Perú en resistencia (III)

 Por Oscar Rotundo*:

EL PUEBLO DE PERÚ RECLAMA UNA NUEVA CONSTITUCIÓN. 

La crisis de Perú, con toda su complejidad, enfrenta un desafío electoral y una urgencia constituyente para ajustar el contrato social a la necesaria refundación de la nación. La Constitución de Perú, con todas sus transformaciones, muestra que, el proyecto histórico de país, contenido en ella, no se adapta a la realidad; es por eso que el pueblo reclama nuevas reglas para una convivencia pacífica y en prosperidad.

Un nuevo sujeto social y político, desde las calles, llama a romper con el andamiaje político que ha manipulado la “Carta Magna” históricamente, poniendo por delante los privilegios de la minoría propietaria, sobre los derechos de la mayoría que con su trabajo y sus sacrificios ha construido el Perú.

La “Primera Ley” o “Norma Fundamental” de la nación, ha sufrido varias reformas constitucionales *[1], siendo la de 1993, una de las más polémicas por su origen, concreción y articulado.

En palabras de Patrick Henry*[2], “La Constitución no es un instrumento del gobierno para controlar al pueblo, es una herramienta del pueblo para controlar el gobierno”;  es un texto codificado de carácter jurídico-político, surgido de un Poder Constituyente; ahora, cuando ese Poder Constituyente es suplantado por una parodia que posibilita la realización de acuerdos entre facciones políticas de espalda al pueblo, la incongruencia entre el Poder Constituido y el Poder Constituyente, forman un cuerpo de contradicciones antagónicas que, tarde o temprano, destruye el contrato social y hace inviable la gobernabilidad.

De esto se trata la Constitución fujimorista que, desde hace 30 años, es cuestionada y desafiada por los sectores populares, por haberse convertido en la hoja de ruta para el saqueo y la corrupción en el país.

Según expresa la encuesta nacional de Datum Internacional*[3], el 56% de los consultados se mostró de acuerdo con cambiar la Constitución; un 27% respondió estar en desacuerdo con ello y un 17%, aún, no había tomado posición sobre el tema. 

El 25% de ese 56%, señala, “no podemos seguir teniendo la Constitución de Fujimori” y un 31% de los encuestados se pronunció a favor de mayor castigo para los corruptos; ahora, un 55%, de los que no están de acuerdo en cambiar la “Carta Magna”, “no confían en que los congresistas puedan elaborar una mejor constitución que la que existe”. 

Estos datos no son menores, porque los exterioriza el pueblo en las calles, bajo la consigna “que se vayan todos”; un estado de ánimo que evidencia la frustración de la sociedad sobre lo actuado por la clase política, teniendo en cuenta que, desde Alberto Fujimori, hasta Martín Vizcarra, han sido seis los presidentes, investigados, condenados, o separados de sus cargos por casos de corrupción. Una constante de inestabilidad política que durante tres décadas ha socavado la legitimidad de las instituciones. 

Esta realidad histórica, que se agravo con la pandemia del Covid-19, también se manifiesta en el escandaloso nivel de desigualdad social que vive Perú.

En una situación donde la sobrevivencia y el acceso a los medios subsistencia para los sectores más vulnerables, se vuelven cada día más difíciles, hallamos que, entre las personas más ricas del mundo para el año 2020*[4], figuran 6 peruanos; Carlos Rodriguez Pastor, con una fortuna estimada de 4.000 millones de dólares; Eduardo Belmont, con 2.000 millones de dólares; Vito Rodríguez, con 1.800 millones de dólares; Ana María Brescia Cafferata, con 1.500 millones de dólares; Jorge Rodríguez Rodríguez, con 1.400 millones de dólares y Eduardo Hochschild, con una fortuna de 1.100 millones de dólares. 

Estos ciudadanos, que se han capitalizado gracias a la situación del Perú, podrían contribuir impositiva y proporcionalmente a la dimensión de sus riquezas, si en la Constitución se contemplara una carga monetaria, para quienes llegan a ese escandaloso nivel de capitalización; para hacer que el Estado pueda, sumar ese aporte para solucionar los problemas sociales en general y mejorar así, la calidad de vida de las personas más necesitadas y de toda la comunidad. 

Al respecto, el jefe para América Latina y el Caribe, del Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Sebastián Nieto, manifestó, "la recaudación fiscal por el pago de impuestos sigue siendo muy baja en Latinoamérica y reduce poco las desigualdades"… “el fisco en la región recauda un 23,1% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que en los países de la OCDE ese promedio alcanza un 34,4 por ciento” *[5]. 

Quienes están en contra de este tipo de medidas, plantean que un alza tributaria dañaría la inversión y la creación de empleos, haciendo más difícil la recuperación económica, y que esto, provocaría una fuga de capitales hacia países con menos impuestos, pero resulta ser que, de los 19 países de América Latina; Perú (16,1%),  es uno de los países que menos impuestos recauda, junto a Guatemala (12,6% del PIB), y República Dominicana (13,7%), según los datos recogidos  del informe de Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe, elaborado por OCDE, CIAT, BID, CEPAL; siendo Cuba (41,7% del PIB), Brasil (32,2% del PIB) y Argentina (31,3%), los lugares en los que más se paga impuestos*[6]. 

Otro elemento que desmiente los argumentos planteados por los sectores propietarios, es que el 22,9% de los jóvenes entre los 15 y 29 años, en Perú, ni trabajan ni estudian; sumando casi 2 millones de jóvenes (1.908.592), según un informe del Centro de Investigación Empresarial (CIE) de PERÚCÁMARAS; y, en cuanto a los que consiguen trabajo, el 83,4% de jóvenes menores a 25 años, tienen empleo informal; conclusión, pagan menos impuestos y no generan ni trabajo, ni bienestar para la sociedad. 

Perú tiene una tasa de informalidad laboral de más del 70% de la población económicamente activa, o sea, trabajadores sin ningún tipo de protección. 

En el informe de Unicef, “pobreza y desigualdad en niñas, niños y adolescentes en Perú; estimaciones2020-2021”, se señala que “En el plano económico, el Perú será uno de los países más afectados del mundo, con una contracción en el Producto Bruto Interno (PBI) de -12%, en el 2020, según el Banco Mundial (2020) y el Banco Central de Reserva del Perú (2020), aunque existen proyecciones más pesimistas, como la del Fondo Monetario Internacional (2020)” *[7]. 

Con este statu quo, la corrupción, la especulación y la manipulación, hacen que pocos se beneficien mucho y muchos se perjudiquen inevitablemente. 

Es por esto, que la gente visualiza que una nueva Constitución puede abrir las puertas a grandes soluciones que nivelen la situación general, pero lo importante, lo fundamental, es que la gente, que todos los sectores de la sociedad participen directamente en la conformación de la Carta Magna. 

Que la sociedad pueda elegir a sus representantes, más allá de los partidos políticos y que puedan ser constituyentes, los representantes de los campesinos, los indígenas, los trabajadores, formales e informales, los estudiantes, los profesionales, los artistas, los militares, las minorías étnicas y religiosas, de la diversidad de género, de las mujeres, etc. Que la sociedad se vea reflejada en el nuevo contrato social y que, a través de este cuerpo de leyes se construyan las herramientas para acompañar la gestión de gobierno mediante la complementariedad del Poder Constituyente y el Poder Constituido. 

Sólo así, la nación andina, encontrará el camino hacia su refundación soberana, en paz y con justicia social. 

Nota

*[1] https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_constitucionalismo_peruano#

*[2] Patrick Henry (1736 –1799; Virginia, Estados Unidos). Figura prominente en la Revolución estadounidense, conocido y recordado principalmente por su discurso "Give me liberty or give me death" ("dadme la libertad o dadme la muerte"). Junto a Samuel Adams y Thomas Paine, fue uno de los más influyentes (y radicales) defensores de la Revolución americana y del republicanismo, especialmente en sus denuncias de la corrupción de los oficiales del gobierno y su defensa de los derechos del hombre.

