Las falsas democracias son una cubierta del fascismo

Por Diego Olivera Evia:

Las mentiras y los genocidios de Trump y sus lacayos

En esta nueva entrega nos parece importante, redefinir las políticas emplazadas por Donald Trump, basadas en la mentira y el terrorismo, han creado una crisis en la Unión Europea (UE),  el mandatario norteamericano desprecia y abusa de la burla y el nepotismo, abusando de los mandatarios como en la reciente prepotencia sobre el presidente de España Pedro Sánchez, al cual obligo a sentarse en la reunión del G20, demostrando su concepto de una visión déspota,  de esa misma manera a abusado su falsa retórica, en la mandataria de Alemana Merkel, como a otros miembros de la UE.

El uso de la mentira ha sido el mayor mensa je de un presidente bipolar, que no repara en sus groserías, en su falta de capacidad para crear una visión imperialista, basada en su concepción de la Supremacía Blanca, tratando de imponer mecanismos de presión sobre las naciones del mundo, la misma UE a acatado los desvaríos de un payaso de la política, con el gran peligro de un poder atómico y sus marines y flotas criminales surcando a todos los continentes, a similitud de los corsarios en los mares, sin bandera y controlando las naciones  con su prepotencia, a través de su equipo de asesinos y terroristas.

Algunas apreciaciones sobre el gabinete de Trump 

Un consejero de Seguridad Nacional que piensa que la ONU “no existe” y defiende el derecho a un ataque preventivo de contra de Corea del Norte; un secretario de Estado que pide la pena de muerte para Edward Snowden y se pregunta en público si Dios escogió a Donald Trump “como a la reina Esther para ayudar a salvar a los judíos de la amenaza iraní”; un representante para el conflicto de Venezuela que se define como un “gladiador” de la era Reagan o un asesor para asuntos cubanos detractor a ultranza de la política de deshielo del Gobierno anterior.

El coro de voces que modela la actual política exterior estadounidense está formado por una cuadrilla de nuevos y viejos halcones más que dispuestos a ejercer el viejo papel de policía del mundo. Hay que regresar a la era de George W. Bush para encontrar una influencia comparable del movimiento neoconservador en la Administración. El oído al que ahora susurran sus apóstoles, sin embargo, es el de un presidente que supuestamente defendía un giro aislacionista. Corren tiempos extraños en Washington.

El regreso del ardor guerrero se encarna muy especialmente en Bolton, consejero de Seguridad Nacional y miembro de la Administración de Bush hijo. Firme defensor de la invasión de Irak y convencido en 2002 –equivocadamente- de que Cuba estaba fabricando armas biológicas, es ahora la voz de fuego de EE UU en el conflicto de Venezuela. Un día amenaza con enviar a Nicolás Maduro a Guantánamo, otro deja ver -supuestamente por accidente- unas notas en las que habla de enviar tropas a Colombia, y otro señala con nombres y apellidos a tres miembros del régimen chavista que supuestamente estaban conspirando con la oposición.

Bolton llegó a la Casa Blanca para sustituir al más moderado general H. R. McMaster hace un año, cuando, además, Mike Pompeo, entonces director de la CIA, se convirtió en secretario de Estado. Pompeo es un destacado militar, primero de promoción por West Point y muy religioso, que se convirtió en congresista por Kansas aupado por la ola ultraconservadora del Tea Party. Fue de los primeros detractores del acuerdo nuclear con Irán, del que se retiró Trump, reforzó las operaciones encubiertas en Afganistán durante su breve mandato en Inteligencia y considera que habría que ejecutar al exanalista de seguridad Snowden.

Esta es la realidad de un modelo intervencionista, que aplica la prepotencia sobre los presidentes y cancilleres, burlándose de la mandataria mujeres, producto de la intolerancia de Trump, a los mandatos femeninos, de la misma manera en su época de payaso y controlar a las Mis Mundo, execro a varias candidatas y demostró un hombre sin principios y valores.

 Las falsas democracias son una cubierta del fascismo

El fascismo es una ideología política y cultural fundamentada en un proyecto de unidad monolítica denominado corporativismo, por ello exalta la idea de nación frente a la de individuo o clase; suprime la discrepancia política en beneficio de un partido único y los localismos en beneficio del centralismo; y propone como ideal la construcción de una utópica sociedad perfecta, denominada cuerpo social, formado por cuerpos intermedios y sus representantes unificados por el gobierno central, y que este designaba para representar a la sociedad.

