de las organizaciones sindicales y gremiales. Para la CUT, el Colegio de Profesores y otras entidades es distinta la actitud que asumen si los partidos en que militan sus dirigentes están o no en La Moneda. Ya observamos en el pasado cómo se atenuaron las demandas salariales y los reajustes de sueldos concedidos por el bacheletismo, cuando comunistas, socialistas, penedés, radicales y demócratas cristianos estaban gobernando. Así como existen dirigentes empresariales que en público o privado aseguran preferible para sus intereses que no gobierne la Derecha. Lo que nos hace recordar esta sentencia del recién fallecido senador Carlos Altamirano, cuando proclamó que Ricardo Lagos había hecho “el mejor gobierno de derecha de nuestra historia”.

Pero más allá de lo que se dice y cumple desde el gobierno o la oposición, lo cierto es que lo más característico de la política chilena ha sido la metamorfosis de sus protagonistas, lo que ha tenido como consecuencia –nos guste o no- la verdadera fusión ideológica de los partidos organizaciones sociales. Salvo algunas expresiones de ultra izquierda o ultraderecha, casi todos los actores han ido confluyendo hacia el centro, acotándose a la moda del liberalismo y una casi idéntica visión de las cosas. Ya no hay quienes postulen una revolución, por moderada que se proponga ser; ya nadie, tampoco, se atreve a defender desembozadamente a Pinochet.

Así como en materia internacional lo que predomina es la facilidad en que unos y otros se tragan las campañas de desinformación propiciadas por Trump, sus aliados y voceros comunicacionales nacionales y extranjeros. Aunque, por supuesto, existan todavía analistas y activistas informados y perseverantes a los cuales la televisión y los grandes medios no les dan cobertura. Una lacra cultural que mucho se explica, ciertamente, en los pobres recursos y la alta ignorancia de muchos comunicadores, para los cuales resulta más barato en su quehacer importar las mentiras o fake news fabricados desde la OEA, el Departamento de Estado y los países ansiosos de petróleo.

Se dice que el oportunismo y el transformismo son fenómenos universales, un “mal de muchos”, así como la corrupción política y la apatía ciudadana. De todas maneras, en Chile debemos lamentarnos mucho más todavía del escandaloso derrumbe ideológico cuando miramos a nuestro pasado, a los grandes arquetipos propiciados por servidores públicos de alta solvencia moral como el mismo Allende, Frei Moltalva y tantos otros líderes políticos, morales y religiosos que el país tuvo la suerte de tener. O si consideramos el horroroso quiebre institucional de 1973 y su grave costo en vidas y esperanzas. Si recordamos, así mismo, la lúcida heroica lucha que por generaciones acometieron las organizaciones laborales, de los estudiantes y las víctimas de la discriminación social.

Cuando claramente existen tantas necesidades urgentes y aplazadas en uno de los países más desiguales de la Tierra. Pese a lo que dicen nuestros presuntuosos políticos.

juanpablo.cardenas.s@gmail.com

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Las ideologías de la integración y desintegración

Por Juan Pablo Cárdenas S.:

No se trata necesariamente de izquierdas o derechas en cuanto al resultado actual de tantas naciones independientes y pretendidamente soberanas sobre la faz de la Tierra.  Los ideales de la emancipación se relacionaron con luchas y líderes que comúnmente abrazaban las ideas progresistas de libertad, justicia social y respeto a los derechos humanos. Sin embargo, en el presente, no hay duda que algunas expresiones independentistas son impulsadas por fuerzas y caudillos de tosco nacionalismo y movidos por intereses económicos, es decir por quienes son parte de las fuerzas más reaccionarias del mundo.

Desde los inicios y hasta casi hasta terminar el siglo XX,  los aires de integración, como el que diera origen a la Unión Soviética o al Mercado Común Europeo, fueron considerados expresión de un progresismo que, incluso, arrasó con las viejas monarquías, así como antes nuestros procesos independentistas respecto de España y Portugal fueron impulsados por esfuerzos y luchas que rápida y consecuentemente tomaron las banderas del republicanismo, el término de la opresión y el reconocimiento de la igualdad de derechos de toda la especie humana. Es decir, obedecieron a una ideología francamente revolucionaria o vanguardista para la época.

Más allá de la suerte posterior de estas gestas, parece no haber duda que la Revolución Rusa y la integración leninista de numerosas naciones explica mucho la consolidación de la Unión Soviética como una potencia mundial, así como en su momento la integración de casi medio centenar de estados norteamericanos explica buena parte de su actual poderío y hegemonía estadounidense, además de la superación del esclavismo y diversas otras formas de segregación.

 Parece ser que la humanidad anda mejor sin guerras vecinales, sin ejércitos imperiales y con altos grados de colaboración mutua. El logro de integración muchos países europeos, así como el mismo sueño bolivariano, de verdad mantienen mucha vigencia, pese a las fuerzas centrífugas de los ingleses, la evidente descomposición de muchos acuerdos regionales y aquellas tensiones entre nuestros estados que favorecen, por cierto, a las grandes empresas transnacionales y a los países hegemónicos que fundan en gran parte su “prosperidad” en el negocio de las armas.

Cuesta concluir si el independentismo vasco y catalán, si la propia desintegración del mundo socialista, pueden ser auspiciosos realmente para los que los promueven. Da la impresión de que en todos estos fenómenos conviven ideas y movimientos muy disímiles, así como resulta muy difícil evaluar qué tendencias lograrán imponerse a la postre y si el costo que pueden significar en pérdida de vidas y destrucción material francamente las justifiquen. La certeza que hoy tenemos de la fragilidad de nuestro planeta y sus ecosistemas, de los ingentes recursos que se pierden en estos conflictos, cuando la tozudez de algunos países renuentes a aceptar como vecinos a árabes e israelíes parecen recomendar urgentemente los valores del diálogo y la tolerancia para la búsqueda del propósito más encomiable: la paz.