*[3]https://redaccion.lamula.pe/2020/11/02/56-de-peruanos-a-favor-de-cambiar-la-constitucion/redaccionmulera/

*[4] https://www.rankia.pe/blog/mejores-opiniones-peru/2106459-quienes-son-personas-mas-ricas-peru-2020

*[5] https://www.bbc.com/mundo/noticias-52686446

*[6] https://www.bbc.com/mundo/noticias-47572413

*[7] https://www.unicef.org/peru/informes/covid-19-impacto-pobreza-y-desigualdad-en-ninas-ninos-y-adolescentes-peru-estimaciones2020-2021

Para Periodismo Internacional Alternativo (PIA Global).

 rotundointernacional2020@gmail.com

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Los sin vergüenza

Por Juan Pablo Cárdenas S: 

Hubiera querido en esta columna dar cuenta de una profunda autocrítica de la clase política después de los resultados del Plebiscito. A propósito de ese casi ochenta por ciento de ciudadanos que votaron por derogar la Constitución de Pinochet, pero, también, para expresar su repudio al Gobierno, al Parlamento y, en general, a los más altos funcionarios públicos, incluidos los oficiales de las FFAA, las jefaturas de Carabineros y de la policía civil. Sin embargo, antes de que se escrutaran los últimos sufragios, los partidos hicieron caso omiso de la sentencia popular y a la mañana siguiente reiniciaron su consabido oficio electoral.

Por cierto, que, tampoco, hubo ministros, subsecretarios, legisladores, alcaldes o concejales que renunciaran a sus cargos o dejaran a disposición de los militantes la conducción de sus partidos. En esta actitud, una vez más, no hubo vencedores ni vencidos. Ni siquiera los que públicamente llamaron a prolongar la institucionalidad vigente o aspiraron a que el pueblo les regalará siquiera un escaño en la Convención Constitucional que se encargará de definir la próxima Carta Magna.  Toda una desvergüenza que no se entiende desde los países democráticos acostumbrados a escuchar a los ciudadanos y practicar realmente la alternancia en el poder.

El país debe elegir a todos los miembros de la Constituyente en lo que debe ser una asamblea paritaria de hombre y mujeres, pero por sobre todo al Servicio Electoral debiera dotársele de atribuciones para impedir que los partidos monopolicen las nóminas de candidatos, dándole a las organizaciones sociales y a los independientes o, mejor dicho, no militantes, la posibilidad real de participar en los próximos comicios.

Todos debemos exigir que se legisle urgentemente para impedir los arreglos cupulares y los millonarios gastos electorales, de forma que no lleguen a instalarse en la Constituyente los mismos de siempre, los que tienen dinero o quienes se proponen, ciertamente, y como lo han declarado, morigerar los cambios, salvar el modelo económico desigual y combatir el descontento popular con mayor represión policial y violaciones de los DDHH. 

Sin embargo, lo que estamos percibiendo es que a lo sumo serian los propios partidos los que agregarían a sus listas a algunos independientes, porque a éstos se les haría prácticamente imposible postular autónomamente de las colectividades políticas, según la ley electoral vigente.

Menos oportunidades tendrían, todavía, las innumerables organizaciones sociales que repletaron ciudades y pueblos con sus demandas, sin que en estas manifestaciones pudiéramos visualizar los estandartes partidistas ni los rostros de los políticos activos y bien apoltronados en el Congreso Nacional y el Ejecutivo. Se sabe que cuando algunos de estos quisieron sumarse a las marchas, tuvieron que escapar rápidamente para no ser verdaderamente linchados por el pueblo. Fueran de derecha, izquierda o centro. Por más que los canales de televisión, algunos periódicos o emisoras los convocaran a sus matinales y noticiarios faranduleros. Los hicieran parte de un estallido social con el que no estuvieron comprometidos ni invitados, después de treinta años que se dieron maña para darle continuidad a la herencia institucional pinochetista y al régimen neoliberal.

Como ya se ha indicado, antes de la próxima contienda presidencial, los chilenos tendremos que elegir a los gobernadores de todo el país, a las autoridades municipales y a los miembros de la Convención Constitucional. De allí que resulte tan absurdo y monstruoso en estos días la proclamación de tantos postulantes para suceder a Piñera en La Moneda.  Al menos unos cuatro o cinco de los partidos oficialistas; otros tres o cuatro del PPD y del Partido Socialista; mínimo unos cuatro cinco de la Democracia Cristiana; unos dos o tres del Frente Amplio y de sus grupos o “sensibilidades”, como las llaman, además del siempre listo candidato del PRO, un alcalde comunista que sin tapujos también se ha auto designado. Como también aguardamos por los de otras colectividades que siempre se muestran prestos a ofrecer a sus rostros para desempatar las querellas entre los partidos más grandes. Entre todo un espectro político que no suma más de cien o ciento cincuenta mil militantes. Sin contar todavía el crónico apetito de quienes buscan repetirse el plato en La Moneda. Aquellos y aquellas figuras que no los inhiben el paso implacable de sus años y sucesivos actos de corrupción.

Entendida la política en Chile como una carrera constante por el poder y los cargos de “representación”, es decir nunca o muy pocas veces como una oportunidad de servicio público, esta proliferación de candidatos no nos parece tan extraña, aunque cada vez se haga más indignante. Debemos ser el país en toda la tierra que se nutre de menos agrupaciones sindicales juveniles y gremiales. 

Ya no existen los partidos que en el pasado se ufanaban de representar a la clase obrera o, siquiera, a los sectores medios. Asimismo, son muchos los jóvenes que se han atrevido a fundar nuevos movimientos y que en muy pocos años han terminado envueltos por los pactos electorales, como extraviados por los grandes empresarios que financian la actividad electoral o las votaciones de los legisladores.

De seguir este grave desdén a los verdaderos artífices de los resultados del Plebiscito, lo sensato sería que los sectores sociales volvieran a golpear la mesa, irrumpieran nuevamente en las calles para hacer todavía más explicito su repudio al conjunto de la clase política. La lucha, en este sentido, no solo es contra el gobierno de Piñera, sino a favor de establecer una institucionalidad genuinamente democrática, incluido el rescate de todos los derechos políticos, económicos y sociales conculcados. Devolverle la soberanía al pueblo y arrebatársela a los necios que dicen actuar en su nombre, y que solo vienen traicionándolo en todas las últimas décadas.

Ojalá no nos dejemos madrugar nuevamente por las trampas políticas del sistema electoral y que en los comicios venideros la participación electoral exija un pacto previo de garantías políticas, si no queremos reiterarnos en la masiva abstención ciudadana o fomentar la violencia como solución a las injusticias. El pueblo debe avanzar a la primera línea de la acción y decisiones políticas.

juanpablo.cardenas.s@gmail.com

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En Bolivia y Chile los pueblos se reencuentran con sus Democracias

 Por Rolando Prudencio Briancon:

Aunque los gobiernos -excepto el de Evo- de ambos países no pudieron avanzar en un recuentro para zanjar sus históricas diferencias irreconciliables, como es la demanda marítima boliviana para acceder al mar; sus pueblos, cada uno por su parte han logrado reencontrarse con sus aspiraciones democráticas.

Casi simultáneamente, y cada cual con sus propias particularidades acaban de tener dos acontecimientos tan significativos en cuanto a su situación política, que casi una tras otra con una diferencia de una semana- ha vivido intensamente eventos electorales que no son sino reencuentros con su vocación democrática, violentada por hechos antidemocráticos.

En Bolivia el triturador triunfo del MAS la pasada semana que votó a favor del partido, al cual a través de un GOLPE sangriento (38 personas asesinadas) se derrocó a su ex presidente Evo Morales, y que casi durante un año mantuvo al país bajo el oprobio del GOLPE.

Así fue como ocurrió en las elecciones del pasado domingo cuando el MAS obtuvo el 55%, recuperando por la vía del voto, la democracia arrebatada el año pasado al gobierno de Evo.

En Chile por otra parte, y de manera abrumadora, un 78,28% de los más de 7,5 millones de votos registrados, con el escrutinio al 99,72%, fueron en favor de la opción "Apruebo" el cambio de la Carta Magna

"Si bien Chile ha vivido treinta años en democracia, las reglas por las que se rige fueron establecidas todavía durante la dictadura, y la nueva realidad abierta tras el aplastante triunfo cosechado por la ciudadanía en el plebiscito termina de sepultar un régimen del terror que dejó más de 3.200 muertos y la violación sistemática de los derechos humanos", reza el editorial El País, luego del plebiscito de ayer.

Son estas dos extrapoladas expresiones de las que se pueden extraer paradójicamente resultados parecidos de hechos que precedieron -con las diferencias de cada una- y que fueron una inaceptable ignominia a su naturaleza y vocación democrática.