Para ello el fascismo inculcaba la obediencia de las masas (idealizadas como protagonistas del régimen) para formar una sola entidad u órgano socio espiritual indivisible. El fascismo utiliza hábilmente los nuevos medios de comunicación y el carisma de un líder dictatorial en el que se concentra todo el poder con el propósito de conducir en unidad al denominado cuerpo social de la nación.

El fascismo se caracteriza por su método de análisis o estrategia de difusión de juzgar sistemáticamente a la gente no por su responsabilidad personal sino por la pertenencia a un grupo. Aprovecha demagógicamente los sentimientos de miedo y frustración colectiva para exacerbarlos mediante la violencia, la represión y la propaganda, y los desplaza contra un enemigo común (real o imaginario, interior o exterior), que actúa de chivo expiatorio frente al que volcar toda la agresividad de manera irreflexiva, logrando la unidad y adhesión (voluntaria o por la fuerza) de la población.

La desinformación, la manipulación del sistema educativo y un gran número de mecanismos de encuadramiento social, vician y desvirtúan la voluntad general hasta desarrollar materialmente una oclocracia que se constituye en una fuente esencial del carisma de liderazgo y en consecuencia, en una fuente principal de la legitimidad del caudillo.

El fascismo es expansionista y militarista, utilizando los mecanismos movilizadores del irredentismo territorial y el imperialismo que ya habían sido experimentados por el nacionalismo del siglo XIX. De hecho, el fascismo es ante todo un nacionalismo exacerbado que identifica tierra, pueblo y estado con el partido y su líder.

Esta visión neo fascista se ha enquistado, en la mente de algunos sectores en Europa, como en América Latina, creando focos del nacismo como los muestran las esvásticas de Hitler, en Brasil, como la constitución de Pinochet en Chile, como el terrorismo y los crímenes de los gobiernos de Colombia y el asesino expresidente Álvaro Uribe, y ahora el payaso presidente Duque, miembro de los carteles de la droga y los paramilitares. Estas realidades muestran un retroceso de nuestra Latinoamérica y  crea una crisis moral y ética y son parte las denominadas y falsas democracias son regenteadas por EEUU y sus presidentes, con sus vasallos criminales.

Periodista y Analista Geopolítico

diegojolivera@gmail.com

Leer más

Colombia Corrupción en alza y membresía en la OCDE

Por Manuel Humberto Restrepo Domínguez:

La lucha contra la corrupción o es retórica de elites y gobernantes o es otra mentira, según los datos que muestran más retroceso que avance. De 2017 a 2018 la percepción de corrupción subió del puesto 90 al 96 entre 180 países, con calificación de 37 sobre 100 puntos (siendo cero el nivel más corrupto). La conclusión es que el país está permeado por la trampa, el fraude, el clientelismo y la impunidad y todo ocurre al más alto nivel del estado. Por esta razón, ni el asesinato sistemático de cientos de líderes sociales y defensores de derechos, ni la impunidad que favorece a funcionarios y políticos implicados en grandes fraudes pasados y presentes, ni las traiciones al acuerdo de paz, ni la explotación con veneno y destrucción de la biodiversidad, no inquieta ni pone en riesgo al poder, así como no minó la obsesión del gobierno por entrar en la OCDE.

¿Cómo lo hizo? ¿Fue lobby? ¿Informes maquillados? ¿Formalidades astutamente presentadas? ¿Ceguera colectiva de 30 gobiernos de países cuyas economías trabajan de conjunto para enfrentar los desafíos económicos y sociales de la globalización? ¿Cómo lo hizo?, no es claro, pero está ahí y podría valer para informarla de la otra realidad que vive el país y apostar por convertirla en la más firme aliada de la sociedad hastiada de corrupción.