Resulta evidente que la emancipación africana y asiática que derivara en tanta dispersión de estados fue del todo razonable. Pero de lo que se trataba, sobre todo, era de expulsar de tales continentes a las potencias colonialistas, erradicar la explotación de mano de obra, como la abusiva expoliación de los recursos naturales de estos territorios. Creemos que no parece propicio valorar como positivo el surgimiento de tantas naciones que finalmente no han sido capaces de integrarse ni alcanzar satisfactorios logros en pos de su desarrollo. Así como tampoco existe hoy la convicción que las potencias colonialistas se hayan ido realmente y no estén ejerciendo ahora su hegemonía bajo los nombres de las empresas transnacionales e incursiones militares que, cuando se lo proponen, irrumpen en estas vastas extensiones.

Asimismo, tenemos resultados muy disímiles en la larga y justa lucha de los pueblos aborígenes de América. Hay países como Canadá, parcialmente México y otros que han resuelto bien y oportunamente las demandas indígenas, haciendo esfuerzos considerables por reconocer la diversidad de pueblos ancestrales que habitan de norte a sur, sus acerbos culturales y derechos de propiedad. Lo que pasó por aceptar, necesariamente, su dignidad, particularidades de vida y derechos humanos, sin perjuicio de que también se los instara al disfrute de la modernidad y los recursos del desarrollo educacional, científico y tecnológico.

Otra cosa es lo que sucede en Chile con la etnia mapuche, cuyas aspiraciones de autonomía y derechos culturales y económicos continúan conculcados. Al grado que la Araucanía está entre las regiones más atrasadas del país, y las tensiones y conflictos se han reinstalado en la zona con funestas consecuencias para todo el país. En este sentido, no tenemos duda que a nuestro Estado le ha faltado insensibilidad, realismo y una mínima capacidad de discurrir aciertos políticos.

Ello es lo que mejor explica, después de una espera más que centenaria que entre los mapuches prospere ahora la idea de su plena independencia de Chile y las ideas de su integración al país y pleno ejercicio de sus derechos cívicos o ciudadanos representen ahora las posiciones más conservadoras, y acaso minoritarias, dentro de esta guerra larvada. Como lo hemos dicho en otras oportunidades, lo cierto es que a nuestra política en éstas y tantas situaciones les ha faltado liderazgo y estadistas genuinos. 

Creemos que habría sido perfectamente posible, a esta altura de nuestra evolución republicana, que tuviéramos a nuestro pueblo fundacional completamente integrado a una sola nación chilena, de no haber prevalecido la codicia y el menoscabo en relación a los mapuches. Como “los más pobres entre los pobres” del país, cada día se hace más difícil tal integración, sobre todo por la influencia que ejercen en la Araucanía los intereses de las grandes empresas forestales, pesqueras y mineras que no persiguen, ciertamente, el interés nacional, sino su propia satisfacción en el lucro y la inicua apropiación de nuestras reservas naturales. Y que, desde luego, tienen cooptada la política, las instituciones del Estado y los poderosos medios de comunicación.

En este caso, no cabe duda que la emancipación mapuche se ha consolidado como un ideal progresista o de izquierda enfrente de las fuerzas reaccionarias que aspiran al pleno sometimiento de una nación de perfiles muy definidos y cuyas demandas gozan de un creciente apoyo nacional que reconoce la justicia y dignidad de sus reivindicaciones.

Además, que empieza a asumir que más de dos tercios de nuestra población nacional étnicamente se nutren de la sangre y cultura de nuestro pueblo fundacional. Realidad que hace todavía más absurda y fratricida la represión policial y la impunidad de quienes a diario destruyen los asentamientos indígenas matan y encarcelan a sus líderes morales y combatientes.

juanpablo.cardenas.s@gmail.com

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Las vilezas de la clase empresarial chilena

Por Juan Pablo Cárdenas S.

Ya se ha acreditado que la clase política chilena está en el último lugar en cuanto a credibilidad y reputación pública. Particularmente, la Cámara de Diputados es ahora la institución que genera más desconfianza en la población, dentro del alarmante desprestigio que afecta a gran parte las instituciones del país.

Muy cerca de esta pésima evaluación están las instituciones empresariales y del conjunto de los llamados “hombres de negocios”. Los abusos cometidos por las grandes tiendas, la colusión de las farmacias y laboratorios, el cohecho practicado por algunos banqueros, los atentados que cometen ciertos “emprendimientos” contra nuestro medio ambiente y de la salud de la población han consolidado la idea de que los grandes empresarios chilenos están reñidos con la ética y solo los anima acaudalar riquezas a cualquier costo.

También opera ahora en este descrédito la práctica de los sobornos y el tráfico de influencias empresariales para garantizarse el favor de los legisladores y gobernantes; delitos que están salvando impunes en los Tribunales de Justicia, pese a los bullados casos de corrupción develados por la prensa. Episodios en que se ha burlado a los consumidores nacionales, pero también al propio Servicio de Impuestos Internos en lo que respecta a prácticas como la evasión y elusión.

En todos estos largos años de postdictadura no ha prosperado reforma tributaria alguna que se proponga realmente una mayor equidad social, a no ser por algunas reformas cosméticas que de todas maneras siguen descargando los mayores impuestos en la clase media y los trabajadores, mientras que algunos sectores vinculados, por ejemplo, a la construcción y al transporte siempre mantienen sus agraviantes privilegios.

Ni qué decir la forma en que el empresariado se favorece del sistema previsional, convertido en el principal negocio del país sobre la base del capital generado por los cotizantes de las AFPs, un puñado de instituciones que lucran negándole a los jubilados una pensión digna. A esta altura, es indiscutible que la política chilena se sostiene en los aportes de una clase empresarial favorecida por el sistema económico vigente, en personas y entidades a quienes los partidos y candidatos pasan su patena. La que también, por supuesto, recibe aportes de los grandes o potenciales inversionistas extranjeros animados de invertir en nuestro país y otros de la Región.