Sin querer entusiasmarme con estos dos hechos que reivindican el espíritu -ajayu- democrático de ambas naciones, se puede concluir que al parecer estamos no sólo ante el inicio de un nuevo ascenso de las fuerzas de izquierda, sino que también para saldar cuentas con la memoria de quienes fue un martirio recuperar la democracia.

rolandoprudenciobriancon@gmail.com

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¿Qué va a pasar en Chile?

Por Juan Pablo Cárdenas S.:

Titulamos esta columna con una de las consultas que más se nos hacen a los periodistas. Hay quienes confían en que podemos entregar una respuesta algo más informada y con menos sesgo ideológico que la de otros observadores de la realidad. Sin embargo, predecir el futuro conlleva siempre un riesgo enorme, aunque está dentro de nuestra misión informativa alertar sobre lo que pueda suceder en cualquier ámbito de la vida.

Pero es en política donde se nos ponen las mayores exigencias, sobre todo en tiempos de tantas incertidumbres y problemas. Cuando, además, enfrentamos una pandemia que en Chile está determinando mucho lo que acontezca sobre el Plebiscito Constitucional convocado para octubre, así como con el conjunto de comicios que le seguirán para conformar una asamblea constituyente, elegir a los gobernadores regionales, renovar el Parlamento y tener un nuevo presidente de la República.

Los que tienen más remilgos hacia las decisiones ciudadanas confían en los rebrotes del Covid 19, en la agudización de las protestas sociales y la conmoción que vive la Araucanía para plantear la idea de que todos estos procesos electorales debieran suspenderse. Pasado un nuevo aniversario del cruento golpe militar de 1973, la verdad es que el país ha vuelto a encenderse en demandas y protestas sociales y las llamadas fuerzas del orden se preparan para impedir los acontecimientos del 18 de octubre pasado. Casi todos aceptan que Chile definitivamente cambió desde ese día y hoy el pueblo asume que solo con su movilización podrá exigir un trabajo y salario justo, una pensión digna y la posibilidad de que el país supere la profunda inequidad que nos identifica. Además de obtener ese conjunto de reformas educacionales y culturales también demandadas por la población.

A medida que pasan los meses y se debate sobre la posibilidad de una nueva Constitución, vamos entendiendo que al país se lo ha puesto ante una riesgosa trampa. Que, de no obtener los partidarios del “apruebo” una representación de más de un 70 o 75 por ciento de los miembros de la convención constituyente, la derecha y los sectores más retardatarios podrán ponerle muchos obstáculos a cada precepto de la nueva Carta Magna, por lo que no podemos descartar un severo conflicto social cuando el pinochetismo y sus herederos decidan ejercer su veto a las reformas acordadas mayoritariamente. Por lo mismo es que los sectores progresistas debieran ya estar organizados para defender su triunfo en el Plebiscito y velar porque los cambios realmente se impongan.

Serán aproximadamente dos años en que las relaciones entre reformistas y retardatarios se harán muy ríspidas, además de que no podemos dar por hecho que el Gobierno y el Parlamento vayan a conformarse con su papel de observadores y cumplan como mandatarios y garantes de lo que el pueblo y su convención constituyente decidan. No existe esta cualidad en la conformación autoritaria de las autoridades del país, en quienes se nutren de la Constitución de 1980 que cada año juran respetar. Lo que también explica la perpetuación de los mismos en la conducción del Estado chileno, como la cómplice connivencia de la clase política en el Congreso Nacional.

No es descartable, tampoco, que el Plebiscito y las siguientes consultas electorales sean invadidos por el cohecho, la millonaria propaganda electoral y otras prácticas ya institucionalizadas en nuestras prácticas electorales. Así como perfectamente podemos prever que el gran empresariado moverá ingentes recursos para influir indebidamente en estos procesos, cuando los escándalos por todos los sobornos a legisladores, partidos, jueces y otros funcionarios públicos siguen sumándose a la larga lista de impunidades.

Parece increíble que uno de los ex senadores derechistas imputado por recibir recursos desde las empresas haya reaparecido en la escena política y otros de sus colegas, que prácticamente habían desaparecido de los medios de comunicación, hoy renueven cobertura en la televisión y la prensa, en un país que carece de la democrática diversidad mediática. Llegando no pocos a la desfachatez (tanto de derecha o izquierda) de proclamarse candidatos presidenciales a más de dos años de esta elección.  Anteponiendo, como lo hacen habitualmente, sus apetitos personales al curso político y social de los acontecimientos.

En efecto, cuando la crisis económica es tan severa, a juzgar los altos niveles de desigualdad, desempleo, criminalidad y otras lacras, ya tenemos al menos siete u ocho figurines políticos que intentan convertirse en presidenciales. Sin importarle un bledo sus graves desaciertos, su avanzada edad, su probada corruptibilidad, incluso un muy precario respaldo en las encuestas. Todo esto sin contar, todavía, las decenas de alcaldes que consideran que por su desempeño durante la pandemia se merecen emigrar hacia el Parlamento o, incluso, ceñirse la Banda Presidencial. Para todos estos autodenominados “servidores públicos” nada importa más que ellos mismos; una actitud bochornosa, por supuesto, pero también temeraria, si consideramos la ira popular que diariamente se alimenta con el pésimo desempeño económico social. Lo que nos ha llevado, de nuevo, a ser un país pobre y todavía más desigual que en el pasado. Al extremo que, según varios expertos, el país ha retrocedido por lo menos 10 años en relación al objetivo de un crecimiento con más equidad.

Ya se reconoce universalmente que Chile está entre las naciones del mundo que peor ha encarado el Cobid 19, si se considera el número de muertos en relación al tamaño de nuestra población. Seguramente lo que calculan estos potenciales candidatos es que el descrédito solo afectará a La Moneda y a quien ha llegado a ser el gobernante de menos apoyo popular en el Continente. Un multimillonario megalómano, acosado por las denuncias de enriquecimiento ilícito y que debiera agradecerle solo a la crisis sanitaria mantenerse en La Moneda.  Forzado, en su orfandad política, a sumar como colaboradores a un ministro del Interior y a un Canciller de vínculos tortuosos con los grandes violadores de los Derechos Humanos durante la Dictadura.

De prolongarse tal insolvencia política y frustración popular, llegaremos a un escenario de serias confrontaciones y, por qué descartarlo, sumirnos en una nueva y trágica guerra civil. Es cuestión de percibir lo que sucede en la Araucanía y revisar el recuento cotidiano de la radicalidad que ha adquirido el conflicto mapuche, una nación abusada más de cinco siglos por el colonialismo español y chileno y, ahora, verdaderamente acosado por la negligencia y el terrorismo de estado. Sin exageración, se puede asegurar que estamos a un tris de que este conflicto y otros se extiendan por todo el territorio.

Sin duda, el país está otra vez encima de un polvorín a causa de los abusos de las autoridades, la codicia empresarial y la cada vez más extensa discriminación y marginalidad social.  La chispa que encienda una nueva confrontación fratricida perfectamente puede ser el intento que algunos ya expresan de desoír u obstaculizar la voluntad soberana. Tal como ha ocurrido en tantos y luctuosos acontecimientos de un Chile siempre más autoritario que democrático. Si contamos, entre tantos bochornosos ejemplos, la revolución de 1891, las reiteradas masacres a trabajadores y estudiantes, la llamada Pacificación de la Araucanía, el bombardeo a La Moneda y la forma en estos últimos años en que la clase política se ha corrompido y dado la espalda a la sociedad civil.

Qué duda cabe que la apatía electoral representa el desencanto del pueblo sobre el sistema que nos rige. Lo que ya no asegura que las autoridades puedan mantenerse en sus cargos sin contratiempos. Desde la Explosión Social el país entendió el valor y la fuerza del derecho a la rebelión.  Así como comprobó las flaquezas de las “fuerzas del orden” cuando son las multitudes las que se levantan con resolución.

Quisiéramos que el país pueda salvarse de un nuevo vendaval político y social, pero, cuando me lo consultan, creo honesto responder que éste se está haciendo inminente. Sobre todo, por la profundización de las inequidades, como la descomposición ética de los gobernantes.

juanpablo.cardenas.s@gmail.com

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Las intenciones de la clase política y del gran empresariado

Por Juan Pablo Cárdenas S.:

Sebastián Piñera y sus amigos ven al coronavirus como su gran aliado. Gracias a la pandemia todos ellos saben que pudieron retener el gobierno después de varios meses de alzamiento popular, en que las policías y la represión fueron desbordadas por el descontento social y hasta en sus escasos partidarios surgieron las voces de quienes pensaban que el Jefe de Estado debía alejarse del poder antes que la convulsión fuera completamente irrefrenable y los arrastrara a todos. Por lo mismo es que hoy, después de postergar el Plebiscito Constitucional, las elecciones de gobernadores, de alcaldes y concejales, Piñera manifiesta la posibilidad de que estos eventos vuelvan a diferirse si la pandemia no cesa. Él y sus adláteres creen que lo “prudente” sería olvidarse de estos comicios y extender el mandato de todas las autoridades con el pretexto de salvar las vidas de los infectados y de quienes contraigan el mal próximamente.