Llegar a ser parte implicó superar pruebas de difícil demostración, ya que la OCDE está organizada en torno a valores fundamentales de: compromiso con la democracia pluralista basada en el estado de derecho (cuestionable en Colombia por la precaria independencia de poderes, la desigual aplicación de la ley y la exclusión de terceros con garantías para disputar el poder); respeto de los derechos humanos (impensable con la escabrosa realidad de líderes asesinados, políticos metidos con grupos criminales, paramilitarismo en boga y re victimización de victimas); y el objetivo de alcanzar un desarrollo económicamente sostenible (del que la corrupción es el principal freno, entre otros con 156 políticos vinculados penalmente a corrupción, a oct 2017: el tiempo.com).

Colombia, con todo y las dudas insuperables, ya es un país de la OCDE y le corresponde al gobierno el compromiso ineludible de enfrentar en serio los sistemas de corrupción incrustados en el estado y poner bajo juicio y castigo a los corruptus, para empezar por parecerse al menos a Panamá y Perú, con los que comparte el mismo índice de corrupción, pero no son de la OCDE. En Panamá el anterior presidente (Ricardo Martinelli) está preso por corrupción y espionaje (con presunto apoyo del gobierno Uribe) y; en Perú, el último presidente elegido (Kuczynski) fue destituido por corrupción y también están presos por lo mismo Fujimori y el anterior presidente y dos más enfrentan procesos penales. En Colombia, en cambio las respuestas para lo mismo solo son comprensibles aceptando que la corrupción tiene impregnado al país y que el estado está brutalmente contaminado, ya que el partido Centro Democrático (CD) que tiene la mayor y más grave cantidad de hechos de corrupción (crímenes de lesa humanidad, desfalcos, fraudes) ganó la presidencia, en alianza con otros sectores igualmente cuestionados, lo que hace presumir que usará el poder del gobierno para afirmar la tragedia, como queriendo ratificar la conclusión de Transparencia Internacional en su informe de febrero, respecto que: “El problema de la corrupción en Colombia carece de una solución de fondo”.

El gobierno del CD, sin embargo, está obligado constitucionalmente a desarticular las tramas de corrupción por ser desencadenantes de la violación de múltiples derechos, pero también porque “la justificación misma del Estado Social de Derecho pasa, entre otros aspectos, por la sujeción de la actuación de sus autoridades a los principios de legalidad, objetividad y debida utilización de los recursos públicos” (Sentencia C-172/06). En paralelo le corresponde enjuiciar y castigar a los responsables, para cumplir siquiera el mínimo exigido por la OCDE, que es líder global en la lucha contra la corrupción, por la legitimidad de países con tolerancia cero como Islandia, Nueva Zelanda, Dinamarca, Noruega o Canadá, donde tampoco se cometen homicidios y que podrán apoyar e intervenir con mecanismos de vigilancia in situ.

La gobernabilidad del CD, tendrá que ver con la manera como asuma la tarea urgente de investigar, detener y encauzar de inmediato a funcionarios públicos de alto nivel, que han robado, depredado o desviado recursos públicos hacia estrategias de terror y muerte y con mayor premura los grandes fraudes cometidos durante el régimen Uribe. El gobierno no tendrá excusa (salvo con ilegalidad), para impedir o negarse a recibir el apoyo de la sociedad civil, la ONU, la CIDH y la CPI, para actuar y crear comisiones de alto nivel con acompañamiento de la OCDE, que será la perfecta aliada de la sociedad, entre otras acciones para tomar lo mejor de experiencias internacionales de lucha contra la corrupción, empezando por sacar la definición de corrupción de los límites del delito económico y extenderla a formas de abuso de poder en los cargos, conflictos de intereses, saqueo de recursos, clientelismo y chantaje y entender que “la corrupción en Colombia comparte medios y fines con el crimen organizado y las economías ilegales” (Dir. Transparencia por Colombia).  

 Igual la OCDE podrá ser un buen aliado para avanzar en el propósito de convertir los códigos de conducta en herramientas jurídicamente ejecutables, que prohíban deshonestidad, clientelismo, conflicto de intereses y nepotismo y exigir a todos los funcionarios –del vigilante al presidente-, actuar con rectitud, ser honestos, decir la verdad y declarar el patrimonio como parte de unas estrategias de construcción de una cultura de paz y de derechos sin mediación de los corruptus.