En este aspecto, algunos integrantes del Consejo Minero y de las grandes transnacionales que han invertido en carreteras concesionadas por el Estado han estado siempre en entredicho, dando origen a escándalos como el del MOP-Gate y la obtención de concesiones que le han arrebatado ingentes recursos al erario nacional con concesiones viales y obras de infraestructura que han resultado desastrosas. Como es el caso del ya famoso puente bascular de Cau Cau que todavía no entra plenamente en operación y que le terminará costando al bolsillo de todos los chilenos muchísimo más del doble de su abultada cifra original. O la hecatombe medioambiental provocada por las salmoneras en los mares más bellos y límpidos del mundo.

Las patronales chilenas constituyen el auténtico poder político detrás de nuestros gobiernos y poderes del Estado. Históricamente ha sido históricamente desde aquella Guerra del Pacífico que fuera promovida y financiada por los intereses mineros foráneos y nacionales del Desierto de Atacama, donde Chile terminó extendiendo su territorio hacia las provincias de Trapacá y Antofagasta que pertenecían a Perú y Bolivia. Todo el patrioterismo inculcado en nuestras generaciones de estudiantes hoy, por fin, debe rendirse a la realidad de lo que sucedió entonces. Verdad que ahora señalan nuevos los nuevos textos de historia y aquellos documentados reportajes de la televisión.

A lo anterior, debemos sumar las constantes operaciones militares, como la llamada Pacificación de la Araucanía, o las masacres de Santa María de Iquique, Ranquíl y Pampa Irigoin, que siempre se propusieron defender los intereses de la propiedad privada, acribillando las demandas de los obreros y campesinos. En efecto, en toda nuestra trayectoria institucional, militares y políticos lo que han hecho es administrar el poder represivo otorgado por los dueños del Gran Capital. En quienes radica, en realidad, la soberanía, cuando ninguna de nuestras cartas magnas ha surgido de asamblea constituyente alguna o siquiera ha sido refrendada por el voto ciudadano. Salvo la parodia electoral montada por Pinochet para legarnos el actual texto normativo

Es ampliamente conocida la gestación del Golpe Militar de 1973 como una conspiración urdida por algunos empresarios y políticos derechistas que fueron a golpear las puertas del Pentágono, del Departamento de Estado Norteamericano y los cuarteles militares chilenos. Para alentar a los generales asesinos y traidores, digitar la política servil y, enseguida, hacerse de las principales empresas nacionales, procurarse la recuperación de las tierras confiscadas por la Reforma Agraria e instalarse en todo el sistema financiero y productivo.

A precio vil, como se sabe, y sin que ninguno de los principales cabecillas empresariales haya sido obligado hasta hoy a devolver lo robado, como a pagar por alta traición a la patria. Cuando ellos mismos negociaron con los inversionistas extranjeros su enseñoramiento en nuestra industria y comercio; en nuestros yacimientos, océano, ríos y bosques. Una impunidad consagrada por las administraciones De la Concertación, Nueva Mayoría y de la derecha, durante las cuales empresarios como Julio Ponce Lerou (el yerno del Dictador) han continuado recibiendo favores políticos.

Toda una red de protección oficial que los induce actualmente a cometer otra suerte de ilícitos. Tan graves o más que los cobijados por la Dictadura, con el agravante, además, de que ahora estos delitos están tutelados por los tratados de libre comercio firmados por nuestros gobiernos y refrendados por los variopintos legisladores que, en realidad, son parte de la misma ralea política. Tratados y acuerdos bajo la jurisdicción y los arbitrajes internacionales prácticamente imposibles de desconocer antes de que el pueblo chileno tome conciencia de tal despojo y abusos. Y se proponga ejerza la justa rebelión y fuerza necesaria para recuperar su soberanía.

Consta que se trata de la alta clase empresarial que, de emprendedora, ciertamente, tiene casi nada, cuando en los balances y cifras macroeconómicas continuamos siendo una economía prácticamente mono exportadora, que importa al país casi todo lo que consumimos y que hoy está a la deriva de las confrontaciones chino norteamericanas. Cuando ya se sabe que el “mercado mundial” y los grandes referentes financieros y reguladores del comercio mundial poco tienen de autónomos. O, más bien, son manejados francamente por las transnacionales.

Lamentablemente, muchos empresarios medios y pequeños que cumplen con las leyes laborales y tributarias enlodan su prestigio por la soberbia y abusos de los más poderosos. Cientos o miles de empresas que incluso son abusadas por los poderosos consorcios que contratan sus tercerías. Iniciativas que a diario son desplazadas o absorbidas por la concentración económica y los hábitos monopólicos amparados por la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de la “Libre Competencia”. Una de las instituciones que menos funciona dentro de nuestra institucionalidad.

juanpablo.cardenas.s@gmail.com

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La funesta herencia de Pinochet

Por Juan Pablo Cárdenas S.:

De no existir una asamblea especialmente convocada y elegida democráticamente para definir un nuevo régimen institucional, es muy difícil que esta tarea pueda ser acometida por la llamada clase política. A los gobernantes de turno y a los parlamentarios les cuesta mucho prescindir de sus intereses electorales y demostrar la grandeza necesaria para definir lo que le convenga realmente al país. Si se está en el Ejecutivo, la tendencia natural es a preferir los regímenes presidencialistas; si se es mayoría en el Poder Legislativo, lo corriente es que es que se abogue por el parlamentarismo. 

Asimismo, si se les consultara a los ciudadanos de regiones, es muy probable que éstos en su mayoría se inclinen por un régimen federal, más que por el unitario que rige en buena parte de nuestros países. El autoritarismo presidencial pudo ser muy razonable en los albores de nuestra república cuando Chile era más un Estado que una homogénea nación.