Con la misma intención hay políticos de la autodenominada oposición que desean lo mismo, a sabiendas que la explosión social también tiene explicación en la corrupción general y en el mal desempeño de quienes se han turnado amistosamente en el poder desde hace treinta años. Mal que mal, con Pinochet gobernaron diecisiete años muchos de los que hoy están en La Moneda, el Parlamento y las instituciones públicas, por lo que extender la actual administración hasta su término no sería para ellos tan abusivo o arriesgado. Porque en una feble visión republicana se ha establecido la idea que los mandatarios elegidos por sufragio popular tienen derecho a seguir gobernando, aunque hayan perdido abruptamente la adhesión ciudadana en las calles se exija su salida.

Es más, y como lo hemos comentado antes, no pocos creen que una vez en el poder los gobiernos tienen el derecho a hacer lo que les plazca, así sea contradiciendo totalmente lo prometido. Por supuesto que esta voluntad solo rige en aquellos países que son gratos a los Estados Unidos, a los inversionistas extranjeros y a las oligarquías nacionales. Pero no en Venezuela y otras naciones, por ejemplo, cuyos regímenes se han desmarcado de la ideología hegemónica y desde el imperio se fomenta su desestabilización.

Con tal mediocre desempeño comparado a otros países de la Región es posible que la famosa curva de la pandemia no logre aplanarse muy próximamente, luego que Piñera cediera a las presiones empresariales preocupadas por el abrupto decrecimiento económico y esté propiciando franca o solapadamente que los trabajadores retornen a sus tareas, los estudiantes a sus afanes y el comercio vuelva a florecer en el consumismo. Las acciones de mitigación de la pandemia han resultado exitosas en los barrios donde viven los más ricos y que importaron el mal a nuestro país. Al mismo tiempo que se han aflojado los controles en las poblaciones en que habitan los pobres y la mano de obra barata y cuyo riesgo de contraer el mal es mayor, a causa de las precarias condiciones de vida de más de la mitad de la población y cuya cifra de pobres crece con la cesantía que ya se empina al 15 por ciento, además de los sueldos y pensiones miserables que se evidenciaron para todos desde el último 18 de octubre. A la fecha se reconoce que ya hay más de un millón y medio de personas que han perdido sus empleos en estos últimos meses.

 La clase patronal y la derecha parlamentaria ahora le dan un voto de confianza a las bancadas de la ex Concertación y Nueva Mayoría en cuanto a que llegarán a convenir conjuntamente las postergaciones electorales, así como con la presión del pueblo alzado lograron ponerse de acuerdo todos en la convocatoria a un plebiscito que ya debió haberse realizado. El más ansioso por diferir estos compromisos democráticos es el propio Piñera quien en su melomanía cree seguro que los chilenos van a reconocerle, en algún momento, sus esfuerzos para combatir la Pandemia. Felizmente, hay que reconocer que existen algunas voces oficialistas que aseguran se va a cumplir el itinerario electoral definido.

La recuperación de la postrada imagen de Piñera y su gobierno es algo bien improbable que suceda, en realidad. Salvo que los chilenos se empiecen a conformar con la presencia del mal, así como en el pasado lo hicieron con los más diversos y letales virus de la pobreza, la discriminación y los abusos del poder. Confiamos, sin embargo, que la gran lección que nos dejará el Covid 19 será el convencimiento de que en Chile había dinero más que suficiente para mejorar los sueldos, levantar viviendas dignas y fomentar nuevos empleos. Así como ya le quedan nítidos a los chilenos los escandalosos ingresos y prebendas de quienes ejercen la política, los multimillonarios dividendos que continúan repartiéndose los grandes accionistas y banqueros. Además de experimentar en carne propia los escuálidos recursos destinados a nuestros sistemas de salud y educación, versus los ingentes e inútiles gastos de las FF.AA. A quienes la crisis todavía no les toca un pelo, como que continuamos recibiendo barcos, aviones y toda suerte de pertrechos para una guerra imaginaria con nuestros vecinos.

Somos de los que creemos que, si bien la pandemia logró paralizar la protesta social, la realidad que se ha desnudado en estos meses va a ganar más adeptos para las causas de justicia, equidad y respeto a los DDHH. Confiados en que el pueblo se opondrá duramente a cualquier postergación o cancelación de sus derechos ciudadanos, convencido que debe imponerse una nueva Carta Magna y demoler el sistema económico que le ha causado muchos más estragos a la población que todos los terremotos, las epidemias y ese sinfín de pesares que ha asolado nuestra existencia. Será el momento de ganar una conciencia más generalizada, en favor de retomar la desobediencia civil.

Acompañados esta vez, además, por los pueblos que también ahora han descubierto los horrores de la infección capitalista y ultraliberal. Después de un tiempo en que hasta los militares y policías llegarán a convencerse de que ellos también son parte del pueblo humillado por las clases pudientes y los uniformados que se desempeñan como edecanes y celadores del sistema.

#QuedateEnCasa

juanpablo.cardenas.s@gmail.com

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El destemplado intento derechista por conservar su Constitución

Por Juan Pablo Cárdenas S.:

Ante el contundente estallido social que vive el país, la derecha no ha tenido más remedio que aceptar la realización en abril próximo de un plebiscito en que a los chilenos se les consultará si quieren una nueva constitución o le dan continuidad a la Carta Magna legada por Pinochet y sacralizada por el gobierno de Ricardo Lagos. Con muy pocas defecciones, los partidos ligados al oficialismo ya han iniciado una campaña electoral destinada a obtener en las urnas un apoyo para la preservación de la actual institucionalidad, oponiéndose a la posibilidad de que sea una asamblea constituyente la que se encargue de redactar un texto constitucional nuevo, o a partir de cero.

Lo más previsible es que los ciudadanos apoyen muy ampliamente la idea de derogar la actual Constitución, pero la derecha espera que con un tercio de los votantes y de los asambleístas que se elijan en septiembre próximo pueda exigir que las normas obtengan al menos dos tercios de apoyo para que puedan ser promulgadas. Una extraña facultad que se le ha concedido a la minoría con los votos de los propios legisladores derechistas, demócratas cristianos, socialistas, del PPD, radicales y hasta algunos miembros del Frente Amplio mareados todos por el protagonismo mediático. Todo lo cual avizora las tensiones que seguirá viviendo nuestro proceso constitucional, con el pueblo francamente enardecido en las calles y radicalizando día a día sus acciones.

La millonaria publicidad que ya implementa la derecha busca que no se aprueba la idea de una nueva Constitución en la promesa de que al texto vigente se le pueden hacer las reformas demandadas por el pueblo sin más dilaciones. Como si ya el país no hubiera esperado por más de treinta años que éstas hubieran sido acogidas durante la larga postdictadura, como si en todos estos años la clase política no le hubiese dado un portazo a las demandas por un nuevo sistema previsional, una auténtica reforma sanitaria y a esa cantidad de aspiraciones que constituyen la agenda social del pueblo.  Población que exhibe los más extremos índices de desigualdad en el mundo y al que se le han continuado coartando y reprimiendo sus derechos sindicales, de reunión y asociación, tal como lo hacía la Dictadura Militar.

Lo más probable es que la represión policial que cobra a diario nuevas víctimas en el país tenga la intención de amedrentar a los chilenos en la idea de que se conforme con algunas reformas a la Constitución actual antes de abrirse a la idea de un texto nuevo con toda la incertidumbre que ello implica.

La constatación de las violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos acreditadas por varias y prestigiosas entidades internacionales parece no inquietar a La Moneda y a su más que cuestionado gobernante. Las autoridades confían en que el caos callejero y la acción incluso de los vándalos que salen a saquear supermercados y otros (sin que poco nada tengan que ver con la protesta pacífica y masiva) pueda darle el sufragio de los más ciudadanos más ignorantes, de los que prefieren siempre cobijarse bajo el orden establecido, aunque éste vulnere constantemente sus derechos.

