El regreso a clases ¿una decisión correcta?

 Por Carolina Vásquez Araya:

La niñez es uno de los grupos más vulnerables y menos beneficiados de la sociedad.

La discusión en torno del regreso a clases se plantea, por lo general, desde el interés económico, ya que mientras los padres deban permanecer en casa para cuidar a sus hijos, los países parecen encontrarse en un estado de parálisis laboral casi absoluta. Por ello, los gobiernos en su empeño por regresar a una normalidad todavía utópica, apuestan por la apertura de escuelas, colegios y universidades con la ilusión de haber vencido –o por lo menos reducido- los efectos de la pandemia. Enviar a los estudiantes a los establecimientos educativos permitiría a los padres regresar a sus puestos de trabajo, con lo cual se daría el impulso necesario a la productividad para evitar un total colapso de los indicadores económicos.

Sin embargo, este tipo de acciones afirmativas no necesariamente se basan en los intereses prioritarios de la niñez. Es decir, este segmento de la población resulta, en estos casos, un factor secundario; y los efectos que pueda sufrir al exponerlo a situaciones de vulnerabilidad, suelen ser vistos como consecuencias marginales ante la preponderancia de la puesta en marcha de la maquinaria productiva. En países como los nuestros, la infraestructura educativa es débil y carece, por lo general, de las condiciones de seguridad sanitaria adecuadas. La mayoría de escuelas públicas –urbanas y rurales- en donde estudia el grueso de la población infantil, están desprovistas de recursos para garantizar el bienestar y la salud del alumnado, al extremo de ni siquiera contar con una provisión segura de agua potable e instalaciones sanitarias. En los países menos desarrollados, además, ni alumnos ni maestros cuentan con la tecnología ni los recursos para utilizar una plataforma virtual capaz de reemplazar la presencia física en las aulas, por lo tanto, de no acudir a clases quedan totalmente marginados del sistema educativo.

Por otro lado, se plantea la necesidad de abrir los establecimientos educativos con el propósito de paliar los efectos de la violencia doméstica, la cual ha incrementado de manera significativa como efecto del encierro obligado de los últimos meses. Niñas, niños y adolescentes se ven expuestos a un sistema de relaciones familiares que limita su capacidad de defensa ante agresiones físicas, sexuales, económicas y psicológicas en el interior de su hogar. Por lo tanto, el regreso a clases se presenta como una opción interesante entre dos situaciones puntuales de riesgo: la violencia versus el contagio. De acuerdo con datos de World Vision y de ONU Mujeres, los llamados de auxilio por violencia doméstica durante la pandemia han aumentado entre 25 y 40 por ciento en la mayoría de países en todo el mundo, lo cual demuestra la extrema indefensión de los grupos vulnerables: niñas, niños, adolescentes y mujeres.

Esto que hoy revela el ataque sorpresivo de una pandemia capaz de trastornar la vida en todos sus aspectos, es hasta dónde se han marginado los intereses de las nuevas generaciones; hasta qué extremo se les ha convertido en meros instrumentos de campaña política, abandonándolos a su suerte una vez conseguidos los resultados electorales. Las promesas vanas de invertir y priorizar los programas destinados a nutrición, salud y educación han condenado a los sectores más desprotegidos de nuestras sociedades y, por conveniencia de los grandes grupos económicos, los destina a ser un simple vivero de trabajadores mal pagados. La educación es la herramienta más poderosa para alcanzar el desarrollo y garantizar el bienestar en todos los demás aspectos de la vida humana. ¿Abrir o no? El dilema está planteado.

Las decisiones sobre la niñez deben estar enfocadas en su bienestar.

elquintopatio@gmail.com

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Petición de renuncia al gobernante y retorno del 14S de 1977 al 21N

Por Manuel Humberto Restrepo Domínguez:

El 21N de iniciativa sindical se convirtió en el día D de la movilización popular más significativa del siglo XXI, en que la gente en las calles comienza a inclinarse por querer terminarlo con la caída del régimen en el poder. Con características similares ocurrió el 14 de septiembre de 1977 (14S), convocado como “paro cívico nacional” por las cuatro centrales obreras de la época. Para la memoria colectiva fue la mejor lección de unidad y movilización del fin del siglo XX. El 14S reclamaba por salarios justos, congelación de la canasta familiar, reapertura y desmilitarización de las universidades públicas y suspensión del estado de sitio. Las elites vieron amenazado su statu quo, privilegios y rentas y activaron los mecanismos de violencia brutal, descomunal, indolente y criminal sobre la movilización. En horas previas el gobierno limitó el derecho a protestar y reunirse, amenazó con cárcel a los activistas y emitió prohibiciones de todo tipo. La gente desobedeció. Retó al gobierno que controló la información, silenció, desinformó, incitó al pánico. Al final se contaron 33 muertos, 3000 heridos, por encima de 4000 detenidos y el estreno del abominable crimen de la desaparición forzada de opositores y adversarios. El capítulo de la verdad sobre el 14S todavía está incompleto.

Un año después (1978) las jugadas del poder hegemónico se juntaron en el Estatuto de Seguridad, que permitió inclusive el juzgamiento de civiles por militares y se volvió cotidiana la tortura y la persecución, hasta cerrar ese capítulo con la constituyente de 1992. La Revista Alternativa de la época escribió que “los vivas enardecidos y espontáneos del pueblo pauperizado expresaron su rechazo a la explotación del capital; las mujeres, los niños y los adolescentes sentaron su protesta especialmente energúmena contra la miseria creciente; los choferes y taxistas se sumaron a la paralización del transporte. Los comités de barrios organizaron barricadas y brigadas que bloquearon efectivamente el tránsito de buses y de automóviles, garantizando el éxito del paro”, lo que había empezado como un paro de la clase obrera terminó en un motín nacional que dejó profundas huellas de cambio, aunque el presidente obstinado repetía que “el paro laboral había sido un rotundo fracaso”.

