Por Juan Pablo Cárdenas S.:
Titulamos esta columna con una de las consultas que más se
nos hacen a los periodistas. Hay quienes confían en que podemos entregar una
respuesta algo más informada y con menos sesgo ideológico que la de otros
observadores de la realidad. Sin embargo, predecir el futuro conlleva siempre
un riesgo enorme, aunque está dentro de nuestra misión informativa alertar
sobre lo que pueda suceder en cualquier ámbito de la vida.
Pero es en política donde se nos ponen las mayores
exigencias, sobre todo en tiempos de tantas incertidumbres y problemas. Cuando,
además, enfrentamos una pandemia que en Chile está determinando mucho lo que
acontezca sobre el Plebiscito Constitucional convocado para octubre, así como
con el conjunto de comicios que le seguirán para conformar una asamblea
constituyente, elegir a los gobernadores regionales, renovar el Parlamento y
tener un nuevo presidente de la República.
Los que tienen más remilgos hacia las decisiones ciudadanas
confían en los rebrotes del Covid 19, en la agudización de las protestas
sociales y la conmoción que vive la Araucanía para plantear la idea de que
todos estos procesos electorales debieran suspenderse. Pasado un nuevo
aniversario del cruento golpe militar de 1973, la verdad es que el país ha
vuelto a encenderse en demandas y protestas sociales y las llamadas fuerzas del
orden se preparan para impedir los acontecimientos del 18 de octubre pasado.
Casi todos aceptan que Chile definitivamente cambió desde ese día y hoy el
pueblo asume que solo con su movilización podrá exigir un trabajo y salario
justo, una pensión digna y la posibilidad de que el país supere la profunda
inequidad que nos identifica. Además de obtener ese conjunto de reformas
educacionales y culturales también demandadas por la población.
A medida que pasan los meses y se debate sobre la
posibilidad de una nueva Constitución, vamos entendiendo que al país se lo ha
puesto ante una riesgosa trampa. Que, de no obtener los partidarios del
“apruebo” una representación de más de un 70 o 75 por ciento de los miembros de
la convención constituyente, la derecha y los sectores más retardatarios podrán
ponerle muchos obstáculos a cada precepto de la nueva Carta Magna, por lo que
no podemos descartar un severo conflicto social cuando el pinochetismo y sus
herederos decidan ejercer su veto a las reformas acordadas mayoritariamente.
Por lo mismo es que los sectores progresistas debieran ya estar organizados
para defender su triunfo en el Plebiscito y velar porque los cambios realmente
se impongan.
Serán aproximadamente dos años en que las relaciones entre
reformistas y retardatarios se harán muy ríspidas, además de que no podemos dar
por hecho que el Gobierno y el Parlamento vayan a conformarse con su papel de
observadores y cumplan como mandatarios y garantes de lo que el pueblo y su
convención constituyente decidan. No existe esta cualidad en la conformación
autoritaria de las autoridades del país, en quienes se nutren de la
Constitución de 1980 que cada año juran respetar. Lo que también explica la
perpetuación de los mismos en la conducción del Estado chileno, como la
cómplice connivencia de la clase política en el Congreso Nacional.
No es descartable, tampoco, que el Plebiscito y las
siguientes consultas electorales sean invadidos por el cohecho, la millonaria
propaganda electoral y otras prácticas ya institucionalizadas en nuestras
prácticas electorales. Así como perfectamente podemos prever que el gran
empresariado moverá ingentes recursos para influir indebidamente en estos
procesos, cuando los escándalos por todos los sobornos a legisladores,
partidos, jueces y otros funcionarios públicos siguen sumándose a la larga
lista de impunidades.
Parece increíble que uno de los ex senadores derechistas
imputado por recibir recursos desde las empresas haya reaparecido en la escena
política y otros de sus colegas, que prácticamente habían desaparecido de los
medios de comunicación, hoy renueven cobertura en la televisión y la prensa, en
un país que carece de la democrática diversidad mediática. Llegando no pocos a
la desfachatez (tanto de derecha o izquierda) de proclamarse candidatos
presidenciales a más de dos años de esta elección. Anteponiendo, como lo hacen habitualmente,
sus apetitos personales al curso político y social de los acontecimientos.