Con seguridad, diversos intelectuales y especialistas, como las propias universidades, podrían aportar mucho más que los profesionales de la política a la hora de definir un orden institucional que reemplace al instaurado por el régimen cívico militar. Muy autoritario y poco democrático, a pesar de los cambios cosméticos hechos posteriormente en esta dilatada pos dictadura. 

Desde fuera del poder y las contiendas electorales, la academia podría aportar mucho más a la hora de definir las atribuciones de los poderes del Estado y procurar su genuina independencia. En acotar, por ejemplo, las facultades del Tribunal Constitucional, cuya tarea suele defenderse o cuestionarse según la posición que adopten sus integrantes en cada tema y resolución. Una corte, como se reconoce, cuoteada políticamente, más que constituida por mérito y trayectoria. Afectada por el mismo vicio que se practica a la hora de integrar nuestros tribunales de justicia y otras instituciones del Estado que debieran ser autónomas, si no mediara siempre el intenso lobby o tráfico de influencias para la designación de sus integrantes.

Se afirma corrientemente que se necesita de verdaderos “estadistas” para ocuparse de una reforma institucional, es decir de personas que tengan al país como objetivo fundamental en sus propósitos y quehacer. Sin embargo, ya sabemos que hace mucho tiempo no asoma un líder o lideresa de este talante en nuestro país. Menos, todavía, cuando el fenómeno de la corrupción ya está tan entronizado en el llamado “servicio público”. Cuando a todos nos consta cómo se ha legislado en los últimos años a la sombra del cohecho y otras funestas prácticas que, además, involucran a los grandes empresarios y otros grupos de presión.

A pesar de que en un momento pudo prosperar la idea de convocar a una Asamblea Constituyente, finalmente se ha impuesto la férrea oposición de la derecha a tal posibilidad, sumando a su favor a connotados dirigentes de la llamada centro izquierda que siempre le pusieron zancadillas a una propuesta que alcanzara gran arraigo popular. Hoy parece consolidado que lo mejor sería que una nueva Constitución resultara de una tramitación parlamentarias a iniciativa de La Moneda. Pero ya cumplió un año el gobierno de Piñera y no hay asomo de algún aliento oficial al respecto, así como tampoco ahora las diversas bancadas parlamentarias parecen preocupadas del tema.

Recordemos que se gastaron ingentes recursos en los últimos años del gobierno de Michelle Bachelet para un proceso constituyente ciudadano que no prosperó y solo sirvió de estratagema proselitista para favorecer a la coalición política gobernante, la que de todas maneras resultó derrotada y desintegrada en los últimos comicios presidenciales y parlamentarios. 

Antes de proponerse reformas sustantivas a un régimen político administrativo, en que todos los días demuestran que sus instituciones NO funcionan adecuadamente, lo único que se implementó fue el aumento de los curules parlamentarios, llegando a un número totalmente dislocado en relación al tamaño de nuestra población. Diputados y senadores que, para irritación pública, perciben remuneraciones y otros haberes muy por encima del que obtienen los parlamentarios de Estados Unidos y de los ricos países europeos. Y, por supuesto, veinte a cuarenta veces más que el ingreso promedio de los trabajadores chilenos.

Como ya sabemos, las propuestas de reforma constitucional siempre prosperan en la víspera de los procesos eleccionarios. Sin embargo, una vez que se elige a nuestros supuestos mandatarios, legisladores y autoridades comunales, la clase política suele apoltronarse rápidamente en el poder y postergar toda posibilidad de cambio y ejercicio de la soberanía popular. Y es explicable que esto suceda, porque para alcanzar estos cargos de “representación” es preciso gastar millonarias sumas de dinero que al final importan mucho más que los sufragios obtenidos. Lo que puede comprobarse con las exiguas y hasta ridículas votaciones obtenidas por algunos candidatos del binominalismo instalados en nuestro Congreso, gracias a la componenda cupular y el desprecio absoluto a que estas instancias electorales siquiera se validen con la concurrencia a las urnas de más del 50 por ciento del padrón electoral.

Ya se sabe que la apatía ciudadana ha sido emulada por los propios jóvenes, cuando algunas de sus federaciones no han podido renovarse en virtud de antiguos reglamentos que solo validan los resultados cuando el 40 por ciento de los universitarios concurra a sufragar. Es sorprendente que el poderoso Movimiento Estudiantil que tanto hizo por combatir a Pinochet y por promover una reforma universitaria haya terminado tan desganado como las propias organizaciones de la sociedad civil y de los trabajadores.

Claro: cuando los últimos comicios de la Central Unitaria de Trabajadores son descalificados por sus vicios por el tribunal electoral correspondiente, es muy probable que la apatía prospere y se diluya la confianza que se puso con fervor en la política después de 17 años de interdicción ciudadana. Conste para comprobar lo que sucede que, según los sondeos de Latino barómetro, ya son más los chilenos y latinoamericanos que desestiman a la democracia como el régimen que mejor garantice los derechos políticos y sociales de la población.

Cuando son tantas las demandas frustradas en materia salarial, previsional y cultural; cuando la violencia se consolida en toda suerte de conflictos sociales, así como en la desbocada y cotidiana delincuencia, nuestro país próximamente pudiera encaminarse a una nueva ruptura de su paz social e institucional. No sería extraño que surjan, más temprano que tarde, nuevas asonadas golpistas y el caudillismo que siempre prospera cuando la política se desnaturaliza y se pierde el norte del interés nacional, la equidad social y la probidad de sus autoridades.