Sin embargo, parece que por primera vez en nuestra historia el pueblo ha tomado conciencia de su situación y de la necesidad de movilizarse. Las protestas ya se han extendido por tres meses y todo dice que, desde marzo, después del período estival, las marchas, barricadas, tomas, huelgas y otras acciones van a multiplicarse en todo el país. Al menos así lo prometen las federaciones estudiantiles y las organizaciones vivas de la sociedad civil.

Pese a la criminal represión policial, el país sigue dando un gran ejemplo de coraje y unidad, así haya que lamentar la acción de algunos desquiciados que en realidad se infiltran o son infiltrados en las movilizaciones para obtener imagen para los noticiarios y victimizar a Carabineros. Institución que se ha desmoronado en su prestigio y muchos de sus efectivos ya se encuentran fatigados y desmoralizados.

Además de la falsa promesa de conceder cambios dentro de la actual Carta Magna, las figuras más visibles del oficialismo y de los gremios patronales están impulsando campañas para romper la precaria unidad de los partidos opositores. En la prensa y las redes sociales se apela al histórico carácter democrático de la Democracia Cristiana y de otros partidos para inducirlos a romper con las agrupaciones de izquierda o violentistas, según las motejan. Se los insta a creer en la buena voluntad del gobierno y sus legisladores para emprender reformas económico sociales que hasta hace algunos meses se hacían imposibles, olvidándose que en el pasado la Derecha se opuso a la Reforma Agraria, a la recuperación de nuestras riquezas básicas y a tantas otras iniciativas impulsadas por los gobiernos de Frei Moltalva y del propio Salvador Allende, a cuyos seguidores hoy apelan.

Está fresca en la memoria, felizmente, como después los derechistas terminaron conspirando para asesinar a nuestra democracia, incendiar La Moneda, justificar y sostener una sanguinaria dictadura. Así como después de Pinochet lo que han hecho es alentar las privatizaciones, concentrar la riqueza, hacer más dependiente a nuestra economía y desatender las justas aspiraciones de nuestros pueblos autóctonos. En el goce, por supuesto, de su impunidad.

Tendrían que ser demasiado ingenuos los dirigentes demócrata cristianos y de otras colectividades políticas para atender los “cantos de sirena” de quienes hoy están a punto de ser derrotados y se afirman a un gobierno que no cuenta con más de un 10 por ciento de apoyo popular. Pero ya sabemos que hoy no existen partidos ideológicamente monolíticos y que la corrupción hace presa fácil del conjunto de los políticos que también quieren seguir aferrados al poder, como a sus prebendas.

Un Piñera completamente desacreditado, una casta política y empresarial que teme por sus lucrativos negocios, no apuesta todavía a iniciar una nueva conspiración que los lleve a conservar el poder y sus privilegios de manos de los militares. De alguna manera, se sabe que las Fuerzas Armadas no están en la misma actitud de 1973, después de pagar los costos por sus crímenes y de alguna manera comprender que sus efectivos son parte del mismo pueblo que sufre tantas carencias. Es difícil que surja un líder castrense después de los bochornosos episodios de corrupción que han envuelto a los altos mandos de todas sus instituciones, pero no hay que desatender esta posibilidad a la que tantas veces han recurrido los golpes y conatos de rebelión militar en nuestra historia.

Sin embargo, de lo que sí estamos seguros es del intento de algunos dirigentes de derecha por estrechar relaciones con el gobierno de Donald Trump y otros referentes mundiales que pudieran alentar, como lo hacen en otras naciones hermanas, movimientos subversivos y de protección de sus enormes inversiones en todo nuestro continente. Porque ya sabemos que no es la democracia lo que le interesa a la Casa Blanca y a sus incursiones militares en toda la Tierra, cuando siempre después de éstas instalan a los más tenebrosos gobernantes.

juanpablo.cardenas.s@gmail.com

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Por qué a la oposición venezolana no le interesa llegar al gobierno por la vía constitucional

Por: Ítalo Urdaneta:

A lo largo de estos 20 años que el país ha venido marchando bajo los preceptos de la revolución bolivariana muchos se siguen preguntando, a estas alturas, el por qué a lo largo de todo este tiempo la oposición no ha buscado el camino correcto de querer llegar al gobierno por la vía constitucional.

Quienes le hemos hecho seguimiento a las actuaciones de la oposición hemos podido notar que nunca se han preocupado por participar de manera expedida en los procesos electorales, y cuando lo han hecho, más por presión que por convicción, siempre han apelado a un segundo plan, en este caso, al de la vía insurreccionar o anticonstitucional.

No es mentira que a sabiendas que la derrota siempre los ha marcado, la oposición, sin doblegarse, ha querido llegar al gobierno a la fuerza. Por ello ha diseñado planes y estrategias, poco ortodoxas y tomando atajos, para querer hacerse del poder.

¿Aquí cabe preguntarnos el porqué de esta actuación? Sin duda las ansias, la necesidad de empoderarse de nuevo del gobierno, y por supuesto de sus riquezas, han llevado a los opositores, sobre todo, a los extremistas, a romper con el esquema de la legalidad. Poco les ha importado que se les critique, que el mundo los observe, que se les señale, porque al fin y al cabo lo importante para ellos es llegar al poder, por la vía que fuese necesaria.

Hasta ahora no se ha visto, a estas alturas, que la oposición haya diseñado un plan de ataque por la vía expedida y constitucional, que le permita, por ejemplo, ganar adeptos, y la posibilidad de resultar vencedores en un proceso electoral avalado por la legalidad, que los lleve de nuevo a Miraflores.

¿Qué razón poderosa existe entonces para no hacerlo? La lógica nos hace ver que la oposición debiera estar montada en esos proyectos y planes que le permitieran convencer a los electores, pero, por el contrario, vemos que dedican la mayor parte del tiempo para la conspiración.

Incluso, han apelado a las actuaciones más insólitas, entre ellas, declararse enemigos de la patria, como lo hemos visto en todos estos años, cuando proponen y exigen que el país deba ser objeto de bloqueos y severas sanciones, incluso, de una invasión militar.

Aquí surge entonces, en todo este proceso, la actuación del imperio. Y desde luego tenía que surgir, pues son ellos los únicos responsables de dictarle las pautas y las directrices a la oposición.

Es evidente que el imperio desea y busca por todos los medios acabar con la revolución, y por ello incita, promueve y financia a la oposición extremista para que se concrete esa idea. Eso, si, y aquí viene el desenlace, el gobierno norteamericano no quiere que la oposición llegue al poder por la vía democrática, pues el enemigo a vencer, en todo caso, es la Constitución.

Si, así como se escucha, es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el gran enemigo, el gran escollo, que hay que derrotar, y si se logra llegar de nuevo al poder, por la vía expedita, eso no podrá hacerse.

EE. UU quiere, entonces, que la oposición llegue por la vía del golpe a Miraflores, pues eso les dará la oportunidad de desconocer a la nueva Constitución de un solo plumazo.

Sabemos que, a través de la Carta Magna, por ejemplo, Pdvsa, y otras empresas del Estado venezolano, no podrían ser entregadas a las transnacionales, y así como existen esas disposiciones, hay otras tantas que al imperio les incomoda.

Una disposición que de seguro la oposición buscaría deshacerse de ella sería acabar con el salario indexado al salario mínimo para seguir favoreciendo a los pensionados, como lo llegó a plantear, a través del afamado “paquetazo”, Henrique Capriles Radonski, una vez que optó por la Presidencia de la república 

Son muchos los en trabamientos que tendría que enfrentar un gobierno de derecha ante la Constitución. Pero además no les sería nada fácil plantearle a la ciudadanía el deseo de cambiar la Carta Magna, solo para satisfacer los intereses del imperio y para cumplir con las políticas del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Así pues, que esta es la carta que tiene bajo la manga el imperio en el caso de Venezuela. Saben perfectamente que si la derecha llega al poder -con el deseo de cambiar la Carta Magna- de seguro habría un estallido social, y eso sería poner en riesgo al gobierno.

En cambio, sí la derecha llega al poder, por la vía del golpe, tal como acaba de ocurrir en Bolivia -de allí que se desee reeditar la misma situación- de inmediato la Constitución sería desconocida, y para tapar el hueco de repente apelarían al viejo texto constitucional, de 1961.