En efecto, cuando la crisis económica es tan severa, a
juzgar los altos niveles de desigualdad, desempleo, criminalidad y otras
lacras, ya tenemos al menos siete u ocho figurines políticos que intentan
convertirse en presidenciales. Sin importarle un bledo sus graves desaciertos,
su avanzada edad, su probada corruptibilidad, incluso un muy precario respaldo
en las encuestas. Todo esto sin contar, todavía, las decenas de alcaldes que
consideran que por su desempeño durante la pandemia se merecen emigrar hacia el
Parlamento o, incluso, ceñirse la Banda Presidencial. Para todos estos
autodenominados “servidores públicos” nada importa más que ellos mismos; una
actitud bochornosa, por supuesto, pero también temeraria, si consideramos la
ira popular que diariamente se alimenta con el pésimo desempeño económico
social. Lo que nos ha llevado, de nuevo, a ser un país pobre y todavía más
desigual que en el pasado. Al extremo que, según varios expertos, el país ha
retrocedido por lo menos 10 años en relación al objetivo de un crecimiento con
más equidad.
Ya se reconoce universalmente que Chile está entre las
naciones del mundo que peor ha encarado el Cobid 19, si se considera el número
de muertos en relación al tamaño de nuestra población. Seguramente lo que
calculan estos potenciales candidatos es que el descrédito solo afectará a La
Moneda y a quien ha llegado a ser el gobernante de menos apoyo popular en el
Continente. Un multimillonario megalómano, acosado por las denuncias de
enriquecimiento ilícito y que debiera agradecerle solo a la crisis sanitaria
mantenerse en La Moneda. Forzado, en su
orfandad política, a sumar como colaboradores a un ministro del Interior y a un
Canciller de vínculos tortuosos con los grandes violadores de los Derechos
Humanos durante la Dictadura.
De prolongarse tal insolvencia política y frustración
popular, llegaremos a un escenario de serias confrontaciones y, por qué
descartarlo, sumirnos en una nueva y trágica guerra civil. Es cuestión de
percibir lo que sucede en la Araucanía y revisar el recuento cotidiano de la
radicalidad que ha adquirido el conflicto mapuche, una nación abusada más de
cinco siglos por el colonialismo español y chileno y, ahora, verdaderamente
acosado por la negligencia y el terrorismo de estado. Sin exageración, se puede
asegurar que estamos a un tris de que este conflicto y otros se extiendan por
todo el territorio.
Sin duda, el país está otra vez encima de un polvorín a
causa de los abusos de las autoridades, la codicia empresarial y la cada vez
más extensa discriminación y marginalidad social. La chispa que encienda una nueva
confrontación fratricida perfectamente puede ser el intento que algunos ya
expresan de desoír u obstaculizar la voluntad soberana. Tal como ha ocurrido en
tantos y luctuosos acontecimientos de un Chile siempre más autoritario que
democrático. Si contamos, entre tantos bochornosos ejemplos, la revolución de
1891, las reiteradas masacres a trabajadores y estudiantes, la llamada
Pacificación de la Araucanía, el bombardeo a La Moneda y la forma en estos
últimos años en que la clase política se ha corrompido y dado la espalda a la
sociedad civil.
Qué duda cabe que la apatía electoral representa el
desencanto del pueblo sobre el sistema que nos rige. Lo que ya no asegura que
las autoridades puedan mantenerse en sus cargos sin contratiempos. Desde la
Explosión Social el país entendió el valor y la fuerza del derecho a la
rebelión. Así como comprobó las
flaquezas de las “fuerzas del orden” cuando son las multitudes las que se
levantan con resolución.
Quisiéramos que el país pueda salvarse de un nuevo vendaval
político y social, pero, cuando me lo consultan, creo honesto responder que
éste se está haciendo inminente. Sobre todo, por la profundización de las
inequidades, como la descomposición ética de los gobernantes.
juanpablo.cardenas.s@gmail.com