Considerada como ilegitima en su origen y contenido por tantos actores políticos y sociales, la Constitución pinochetista de 1980 amenaza, curiosamente, con extender su vigencia tanto o más que sus antecesoras de 1933 y 1925 que consolidaron nuestra institucionalidad republicana. Aunque es preciso insistir que ninguna de ellas consideró la participación popular en su gestación, lo que demuestra que nuestra vocación y solvencia democrática está muy distante de las de aquellos países que sí han dado asambleas constituyentes para definir sus normas de convivencia política e institucional. Regímenes que muchas veces son ninguneados desde nuestra política regida más de 30 años por las leyes que el Dictador nos legara.

juanpablo.cardenas.s@gmail.com

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La política en las fauces de la farándula mediática

Por Juan Pablo Cárdenas S.:

Hasta hace algunos años, la farándula mediática estaba acotada a lo que sucedía en el ancho mundo de los espectáculos, pero ahora, en realidad, la política ha pasado a ser un ingrediente fundamental de los matinales de la televisión, las radios frívolas y las páginas de los diarios y revistas que les gusta inmiscuirse en la privacidad de las personas y especular con la vida íntima de los actores públicos. Fomentando con ello que los pueblos adormezcan su conciencia y se mantengan en un lamentable desconocimiento respecto de los temas verdaderamente relevantes y que tocan a su situación y futuro.

Son las redes sociales las que hoy procuran más información que los medios de comunicación, pero se sabe que su profusa actividad conlleva la difusión de muchas noticias falsas e irresponsables. Y, casi siempre, tratadas superficialmente.

A los periodistas de los grandes medios de comunicación habitualmente se los ve empantanados en la ignorancia y despreocupación por lo que realmente importa. Por lo sustantivo de la cotidianeidad que deben atender. Devenidos en “opinólogos”, más que en analistas o buenos reporteros, los “rostros” de la televisión parecen forzados a cuidar o corregir sus características anatómicas, vestir como se los indican sus productores y cultivar un lenguaje cada vez más básico e incorrecto para mantenerse vigentes y ganar fama. Se podría comprobar que muchos de estos comunicadores sociales no saben identificar, siquiera, los países del mapamundi, entender mínimamente la abigarrada realidad internacional y adoptar compromiso con la misión ética, educativa y liberadora de su quehacer.

De esta manera es que sus mensajes son calcados de los que emiten las grandes y poderosas fuentes informativas internacionales, de lo que conviene a los propietarios de sus medios y a las pautas que les entregan los índices del rating y circulación. Incluso cuando son enviados al extranjero, es posible descubrir que no logran indagar algo más de lo que ya se difunde en Chile, como, tampoco, proponerse obtener alguna primicia. De esta forma es que sus cámaras de lo que andan preocupadas es de captar imágenes intrascendentes, que sirvan al discurso mediático preconcebido, aunque intentan, muchas veces, quedar como héroes por haberse aproximado a “donde las papas queman”. En esto del envanecimiento tan adherido actualmente a la condición de periodistas.

No es extraño, por lo mismo, que las escuelas de periodismo  no tengan ahora mayor preocupación por la formación ética y cultural de los futuros comunicadores. Hace rato que le dijeron adiós a las cátedras de historia, economía, arte, ciencia y otras disciplinas, a no ser por algunos cursos tangenciales, dícese de deporte, por ejemplo, aunque en la práctica se limitan al fútbol u otras actividades que estén o se pongan de moda. Tampoco se preocupan mucho que sus alumnos sepan expresarse correctamente a través de la palabra o la escritura. De allí que los noticiarios de radio y televisión, como los propios escritos de la prensa, adolezcan cada día más de incongruencias gramaticales y toda suerte de barbarismos idiomáticos. Además, por cierto, de sus inconsistencias de contenido.

El tratamiento de la crisis venezolana es muy contundente ejemplo de lo que señalamos por la forma en que nuestra prensa se alineó frente a un tema complejo, imitando la conducta de nuestra Cancillería y de la Casa Blanca. Exponiéndose a los errores y pronósticos antojadizos que ahora se reconocen y que les ha hecho perder tanta credibilidad.

En la propia Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, los profesores constatan y se lamentan de la falta de preparación de quienes ingresan a sus aulas. Poco tiempo atrás, en segundo año, ninguno de mis alumnos supo responderme quién era el Che Guevara, cuyo rostro todavía luce, curiosamente, en las pancartas de sus manifestaciones callejeras, como en sus estampadas camisetas. Solo un estudiante levantó la mano para señalarme que el Che había sido un guerrillero, pero que, por favor, no le preguntara de qué país… Asimismo, una profesora del mismo plantel descubrió que una de sus discípulas, muy sorprendida, no sabía que en Chile habíamos tenido una “dictadura”.

Se dirá y se argumenta efectivamente, que se trata de estudiantes de las nuevas generaciones, que no tienen porqué saber lo que ocurrió antes que nacieran o que la responsable de su ignorancia en tantas materias es la educación secundaria de donde provienen. Pero todas estas excusas valen muy poco, especialmente si se trata de estudiantes de periodismo, para quienes la historia debe ser fundamental para entender el presente y el porvenir.

En efecto, si la política debiera interesarse por los procesos educacionales, ésta pwermanece indolente frente a la falta de diversidad de los medios, la grosera concentración y la ausencia de comunicadores avezados. Da la impresión que a los gobernantes, parlamentarios y otras autoridades les incomodan los periodistas preguntones, más informados que ellos y, desde luego, con una sana irreverencia. Tampoco tienen interés de que la ciudadanía se informe adecuadamente y pueda descubrir la falta de solvencia de quienes dicen ser sus representantes.

La tendencia general de todos éstos es a que el pueblo acate sin chistar sus decisiones, delegue enteramente en ellos sus facultades, aunque los diputados y senadores, o el propio presidente de la República, sean elegidos a lo sumo con el 26 por ciento de los votantes. Es decir, en una flagrante falta de identidad con las preocupaciones o demandas populares. La abstención de más del 50 o 60 por ciento es indicativo de cómo un país que transitó entusiasta hacia la democracia, hoy manifiesta su desencanto.