Insistimos, para el imperio, el enemigo a vencer en Venezuela, más que sus líderes políticos, es la Constitución de la República Boliviana de Venezuela, y en ello la oposición tendría que jugársela y al parecer esa es la intención que tienen.

italourdaneta@gmail.com

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En defensa de la soberanía y la paz

Por Yury Weky Silva:

Hay un proceso de cambios en Venezuela, que se inicia en 1999 con una base jurídica: la Constitución. Ésta norma una Democracia distinta a la representativa, que se había vivido en los últimos cuarenta y dos años. En el preámbulo de la Carta Magna se lee:

El pueblo de Venezuela en ejercicio de sus poderes creadores e invocando (…) el ejemplo histórico

de nuestro Libertador Simón Bolívar y el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados (…) con el fin de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica (…) que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad (…)

Se define el nacimiento de otra Venezuela. El pueblo empieza a leer y a reconocerse en esa nueva Ley, la hace suya y empieza también a parecer una distinta sociedad de inclusión a través de la Misiones. La clase trabajadora excluida, ignorada y marginada da nuevos pasos para construir la nueva sociedad participativa y protagónica. Los débiles se fortalecen y emprenden una lucha para ser respetados, valorados y reconocidos. Están conscientes que son ciudadanos con derechos sociales y que representan la mayoría. Aparece en su ejercicio diario las palabras: Patria y Soberanía.

Estas van insuflando en el imaginario colectivo el sentimiento de pertenencia, la alegría de ser venezolanos y van recreando en cada accionar la conciencia de tener un pasado heroico de libertad, de lucha y de victorias con el líder histórico Simón Bolívar. El renacer de la Patria es también el renacer del hombre y la mujer que se involucra en la lucha diaria para nuevas conquistas sociales y políticas. Empieza un proceso de mirada al pasado para configurar los pasos del arte, la cultura, releer la Historia, la reivindicación de los líderes anónimos, los saberes, la búsqueda en las raíces de todo lo que lo identifique.

Ese proceso casi iniciático reafirma las voluntades para alcanzar el poder popular. Ya no hay amordazamiento y el pueblo tiene voz para la crítica, para la opinión, para levantar el brazo izquierdo con el puño cerrado símbolo del que está presto al combate. Lo arenga un líder que habla como el pueblo, que piensa en ellos y que dice: “Chávez no soy yo, Chávez somos todos”, La identidad con la Patria se fusiona con la identidad del líder. El pueblo alegre confía que el camino de libertad de soberanía u paz que predica la Carta Magna es alcanzable y que las dificultades son propias del proceso que vive., Hay un reencuentro con los antepasados que dieron su vida en los gobiernos puntofijista en búsqueda de la justicia social y se reivindican todos los que fueron víctimas de la represión durante la Democracia representativa. Se produce un acercamiento en la lectura de vidas en el seno de las familias y el compromiso por defender los logros se acera, 

Se ha sembrado en la conciencia los conceptos de soberanía y paz tal como dice el preámbulo de La Constitución. Además, hay un reconocimiento del enemigo, Ya no hay velos que oculten las miradas del pueblo. Sabe identificar quien es el opresor, el explotador y qué es el poder hegemónico.  El pueblo por siglos excluido va a la universidad y está en la calle informado y formándose. Se ha producido un cambio en las mayorías.

El conocer al opresor trae consigo un nuevo concepto que maneja en su habla cotidiana: El antiimperialismo. Se desarrolla una claridad ideológica- que si bien no es extraída del estudio de los clásicos sino del hacer diario, de la participación, del escuchar los discursos del líder, de los periódicos, de los libros que se editan en  el Proceso Bolivariano- va conformando  el pensamiento revolucionario.

Difícil de engañar el venezolano y la venezolana, Ya sabe cuál es el camino para alcanzar la paz, no le amilanan las amenazas del poderoso país del norte, ni el bloqueo, ni la escasez inducida, ni las palabras de Thomas Jefferson – aquel tercer presidente de EEUU – que en su afán expansionista, colonizador e invasor dijo:  

“Nuestra Confederación debe ser

considerada como el nido desde

el cual toda América,

así como la del Norte como la del Sur,

habrá de ser poblada.

Más cuidémonos de creer que interesa

a este gran Continente expulsar

a los españoles.

Por el momento aquellos países

se encuentran en las mejores manos,

y sólo temo que estas resulten

demasiado débiles

para mantenerlos sujetos hasta

que nuestra población

haya crecido lo suficiente para írselos

arrebatando pedazo a pedazo”.

El pueblo venezolano no se dejará arrebatar pedazo a pedazo la Patria, ni sus riquezas por el expansionismo y la expoliación norteamericana. Este pueblo siente y sabe lo que significa la defensa de la Soberanía y la Paz.

Yury Weky Silva

Premio Accesit El Nacional 1968.

Autora de:

1.            -La Revolución es un Camino sin Tregua. (2003) Depósito legal : If2522003320339

2.            -Por Los Caminos. (2005) Depósito Legal: If25220058003885.   ISBN :980-12-1564-X

3.            -Caminos de Revolución. (2007) Depósito Legal If 25220073201101     ISBN: 980-12-2474- 7

Coautora de:

1.            -El socialismo en el siglo XXI. (2006) Depósito legal If2212008000360 ISBN 980-396-024-5

2.            -Pedro el Insustituible. (2008) Depósito legal LF 95320089203152 ISBN 978-980-6838-17-8

Autora de:

1.            -Viaje al interior de mis lecturas (lectura crítica)

2.            -Desde el Compromiso. (Opinión política)

3.            -Cuentos cortos de dolor y amor (Relatos)

4.            -Mi alma al desnudo.  (Poesía)

5.            -Voces de ausencia. (Relatos) Registro 9900 de fecha 22 06 2012 Inscripción 01787

6.            -Desde del sol de Maturín. (Artículos) Registro 9966 de fecha 17 7 2012 Inscripción 017956. 

7.            -Mujer dispara por la vida.  (Artículos) Registro 10660 de fecha  26  04 2013 Inscripción 01 8691.

wekyyury@hotmail.com

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ASSOCIATED PRESS un poderoso felpudo al servicio del imperio

Por Susana Fernández:

Por la agencia de noticias Associated Press siempre ha tomado partido-por así denominarlo-de un modo "satelital", acorde a las órdenes de las grandes potencias y en desmedro de los derechos de las naciones más vulnerables -pero no por ello menos dignas-, es una realidad inocultable. Y dentro de ello, es imposible no mencionar sus mentiras. Este titular lo deja en claro: "Reportaje: Las mentiras de Associated Press (AP) sobre la cuenta twitter del Presidente Maduro" (1). Vale la pena seguir el enlace que se dejará al pié de la presente nota para comprobarlo.

Mas, la intención ahora es desmenuzar y refutar las falacias y tergiversaciones, que dicha agencia y un experto analista al que acude, imprimen en el artículo: "AP Explica: ¿Por qué hay “dos presidentes” en Venezuela"? (2).

A continuación, los párrafos más importantes de éste.

"El líder opositor Juan Guaidó dejó a muchos boquiabiertos cuando el miércoles 23 de enero, durante un evento público paralelo a marchas en contra y en favor del gobierno, anunció que asumía formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional en una lucha por “cesar la usurpación” del poder que, según dijo, encabeza Maduro.

GUAIDÓ SE DECLARÓ "PRESIDENTE ENCARGADO", PERO ¿QUÉ DICE LA CONSTITUCIÓN? Asumir como presidente “encargado” implicaría que Guaidó sería el mandatario “interino” del país. El líder opositor sustentó su decisión en los artículos constitucionales 233 y 333. El primero clarifica qué es lo que se considera una “falta absoluta” del presidente y establece que cuando no hay un gobernante electo antes de la fecha de toma de posesión, debe llevarse a cabo una nueva elección dentro de los siguientes treinta días, pero mientras eso ocurre tiene que tomar posesión el presidente de la Asamblea Nacional, en este caso, Guaidó.

Artera y deliberadamente, AP omite la primera parte del Artículo 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es vital para tener en claro en qué consiste la "falta absoluta" del primer mandatario o primera mandataria, según se trate. El mismo reza:

Artículo 233. Serán faltas absolutas del Presidente o Presidenta de la República: su muerte, su renuncia, o su destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, su incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con  aprobación de la Asamblea Nacional, el abandono del cargo, declarado como tal por la Asamblea Nacional, así como la revocación popular de su mandato.

Cuando se produzca la falta absoluta del presidente electo o presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes.

