Comunicado de prensa del Dr. Martin Almada que participo en el juicio

Por las víctimas de la operación Cóndor en Roma Italia

Coincidente con el 40 aniversario de la conformación en Santiago, Chile de la red de las dictaduras latinoamericanas para la Operación Cóndor que causó innumerables víctimas, se llevó a cabo el 24/9/ 2015 en Roma, la audiencia en la que brindó su testimonio el Dr. Martín Almada por la desaparición forzada de ciudadanos argentinos y uruguayos de origen italiano.

El destacado jurista aportó al Tribunal, voluminosas carpetas con documentos autenticados provenientes del Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos dependiente de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay referidas a fichas, declaraciones e informes sobre los argentinos Dora Marta Landi, Alejandro José Logoluso , José Nell y los uruguayos Gustavo Edison Inzaurralde y Nelson Rodolfo Santana Scotto, integrantes del Partido por la Victoria del Pueblo. Los mismos fueron detenidos en Asunción, Paraguay y posteriormente entregados a las autoridades argentinas y finalmente desaparecidos.

Incluyó, además, documentos que revelan la conexión argentina-italiana –paraguaya para la venta y falsificación de pasaportes y las denuncias que posibilitaron la entrega de los prisioneros a las fuerzas represivas de Argentina y Uruguay. Mostró las evidencias de la intervención del abogado argentino Issac Augusto Damsky que ideó la conexión de venta de pasaportes falsos.

Asimismo, señaló a los torturadores de este grupo que permanecen vivos: Domingo Fortunato Laspina, Victorino Lobatti, Eusebio Torres, Ramón Tadeo Gómez y el Lic. Francisco Bogado Ferrogucio. La declaración duró unas tres horas en las que Almada se refirió también, al descubrimiento de los archivos policiales y militares el 22 /12/ 1992 en una dependencia policial cercana a la capital paraguaya en un procedimiento respaldo por el Juez José Agustín Fernández. Presentó cada documento aportado y en particular a los que se conocen como “actas Cóndor” que muestran la invitación oficial a Paraguay, el programa de la reunión del 25 al 29 de noviembre de 1974 en Santiago y las medidas de seguridad que debían mantener los participantes.

El Premio Nobel Alternativo, expresó su complacencia porque finalmente se van concretando los procesos como éste en Madrid, Paris, Roma, en Argentina, Uruguay, Chile y Brasil referidos a la Operación o Plan Cóndor y lamentó la impunidad que se mantiene en los otros países involucrados, pese a los esfuerzos denodados de las organizaciones de sobrevivientes y Defensores de DDHH. De modo especial, destacó la impunidad reinante en Paraguay pese a disponer del mayor acervo probatorio, el referido Archivo, llamado “Archivo del Terror” y cuyos documentos sirvieron para las investigaciones en otros países.

EL JUICIO CONDOR EN ITALIA Se lleva a cabo desde abril pasado, después de más de diez años de acumulación de pruebas por parte del fiscal Giancarlo Capaldo y de su sustituta Tiziana Cugini. Entre ellas figuran las que llevó en forma personal desde 1997, Almada y entregadas al Fiscal Capaldo. El juicio se originó en 1991 con la denuncia de las víctimas y familiares uruguayas con ciudadanía italiana María Bellizzi, Luz Ibarburu, Aurora Meloni, Marta Casal de Gatti y Cristina Mihura, entre otros por más de 40 víctimas latinoamericanas. Se lleva a cabo con un tribunal presidido por la jueza Evelina Canale integrado además por un jurado en un peculiar, enorme auditorio llamada “aula Bunker” ubicada en la cárcel de mayor seguridad de Rebibbia cercana a Roma. La estructura edilicia y aspectos resultan poco apropiado para un juicio de esta naturaleza en consideración al sufrimiento de los /as testigos, que tampoco disponen de soporte de equipos interdisplinarios para la contención de los mismos. El juicio tiene más de 30 imputados. El único imputado que no es juzgado en ausencia es el militar Jorge Néstor Tróccoli, uruguayo, que reside en Italia desde que se fugó de su país, en 2007, cuando la Justicia uruguaya lo citó a declarar. Cabe señalar que el Gobierno uruguayo como el italiano se constituyeron en la parte civil de este juicio.