El periodismo de farándula destaca en sus emisiones toda suerte de curvilíneas figuras, opinólogos con menos de dos dedos de frente, como políticos variopintos, ahora que las diferencias entre unos y otros, es decir entre los centros derechistas y centro izquierdistas, han pasado a ser imperceptibles. En estos diálogos o convivencias banales y promiscuas ha ocurrido que son nuestros legisladores, desgraciadamente, los que están asumiendo el lenguaje soez y el desinterés por los asuntos relevantes. Acompañado todo con el garabato o los modismos criollos (dirán algunos) que cada vez envilecen más el lenguaje de los chilenos y nos distancia del fluido hablar y pronunciar de colombianos, peruanos, venezolanos y otros, que felizmente han llegado al país.

Al mismo tiempo, y como ha ocurrido en las últimas semanas, las comisiones legislativas, las cortes de justicia y otras instancias republicanas se han ido convirtiendo en set de televisión abiertos, donde la reyerta y las descalificaciones se impone entre los participantes, todo lo cual solaza a los noticieros “periodísticos”. Esto explica que los diputados anden ahora a patadas con los reporteros y que muchos de éstos no demuestren el más mínimo interés por la función parlamentaria, sino únicamente en sacar la “cuña” sensacionalista que alimente los espacios de televisión que desde las primeras horas de la mañana despiertan al país para competir en sus puerilidades.

En medio de toda esta farándula, el país ya no percibe mucho si las autoridades están o no interesadas en mejorar las pensiones de la Tercera Edad, procurar realmente la excelencia e inclusión de nuestros establecimientos escolares, o implementar medidas efectivas para combatir la delincuencia. No deja de sorprender la forma en que los canales de TV profitan de las actividades de narcotraficantes que ahora despliegan en las poblaciones y barrios toda la arrogante la pirotecnia de su impunidad.

Gobiernistas y opositores creen que en sus mediáticas grescas les permitirá llegar mejor aspectados a las próximas elecciones, que es de lo que realmente interesa a los partidos políticos. Incluso las señales de televisión parlamentarias, que muy pocos sintonizaban, han pasado a ser expresiones de la farándula instalada en el Parlamento. Y en vivo y en directo podemos ver ahora como se mordisquean sus distintas bancadas, aunque fuera de cámaras son buenos amigos y colegas, asumiendo siempre una estricta defensa corporativa cuando se trata de reajustarse sus emolumentos y consolidar, también, sus impunidades. Como esos 500 mil pesos que han decidido incrementar en sus ingresos mensuales.

Ni qué decir cómo se están apagando los últimos vestigios de la televisión cultural, cuando florecen programas, por ejemplo, que ya no se proponen descubrir talentos artísticos sino destacar imitadores y humoristas también deplorables en sus rutinas y forma de arrancar prosaicas risotadas de las audiencias. Con un programa muy exitoso como el Pasa palabras que aporta conocimientos pero se somete al colonialista Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE),  desconociendo que en Chile existe una entidad propia que hace invaluables aportes a nuestro acerbo idiomático, algo inadvertido por nuestros medios de comunicación.

Pero no todo es malo, a fin de cuentas. El país está conociendo a su clase política y descubriendo la precariedad de sus medios de comunicación. Es tan exitosa la farándula que hay quienes se apartan de ella para convertirse fácilmente en legisladores, alcaldes y concejales. Sin duda, en un país de precaria vocación democrática, la exhibición pública da muchos dividendos. Lo que han entendido muy bien, además de los políticos, los titulares de nuestros Ministerio Público, en tan poco tiempo ensoberbecidos, enriquecidos ilegítimamente y traicionado abiertamente los valores del Derecho.

Como excepción, felizmente hay también dos o tres ediles que han logrado buena cobertura informativa. Auténticos servidores públicos que concitan el respeto de los buenos ciudadanos y que bien pudieran convertirse en candidatos presidenciales o aspirar a otros altos cargos, nada más que por tratar los asuntos que le interesan y acosan la existencia de millones de chilenos. Figuras demarcadas de la farándula política que compiten en resolver sus problemas sociales, sin dejarse arrastrar por el permanente ritmo, risotadas y estridencias de la televisión, la radio y hasta de los medios escritos que en el pasado al menos procuraban seriedad y buen nivel analítico. Ojalá que estas excepcionales figuras no caigan también en las fauces de la frivolidad mediática o se los haga trastabillar con las consabidas zancadillas de sus adversarios y correligionarios.

juanpablo.cardenas.s@gmail.com

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Los evidentes efectos del nepotismo

Por Juan Pablo Cárdenas S.:

Sebastián Piñera tuvo que pagar un alto precio en su imagen pública por el “gustito” de llevar a sus hijos a su visita de estado a China y Corea del Sur. Finalmente, no ha podido liberarse de la convicción que existe respecto de que sus herederos aprovecharon su viaje para establecer buenas relaciones de negocios con el Asia, después de haber creado recientemente una empresa con tal propósito.

“De tal palo tal astilla” dice la gente al recordar la trayectoria del actual Presidente en estas materias, cuando todas sus funciones públicas de alguna forma han favorecido su propósito de convertirse en uno de los multimillonarios del país, pese a las triquiñuelas de  aquel fideicomiso ciego que discurrió en un momento para disimular el que ha sido su afán dilecto: atesorar bienes en esta tierra, contar con los recursos necesarios para escalar en la política y, ahora, asegurarle el porvenir a sus hijos, nietos, bisnietos y algunos amigos.

Sin embargo, aunque sus detractores lo critiquen, lo cierto es que el Jefe de Estado cuenta con la complicidad general de la clase política. No es solo él que se ha enriquecido durante el ejercicio de sus cargos públicos. Los hay prácticamente de todos los colores políticos, salvo algunas excepciones muy honrosas o la de quienes ya habían logrado este objetivo durante la Dictadura o, incluso, antes.