El 21N de 2019, llega en el contexto de una américa convulsa, en el que el gobierno colombiano ha jugado el papel de pésimo amigo, desconfiable socio y mal vecino. Su obsesión por desestabilizar gobiernos, aplaudir golpes de estado, apoyar bloqueos y respaldar afuera lo que condena adentro, lo tiene desgastado, débil. Ha creado incertidumbres que la movilización sabrá aprovechar con el acumulado de experiencias próximas de las movilizaciones estudiantiles de 2011 continuadas en 2018 en defensa de la universidad pública; los levantamientos indígenas de la Minga en defensa de territorio, autonomía y cultura; el paro campesino que cambió el horizonte de luchas por la tierra y; el reclamo global por las equivocadas decisiones del gobierno que prefirió el retorno a la barbarie, antes que promover e impulsar los acuerdos de paz firmados, que literalmente todo el mundo reconoce, menos el partido de gobierno y su socio principal, el capital.

La tragedia real del país, sin eco y más bien desprecio del poder, sirve de base al 21N, que con multitudinarias y crecientes manifestaciones solidifica su permanencia en las calles y hace confluir la inconformidad en la idea de hacer caer el régimen y sacar del gobierno al partido liderado por el expresidente Uribe, señalado de promover la violencia como herramienta de saboteo y distorsión de la movilización, atacada con arremetidas brutales sobre los manifestantes y la generación de pánico y caos en las ciudades, que podrán ser útiles para entorpecer la continuidad del juicio penal en su contra y de su hermano Santiago.

El gobierno y en particular el presidente parece quedarse solo en esta coyuntura, aprobando medidas ineficaces y autoritarias como el toque de queda y la amenaza de estado de sitio, quizá porque por confusión o desesperación busca abrigo en las fuerzas militares (que tampoco son sus mejores aliadas, porque lo son de Uribe, no del gobernante) que lo empujan a negarse a entender que el 21N ni es un asunto de menor importancia, ni ha terminado, ni es una suma simple de minorías, sino una identidad colectiva, difícil de destruir atacándola con la fuerza o reduciéndola a conversar por sectores aislados o pretender acuerdos cuando está rota la confianza y credibilidad.

La respuesta de una “Conversación Nacional”, aunque pueda tener similitudes al Dialogo Nacional propuesto por Jaime Bateman en 1984 o la Convención Nacional del ELN de 1998, no corresponde a las demandas del 21N y más bien refleja afán por dilatar y apaciguar la efervescencia popular, cuya potencia ya representa una amenaza real, tanto para la gobernabilidad del partido uribista en el poder, como para la continuidad de las políticas neoliberales basadas en especulación, consumismo y destrucción de garantías a derechos.

El 21N espera que el gobierno desista de su pretensión de fragmentar la movilización por vía de mesas y temas sectoriales con presencia o conducción de la misma clase política representada en los partidos tradicionales de origen liberal-conservador, para los que hay hastió y que serían beneficiarios de la “conversación nacional” cobijada con la premisa dilatoria y de distorsión de que “vengan todos para que nadie quepa”. Las demandas del 21N son de origen económico y social y no se resuelven con meros acuerdos políticos y el gobierno está frente al más grande reto de cambiar para quedarse con legitimidad o irse del poder.

La gente del 21N pide reformas estructurales y hace presentir que no se irá de las calles con la promesa de ajustes a los programas del gobierno. La nueva demanda que coge vuelo es el pedido de renuncia del presidente y la salida del poder del partido uribista de gobierno, por su concepción antipopular del poder y sus técnicas señaladas de corruptas y contrarias a la paz, a los derechos y a la vida digna. El mensaje del 21N es a prepararse para corregir y reconstruir el ejercicio del poder y las políticas públicas, incorporando las demandas sociales y económicas de las mayorías nacionales, que son las cuatro quintas partes de la población, ajenas al poder y que reclaman vivir con dignidad.

mrestrepo33@hotmail.com

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El Golpe Universitario que se prepara en Venezuela para el próximo 14 de octubre de 2019.

Por Juan Martorano:

Para el momento en que escribo estas líneas y aparezcan publicadas, se estarán conmemorando los 52 años del asesinato del Guerrillero Heroico, comandante Ernesto “Che” Guevara La Serna, en La Higuera, Bolivia. Su muerte fue ordenada por la CIA, pero es bueno señalar que la panita Alí Primera lo expresó con mucha claridad: “Los que mueren por la vida, no pueden llamarse muertos”.

Por otra parte, también he venido observando con mucho detenimiento los acontecimientos que se vienen suscitando en la hermana República del Ecuador. Algunas cosas señalé en un artículo anterior, sin profundizar en detalles, puesto que la cobertura de canales como Telesur y RT ha sido encomiable y hasta valiosa. Sólo expresaré que las horas del traidor presidente Lenin Voltaire Moreno Garcés (que llegó sobre los votos que le legó el líder histórico de la hermana Revolución Ciudadana, Rafael Correa) están contadas. Es cuestión de tiempo, que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, ante el estado de convulsión social que afronta ese hermano país, emitan un pronunciamiento desconocimiento el mandato del actual Jefe de Estado, y éste, lamentablemente al igual que otros de sus antecesores, deba huir, cual rata, de su país, echado a patadas por su propio pueblo.

Eso sin contar la convulsión social que también presenta Colombia, Argentina, Brasil y Paraguay por sólo nombrar algunos de los países del denominado “Grupo de Lima”, y aunado a la actual crisis política que afronta Perú. Elementos que indudablemente deben mantener encendida en nuestros corazones la llama de la fe y la esperanza.

Sin embargo, es mi obligación como cuadro político revolucionario, formador de la opinión pública nacional e internacional, a realizar un llamado a que estos llamados a la fe y a la esperanza no se descontextualicen o se malinterpreten. El hecho de que tengamos la confianza en que obtendremos importantes victorias no constituya una invitación al triunfalismo (que en muchas ocasiones caemos en ello), puesto que están sucediendo un conjunto de cosas en el frente interno, que es muy importante que no desatendamos.