El artículo de la Carta Magna prosigue, pero no son sustanciales los párrafos restantes- puede corroborarse lo que aquí se afirma con sólo leerlo-, para poner de manifiesto las manipulaciones informativas de la empresa norteamericana de noticias. De todo lo antes expresado surgen preguntas como ¿cuál es la falta absoluta atribuible al presidente Nicolás Maduro? Es por ello que el TSJ venezolano declaró nulo ese cargo contra el primer magistrado. Pero haciendo abstracción de este alto estamento ¿cuál es el sustento o, mejor expresado, ¿qué pretenden los opositores de la Asamblea Nacional? Circuló también que una razón era la crítica a la gestión de Maduro. Es decir: una postura que puede ser válida desde lo político, pero nunca desde lo institucional; pues la Constitución Bolivariana no lo permite. Y la astuta Associated Press la omite, pues sabe que sería ridícula siquiera su mención. 

 

Retomando la perorata de la “prestigiosa” AP, quedó pendiente el artículo 333-del que no menciona ni una coma-, blandido también por este ignoto presidente llamado Juan Guaidó, ungido bajo la copa de un árbol de una plaza. El texto dice:

Artículo 333. Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella.

En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia

El 3 de diciembre de 2015 se celebraron en la República Bolivariana de Venezuela elecciones legislativas. El oficialismo sufrió una dura derrota: obtuvo 55 escaños, frente a la opositora MUD que logró 109. Mas, se suscitó un problema. Ya asumida la nueva composición parlamentaria, la oposición sumó tres legisladores indígenas. El PSUV denunció irregularidades en este accionar ante el TSJ, que se abocó a investigar. Dando la razón al reclamo, declaró a la AN en desacato, situación que podía-y puede- revertirse si anulaba la incorporación. Esta última hizo caso omiso y hasta el presente continúa en esa postura ilegal, razón por la cual toda medida que tome o norma que sancione carece de validez. Por tal motivo, el nombramiento de este presidente interino es una irregularidad; hasta se diría un invento, dado que la Constitución Venezolana no contempla tal figura.

 

Si la comunidad internacional no comprende por qué ocurre esto en la nación caribeña, es porque la gran prensa al servicio de poderosas élites oculta y distorsiona deliberadamente la veracidad de los hechos; sumado a llamativas interpretaciones de la Carta Magna venezolana. Y en esto, Associated Press lleva la delantera, pues continuando con su discurrir panfletario, hace gala de esta forma:  “El abogado constitucionalista y profesor de la Universidad Católica de Caracas, Juan Manuel Rafalli, dice que hoy Venezuela se encuentra ante una situación atípica que no tiene una solución expresa y clara en la Constitución. Sin embargo, explica que el punto de partida de la decisión de Guaidó --que cuenta con el respaldo del poder legislativo-- es que el año pasado no existió un proceso electoral que diera legitimidad a Maduro. Es decir, dado que esos comicios fueron rechazados por opositores y organismos internacionales por sus irregularidades, Rafalli explica que no puede hablarse de que hoy exista en Venezuela un presidente electo.

Por ello, cuando Guaidó se declaró mandatario interino, actuó basándose en una interpretación del legislativo de la Carta Magna”. ¿Cuál sería la “situación atípica que no tiene solución expresa y clara en la Constitución”? Periodistas serios o serias, sin arrogarse el papel de letrado o letrada constitucionalista, con sólo reproducir los artículos que tanto se mencionan y los hechos aquí relatados despejarían tan antojadiza y ¿balbuceante? respuesta. Porque cuando se sabe que no se tiene razón-este leguleyo no la tiene-no hay nada mejor que los “más o menos”, los “ni mucho ni poco” o, en buen argentino “ni tan tan, ni muy muy”. Y el asunto cierra perfecto.

Y la empresa de noticias habrá cumplido a la perfección, el noble metier de desquiciar las atribuladas conexiones intersinápticas de millones de lectores. Pero lo más escandaloso es negar los comicios del mes de mayo de 2018; el adelantamiento de los mismos que la oposición le exigió a Maduro; la presentación de cinco candidatos; la presencia de rigurosos observadores y veedores de diversos países. ¿Acaso Associated Press y su interlocutor fueron presas de un ataque de amnesia?

  Es probable que este análisis parezca extenso. Sin embargo, no lo es. Porque en los tiempos que corren, el papel catastrófico y desvergonzado que están desempeñando los grandes medios de comunicación-la palabra “grandes” es tan sólo por su poder económico, jamás por veracidad ni calidad-se ha convertido en un verdadero peligro para la paz y libertad de los pueblos. Y la sublime AP no es ajena a ello. Por eso machaca con su entrevistado:

“La Constitución se interpreta de manera sistemática e integral y no hay ninguna duda de que la situación que prevé la Constitución es la más próxima a lo que está ocurriendo, es decir, la más próxima a que no haya un presidente electo es que haya un presidente electo y no asuma un cargo”, señala Rafalli y agrega que este escenario “abre la aplicación del artículo (233) con una razón de mucho peso: hay un eje interpretativo de la Constitución, que es favorecer la voluntad del pueblo y en este momento, el presidente de la Asamblea Nacional es la cabeza del órgano representativo. colegiado y electo popularmente por todo el país en 2015”. ¿Y el desacato, señor Rafalli, que ni usted ni AP mencionan? Por otra parte ¿no sería contrapuesta la expresión “no hay ninguna duda” con “es la más próxima”? ¿Qué exactitud le cabe “a la más próxima”? Impertérrita, la prestigiosa fuente de informaciones dice: “En aquellos comicios, el mismo Maduro reconoció la victoria de legisladores de oposición en el Congreso, pero con el tiempo ha ido minando su poder para ejercer mayor control en el país”. Nuevamente las preguntas ¿y el desacato? ¿Y los comicios de 2018 aceptados por la oposición? Bien, gracias.

Se puede coincidir o no con el gobierno chavista de Nicolás Maduro. Las críticas son parte de la dinámica de los procesos políticos que se desarrollan en los diferentes países y Venezuela no constituye una excepción. Pero es innegable que una prensa abyecta y rastrera ha apuntado sus cañones contra la administración de la mencionada nación. Porque AP, sin mencionar siquiera el por qué del llamado del mandatario a una Asamblea General Constituyente la descalifica, hablando de un rechazo internacional, limitándose a mencionar en alusión al mismo al genuflexo canadiense Justin Trudeau y al execrable Donald Trump. Denuesta los comicios de 2018 que, sostiene, escandalizaron al mundo; pero ese mundo siempre se circunscribe al rechazo del xenófobo republicano. Y así, la letanía machacona continúa siniestramente artera, plagada de falacias y calumnias. Ciertamente pueden refutarse. Pero la suspicacia ya está instalada.

Ya finalizando, quien escribe considera importante resaltar, que no es su intención hacer referencia a bondades y defectos del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. El eje radica en cómo toma una agencia informativa muy poderosa, en este caso Associated Press, los devenires de un país que con falencias y aciertos, se ha plantado frente a naciones poderosas, dispuesto a defender su soberanía y autodeterminación. Los diversos párrafos que de la noticia de aquélla se han reproducido, no dejan duda para qué intereses juega. Podría responderse que el periodismo objetivo no existe. Es admisible. Pero la subjetividad no es sinónimo de mentira, falseamiento de datos y ocultamiento de los mismos. Lo primero puede comprenderse; lo segundo genera rechazo, indignación, repulsa. Porque involucra millones de vidas de seres humanos, expuestos a graves peligros. Entre ellos, las guerras.

Sin embargo, si en estas disquisiciones se rechazan la mentira, la calumnia, entonces debe prevalecer la coherencia. Y en tal sentido, hay que destacar que a Associated Press también la involucran millones. Millones de dólares. Para perpetuarse en lo que siempre fue, es y será: un poderoso felpudo al servicio del imperio norteamericano.

rudyf2005@hotmail.com

Fuentes:

1)http://www.redpres.com/t19007-reportaje-las-mentiras-de-associated-press-ap-sobre-la-cuenta-twitter-de-nicolasmaduro#sthash.Sf7jbQqi.dpbs

2) https://www.apnews.com/3d421575fac946b5814a1146289f1e33

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Estos serían los resultados si se convoca el referendo aprobatorio de la propuesta constitucional que surja de la ANC

Por Juan Martorano:

Uno de los temas que ha estado en la opinión pública, y más que tema, posible escenario dentro de la política venezolana, es que diversos actores políticos vinculados con sectores de la oposición, e incluso del denominado “chavismo originario”, “chavismo disidente” o “chavismo crítico” (en definitiva, póngale usted el apellido que quiera) tiene que ver con la posibilidad de la convocatoria del referendo aprobatorio de la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que confecciona la Asamblea Nacional Constituyente.