El compromiso ético es rechazar totalmente cualquier forma de corrupción y promover pedagogías útiles a la formación de valores vitales de honestidad y respeto por la vida, la verdad y la justicia y para comprender que la corrupción es un complejo problema moral, social, político y económico que impide el buen vivir, el bienestar y el respeto por la vida y las diferencias. Es tiempo para salir de este síntoma de la enfermedad mayor representada en la toma del estado por verdaderas mafias con participación directa, anuencia u omisión de las elites en el poder. Salir de la la corrupción implica compromiso y decisión personal y colectiva para rechazar actitudes culturales o personales que tienden a creer que la corrupción es invencible y hasta necesaria por tradición. La corrupción se manifiesta mediante prácticas y estructuras y es imprescindible que la sociedad actúe para derrotarlas de raíz a ambas.

 P.D. La consulta anticorrupción, es un mecanismo efectivo para vincular al gobierno y a todas las instituciones del estado y de la sociedad en la aplicación inmediata de herramientas contra la corrupción y la tradición de los corruptus. Votar por el Sí es apoyar la honestidad, por encima de diferencias ideológicas o de partido, porque el fin es sencillamente humano, representado en superar la vergüenza de vivir y luchar en un país donde “cada vez hay más corrupción” (T.I, feb 2018).

mrestrepo33@hotmail.com

Leer más

Colombia La paz ante el asedio de las Leyes de Dios, Del Estado y Del Mercado

Por Manuel Humberto Restrepo Domínguez

Decisiones como las que ha tomado la corte constitucional respecto al pacto político de paz negociada, ya suscrito entre el estado y la insurgencia; la insistencia de los líderes de grupos político-religiosos por limitar derechos; iniciativas para favorecer a responsables de delitos atroces de paramilitarismo o corrupción con medidas especiales de reclusión, rebaja de penas o; la continuidad de contratos con empresas cuestionadas por violaciones a derechos, advierten de la existencia de tres tendencias en la concepción que orienta y somete a confusiones y estrategias de poder la vida judicial del país.

 Las tres se mezclan unas veces para complementarse, otras para subsidiarse y por solidaridad de poder y en el actual momento de tensión, ante la polarización a la que quieren devolver al país algunos sectores con la falsa disyuntiva guerra-paz, que ya está superada, queda al descubierto una disputa entre fuentes distintas en el orden discursivo y modos de acción, reconocible cada una a través de sus temas y defensores. La primera es la Ley de Dios, que en el siglo XXI ha reaparecido con fuerza, en buena parte por la cooptación del estado por el mercado que envió a la miseria a millones de personas y provocó el desmonte de los sistemas de gasto y asistencia social, lo que fue aprovechado para reconducir la desesperanza hacia la fe. Esta concepción es defendida por cientos[1]  líderes de congregaciones religiosas (pastores y de obispos), con representación en el gobierno, las cortes de justicia, el congreso y los medios, desde donde promueven el regreso del debate moral que pone en retroceso derechos y conquistas ya logradas, a la vez que fomenta temores al desconocido y pasiones por lo imponer lo propio.

La segunda es la Ley del Estado Laico, defendida por sectores progresistas,  intelectuales, sectores políticos minoritarios y la gran mayoría de organizaciones sociales que resisten contra las políticas del estado, que aceptan la existencia de un mundo cambiante movido por intereses de emancipación y deseos de libertad. En común en esta concepción se entiende el derecho como instrumento de regulación social y protección de derechos conquistados. Y la tercera es la Ley de las Mafias, que defienden sus conquistas a base del terror y consideran que el derecho es una mercancía a la que pueden acceder según su deseo personal, porque como todo conocimiento o cosa material la ley es un objeto de mercado que tiene precio y otorga el beneficio a quien pueda pagarla, y permite comprar inclusive a jueces, magistrados, funcionarios, condenas, vidas humanas y gobiernos.

La ley de Dios, es invocada para negarse a aceptar que el viejo régimen, de la constitución de Núñez de 1886, fue derrotado por las convulsiones sociales, civiles y armadas, cuyo punto de encuentro fue la Asamblea Nacional Constituyente que forjó la nueva constitución de 1991, que, abrió la puerta al estado moderno, respetuoso de los otros, de sus derechos y sus conductas, dejando atrás al antiguo régimen confesional en el que el estado estaba entregado al sagrado corazón, la política al frente nacional liberal-conservador y la vida personal a los prejuicios morales de los capataces de las fincas. De la puesta en escena política de la ley de Dios, para entorpecer derechos, no son responsables sus feligreses, que también hacen parte de los sectores vulnerados, excluidos y marginados por el poder.