Por lo mismo es que para La Moneda y el Parlamento es tan difícil legislar contra el nepotismo y el tráfico de influencias. Un cínico personaje me reconocía hace algunos años que el poder no tenía ningún sentido si no se lo ejercía constantemente y se le aseguraba a sus familias un sustento suficiente como para compensar las ausencias filiales de quienes ejercen los altos cargos públicos. Un sentimiento, por cierto, que tiene muy a maltraer a la mayoría de las democracias del mundo y que lleva a los ciudadanos a desistir de esa idea de Churchill en cuanto a que hasta las malas democracias son siempre preferibles a las dictaduras. Al mismo tiempo que aceptar, aunque sea a regañadientes, la sentencia de aquel corrupto líder sindical mexicano: “un político pobre es un pobre político”.

Los fueros que hasta hoy favorecen a las autoridades es una de las más importantes prerrogativas del poder para escapar o dilatar la acción de los Tribunales de Justicia. Incluso en la certeza de que un parlamentario haya cometido un serio delito común, las policías están obligadas a considerar su rango y esperar si éste es desaforado finalmente para poder someterlo a proceso y condenarlo. Un privilegio que resguarda a la clase política en su “privacidad”, aunque en el periodismo se nos haya enseñado que “la vida privada de los personajes públicos debe ser necesariamente pública” y develada por los medios de comunicación si ello conviene al interés nacional.

En virtud de lo anterior es que hay no pocos mandatarios de todo el mundo que se han visto acorralados por la prensa y obligados a abandonar sus cargos, como hoy se intenta con las denuncias en pro de la destitución de un desquiciado como Donald Trump. En Chile, sin embargo, ya vemos cómo uno y otro imputado político consigue finalmente su sobreseimiento, aunque sea recurriendo a la prescripción de sus delitos. Lo que demuestra que es cuestión de contar con buenos abogados procesalistas y jueces dóciles para alargar eternamente los juicios con tal propósito.

Así también se puede explicar que un diputado de la República choque con su automóvil y atropelle a una persona para, enseguida, huir del lugar y evitar el agravante de conducir en estado de intemperancia alcohólica. Así como años antes, otro parlamentario lograra también salvar a su hijo de una condena por manejar ebrio y matar a un transeúnte. Dilaciones procesales y lenidades judiciales que hacen al hijo de la ex mandataria Bachelet estar seguro que resultará impune de las múltiples denuncias que se le han hecho por tráfico de influencias y fraude al Fisco. Con el descaro añadido de criticar públicamente a Piñera por haber llevado a sus hijos a su última gira presidencial.

Desde siempre, hay que reconocerlo, la carrera judicial está altamente condicionada por la posibilidad de que los jueces tengan “buenos contactos” en La Moneda o el Parlamento, instancias donde se “negocian” sus ascensos entre los distintos sectores políticos. La falta de independencia del Poder Judicial, en este sentido, así como la inexistente autonomía presupuestaria de nuestra jurisprudencia, explican buena parte de estas impunidades y, ahora, que sean los propios magistrados los que buscan también enriquecerse con coimas y favores de los empresarios y políticos que son investigados por el Ministerio Público. Como lo indican esas denuncias concretas, como se sabe, en la Sexta Región del país, pero que se supone pueden estallar en todo el país y muy especialmente en las notarías, cuyos titulares son nombrados por los jueces en connivencia con los caudillos locales y regionales.

La misma discusión que se ha abierto, ahora, para el nombramiento de una nueva integrante de la Corte Suprema ha develado en estos días cómo los que llegan al máximo tribunal solo por excepción pueden exhibir nada más que los meritos profesionales para desempeñarse en dichas funciones. Ya hemos señalado antes cómo los jueces cómplices de los crímenes de Pinochet lograron mantenerse en sus funciones por otros largos años, en la certeza que muchos políticos tenían de que era preferible entenderse con los jueces corruptos y abyectos que arriesgarse a renovar nuestros tribunales con integrantes idóneos e independientes.

De esta manera, parece muy difícil que quienes tienen que legislar puedan acordar leyes para otorgarles independencia a los jueces y terminar con las prebendas que actualmente tienen como “representantes” del pueblo. A ello debemos agregar la legitimidad que surge de aquellas acciones de resistencia ciudadana para evadir el cumplimiento de las leyes.

Para negarse a pagar, por ejemplo, las tarifas de la locomoción colectiva o de la electricidad, burlar las leyes del tránsito y buscar el enriquecimiento rápido y fácil con el tráfico de drogas, los asaltos y otras prácticas que nos han llevado a constituirnos en un país peligroso y acosado por el miedo. ¿Por qué no robar y delinquir cuando lo hacen con desparpajo los gobernantes, los militares y las policías, los jueces y hasta los sacerdotes y pastores?

juanpablo.cardenas.s@gmail.com

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Chile en estado de violencia y miedo

Por Juan Pablo Cárdenas S.:

Las imágenes televisivas del último Primero de Mayo nos revelaron disturbios que superaron los de otras jornadas callejeras en Santiago y que nos hablan de grupos organizados desbordando las disposiciones y la represión de Carabineros como también el liderazgo de las organizaciones sindicales y políticas. Lo que se apreció nuevamente en esta oportunidad es que los que optan por los desmanes y el enfrentamiento con la policía crecen respecto de aquellas movilizaciones y protestas que hacen gala de su pacifismo. Aunque unos y otros coincidan en las mismas críticas hacia el ordenamiento económico y social sostenido por los últimos gobernantes.

Lo dicen las pancartas y proclamas de todos contra el sistema previsional, las ISAPRES y la renuencia de la política a emprender nuevos rumbos que signifiquen un real mejoramiento de las condiciones de vida de la amplia mayoría de la población. De allí que la tendencia ampliamente mayoritaria sea el repudio a los partidos políticos cmo el creciente desinterés ciudadano por participar de las elecciones presidenciales, parlamentarias y comunales, manifestando cifras de abstención que señalan la falta de representatividad y legitimidad de quienes gobiernan el país. Incluso en las rutinas eleccionarias de los estudiantes universitarios se ha podido comprobar un ausentismo que supera el 60 o setenta por ciento.