La larga lista de imputados contiene el ex ministro de Interior de Paraguay, Sabino Augusto Montanaro, temible cabeza de una estructura genocida compuesta entre otros Pastor Coronel, Jefe del Departamento de Investigaciones, Antonio Campos Alum, responsable de la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos (Hoy Museo de las Memorias: Dictadura y DDHH) Entre estos figuran el presidente de facto del Uruguay, Juan María Bordaberry, el militar chileno Rafael Mena Salinas y el jefe de la DINA, Manuel Contreras , ya fallecieron con impunidad biológica.

Estos 35 imputados actuales fueron integrantes de las juntas militares que encabezaron golpes de Estado en Uruguay, Argentina, Bolivia y Perú y otros eran miembros de los servicios de seguridad de sus respectivos países entre los años 1973 y 1978 y son acusados de delitos de lesa humanidad, que resultan imprescriptibles.

Desde abril de este año, ya han declarado numerosas personalidades de la Política, de la Cultura, del Sindicalismo y están citadas numerosas víctimas y familiares, los que han solicitado un mayor apoyo de la Justicia Italiana para recibir oportuna asistencia jurídica a los efectos de lograr un mayor aporte al juicio en razón de situaciones de distancia y comunicación. LA ONG. 24 DE MARZO. colabora activamente en los diversos aspectos del Juicio, a través de su presidente Jorge Ithurburu(argentino) y la experta abogada Gabriela Pereyra (uruguaya)Directora Internacional de la Ong. AUXILIA.

En coincidencia con la audiencia mensual del juicio, realizan en el auditorio de la Fundación Lelio y Lili Basso, una conferencia o panel que contribuye a la difusión de la Historia Reciente en América Latina y en especial en Uruguay y Argentina y las acciones en materia de Justicia y Reparación. En esta ocasión, se realizó la presentación del libro “Los niños robados” del escritor Federico Tulli, que cuenta con el prólogo de Martín Almada y en el panel intervinieron María y Silvia Bellizzi y los ya mencionados Jorge Ithurburu y Gabriela Pereyra. El evento contó con numerosos referentes sociales y políticos italianos. María Stella Cáceres. 2/10/2015. IMÁGENES: Juicio Op. Cóndor en aula bunker cárcel de Rebibbia , Roma24.9.15

Leer más

Colombia Reformas universitarias para dejar la condición de subalternas

 Por Manuel Humberto Restrepo Domínguez:

Las Reformas Académicas en las universidades públicas del país, son una necesidad primordial para asumir con responsabilidad los mandatos de la paz en curso, que comprometen constitucionalmente tres periodos de gobierno. Investigar (Investigación), Formar (Docencia) y Extender (Extensión) requieren con urgencia ajustes institucionales y de reorganización de contenidos y modos de acción que aporten para construir el proyecto colectivo de nación en paz, implementando prácticas útiles para la no repetición del horror y para impedir el regreso a la barbarie.

Las reformas hacen parte del desafío de las universidades y para salir del horror padecido por algunas que fueron víctimas directas de desaparición, asesinato, estigmatización y amenazas a estudiantes, profesores y trabajadores y que permanecieron acorraladas por la fuerza marginal de agendas de la violencia y de la guerra.

Las reformas no son solo una fórmula de ajuste curricular formal, son ante todo la oportunidad para recuperar el sentido, capacidad y renovación de sus actos de creación de ciencia con conciencia social y de hacer frente a los obstáculos que las debilitan y mantienen a merced del mercado. Las reformas, que algunas han emprendido, tendrán que hacerse con el espíritu de libertad de este tiempo y atender las demandas culturales y científicas de la población no escuchada a causa del horror. Las reformas tendrán que actualizar su misión guardando equilibrios entre la sociedad global del conocimiento y la realidad local de profundos conflictos por desigualdad, exclusión y discriminación.

Las universidades con raíces en el siglo XIX (como la U.N., UdeA., UPTC), nacieron con la misión de aportar a la configuración de una nación independiente y de formar intelectuales que fueran la conciencia crítica para la transformación social. A comienzos del siglo XX, hace 100 años, la universidad en general sufrió un cimbronazo que la cambió, cuando en junio de 1918, el Movimiento de Córdoba, Argentina, promovió una reforma profunda que las señaló de permanecer incrustadas en estructuras coloniales de modelos ajenos y les definió un trazado en la historia y aunque muchas no lograron ser lo que debían ser, por lo menos dejaron de ser lo que eran, atrasadas, autoritarias, dogmáticas.