He asumido, y lo señalo sin ánimo de pecar de inmodesto, una voz que se permita alertar sobre ciertas situaciones que vengo detectando, y es una manera de generar alertas tempranas, para que se tomen las medidas y precauciones de manera oportuna.

Antes de iniciar la formulación de la alerta de hoy, es muy importante formular la siguiente aclaratoria. No puede ni debe criminalizarse toda protesta que se haga en estos momentos de particulares dificultades y complejidades en el marco de la actual coyuntura. Debemos reivindicar el derecho a la protesta y a la manifestación, tal y como lo mandata el artículo 68 de nuestro texto constitucional, siempre que la misma se dé de manera pacífica y sin armas, y cumpliendo los requisitos establecidos en las leyes.

¿Quién puede dudar de la compleja situación de precarización laboral y salarial dentro de la Administración Pública Nacional? Absolutamente nadie. ¿Quién puede criticar que la clase trabajadora se organice para exigir mejores condiciones laborales, económicas, de condición y medio ambiente de trabajo? Absolutamente nadie. Estas son conquistas y forman parte de los logros de nuestra Revolución Bolivariana.

Mal podemos nosotros y nosotras estigmatizar y criminalizar todo tipo de manifestación o de protesta, siempre que se dé de manera pacífica, sin armas y cumpliendo los extremos legales, como lo señalé en el párrafo anterior. Y más si estas manifestaciones tienen como objetivo la lucha por un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y le permita cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. Además de ello, no podemos olvidar que el artículo 91 del texto constitucional ordena al Estado que debe garantizar a los trabajadores y trabajadoras, tanto del sector público como del sector privado, un salario mínimo vital que debe ser ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica. Esto indudablemente ha tenido sus dificultades en el marco de la actual coyuntura, y más con la caída de la renta petrolera.

Pero, otra cosa es adversar y tratar de darle una patada a la mesa, a la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que ordenó la celebración de elecciones universitarias en las denominadas “universidades autónomas”, comenzando por la UCV. Hemos podido observar cómo han salido profesores de casas de estudios, justificando que un voto de ellos equivalga a 41 votos estudiantiles, por encima de estos y del personal obrero y administrativo que labora en esas casas de estudio, oponiéndose a un voto paritario que sería lo más justo e igualitario dentro de la medida de lo posible.

Pero, como lo expresé en el programa número 1 de “CREA” que comenzó a transmitirse desde el pasado día lunes 07 de octubre de 2019 en Radio Arsenal 98.1 FM en la ciudad de Caracas (y que según informaciones que obtuve, se escucha no sólo en varias parroquias caraqueñas, sino en Maracay y en el eje Guarenas- Guatire, entre otras localidades) de 5:30 a 7:30 pm. Marx habló de la superestructura, que son aquellas creencias y elementos culturales que contribuyen a legitimar un orden social establecido, y en este caso el de la clase dominante. Cuando al Estado burgués le tocas elementos como la religión o específicamente el tema de la educación, pues evidente que la reacción de la burguesía es feroz y violenta.

Eso lo supo comprender nuestro comandante Chávez, quien en el año 2007 cuando planteo la reforma constitucional y la democratización de las universidades, surgieron las primeras camadas y pichones de fascistas del movimiento estudiantil burgués, formados por el entonces rector de la UCAB, Luis Ugalde. En ese entonces, surgieron los Goicoechea, los Freddy Guevara, los Julio Rivas, Lorent Saleh, Juan Guaidó y otra tanta pela nalgas con uña en el rabo devenidos hoy en día en flamantes dirigentes de la derecha más reaccionaria y fascista que se recuerde en la historia política de nuestro país.

Pues bien, en estos momentos, está surgiendo una nueva camada de pichones de fascistas en universidades cuyos recursos los provee el Estado venezolano para garantizar, a pesar de las actuales medidas coercitivas unilaterales y la grave situación económica que estamos afrontando, una educación gratuita y de calidad para nuestros jóvenes. Pero no los estamos formando y los dejamos a merced de la ideología hegemónica y dominante.

Es ahí que desde la semana pasada, mediante informaciones que me hicieron llegar algunas amistades, formulé inicialmente una alerta a través de plataformas tecnológicas y redes sociales digitales, sobre lo que se cocina para el próximo día lunes 14 de octubre de 2019, y que pasó de seguidas a detallar con lujo de detalles.

Los profesores universitarios, y muy particularmente los de FAPUV de la UCV han iniciado desde el viernes 04 de octubre de 2019 toda una agenda de protestas en el marco del impulso de una agenda de conflictividad social en contra del actual Ejecutivo Nacional. Ese día, el viernes 4 de octubre, muchos de ellos, y en coordinación con trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, protagonizaron una manifestación fuerte y cuasi violenta en la Esquina El Chorro del centro de Caracas.

Es importante destacar y reiterar, que reivindico la protesta en exigencias a mejoras salariales y laborales, y la defiendo. Lo que no apoyo ni puedo aceptar es que actores políticos y grupos generadores de violencia aprovechen los justos reclamos de la clase trabajadora para “pescar en río revuelto” e impulsar operaciones de cambio de gobierno, aprovechándose del sagrado derecho a la manifestación y a la protesta en el marco de nuestra Carta Magna.

El lunes 14 de octubre de 2019, el sector universitario se va a reunir en el Aula Magna de la UCV para decir, según ellos: “No al maltrato contra las universidades”. En este evento participarán autoridades universitarias, profesores, estudiantes, gremios y sindicatos. Esta convocatoria forma parte de la “agenda de protestas” que han iniciado los profesores. El viernes 4 de octubre de 2019, Unos 40 profesores universitarios de las universidades Central de Venezuela y Simón Bolívar se concentraron en la plaza El Rectorado de la UCV e iniciaron una marcha hacia el Ministerio de Educación Universitaria en La Hoyada. Todo ello forma parte de la generación de condiciones para ir “calentando la calle” de cara a la movilización que estos sectores de plantean para el día lunes que ya he señalado en las primeras líneas de este párrafo.

