Por Sergio Rodríguez Gelfenstein:
Los acontecimientos políticos de los últimos años han
develado una novedosa característica de la democracia representativa la cual
siendo intrínseca a ella, se ha hecho pública y patente en tiempos recientes:
se trata de la alianza entre delincuencia y clase política como necesidad para
el sostén del modelo y el sistema. En América Latina ese proceso podría
denominarse “colombianización de la política”.
Esta estrategia se
puso en efecto al finalizar la guerra fría. El enemigo comunista había
desaparecido, el imperio necesitaba fabricar uno nuevo que permitiera
justificar su permanente presencia militar en la región. Definió que los nuevos
enemigos serían el narcotráfico y la inmigración ilegal.
A partir de ellos, involucró a las instituciones armadas y
policiales de los países latinoamericanos y caribeños en un supuesto
enfrentamiento con dichas fuerzas hostiles, así argumentaba a favor de la
preparación y formación de dichas instituciones bajo su égida. Mientras tanto,
seguía instalando bases militares, aunque en muchos casos puso el énfasis en
las alianzas con órganos de seguridad para burlar las legislaciones locales.
Al unísono, sus propias agencias: la DEA, el Pentágono, la
CIA, la AID entre otras, amparadas en el cobijo que le daban los medios de
comunicación, actuaban con total impunidad regulando de acuerdo a sus intereses
el flujo de droga y de migrantes.
Aunque vociferaban y vociferan en contra de uno y otro, lo
cierto es que lo necesitan: a los migrantes para realizar los trabajos mal
pagados que los estadounidenses no quieren hacer. Bajo la “espada de Damocles”
que significa la posibilidad de expulsión del territorio de Estados Unidos, los
inmigrantes están dispuestos a todo con tal de permanecer en el país,
permitiendo que el gobierno admita la presencia de mano de obra barata de
acuerdo a las necesidades de las empresas que, de esta manera y que bajan los
costos de producción. Así mismo, los más jóvenes son utilizados como “carne de
cañón” al servicio de las fuerzas armadas estadounidenses invasoras en decenas
de lugares del mundo, con la promesa de que al regreso obtendrán la residencia
y la ciudadanía.
Por su parte, la droga tiene una doble utilidad: como
recurso monetario para sostener el funcionamiento del sistema, considerando que
si dejara de fluir por éste, se produciría un shock financiero de dimensiones
incalculables. Al respecto, ya a finales de los años 80 del siglo pasado según
cifras -muy difíciles de verificar- dadas a conocer por el Instituto Nacional
sobre Abuso de Drogas de Estados Unidos (NIDA), el producto de la venta anual
de droga era de 110 mil millones de dólares aunque si se suman los costos de
producción, transporte y distribución al mayor, esa cifra llegaba a 260 mil
millones, que sería el producto total de la industria de la droga. Incluso,
cuando las siete naciones más poderosas del mundo crearon el Grupo de Acción
Financiera del Caribe (GAFIC) con la finalidad de investigar la legitimación de
capitales en la región donde supuestamente se concentraba el grueso del lavado
del dinero del narcotráfico, se descubrió que de todo el dinero que se blanquea
en el mundo solo el 8,3% se hace en esta región.
El segundo uso que tiene la droga es –literalmente- como
estupefaciente. Si se toma en cuenta que el consumo en Estados Unidos alcanza
según el NIDA al 37% de la población, cifra fue refrendada por la empresa
Gallup que la llevó hasta 40%, la adicción mantiene a la juventud paralizada,
estupidizada e incapaz de promover o participar en acciones que cuestionen el
sistema, al contrario, tal como se desea, permanecen sujetas al control y
manejo de intereses particulares y de sectores que no están pensando en el bien
de la sociedad.
El periodista mexicano, J. Jesús Esquivel en la introducción
de su libro “Los narcos gringos” expresa que “…lo que es claro, y lo aceptan
las mismas autoridades federales de ese
país [Estados Unidos], es que parece imposible acabar con el problema del
narcotráfico porque la debilidad de sus ciudadanos por las drogas no tiene
límites ni fin”.
De esa manera, la DEA, el mayor cártel narcotraficante del
mundo se dedicó a atacar la oferta en su origen mientras que la demanda
creciente en Estados Unidos jamás ha sido combatida. Salvo durante el gobierno
de Ronald Reagan, ningún otro presidente se preocupó de realizar una campaña
nacional para prevenir el consumo de drogas. Y lo hizo, porque su hija Patti
Davis fue una adicta a las anfetaminas y la cocaína.
En 1986 el Congreso de Estados Unidos aprobó el proceso de
certificación de la lucha antidroga. De esta manera estableció una
diferenciación entre narcos buenos y malos. Estos últimos son los que debían
ser perseguidos. Así, la DEA estableció contacto con los carteles y por
añadidura con los políticos que debían elaborar proyectos y programas para
combatir el tráfico. En ese trío de terror: DEA, clase política y carteles de
la droga se encuentra el origen de la vinculación tenebrosa entre delito y
política que hoy acosa a la región.
Uno de esos narcotraficantes “buenos” es Álvaro Uribe Vélez
quien estuvo en la lista de los mayores trafagadores de narcóticos del mundo
con el N° 82 de la lista del FBI, lista de la que fue retirado cuando asumió la
presidencia de Colombia. Así mismo, Uribe fue creador y progenitor de las
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la mayor organización paramilitar de ese
país. Estados Unidos también lo sabía.