Todo un desencanto que se funda en la injusticia e inequidad. Por algo los estudios de la prestigiosa Fundación Sol nos señalan que seis de cada diez trabajadores chilenos de jornada completa no podrían sacar a una familia promedio de la pobreza en razón de que más del 54 por ciento recibe menos de 350 mil pesos mensuales y todavía menos cuando se trata de las mujeres.

La violencia callejera ha ido escalando en radicalidad desde que hasta una iglesia fuera asaltada por los manifestantes y arrancaran de ella un gran crucifijo de madera finalmente destrozado en plena avenida Bernardo O’Higgins ante el estupor de los transeúntes.  Ya se ve que hasta las convocatorias ecologistas derivan en actos que afectan a la propiedad pública y privada y encabritan a los respectivos ediles comunales que tienen que encarar los costos de tales tropelías, aunque los canales oficialistas se hagan un festín de rating con estas imágenes.

Ya no hay un solo día en la Araucanía sin que se manifiesten atentados contra las empresas forestales y  los comuneros mapuches reaccionen con mayor violencia frente a las abusivas discriminaciones y brutal represión que sufren sus hogares. Ya sabemos que desde la Moneda se organizan siniestros montajes para desacreditar las justas reivindicaciones mapuches y cómo varios jóvenes combatientes son asesinados por la espalda y no por causa de los enfrentamientos con la policía, como siempre tratan de probar los gobernantes de turno. Los cuales, en realidad, no cambian mucho sus prácticas desde un gobierno a otro; o entre el centro derecha o la centro izquierda como respectivamente se autodefinen. Con certeza que lo que ocurrido en el sur de Chile se asemeja a una verdadera guerra civil, como lo han señalado algunos observadores internacionales.

Es evidente, asimismo, que el malestar estudiantil ha remontado a graves agresiones en contra de maestros y establecimientos escolares, causando conatos de violencia que ni siquiera se apreciaron en los combates a la Dictadura hace tres o cuatro décadas. Al mismo tiempo, el país se entera de las iracundas reacciones populares que provocan la mala administración de justicia o la pésima atención de muchos establecimientos de salud de norte a sur del país. No está demás señalar la irritabilidad que le provoca asimismo a los ciudadanos la pretensión de quienes nos presumen en el umbral del Primer Mundo, cuando se reconoce que tan solo ocho de las más de 350 comunas del país tienen más del 65 por ciento del pavimento en buen estado y que los altos índices de obesidad de la población se explican en su inadecuada nutrición, especialmente en el consumo “chatarra” y la falta de buenos hábitos alimenticios.

En materia de seguridad pública ya varios países del mundo alertan a sus habitantes de los crecientes peligros que entraña viajar a Chile y visitar sus zonas de atractivo turístico. Es evidente que el crimen común cada día se hace más extremo e irracional, cuando se suele matar por unos pocos pesos y hasta los moradores de las viviendas más modestas se ven forzados a parapetarse con rejas de seguridad y prevenciones bien inducidas por las empresas que lucran en tal sentido. Hasta los bancos de quejan ahora de los asaltos que sufren cotidianamente en sus establecimientos y cajeros automáticos, aunque, en todo caso, no han disminuido sus multimillonarias utilidades o su interés de permanecer en nuestro territorio. 

Cada vez son más habituales en el acontecer noticioso los portonazos, los femicidios, el tráfico de estupefacientes y el choque entre las bandas criminales, en un país que también llegó a presumir de que estábamos libres de la producción y consumo de drogas. Por algo es que para hacerle frente a los accidentes del tránsito ahora las autoridades controlan, además del alcoholismo, el consumo de cocaína, marihuana y otros alucinógenos. Al mismo tiempo que con más frecuencia que en el pasado se descubren armas hechizas o sustraídas de los cuarteles militares en manos de los malhechores y entre las bandas de asaltantes a policías y otros agentes de seguridad.

No escapa tampoco al estupor de la población que jueces y fiscales sean descubiertos como cómplices y encubridores de los delitos de corrupción, asociación ilícita y otros. Todo lo cual redunda en el sentimiento de impunidad de los chilenos respecto de los delitos de cuello y corbata. Esto es de los grandes empresarios, políticos y hasta sacerdotes. En los últimos días, hasta se han descubierto galerías carcelarias y celdas carcelarias en que se prodigan las comodidades de los narcotraficantes recluidos. Tal como los de los grandes violadores de los Derechos Humanos.

A no dudarlo, Chile se desbarata en el crimen y siempre la solución ofrecida por quienes nos gobiernan es la de ofrecer más policías y recursos disuasivos. Lo cual sin duda puede ser necesario pero junto con administrar políticas para corregir las profundas y agraviantes desigualdades sociales, avanzar hacia el pleno empleo y el salario digno; la rehabilitación de los que han delinquido y el drástico mejoramiento de nuestros niveles educacionales.

Después de dos guerras mundiales, en que el pillaje también se hizo presente en Europa, sabemos que fue el estado de bienestar que se le proporcionó lo más rápidamente posible a toda la población, la buena calidad de sus centros de instrucción pública y la más justa y ecuánime administración de la Justicia lo que consolidó la paz e, incluso, la democracia en el viejo continente. Lo que no ocurre aquí en nuestro continente y en Estados Unidos, donde los beneficios del desarrollo se reparten selectivamente, los pobres se multiplican y el miedo y la criminalidad se hacen cada vez más espeluznantes.

Chile, como varias naciones emancipadas de España, fue primero un estado antes que una nación. Sin embargo, en más de 200 años todavía los habitantes de su territorio no reconocen una “madre patria” que los cobije a todos y no sea tan solo un territorio de oportunidades para los inversionistas extranjeros y la alta burguesía enseñoreada en la política. En ello radica la violencia que se expresa con el descontento social, el irrespeto a nuestros símbolos y patrimonio natural y cultural, como muchos lo lamentan. A falta de una sólida identidad nacional, por supuesto.

juanpablo.cardenas.s@gmail.com

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