Por Juan Pablo Cárdenas S.:
Compelidos como hemos estado a condenar “la violencia venga
de donde venga”, en realidad creemos justo repudiar, primero que todo, la
violencia del régimen neoliberal que provocó el desenlace que hoy a todos nos
conmueve. Es decir, aquella que se ejerce en la cotidiana explotación de los
grandes empresarios a sus trabajadores, vulnerando sus derechos laborales; la
que provoca el desparpajo de los políticos enriquecidos y ensoberbecidos en la
perpetuación de sus cargos públicos y groseros estipendios. O la impunidad
institucionalizada en favor de los delincuentes de cuello y corbata, de los que
usurpan desde las AFP y las isapres las cotizaciones de los trabajadores.
La violencia que generan los bullados casos de corrupción
ventilados ante la opinión pública y que crónicamente deja impunes a sus
responsables y cómplices. La violenta discriminación sufrida por nuestro
principal pueblo autóctono, como las criminales acciones descargadas día y
noche contra sus familias y hogares. De manos, habitualmente, de carabineros
digitados por los empresarios forestales de la Araucanía que los despojaron de
tus propiedades ancestrales. Todo con la complacencia de La Moneda, ahora, y por
los gobiernos precedentes.
En efecto, violencia sistemática justificada por los
gobiernos, dícese progresistas, y los políticos de derecha, dícese católicos y
amantes del “estado de derecho”.
Sin ignorar, tampoco, el saqueo fiscal y bancario en contra de
los estudiantes. De esos cientos de miles de jóvenes que seguirán endeudados
por varias décadas más, si es que no se les condona lo que deben. Una deuda
lacerante para cientos de miles de familias que fuera fomentada por el gobierno
de Ricardo Lagos quien, paralelamente, le puso un abusivo peaje al libre
tránsito por las autopistas. Por quien incluso intentó pasar como obra suya la
mismísima Constitución de Pinochet, con solo algunos retoques negociados con el
Parlamento, para ahora tener el cinismo de sumarse a la demanda popular por una
nueva Carta Fundamental.
Cómo olvidarnos de la ultrajante violencia que significó la
negativa del presidente Frei a recibir durante todo su mandato a los familiares
de los detenidos desaparecidos de la Dictadura. O la burla que le propinó al
país la señora Bachelet con su falso proceso constituyente. El que, por
supuesto, no condujo a nada, salvo frustrar las esperanzas que de nuevo se
agitan en las protestas, después de que le entregara la banda presidencial por
segunda vez al principal defraudador de los derechos del pueblo. Un
multimillonario engreído, insensible y sin capacidad alguna de autocrítica y
pudor. Cuya permanencia en La Moneda violenta y crispa todos los días a la
población que lo repudia tan contundentemente.
Imposible pasar por alto la violencia ejercida por el
sistema todavía vigente contra los sin casa o los deudores hipotecarios,
estrangulados todos por las entidades financieras y constructoras. La violencia
que significa que el sueldo mínimo recibido por millones de trabajadores no les
alcance para llegar a fin de mes, como lo hemos podido constatar en esos
estremecedores testimonios de ancianos, viudas, pensionados, como de tantos
jóvenes impelidos a delinquir para comer y llevar algo a casa.
Por la violenta e insensata actitud de los principales
medios de comunicación circundados por la farándula y la frivolidad, ignorantes
de la realidad nacional y mundial y cuyos rostros ahora lloran lágrimas de
cocodrilo al descubrir nuestro país real. Con sus noticiarios y programas tan
lacerantes a la conciencia pública, la dignidad de los pobres y de la propia
clase media. Como si no fuera terriblemente violento, también, el constante
atentado en contra de la soberanía nacional, mediante la inicua explotación de
nuestros recursos naturales, el saqueo cotidiano de millones de toneladas de
cobre, litio y otros productos desde las entrañas de nuestro territorio. O los mismos incendios provocados en nuestras
reservas forestales a fin de proveerle terreno a las empresas constructoras y a
aquellas que buscan reforestar nuestro paisaje con especies de mayor y más
rápida plus valía, sin importarles si éstas agotan los manantiales y aguas
subterráneas en desmedro de la agricultura y del agua potable en tantos pueblos
y ciudades del país.
