La niñez es uno de los grupos más vulnerables y menos
beneficiados de la sociedad.
La discusión en torno del regreso a clases se plantea, por
lo general, desde el interés económico, ya que mientras los padres deban
permanecer en casa para cuidar a sus hijos, los países parecen encontrarse en
un estado de parálisis laboral casi absoluta. Por ello, los gobiernos en su
empeño por regresar a una normalidad todavía utópica, apuestan por la apertura
de escuelas, colegios y universidades con la ilusión de haber vencido –o por lo
menos reducido- los efectos de la pandemia. Enviar a los estudiantes a los
establecimientos educativos permitiría a los padres regresar a sus puestos de
trabajo, con lo cual se daría el impulso necesario a la productividad para
evitar un total colapso de los indicadores económicos.
Sin embargo, este tipo de acciones afirmativas no
necesariamente se basan en los intereses prioritarios de la niñez. Es decir,
este segmento de la población resulta, en estos casos, un factor secundario; y
los efectos que pueda sufrir al exponerlo a situaciones de vulnerabilidad,
suelen ser vistos como consecuencias marginales ante la preponderancia de la
puesta en marcha de la maquinaria productiva. En países como los nuestros, la
infraestructura educativa es débil y carece, por lo general, de las condiciones
de seguridad sanitaria adecuadas. La mayoría de escuelas públicas –urbanas y
rurales- en donde estudia el grueso de la población infantil, están
desprovistas de recursos para garantizar el bienestar y la salud del alumnado,
al extremo de ni siquiera contar con una provisión segura de agua potable e
instalaciones sanitarias. En los países menos desarrollados, además, ni alumnos
ni maestros cuentan con la tecnología ni los recursos para utilizar una
plataforma virtual capaz de reemplazar la presencia física en las aulas, por lo
tanto, de no acudir a clases quedan totalmente marginados del sistema
educativo.
Por otro lado, se plantea la necesidad de abrir los
establecimientos educativos con el propósito de paliar los efectos de la
violencia doméstica, la cual ha incrementado de manera significativa como
efecto del encierro obligado de los últimos meses. Niñas, niños y adolescentes
se ven expuestos a un sistema de relaciones familiares que limita su capacidad
de defensa ante agresiones físicas, sexuales, económicas y psicológicas en el
interior de su hogar. Por lo tanto, el regreso a clases se presenta como una
opción interesante entre dos situaciones puntuales de riesgo: la violencia
versus el contagio. De acuerdo con datos de World Vision y de ONU Mujeres, los
llamados de auxilio por violencia doméstica durante la pandemia han aumentado
entre 25 y 40 por ciento en la mayoría de países en todo el mundo, lo cual
demuestra la extrema indefensión de los grupos vulnerables: niñas, niños,
adolescentes y mujeres.
Esto que hoy revela el ataque sorpresivo de una pandemia
capaz de trastornar la vida en todos sus aspectos, es hasta dónde se han
marginado los intereses de las nuevas generaciones; hasta qué extremo se les ha
convertido en meros instrumentos de campaña política, abandonándolos a su
suerte una vez conseguidos los resultados electorales. Las promesas vanas de
invertir y priorizar los programas destinados a nutrición, salud y educación
han condenado a los sectores más desprotegidos de nuestras sociedades y, por
conveniencia de los grandes grupos económicos, los destina a ser un simple
vivero de trabajadores mal pagados. La educación es la herramienta más poderosa
para alcanzar el desarrollo y garantizar el bienestar en todos los demás
aspectos de la vida humana. ¿Abrir o no? El dilema está planteado.
Las decisiones sobre la niñez deben estar enfocadas en su
bienestar.
elquintopatio@gmail.com
