Por Carlos Carrera:
Hay un agravante del delito de homicidio que se aplica en
casos de extrema violencia y es cuando el mismo se comete con “impulso de
brutal ferocidad”. Salvando las distancias penales, esa expresión aplica para
referir al Ministro de Defensa – Javier García- quien actúa con impulso de
brutal –y total- hipocresía. Y hasta con una alta dosis de cinismo, pues no
manifiesta ningún pudor con apreciaciones que no resisten ningún archivo. Solo
así se puede explicar que quien integra un Partido Político que nada hizo por
enjuiciar a represores y asesinos, se arrogue el derecho de atribuir pactos
secretos al único gobierno que hizo posible aplicar un poco de justicia contra
los promotores del terrorismo de Estado.
Lo que nadie dice
En primer lugar, debemos repetir -hasta que quede
materializado en negro sobre blanco- que hoy el protagonista de las actas tan
comentadas, fue condenado por la Justicia por delitos de lesa humanidad. A su
vez, que fue el gobierno del Frente Amplio el que habilitó su enjuiciamiento
–junto con otros represores-. Hasta entonces, antes del año 2005, los gobiernos
blanquearon colorados frenaron cualquier intento de Justicia, aplicando de una
manera extensiva la mencionada Ley de Caducidad.
Para habilitar los juicios de acuerdo a la Ley de Caducidad,
la Justicia debía pedir un informe al Poder Ejecutivo, y así se determinaba, si
el caso estaba comprendido o no en la misma. En este punto, se ha incurrido en
error al invocar el Art. 4, el que refiere a la búsqueda de los desaparecidos,
circunstancia que tampoco se cumplió a cabalidad durante los gobiernos blanqui
colorados. Fue recién con la llegada de Jorge Batlle en el año 2000 y la
creación de la Comisión para la Paz, que se investigó algo sobre el paradero de
los desaparecidos, pero el balance fue negativo.
Esta ley, más allá de ser inconstitucional y una verdadera
afrenta jurídica, no era interpretada y aplicada de manera correcta. En este
sentido, no estaban comprendidos ni los civiles ni los mandos militares que
daban las órdenes. A pesar de esto, los gobiernos anteriores al Frente Amplio
siempre interpretaron que todos los casos estaban incluidos y con ello,
frenaron todo intento de que la Justicia investigara.
Hubo un antecedente en 2003 (gobierno colorado), cuando se
intentó procesar al ex Canciller de la Dictadura -Juan Carlos Blanco- por el
caso Elena Quinteros. En este caso, la interpretación que hizo el Juez de la
causa (el Dr. Recarey), era que no debía consultar al Poder Ejecutivo, por
tratarse, justamente, de un civil. Sin embargo, en aquel momento, el Poder
Ejecutivo se encargó de que se impusiera la Ley de Caducidad, impulsando la
nulidad del procesamiento, a pesar de que era un civil y no lo alcanzaba la ley
antedicha. Todas estas afrentas a la Justicia promovidas por los blancos y los
colorados entre el año 1985 y 2005, son reales, ocurrieron y constituyen una de
las páginas más amargas de la historia posterior a la recuperación
democrática.
Todavía queda en la memoria el informe que hicieran durante
el primer mandato de Julio María Sanguinetti, por el que entendían que el caso
de los asesinatos de Michelines y Gutiérrez Ruiz, estaban comprendidos por la
Ley de Caducidad, lo que mantuvo el expediente archivado. Según el gobierno de
Sanguinetti, la Ley de Caducidad era tan amplia que resultaba aplicable a los
homicidios cometidos en Argentina. Una ley interna de naturaleza penal con
efectos extraterritoriales. ¡Toda una novedad!
Todos estos antecedentes dan cuenta de la trama de impunidad
que se fue tejiendo durante los cuatro primeros gobiernos posteriores a la
dictadura y que recién se empezó a deshilachar a partir del año 2005. Por eso,
conviene recordar y tener memoria de lo que pasó, porque parece que se quiere
incriminar de manera injusta a nuestra fuerza política, cuando en realidad las
cosas son muy distintas. Vayamos a los hechos recientes.