Es ahí, donde en mi hipótesis que me formulo señalo que no se descarta la activación de otros gremios y sectores como parte de la activación de focos policéntricos de conflictividad social como parte de la activación de una nueva fase de las operaciones de cambio de gobierno promovida por sectores de la oposición venezolana.

Es decir, pudiéramos estar en presencia de la reedición de actos terroristas y de violencia en el país, pero no bajo las modalidades del año 2014 y 2017, sino totalmente cambiadas y adaptadas a las nuevas circunstancias y realidades. Ojo con esto camaradas y camaradas.

Ante estas circunstancias de promover una turbulencia y conflictividad social en el país, tratando de copiar y comparar lo que en estos momentos está sucediendo en otros países de Suramérica, obviando que en el caso de aquellos es debido a las políticas de carácter neoliberal que han adoptado sus gobiernos, y en el caso venezolano, se trata de las clases dominantes que tratan de derribar no a un gobierno sino a un proyecto histórico que le costó mucho llegar al poder; sólo me permitiré decirles, que nos veremos en las calles el próximo 14 de octubre, a ver si, como dice ese refrán popular: “Si el cambur verde mancha”.

Sirvan estas líneas como una necesaria alerta, y que sin dejar de estar pendientes de lo que ocurre en países hermanos de la patria grande, no descuidemos el frente interno.

También habrá que estar atentos a las visitas y provocaciones que está realizando el pretendido “presidente autoproclamado” en zonas del oeste de Caracas, donde hay unos elementos que no pueden ser obviados a la hora de los análisis: Esas zonas que pretende visitar el “presidente interino” son zonas populares que constituyen bastiones del chavismo, o cercanas a los emblemas o símbolos del poder (ministerios, Asamblea Nacional, Asamblea Nacional Constituyente, Banco Central de Venezuela, Vicepresidencia Ejecutiva de la República, Miraflores…). Pero esto será objeto de mayor desarrollo y detalle en próximos artículos.

¡Leales Siempre! ¡Traidores Nunca!

¡Independencia y Patria Socialista!

¡Viviremos y Venceremos!

jmartoranoster@gmail.com

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Colombia Reformas universitarias para dejar la condición de subalternas

 Por Manuel Humberto Restrepo Domínguez:

Las Reformas Académicas en las universidades públicas del país, son una necesidad primordial para asumir con responsabilidad los mandatos de la paz en curso, que comprometen constitucionalmente tres periodos de gobierno. Investigar (Investigación), Formar (Docencia) y Extender (Extensión) requieren con urgencia ajustes institucionales y de reorganización de contenidos y modos de acción que aporten para construir el proyecto colectivo de nación en paz, implementando prácticas útiles para la no repetición del horror y para impedir el regreso a la barbarie.

Las reformas hacen parte del desafío de las universidades y para salir del horror padecido por algunas que fueron víctimas directas de desaparición, asesinato, estigmatización y amenazas a estudiantes, profesores y trabajadores y que permanecieron acorraladas por la fuerza marginal de agendas de la violencia y de la guerra.

Las reformas no son solo una fórmula de ajuste curricular formal, son ante todo la oportunidad para recuperar el sentido, capacidad y renovación de sus actos de creación de ciencia con conciencia social y de hacer frente a los obstáculos que las debilitan y mantienen a merced del mercado. Las reformas, que algunas han emprendido, tendrán que hacerse con el espíritu de libertad de este tiempo y atender las demandas culturales y científicas de la población no escuchada a causa del horror. Las reformas tendrán que actualizar su misión guardando equilibrios entre la sociedad global del conocimiento y la realidad local de profundos conflictos por desigualdad, exclusión y discriminación.

Las universidades con raíces en el siglo XIX (como la U.N., UdeA., UPTC), nacieron con la misión de aportar a la configuración de una nación independiente y de formar intelectuales que fueran la conciencia crítica para la transformación social. A comienzos del siglo XX, hace 100 años, la universidad en general sufrió un cimbronazo que la cambió, cuando en junio de 1918, el Movimiento de Córdoba, Argentina, promovió una reforma profunda que las señaló de permanecer incrustadas en estructuras coloniales de modelos ajenos y les definió un trazado en la historia y aunque muchas no lograron ser lo que debían ser, por lo menos dejaron de ser lo que eran, atrasadas, autoritarias, dogmáticas.

Córdoba recuperó el sentido de la Universidad critica, comprometida con su tiempo y las demandas de sus pueblos y dejó como gran legado la autonomía, sostenida por los pilares de docencia, investigación y extensión, independientes y articuladas, para crear la ciencia, formar y escuchar y atender a la gente. La autonomía la liberó de ser el apéndice del poder político y de servir a los intereses de los poderosos y le abrió la posibilidad para pensar con pensamiento propio, derribar muros y promover su función social y de transformación con creatividad e imaginación.

Un siglo después, el legado de Córdoba, está presente y debe ser un inevitable punto de referencia, aunque el mundo es otro. Los avances de la ciencia han cambiado la vida, resuelto enigmas y conflictos que parecían imposibles de resolver. Pero también el mundo se ha vuelto más ilegible y peligroso, hay lugar para los derechos, pero las nuevas formas de represión producen daños más dolorosos e irreversibles. Hay nuevas dimensiones y múltiples maneras de interpretar y conectar la realidad y la imaginación. Pequeños artefactos controlan la vida, el tiempo, la historia, modifican percepciones y hacen confundir la realidad material con las cifras. Lo virtual, las simulaciones, los performances rompen fronteras que parecían infranqueables y dejan al descubierto que las universidades ya hacen parte de las dinámicas del mercado de conocimiento y ahí están encerradas.