Con los dos expedientes en mano: el de narcotraficante y el
de líder de los paramilitares, Estados Unidos procedió a construir una gran red
de intervención militar en la región para sustituir la que se había
desmantelado tras la salida de sus fuerzas armadas de Panamá el 31 de diciembre
de 1999 en cumplimiento de los acuerdos Torrijos-Carter. Así se creó un método
que resultó ser muy eficiente para sus objetivos. Permite los actos delictivos
de estos líderes a cambio de que ellos acepten aplicar la política de Estados
Unidos para la región.
Aprovechó los 8 años que Uribe permaneció en el
gobierno, para solidificar esa
estrategia a cambio de avalar y financiar -a través del Plan Colombia- la
represión contenida en la política de seguridad democrática que incluía la
creación de falsos positivos, el asesinato de líderes sociales, sindicales y de
derechos humanos, la represión y la tortura a dirigentes políticos y hasta luz
verde para invadir otros países, todo lo cual significó el desplazamiento y
refugio en Estados vecinos de millones de colombianos.
En la práctica esto apuntó a una mayor subordinación de las
fuerzas armadas y de seguridad de Colombia a la de Estados Unidos, la
instalación de 7 bases militares estadounidenses en territorio colombiano y su
incorporación a la OTAN, vulnerando el acuerdo de la Celac de declarar a
América Latina y el Caribe como zona de paz.
Aunque el “modelo Uribe” es paradigmático en esta materia,
no es exclusivo de Colombia. Recientemente la periodista mexicana Anabel
Hernández dio a conocer su libro “El traidor, el diario secreto del hijo del
Mayo” en el que cuenta la manera en que Vicente Zambada Niebla -mejor conocido
como “Vicentillo”- hijo de Ismael “Mayo” Zambada, verdadero líder del cartel de
Sinaloa (por encima del Chapo Guzmán según la periodista) le hizo llegar en
2011 diversos documentos a través de su abogado, Fernando Gaxiola. Zambada
Niebla, quien está preso en Estados Unidos daba detalles de la presunta
colaboración de narcotraficantes con la DEA y altos funcionarios del Gobierno
mexicano, incluyendo el supuesto pago de sobornos millonarios a los ex
presidentes de México: Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Pero
además, “Vicentillo” le hizo saber a Hernández que el Gobierno de Estados
Unidos había hecho un pacto desde hacía muchos años con el Cártel de Sinaloa.
De esta manera, el “éxito” del modelo Uribe dio pie para que
Estados Unidos avalara la elección de delincuentes como presidentes de los
países de América Latina: son los casos por ejemplo de Sebastián Piñera
declarado reo y prófugo de la justicia en el caso Banco de Talca, que es su
delito más conocido pero no el único del actual presidente de Chile tal como se
ha informado profusamente en ese país; así mismo Juan Orlando Hernández,
presidente de Honduras, es miembro de una familia de narcotraficantes como lo
determinó un juez del propio Estados Unidos.
En una situación similar se encuentra, Mauricio Macri,
procesado por contrabando de autopartes y por espionaje ilegal y quien al
llegar al gobierno condonó la deuda que su familia tenía con el Estado
rebajando en un 98,8% la deuda original dado el tiempo transcurrido desde el
inicio de la misma. Macri también ha sido inculpado en otros casos que la
justicia está investigando como los de la Autopista del Sur y la licitación de
parques eólicos.
Vale recordar que en el caso de Perú, los últimos cinco
presidentes, todos apoyados por Estados Unidos (quizá con la salvedad de
Ollanta Humala) están presos o enjuiciados por casos de corrupción. Uno de
ellos, Alan García se suicidó para escapar de la ley.
Pero, en lo que pareciera ser una situación extrema, Estados
unidos avaló y dio órdenes a los países subordinados que forman parte de los desfallecientes
Grupo de Lima y TIAR para que avalaran los actos de corrupción y los vínculos
demostrados del diputado venezolano Juan Guaidó con organizaciones
paramilitares y narcotraficantes de Colombia, con los que incluso pactó la
entrega de una parte del territorio de Venezuela, dándoles “carta blanca” para
la comisión de delitos a cambio de su apoyo para intentar apoderarse del
gobierno.
Estas alianzas producidas con la clase política (en
particular con gobernantes y dirigentes de la derecha y la extrema derecha) de
los dos países de América Latina en los que mayor incidencia ha tenido en el
narcotráfico en los últimos 50 años (México y Colombia), podría permitir
explicar las transformaciones que se están produciendo en la forma como estos
gobiernos enfrentan la movilización de las sociedades en contra de la
aplicación de medidas de corte neoliberal.
El paso sucesivo en esta práctica es la configuración de
partidos políticos conformados por paramilitares y narcotraficantes (como el
caso de Colombia y Honduras) o la infiltración de otros (como Paraguay,
Guatemala, Bolivia, Chile y México).
En las condiciones actuales de grandes movilizaciones
populares se ha visto como las policías se dedican a reprimir al movimiento
social mientras dejan actuar libremente a delincuentes y narcotraficantes.
Estos, a través de acciones vandálicas en la que en muchos casos actúan de
manera mancomunada con las propias “fuerzas del orden”, intentan de esa forma,
deslegitimar la movilización popular en pro de sus demandas de democracia,
justicia y equidad.
Hoy 4 de diciembre, día de Santa Bárbara para los católicos
y cuando los yoruba que practican el culto lucumí, celebran el día de Changó,
uno de los orishas (divinidad) más reconocida, que entre otros atributos posee
el de procurar justicia, es de desear que ésta se haga presente y las
sociedades recuperen (si es que algún día la tuvieron) la paz para realizar sus
sueños, hoy cercenados por esta pérfida alianza entre Estados Unidos, las
organizaciones de delincuencia organizada y el narcotráfico y la derecha
política latinoamericana.
sergioro07@hotmail.com