Sus responsables hay que buscarlos entre congresistas, magistrados, gobernantes y directivas de instituciones que no separaran su fe personal y prejuicios de su oficio y a veces convierten sus despachos en capillas de oración, izan las banderas de fe de los cruzados, celebran oficios religiosos en nombre de las instituciones, fomentan la segregación en nombre de la hermandad y maldicen a quienes no acogen sus mandatos, sin precaución por entender que sus comportamientos violentan derechos, irrespetan y ofenden la conquista común llamada laicidad, consignada en la constitución que a pesar de ser agredida con frecuencia trata de afianzar el estado moderno, diverso y plural.

La ley del Estado, de carácter civil, se funda en la construcción humana de la justicia. Reconoce la historia de los pueblos, su fuente es la razón y funciona separada de todo prejuicio, reconoce a la ética no a la moral y juzga sin distinciones. Aunque es la única con validez efectiva, su aplicación resulta débil, por la inexistencia de un real estado de derecho, obstaculizado justamente por la solidez de las otras leyes. Es la ley que fundamenta sus actuaciones en la justicia material y reconoce a los derechos en la base de sus decisiones. Acoge los resultados de luchas sociales y sus formulaciones son técnicas, objetivas e imparciales con el fin de regular la convivencia y además contiene la letra y espíritu de los grandes aportes universales de protección de la vida humana y del planeta.

Es la ley que debe imponerse en el estado de derecho, más ahora que su capacidad es requerida para que el estado en cada uno de sus poderes entienda y aprehenda que los pactos políticos, como el acuerdo de paz entre el estado y la insurgencia, tiene esencia política y la ley del estado ha de ser el instrumento de garantía, no al contrario, máxime cuando al amparo de la ley de dios se produjo la derrota electoral del primer acuerdo, y que sus líderes tratan de cobrar para poner en retroceso la paz negociada.

La tercera ley que impera en Colombia con fuerza suficiente para provocar daños irreversibles, bien porque esta incrustada en el estado o por su alcance afirmado en las reglas del mercado, -para el que nada es legal o ilegal-, es la ley de las mafias, asociada a una idea de ley de la selva, del más fuerte, extendida a través de esparcir horror y sufrimiento, con la astucia del que delinque y sabe tapar o borrar las huellas de su crimen. Esta ley fomenta el espíritu mafioso y criminal del todo vale, del astuto, el cínico, el perverso que desconoce toda construcción humana colectiva, se hace y aplica con base al interés propio de un sector, grupo o cofradía que invalida lo que sea para imponer lo suyo.

La existencia entrecruzada de estas tres concepciones ponen en tensión el valor de la ley impidiendo consolidar un estado de derecho real, solido, legítimo y capaz de responder en democracia a los retos que plantea este tiempo de complejidades, de interconexiones que superan todo limite previsto y de creación colectiva de una paz estable y duradera. El primer paso para todas las concepciones es abandonar su ideologización respecto al espíritu contrainsurgente que provoca odios y discriminaciones, al tiempo que el estado emprenda la tarea de imponer para todos los poderes, instituciones y funcionarios, la soberanía del derecho de concepción civil y laico, que es único con capacidad para representar legítimamente a la nación entera y fomentar la protección y respeto por los derechos humanos. Solo de esta manera se podrá garantizar el transito no otra vez del antiguo régimen a la sociedad moderna, si no de la guerra a la paz con plenos derechos.

El objetivo común tiene que ser el de crear una cultura de la legalidad que fomente la convivencia democrática, sirva para recuperar el valor de la vida como esencia de toda actuación humana y contribuya a reconstruir las instituciones y aceptar con respeto la ley como norma fundamental de garantía para que Colombia no sea una buena noticia para turistas, sino una maravillosa realidad para vivirla con paz y dignidad.

mrestrepo33@hotmail.com

Leer más