El siglo XXI, trae nuevos elementos inevitables para toda reforma, asociados a la formación, la comprensión y el uso del conocimiento. Los actores son los mismos, el conocimiento circula cientos de veces más rápido por redes en las que se impone lo efímero, lo narcisista, lo escandaloso, que hace más hurañas y ajenas a las personas y más ausentes y lejanas de resolver la pregunta del siglo XIX, por el quien soy yo y por mi papel en el planeta. El siglo XXI trae mundos entrecruzados, rizomas que se meten por todas las fisuras, capitales especulativos que lo cambian y compran todo. El ímpetu de la era tecnológica modifica rápidamente las formas de relación humana y logra que ya ninguna totalidad sea explicable desde una sola ciencia, ni un mismo patrón de comportamiento.

El tiempo de este siglo es atomizado y discontinuo, en cualquier lugar y hora, se puede lograr una fórmula de paz o producir la más ruda violencia, basta una palabra, un click, todo se vuelve perecedero. El estudiante ya no busca a un profesor que lo eduque para el futuro (que perdió importancia), él quiere acumular datos, resolverlo todo de inmediato, saber para el instante, (el “internet y el correo electrónico hacen que la geografía y la propia tierra desaparezcan” B. Chul Han, el aroma del tiempo).

Lo urgente para la universidad tendrá que ser entonces reorganizase para circular saberes y prácticas que entreguen fundamentos, estructuras, bases sólidas para que seres humanos concretos y contextualizados aprendan a pensar y a actuar responsablemente conforme a los estatutos de cada saber, en equilibrio con un humanismo, ciudadanía, ética y verdad, útil  para convivir pacíficamente, tanto en el campus de la ciencia y la cultura, como en su condición de actores en medio de la adversidad de la realidad material, de un país en el que tres de cada cuatro viven con derechos a medias y pobreza completa.

Cualquier reforma universitaria contemporánea, tiene que aportar para dar el salto del odio al relato colectivo de nación en paz y antes que respuestas hay que definir los problemas que pretende resolver, reconocer que a nuevos problemas nuevas formas de solución, pero en contexto y en concreto, con y para seres humanos determinados. La meta de una reforma no es diseñar otro currículo que apenas espolvoree los viejos cubículos de las ciencias para agregar conceptos modernos sin asimilarlos, ni aprehenderlos (paz, ambiente, derechos, genero) y dejar todo igual o contablemente producir cierres con sumas iguales (asignaturas, créditos, horas) sin historia, ni significado en contexto.

El momento promete ser de quiebre para recuperar la capacidad de interpelar las políticas trazadas desde afuera, dejar de responder a operaciones matemáticas que integran dedicación y demanda de profesores con estándares y recursos disponibles para ofrecer aprendizajes ajenos y repetitivos a sus estudiantes. Es un momento de reto profundo para las universidades, para atreverse a pensar por cuenta propia en tiempos de mezclas, matices, diversidades y pequeños relatos capaces de trastornar lo más estable.

Es tiempo en el que hay democracias sin pueblo y pueblos sin rumbo, que esperan de sus universidades, sus profesores y estudiantes, respuestas y caminos para seguirlos. Es tiempo de asuntos modificables, sin inderogables, sin cosas insalvables, ni compromisos para realizarlos de por vida. Deja de existir el programa eterno, la formula incorregible, la verdad única, el maestro incuestionable, el estudiante perfecto, la institución incuestionable.

Es el tiempo de otras maneras de conectar e interconectar, sin ciencias puras, ni duras, ni blandas, de performances que se sobreponen a la exposición, de sonidos impuros, derechos complejos, multiplicidades, diversidades, intersecciones, nuevas mezclas, aparatos, metodologías, economías que controlan a la política. Es el tiempo de asumir el reto de pensar con pensamiento propio para dejar de ser universidades subalternas.

mrestrepo33@hotmail.com

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Universidades agonizando no porque falte presupuesto si no porque sobran ladrones

Por Manuel Humberto Restrepo Domínguez:

La conciencia, juzga, escoge, mueve, permite comprender el sentido de las luchas, las resistencias, los compromisos con los derechos, con el respeto a los otros y con el cumplimiento responsable ante la sociedad por cada actitud tomada o acción ejecutada. Conciencia es el calificativo de la apoteósica movilización universitaria del 10 de octubre de 2018, que luego de haber llenado las plazas principales de las ciudades capitales e intermedias en todo el país tendrá que cobrar cara su victoria.

La toma de Bogotá en defensa de la universidad pública, -desfinanciada y puesta en riesgo por la inequitativa distribución de los recursos del estado y la intromisión de la clase política en la toma de decisiones- señaló el rumbo de la lucha universitaria renovada y dispuesta a impedir que las universidades públicas dejen de existir. La movilización redescubrió que no se necesita ser estudiante, profesor o trabajador de la universidad para entender que mientras el pueblo sea mantenido en la ignorancia las elites tendrán asegurado su presente y su futuro y los sectores populares su desgracia.

 Los datos indican que el 60% de los estudiantes de las universidades publicas pertenecen a los sectores populares, que reciben ingresos familiares menores a dos salarios mínimos al mes (aprox 500 dólares) y el 70% del profesorado tiene contratos precarios inferiores a 10 meses y sometidos a rigurosos controles a sus actividades y sus actuaciones para ser contratados otra vez. La nación colombiana permanece atada a los compromisos del pacto social vigente, paga impuestos onerosos cumplidamente, acata las leyes, responde a las convocatorias a elecciones, pero el estado distribuye mal, privilegia asuntos como la guerra y el pago de intereses de la deuda contraída con organismos y banca multilateral que se quedan con cerca de la mitad del presupuesto nacional en detrimento de derechos como salud, trabajo, agua, alimento y educación y esas mismas elites que mal distribuyen despojan en corrupción de 40 billones y exoneran empresas trasnacionales por más de 10 billones. Montos que si no fueran saqueados y se diera una mejor distribución estatal no tendrían en problemas y carencias a nadie y Colombia seria el país rico y en paz que todos sus habitantes  anhelan