Córdoba recuperó el sentido de la Universidad critica, comprometida con su tiempo y las demandas de sus pueblos y dejó como gran legado la autonomía, sostenida por los pilares de docencia, investigación y extensión, independientes y articuladas, para crear la ciencia, formar y escuchar y atender a la gente. La autonomía la liberó de ser el apéndice del poder político y de servir a los intereses de los poderosos y le abrió la posibilidad para pensar con pensamiento propio, derribar muros y promover su función social y de transformación con creatividad e imaginación.

Un siglo después, el legado de Córdoba, está presente y debe ser un inevitable punto de referencia, aunque el mundo es otro. Los avances de la ciencia han cambiado la vida, resuelto enigmas y conflictos que parecían imposibles de resolver. Pero también el mundo se ha vuelto más ilegible y peligroso, hay lugar para los derechos, pero las nuevas formas de represión producen daños más dolorosos e irreversibles. Hay nuevas dimensiones y múltiples maneras de interpretar y conectar la realidad y la imaginación. Pequeños artefactos controlan la vida, el tiempo, la historia, modifican percepciones y hacen confundir la realidad material con las cifras. Lo virtual, las simulaciones, los performances rompen fronteras que parecían infranqueables y dejan al descubierto que las universidades ya hacen parte de las dinámicas del mercado de conocimiento y ahí están encerradas.

El siglo XXI, trae nuevos elementos inevitables para toda reforma, asociados a la formación, la comprensión y el uso del conocimiento. Los actores son los mismos, el conocimiento circula cientos de veces más rápido por redes en las que se impone lo efímero, lo narcisista, lo escandaloso, que hace más hurañas y ajenas a las personas y más ausentes y lejanas de resolver la pregunta del siglo XIX, por el quien soy yo y por mi papel en el planeta. El siglo XXI trae mundos entrecruzados, rizomas que se meten por todas las fisuras, capitales especulativos que lo cambian y compran todo. El ímpetu de la era tecnológica modifica rápidamente las formas de relación humana y logra que ya ninguna totalidad sea explicable desde una sola ciencia, ni un mismo patrón de comportamiento.

El tiempo de este siglo es atomizado y discontinuo, en cualquier lugar y hora, se puede lograr una fórmula de paz o producir la más ruda violencia, basta una palabra, un click, todo se vuelve perecedero. El estudiante ya no busca a un profesor que lo eduque para el futuro (que perdió importancia), él quiere acumular datos, resolverlo todo de inmediato, saber para el instante, (el “internet y el correo electrónico hacen que la geografía y la propia tierra desaparezcan” B. Chul Han, el aroma del tiempo).

Lo urgente para la universidad tendrá que ser entonces reorganizase para circular saberes y prácticas que entreguen fundamentos, estructuras, bases sólidas para que seres humanos concretos y contextualizados aprendan a pensar y a actuar responsablemente conforme a los estatutos de cada saber, en equilibrio con un humanismo, ciudadanía, ética y verdad, útil  para convivir pacíficamente, tanto en el campus de la ciencia y la cultura, como en su condición de actores en medio de la adversidad de la realidad material, de un país en el que tres de cada cuatro viven con derechos a medias y pobreza completa.

Cualquier reforma universitaria contemporánea, tiene que aportar para dar el salto del odio al relato colectivo de nación en paz y antes que respuestas hay que definir los problemas que pretende resolver, reconocer que a nuevos problemas nuevas formas de solución, pero en contexto y en concreto, con y para seres humanos determinados. La meta de una reforma no es diseñar otro currículo que apenas espolvoree los viejos cubículos de las ciencias para agregar conceptos modernos sin asimilarlos, ni aprehenderlos (paz, ambiente, derechos, genero) y dejar todo igual o contablemente producir cierres con sumas iguales (asignaturas, créditos, horas) sin historia, ni significado en contexto.

El momento promete ser de quiebre para recuperar la capacidad de interpelar las políticas trazadas desde afuera, dejar de responder a operaciones matemáticas que integran dedicación y demanda de profesores con estándares y recursos disponibles para ofrecer aprendizajes ajenos y repetitivos a sus estudiantes. Es un momento de reto profundo para las universidades, para atreverse a pensar por cuenta propia en tiempos de mezclas, matices, diversidades y pequeños relatos capaces de trastornar lo más estable.