En cuanto a las actas de Gilberto Vázquez que le llegaron a
Familiares y dan cuenta de varias atrocidades, está claro que los integrantes
de dicho Tribunal de Honor, omitieron hacer cualquier referencia al contenido
de las declaraciones del militar retirado, tanto en el Acta No. 20 de
Deliberación (de 34 páginas de extensión), como en el Acta No. 21 del Fallo,
para que el mando civil no tuviera conocimiento de la situación.
Estas acciones confirman –por si quedaba alguna duda- el
pacto de silencio que existe y existió siempre en la institución militar. Pacto
de silencio que volvimos a ver en el Tribunal de Honor de 2018, donde no se dio
la información en el momento que se tomaron los testimonios –de los que surgían
conductas delictivas y debió pasarse a la Justicia- ya que lo que se buscaba
era que la verdad no saliera a la luz; que no quedara estampado en documento
público (las actas del Tribunal de Honor), que durante la dictadura cívico militar
se torturó, asesinó y se hizo desaparecer personas.
Hipócrita que te muestras
Sin el menor atisbo de vergüenza –y sin siquiera un mínimo
de memoria- el hoy Ministro de Defensa se florea por los medios de prensa
volanteando información que se ocultó́ de forma flagrante por los mandos
militares de turno.
Justamente, quien integra un partido político que nada hizo
durante el tiempo que lo tuvo como socio de turno en el poder, pretende inducir
a la opinión pública a pensar que existió un pacto de silencio durante el
gobierno de Tabaré́ Vázquez. Pacto, a través del cual se incrimina a una mujer
intachable como la ex Ministra de Defensa y compañera, Azucena Berutti.
Justo él, que no tuvo mejor idea que interferir con la
Justicia mostrando preocupación (e involucrando al mismo presidente de la
República), ante el procesamiento de un militar que diera muerte por la espalda
a un detenido que pretendía huir estando esposado, con el argumento de que
habían pasado muchos años de un delito imprescriptible.
Justo él, que ostentó un título universitario acreditando
una especialización que no tenía y al mismo tiempo, se hacía eco de denuncias
de idéntico tenor.
La hipocresía es toda una seña de identidad que lo
caracteriza, y es esa misma hipocresía la que hay que denunciar cuando se
intenta utilizar el poder para tergiversar la historia. Una historia que
demuestra, sin margen de error alguno, que el único gobierno que investigó y
enjuició a los autores de delitos de lesa humanidad fue el Frente Amplio.
Para muestra basta recordar que cuando Gilberto Vázquez se
escapó́, varios actores políticos de entonces –entre quienes estaba el actual
Ministro de Defensa- hicieron gárgaras con el hecho, en un vano intento por
desprestigiar al gobierno del Dr. Tabaré́ Vázquez.
Asimismo, durante el gobierno de Mujica, se dictó́ sentencia
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Gelman, que obligó
al Estado uruguayo a cumplir dicho dictamen derivando en la eliminación de los
obstáculos que representaba la Ley de Caducidad, ajustando el derecho interno
al internacional del que nuestro país forma parte. Y su gobierno revocó – por
razones de legitimidad- todos los actos administrativos, Mensajes emanados del
Poder Ejecutivo, dictados en aplicación del Art. 3 de la Ley 15.848, que
establecía que los hechos denunciados estaban comprendidos en las disposiciones
del Art. 1 de la citada ley, declarándose que los mismos no estaban
comprendidos.
En otro orden, y muy a pesar de quienes hoy son gobierno –
algunos de los cuales registran tristes archivos de sus manifestaciones
públicas sobre el hallazgo de restos de desaparecidos- no “solo se removió́
tierra” sino que se encontraron restos de compatriotas que fueron enterrados
clandestinamente en cuarteles militares. Lugares a los que sólo los gobiernos
del Frente Amplio entraron para buscarlos, y encontrarlos, muy a pesar de
ellos.
Ante tamaña hipocresía, los hechos responden por sí mismos.
La historia da cuenta que solo los gobiernos del Frente Amplio hicieron lo que
ellos nunca tuvieron intención de hacer: que la Justicia llegara a todos por
igual. Hoy ostentan cargos de responsabilidad, pero la historia los juzgará, a
su tiempo, por sus hechos u omisiones.
Mientras tanto, la verdad sigue pidiendo espacio para
salir...
Dr. Charles
Carrera Leal
Senador de la
República
MPP - Espacio 609
- Frente Amplio