Está en riesgo el sistema universitario público compuesto hasta hoy por 32 universidades públicas, 28 instituciones técnicas y tecnológicas y el servicio nacional de aprendizaje (Sena), cuyo sostenimiento depende de los recursos de la nación y de su autonomía y libertades de investigación y catedra. La causa inmediata del riesgo es la desfinanciación con origen en los incumplimientos del estado para asignar los presupuestos adecuados para el funcionamiento e inversión acordes al crecimiento desbordado pero necesario sin garantías. Por tratarse de una situación de riesgo que pesa sobre un derecho conquistado en luchas anteriores, corresponde al estado poner las soluciones inmediatas, como lo ha hecho en otras ocasiones, incluso por fuera de sus obligaciones, salvando de las crisis a bancos o exportadores. Al partido de gobierno (C.D) que controla la presidencia y el congreso le corresponde atender el momento de crisis aunque su talante “retrogrado, sectario, divisionista y destructivo” (Cecilia Orozco Tascon, el espectador.com 10/10/2018), provoque desesperanza, sobretodo porque con arrogancia dictatorial, el presidente del senado muy molesto en su primer acercamiento con los manifestantes mando a callar a la representante estudiantil que explicaba la crisis en el senado y con desprecio concedió “30 segundos para que acabe niña”, y el presidente del gobierno con indiferencia adujo que “tenemos el presupuesto más alto que se haya visto”.

La señal es que a los dos, no les importan los estudiantes, ni la crisis de las universidades públicas que solo reciben el 10% del total de los recursos asignados a la educación (de los que habla el presidente), y estos incluyen una alta suma transferida al sector privado con programas como “ser pilo paga” que además se beneficia de la capacidad de los mejores estudiantes provenientes de los sectores populares, que en en la universidad pública se formarían con recursos públicos 5 o más veces por debajo de lo que le cuesta al país formarlos en la universidad privada, que los reclama suyos.

Las plazas llenas, sin el menor asomo de violencia, con una forma organizativa renovada, creativa y convencida de la necesidad de que la universidad es un bien público innegociable y la educación un derecho irrenunciable, le notificaron al poder hegemónico, que hay inconformidad y total disposición a mantener de manera indefinida, hasta cobrar cara su victoria en las calles, para materializar mediante la justa lucha el derecho que tienen los hijos de los sectores populares a asistir a la universidad pública y contribuir con conocimiento, ciencia y cultura a forjar la riqueza y el bienestar de la nación que aspira a vivir en paz, alejada de la guerra y las humillaciones a las que son sometidos los pueblos que sobreviven en la ignorancia y el olvido.

Las movilizaciones de hace 100 años en Córdoba y hace 50 en Paris Y México, le sirven de referencia a los jóvenes entrados en rebeldía y a la sociedad que comprende la magnitud y significado de este momento de protesta, para interconectar luchas transversales contra las técnicas del poder hegemónico, al que no le interesa nada distinto a lo que resulte benéfico para los suyos y sus negocios particulares a costa del sacrificio de la nación entera. Queda claro en la conciencia que la educación produce riqueza y la ignorancia destrucción, razón por la que las elites aparezcan ajenas, indolentes.

La movilización tiene a los estudiantes en la vanguardia. Ellos tienen la palabra y control de la hoja de ruta y también la posibilidad en sus propios caumpus de hacer demostraciones de su capacidad para autogobernarse allí donde sus autoridades, por incapacidad o indiferencia producen desgobierno. El profesorado, trabajadores, organizaciones sociales, indígenas, campesinos e incluso buena parte de directivos acompañan esta lucha acompañan la justa lucha con la claridad de que es ahora o nuca que las universidades se salvan o empiezan su agónica muerte, como lo demostraron con estudios, informes y solicitudes en la Cámara de Representantes el día 10, que coincidiendo en ratificar que “sí hay dinero disponible” para superar el riesgo. Los 500.000 millones ofrecidos por el gobierno, no solucionan nada y la manera de distribución envía un mensaje de indiferencia al indicar que 55.000 millones irán a la base presupuestal (promedio cercano a 1000 millones para universidad de entre 20 y 30.000 estudiantes) y 223.000 millones para inversión cuando la deuda histórica supera 15 billones. La suma ofrecida no responde a las demandas y se puede interpretar más bien como una pieza táctica del engranaje de falsedades y engaños para debilitar, dividir y crear fisuras en la unidad de lucha.

 Quedó al descubierto que sí existen recursos ordinarios disponibles y no apropiarlos viola la ley. Se dijo por ejemplo que la reforma tributaria ya contempló estos recursos, pero además que hay otras fuentes posibles como los recaudos adicionales por aumento en los precios del petróleo que por cada dólar dejan 350.000 millones. En síntesis como muchos dijeron no se necesita ser estudiante, docente o trabajador de la universidad para entender que la educación produce más riqueza y bienestar que la ignorancia.  Y que no falta presupuesto si no que sobran ladrones incrustados en el poder hegemónico.

mrestrepo33@hotmail.com

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Las malas palabras

Por Carolina Vásquez Araya: 

El derecho de los demás es también mi derecho. Una idea para reflexionar.

Hubo un tiempo no muy lejano –mediados del siglo pasado- cuando no se hablaba de derechos humanos. Era un concepto desconocido para las mayorías; no se había desgastado por la manipulación mediática ni el manoseo social y era algo así como una parte decorativa del léxico diplomático en los círculos internacionales. Luego, con el transcurrir de los años y la violencia política ya bien instalada en los países del Tercer Mundo, fue tomando protagonismo por la obvia necesidad de proteger a la población civil de los desmanes de sus gobiernos y de grupos extremistas.

 Sin embargo el tema de derechos humanos nunca parece haber tomado cuerpo más que en círculos muy reducidos de las sociedades, quedando como un tópico de discusión entre expertos pero nunca, o casi nunca, como una materia obligatoria en las escuelas, colegios y universidades para que las nuevas generaciones comprendieran en toda su extensión el significado de esos códigos de comportamiento y de respeto por sus semejantes, pero también la dimensión de sus propios derechos como persona. Por el contrario, se fue desarrollando una especie de anticuerpo dedicado a distorsionar y destruir la esencia misma del concepto.