Ciertamente que duele ver un templo en llamas o la
destrucción de monumentos patrimoniales, pero todo eso se puede volver a
reconstruir o reparar. No así nuestros vandalizados yacimientos del norte y de
las altas cumbres cordilleranas. Pero no nos equivoquemos: para sujetos como
Piñera, la destrucción callejera puede ser incluso una oportunidad de negocio
para las empresas constructoras e importadoras, como para las mismas compañías
de seguros. Ya un hábil alcalde y algunos “emprendedores” en cosa de horas
discurrieron semáforos portátiles; de la misma forma como algunos poderosos del
retail se proponen, después de cobrar sus pólizas por incendio, reemplazar
estos hipermercados por grandes condominios de viviendas bien cercadas y más
inexpugnables.
Qué duda cabe que la promesa de un plebiscito y de una
asamblea constituyente (con leoninos quórums para aprobar cualquier cambio
sustancial de la actual Carta Magna) busca también apaciguar las demandas
sociales y convertirse en un placebo para los ansiosos de cambio. ¡Qué violento
contubernio es el ejecutado por el Ejecutivo y los parlamentarios para, en cosa
de horas, levantar un acuerdo y prometer una agenda social que ha sido burlada
o postergada por tanto tiempo! Si hasta tenían preparado aquel enorme lienzo
blanco que cubrió la plaza Baquedano para hacernos creer que la batalla
terminaba y que el orden se restablecía. Desconociendo el hecho de que la
protesta no solo se alzó contra el Gobierno sino contra toda la indolente clase
política.
Por ello que abandonar la calle y “volver a la normalidad”,
como se nos sugiere, sería realmente fatal para un país que merece mayor
equidad y una paz fundada en la justicia y no en la quietud de los cementerios.
¿O es que acaso algún cambio de época y transformación de nuestra historia no
ha supuesto la ira popular y episodios inevitables de insurrección?
Violencia nunca comparable, en todo caso, ¿con la ejercida
por los vencedores de Concón y Placilla que conspiraron contra el presidente
Balmaceda y derivaron en la organización de turbas que salieron a saquear las
casas de los derrotados? O la de los bombardeos de La Moneda en l973, seguidos
por los campos de tortura y exterminio; como los asesinatos masivos de
campesinos en Ranquil y otras localidades rurales. Tal como años antes se
ultimó en Santiago, por instrucción presidencial, a los estudiantes en el
Seguro Obrero, o en otras masacres a centenares de mineros. Como la misma
“pacificación” de la Araucanía que ya nadie discute que se trató de un brutal
genocidio contra nuestro pueblo aborigen. Por cierto, impune, como otras
aberraciones.
Es inaudita la hipocresía de quienes hoy apelan a un
armisticio exigiendo que los humillados por el sistema abandonen sus protestas,
piedras y palos, mientras los policías disparan con armas letales a los
manifestantes, les arrancan los ojos a los jóvenes. Y, por supuesto, le siguen
poniendo todo tipo de cortapisas al reajuste digno de los salarios y pensiones.
Cuanto, a la misma posibilidad de una Asamblea Popular Constituyente, donde lo
que mande sea el sufragio mayoritario de sus integrantes y no los intereses de
esa minoría cobijada en un acuerdo y quórum espurio. Convenido, como vimos, a
espaldas del pueblo movilizado.
¿Es que acaso Piñera pactó con el pueblo y sus organizaciones
tan alto despropósito?
¿Es que existe algún antecedente en Chile y en el mundo en
que los acuerdos de paz se firmen solo entre los mismos aliados?
juanpablo.cardenas.s@gmail.com