Es tiempo en el que hay democracias sin pueblo y pueblos sin rumbo, que esperan de sus universidades, sus profesores y estudiantes, respuestas y caminos para seguirlos. Es tiempo de asuntos modificables, sin inderogables, sin cosas insalvables, ni compromisos para realizarlos de por vida. Deja de existir el programa eterno, la formula incorregible, la verdad única, el maestro incuestionable, el estudiante perfecto, la institución incuestionable.

Es el tiempo de otras maneras de conectar e interconectar, sin ciencias puras, ni duras, ni blandas, de performances que se sobreponen a la exposición, de sonidos impuros, derechos complejos, multiplicidades, diversidades, intersecciones, nuevas mezclas, aparatos, metodologías, economías que controlan a la política. Es el tiempo de asumir el reto de pensar con pensamiento propio para dejar de ser universidades subalternas.

mrestrepo33@hotmail.com

Leer más

Tiempos de tormenta

Por Carolina Vásquez Araya:

En estos días se debaten casos difíciles para el sistema de justicia de Guatemala.

Cuando llegué a una Guatemala con 5 millones de habitantes, hace poco más de 44 años, encontré al país en medio de una de las guerras internas más cruentas de América Latina. Una cadena de regímenes dictatoriales, un absoluto desprecio por los derechos humanos –esas “malas palabras”- y una población silenciada por el miedo y la represión. Medio ingenua como era, viniendo de un país en donde la política se practicaba libremente desde los años de colegio, me resultaba extremadamente difícil asimilar esa nube gris que se cernía sobre cada comentario, cada palabra dicha al pasar, hasta que me fui acostumbrando a las frases a medias, los silencios cargados de significado y la impotencia de quienes aspiraban a construir una nación libre e independiente.

Con el transcurrir de los años y ya inmersa en la realidad centroamericana, pude constatar la increíble resistencia psicológica de la población guatemalteca, quien no obstante los obstáculos opuestos a su normal desarrollo continuaba en una lucha decidida en pos de la consolidación de su débil sistema democrático y el respeto por los derechos humanos. Esta determinación ciudadana, sin embargo, durante décadas ha chocado de frente con las sólidas estructuras de corrupción e impunidad heredadas de los gobiernos castrenses y sostenidas al amparo de regímenes supuestamente democráticos, cuyos líderes han permitido y aprovechado las circunstancias para perpetrar toda clase de abusos.

En este escenario resulta verdaderamente impresionante la valentía de personas como la madre y las hermanas de Marco Antonio Molina Theissen, quienes a pesar de los años transcurridos desde la desaparición forzada de su hijo y hermano a la edad de 14 años, han llevado ante la justicia a 5 militares de alto rango quienes por primera vez enfrentan la perspectiva de pasar en prisión el resto de su vida. Ellos son Benedicto Lucas García, Manuel Antonio Callejas, Francisco Luis Gordillo, Edeliberto Letona Linares y Hugo Ramiro Zaldaña Rojas. Estos militares son acusados por la desaparición forzada de Marco Antonio y el secuestro, violación y tortura de su hermana Emma.

Este caso se suma a otro de inmensa relevancia, como el juicio por genocidio contra Efraín Ríos Mont –fallecido recientemente- y José Mauricio Rodríguez Sánchez por las masacres en contra de la población ixil. Este último juicio con una histórica sentencia por genocidio dictada y luego suspendida por la Corte de Constitucionalidad, representa uno de los hitos más significativos en la búsqueda de justicia para miles de guatemaltecos víctimas de la represión y el exterminio durante los 36 años que duró el conflicto armado interno.

Al ampliar la perspectiva y echar una mirada a los otros dos organismos del Estado, llama la atención de inmediato la evidente carencia de compromiso de las máximas autoridades por realizar un esfuerzo para garantizar la transparencia en la elección de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público. De hecho, se hace obvio el interés por protegerse ante la posible eventualidad de que a esa dependencia llegue un profesional íntegro y, por lo tanto, decidido a mantener la línea que hasta ahora ha llevado esa importante dependencia.

Depende ahora de una ciudadanía informada y activa ejercer la fiscalización indispensable para lograr la consolidación del sistema de justicia en un marco de ética y transparencia, derribar los obstáculos opuestos al avance de la democracia e impedir el avance de fuerzas antagónicas a la instauración de un verdadero estado de Derecho. Nadie más podrá lograrlo.

De una ciudadanía activa y consciente dependerá la derrota de quienes buscan torcer la justicia.

elquintopatio@gmail.com

Leer más