El respeto por los derechos humanos y todo mecanismo para garantizar su protección, constituyen un capítulo indispensable de la vida en cualquier sociedad democrática en donde las óptimas condiciones de vida de sus miembros representen un objetivo primordial para sus gobernantes. Por el contrario, los regímenes autoritarios y dictatoriales se han caracterizado precisamente por reprimir los derechos de los ciudadanos, oprimiendo y coartando sus libertades por la fuerza de las armas, la intimidación o la amenaza, abierta o velada.

Esta clase de sistemas opresivos muchas veces cuentan con la colaboración entusiasta de un sector de la sociedad cuyos parámetros valóricos e intereses coinciden plenamente con los de sus líderes, ya sea por protegerse contra una eventual pérdida de privilegios o por pura convicción. Entonces orquestan hábiles campañas de desprestigio contra quienes se empeñan en la defensa de los derechos de la ciudadanía para debilitar su discurso y socavar sus funciones. Estas campañas pretenden destruir no solo a los defensores de los derechos humanos; también atentan contra esos derechos retorciendo su significado con la intención de anular el potencial poderío de una sociedad fuerte y, por lo tanto, consciente de su papel en la vida de la nación.

El desgaste provocado por esos grupos antidemocráticos resulta en un incremento de la violencia social y un creciente escepticismo sobre el papel de la justicia en la resolución de conflictos. Al no comprender la trascendencia de los valores humanos en las relaciones entre individuos y grupos, las tensiones fácilmente derivan en la aplicación de la fuerza anulando toda posibilidad de diálogo y búsqueda de consenso. Se intenta bloquear el flujo de la información, se amenaza a quienes ejecutan una labor periodística, social, humanitaria o ambientalista y poco a poco se van cerrando las posibilidades de crear las condiciones necesarias para el desarrollo de un auténtico sistema democrático.

En otras palabras, el respeto por los derechos humanos no conviene a las fuerzas antidemocráticas por ser la base del desarrollo de una ciudadanía poderosa, educada y consciente de su papel en el mundo que le rodea. Las libertades consagradas en convenios y tratados resultan una amenaza para quienes no poseen las calidades para sobresalir sin el recurso del miedo y la tiranía. Derechos humanos son, para ellos, malas palabras.

Sin el respeto por los derechos humanos no existe la menor posibilidad de vivir en democracia.

elquintopatio@gmail.com

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Las Universidades Publicas son sobrevivientes de guerra

Por Manuel Humberto Restrepo Domínguez:

 Las universidades publicas colombianas quedaron en pie a pesar de las más duras adversidades que haya padecido universidad alguna en el mundo, durante los cincuenta años de guerra que termina, porque las FARC ya no existen como insurgencia armada y el ELN tiene silenciados sus fusiles. Lograron quedar vivas aunque débiles y en lucha consigo mismas y contra los coletazos de guerra, pero cumplieron de la mejor manera la tarea encomendada por la sociedad para formar los hombres y mujeres profesionales de un país retrasado en libertades y urgido de soluciones de fondo a sus más urgentes necesidades de conocimiento, tecnología, convivencia pacífica y bienestar.

A manera de ejemplo, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (en la que soy profesor desde hace 30 años) graduó entre 1966 y 2016 a más de 91.000 estudiantes, procedentes de sectores populares, extraídos del ámbito rural o que hacían tránsito a las nacientes ciudades. Resulta gratificante, que a pesar de la guerra y sus marañas, no hay evidencia de casos de egresados que se se hayan destacado por alguna trayectoria criminal o que hayan utilizado su saber para perseguir, intimidar o aprovechado su profesión como refugio de fechorías. Se conoce en cambio de la enorme capacidad de rebeldía y espíritu de lucha, que deja una cuota de estudiantes, profesores y trabajadores convertidos en silenciosas víctimas. La Universidad Nacional por su hondo significado para la nación multiplica todas las cifras, pero además fue la que abrió los espacios para reconocer la diversidad y la diferencia en las aulas y el pensamiento libre. Las otras 30 universidades hicieron cada una lo suyo, pusieron a debate su experiencia y trazaron caminos para que otros alentaran sus recorridos.

La educación pública universitaria no fue ajena a los contenidos del manifiesto de Córdoba Argentina de 1918 (manifiesto liminar) y acogió como suyos los principios esenciales de lo público como la autonomía política, docente y administrativa; la selección de docentes por concursos públicos; la asunción de responsabilidades políticas frente a la nación y la defensa de la democracia; la creación de cátedras libres y electivas a decisión de los estudiantes y; la democratización de la enseñanza, que sirvió para contrarrestar la educación que estaba convertida en privilegio de las elites y forjada con las reglas y conductas de la escolástica y desde ahí marcar la ruta del siglo XX.  Seguramente en 2018 vendrá una gran movilización global de la educación pública, (autónoma, gratuita, democrática y popular) en conmemoración de los 100 años de Córdoba y los 50 de mayo del 68, que representan las luchas sociales universitarias más significativas, que cimentaron las bases de la universidad pública actual, dejando atrás lo que era “el refugio secular de los mediocres, la renta de los ignorantes, la hospitalización segura de los inválidos y -lo que es peor aún- el lugar en donde todas las formas de tiranizar y de insensibilizar hallaron la cátedra que las dictara. Las universidades han llegado a ser así el fiel reflejo de estas sociedades decadentes que se empeñan en ofrecer el triste espectáculo de una inmovilidad senil. Por eso es que la Ciencia, frente a estas casas mudas y cerradas, pasa silenciosa o entra mutilada y grotesca al servicio burocrático” (manifiesto de córdoba).

Después de la entrada al universo de las libertades vino la guerra y las universidades públicas colombianas tuvieron que enfrentar las arremetidas del estado y de sectores de poder obsesionados con derrotar el espíritu de lo público como concepto, principio y práctica social común. Usaron prácticas de guerra sucia, queriendo derrotar la inteligencia a la que no dejan de considerar aliada de las insurgencias armadas. Extendieron la estigmatización llamando a la sociedad a mirarlas y tratarlas con recelo y también con desprecio y entre análisis sesgados escondió las maravillas de lo que ocurría respecto a la ciencia y la cultura. Políticamente las elites metieron allí clientelas, promovieron su ineficiencia y fragmentación y bajo chantaje les entregaron presupuestos deficitarios, a cambio de controlarlas, las acostumbraron a sobrevivir y mientras los soldados de la guerra estaban cubiertos con altos presupuestos del estado, los estudiantes sobrevivían entre incertidumbres y carencias para cubrir los mínimos necesarios para educarse, teniendo que recurrir a la protesta para existir.

A manera de síntesis se podría señalar que con el fin de la guerra las universidades quedan con la suficiente dignidad para sobreponerse y asumir los compromisos con la construcción de paz en los territorios. Su realidad revela que están desfinanciadas; tienen un altísimo déficit democrático; su sentido esta tomado por reglas de mercado y; se debilitan a medida que se extienden. Son los resultados de haberlas gestionado con lógica de guerra y de conducirlas según el trazado del capital que las empujó a desviarse de su misión, a descentrarse y fluir sin un horizonte común. Muchas aun no entienden que su vida institucional se ahoga entre réplicas de lo que hacen otras, copian, plagian, siguen modelos y recetas genéricas aplicadas por funcionarios exentos de responsabilidad por los daños provocados. La guerra les cambio la baja por la alta velocidad de sus procesos y esta velocidad las paraliza, les impide tener en cuenta la fragilidad del ser humano que la compone y que esta convertido en instrumento de metas, que solo cuenta si está cerca al poder y se somete a negarse a ser en sí mismo, y de suma se acostumbra a permanecer al margen de su existencia política.

Pero el panorama que queda puede ser fácilmente revertido, si se piensa que la paz es lo nuevo y se inventan otras maneras de decir y hacer las cosas que correspondan a este tiempo y se nutran con un espíritu democrático y de cambio. Sin guerra viene otro momento, que no podrá vivirse con las mismas reglas, sencillamente porque la paz es contraria a la guerra y nadie tiene recetas y quien pretenda enseñarlas, ofrecerlas o venderlas (que es aún peor, es un farsante), si se tiene en cuenta que durante la guerra las universidades no tuvieron paz, los jóvenes recibieron trato de combatientes, asistieron a cientos de funerales de sus mejores hijos arrebatados por la barbarie, hubo profesores y estudiantes asesinados frente a las aulas, mutilados, desaparecidos, presos acusados con falsedades, miles injustamente derrotados por la precariedad económica que les impidió sostenerse en las aulas y millones más que no pudieron ingresar y obtener un carnet de estudiante, que es quizá el mejor de todos los carnet que existan en la historia de la humanización. Las imágenes de tanques, caballos y motorizados entrando victoriosos a los campus universitarios se encargarán de contar que fueron tratadas como campos de batalla y que se trató de acallar con balas y mentiras al pensamiento crítico por creer que era parte del alzamiento armado y porque gracias a él la verdad sería posible, esas serán las señales de la memoria recordando lo que no puede volver a ocurrir.

Se acaba la guerra y las universidades públicas tendrán el encargo de protegerse del olvido y convertir a la memoria en la fortaleza que conduzca su futuro. No se trata de quedarse en el pasado si no de saber conectar y desconectar los tiempos, de reajustar el sentido y el significado de su saber y hacer y usar a la ética como la savia que conecta. La paz propone otros momentos, tiempos mejores para poner a prueba lo que aprendieron para no dejar escapar la dignidad entre las dificultades que las llevaron incluso a entrar en alianzas de todo tipo con empresarios, políticos y partes descompuestas de la dinámica social que a cambio de fortalecerlas las debilitan, las tienen atadas a una competencia desigual hecha a la medida del interés privado que las corrompe y del que deben desprenderse.

El momento es otro y aunque desigualdad, inequidad, exclusión e injusticia sirvan para explicar que hoy más que nunca están dadas las condiciones y vigencia de la lucha armada para cambiar las cosas y derrotar a las elites, la sociedad y en particular la que compone la población potencial de las universidades públicas, igual que las víctimas, ha renunciado a la guerra y su decisión es sin retorno. Las generaciones de profesores, estudiantes y trabajadores de hoy tendrán que actuar con convicción ética y compromiso político en la construcción de paz, usando su imaginación, creatividad, ciencia y solidaridad. Las armas no serán más el recurso legitimo para resolver diferencias y será la inteligencia la llamada a reencontrar el camino de grandeza de las universidades públicas.

Esa es la más importante conclusión para llamar a la universidad pública a reconstruirse, en colectivo y desde abajo, a aprender de los jóvenes que saben cambiar de dirección, adaptarse a las circunstancias variables, detectar de inmediato los movimientos que comienzan a producirse y a actualizar su propia trayectoria, porque de ella depende su supervivencia (Bauman, retos de la educación). La universidad por ser parte de las invenciones de la cultura tiene que reinventarse y rápido, repensarse de otra manera no solo en la escena meramente económica, como lo hace ahora, y crear poder para apuntar y aportar sus saberes y quehaceres con miras a construir una nueva ciudadanía de paz y una sociedad de derechos, situada por fuera de la trampa economicista. 

P.D Con datos de la encuesta de cifras y conceptos 2017 (que no controlamos), estas columnas ocupan el segundo lugar de más leídas en Boyacá, y con datos de periodicoeldiario.com, algunas superan 20.000 lectores. Así que Gracias por sus lecturas que representan afectos. Me corresponde seguir con disciplina esta tarea que alienta el alma y que por fortuna no cumple metas ni sube indicadores de nada.

mrestrepo33@hotmail.com 

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