Esto sería así, ante la posibilidad de que se registre una abstención record en las próximas elecciones para elegir a los y a las integrantes de los 335 Concejos Municipales de nuestro país, como una forma de incrementar los niveles de participación en los procesos electorales en Venezuela.

Si bien es cierto que constitucional y legalmente el quorum de participación no determina la validez de los comicios en el país (aunque sí para los referendos en sus cuatro modalidades previstas en nuestra Carta Magna: Consultivo, Revocatorio, Abrogatorio y Aprobatorio). Políticamente sería aprovechado para darle un carácter plebiscitario a la gestión del Presidente de la República, Nicolás Maduro, y la posibilidad de cuestionar la legitimidad obtenida por éste y la propia Asamblea Nacional Constituyente en los comicios legislativos y presidenciales del 20 de mayo de 2018.

De convocarse o no este referendo, dependerá de la evaluación de múltiples factores y aspectos que debe hacer el Alto Mando Político de la Revolución, en coordinación con el Poder Electoral, aunque un referendo de estas características no debe ser tan complicado su realización, dada la experiencia que tiene el CNE en la materia.

Hace algunas semanas, buenos amigos me hicieron llegar un titular del diario zuliano de circulación nacional llamado “Panorama”, donde de manera tendenciosa publicaban un texto que señalaron como la propuesta constitucional que estaba discutiendo la ANC para ser sometida a referendo. Cuando descargue la misma, la leí, y más allá de mi acuerdo con las propuestas de 411 artículos allí planteados y la falta de técnica legislativa en el mismo, pude darme cuenta que es la propuesta de la Universidad Bolivariana de Trabajadores “Jesús Rivero” (Y que pongo a la orden de cualquier interesado o interesada, con solo dejarme su correo electrónico, con mucho gusto se la enviaría) la cual dificulto que sea la única que este siendo discutida en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero, evidentemente el secretismo con el que se ha estado manejando este tema se presta para informaciones tendenciosas y malintencionadas como estas y otras que puedan surgir.

Lo qué si pretendemos mostrar, a través de la realización del presente artículo, es que decidimos realizar un estudio, a fin de sondear la opinión y los ánimos de la población ante la eventual convocatoria de un referendo para la aprobación de la nueva Constitución, y estos fueron los resultados que nos arrojó dicho estudio.

Dicho estudio se realizó en los 23 estados que conforman la República Bolivariana de Venezuela más el Distrito Capital, durante el período comprendido del 14 al 21 de octubre de 2018. El tamaño de la muestra fue de 1.382 entrevistas representativas de todos los estratos de la sociedad venezolana, con un margen de error de 1,38%.

En primer lugar, se le pregunto a los entrevistados si participarían en una eventual convocatoria de un referendo para aprobar la Constitución que surja del debate de la actual Asamblea Nacional Constituyente. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

39,96% de los encuestados manifestaron con seguridad acudir a votar en el referendo aprobatorio de la nueva Constitución.

37,81% de los encuestados manifestaron con seguridad no acudir a votar en el referendo aprobatorio de la nueva Constitución.

22,23% de los encuestados manifestaron no saber o no responder a esta interrogante formulada.

Ahora, en cuanto a la pregunta de cómo votaría en caso de una eventual convocatoria de un referendo aprobatorio de la Constitución que surja producto del debate de la Asamblea Nacional Constituyente, estos fueron los resultados arrojados:

25,5% de los encuestados manifestaron estar indecisos ante la forma de votar en ese referendo.

32,95% de los encuestados manifestaron que votarían negativamente la propuesta constitucional que surja de los debates de la Asamblea Nacional Constituyente.

41,55% de los encuestados manifestaron que votarían afirmativamente la propuesta constitucional que surja de los debates de la Asamblea Nacional Constituyente.

Ciertamente, un tema y un escenario de estas características contribuiría a la polarización del debate político en el país, lo que constituye un elemento de ventaja para el chavismo.

Pero también constituye un elemento de riesgo, puesto que oxigenaría, rearticularía y reorganizaría a sectores de la oposición, y del denominado “chavismo crítico”.

Asimismo, los ataques a la gestión económica del actual Ejecutivo Nacional pudieran incidir en un resultado adverso de esta propuesta constitucional, tal y como ocurrió hace once años con la propuesta de reforma constitucional planteada por el Comandante Hugo Chávez. En ese entonces la guerra económica no había originado los daños que hoy en día afectan a la población. Elemento importantísimo para el análisis y la decisión que debe tener el alto mando político de la Revolución ante esta apuesta.

Asimismo, se observa una tercera franja considerable de sectores “indecisos” tanto en la participación como en la forma de votar en el mencionado referendo. Esto es así ante el desconocimiento de la propuesta constitucional de la ANC que sería sometida a la consulta. Este desconocimiento sobre el contenido de esta propuesta, ha sido bien aprovechado por sectores de oposición y los renegados del chavismo para atacar la nueva Constitución. Coincido totalmente con las apreciaciones del extraordinario periodista Clodovaldo Hernández, al señalar que cuantitativa y cualitativamente, esta ANC ha estado por debajo de las expectativas en cuanto a su producción y debates con respecto a su homóloga de 1999.

Y esto evidentemente ha traído una desmovilización terrible de sectores de nuestra sociedad diversos, desde partidos políticos hasta movimientos sociales, la cual puede culminar, si se conoce la propuesta de mejoras a la actual Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

¡Bolívar y Chávez viven! ¡Y sus luchas y la Patria que nos legaron siguen!

¡Hasta la Victoria Siempre!

¡Independencia y Patria Socialista!

¡Viviremos y Venceremos!

jmartoranooster@gmail.com, j_martorano@hotmail.com y juan_martoranocastillo@yahoo.com.ar 

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Entre los mandatos constitucionales y la realidad social

Por Oscar Bravo:

Hay un debate milenario sobre la relación entre el derecho positivo, escrito, explícito y que tanto se cumple la letra establecida en los ordenamientos jurídicos mientras se mantienen vigente…y la realidad social concreta, lo que hace reflexionar sobre la siguiente interrogante: ¿Qué tanto se cumple con lo establecido en la carta magna, como máxima ley de leyes?...

En Venezuela se sigue debatiendo sobre lo que está pasando con nuestro modelo económico, porque estamos viviendo esa terrible escalada de precios tan increíble, que hacer para controlar y evitar una hiper-inflación especulativa que le está haciendo tanto daño a la colectividad en general, ya que las personas viven “el día a día”, para saber si pueden comer, ante el súper alto costo de la vida, en donde cualquier producto vale más de un millón de bolívares…y uno se pregunta: ¿Hay consciencia sobre la dramática baja en la calidad de vida de las venezolanas y venezolanos?…

La constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tiene en sus artículos 299 y 320, una serie de postulados, principios, fines y deberes en el campo económico, que lo hace a uno considerar y preguntarse: ¿Qué tanto se está aplicando y cumpliendo con lo establecido en éstos dos artículos?...

Solamente voy a señalar el primer párrafo de los artículos 299 y 320 para permitirles a las lectoras y lectores, realizar un análisis reflexivo y así constatar que tan lejos o tan cerca estamos del cumplimiento de lo expresado como “mandatos constitucionales”…

Artículo 299: “El régimen socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela se fundamenta en los principios de justicia social, democracia, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y UNA EXISTENCIA DIGNA y provechosa para la colectividad”….

Artículo 320: “El Estado debe promover y defender la estabilidad económica, evitar la vulnerabilidad de la economía y velar por LA ESTABILIDAD MONETARIA y DE PRECIOS, para asegurar el bienestar social”…

Lo descrito anteriormente, nos hace seguir insistiendo en algunas preguntas reflexivas: ¿debe cumplirse con lo que establece nuestra constitución en su articulado? ¿Los objetivos y propósitos señalados de manera constitucional es solo  “un deber ser”? ¿Nuestra constitución es garantista? ¿El Estado es responsable del cumplimiento de la letra constitucional?..

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Para finalizar, podemos colocar por ejemplo, lo que establece en una de sus partes el artículo 3, cuando señala que El Estado tiene entre sus fines: “LA PROMOCIÓN DE LA PROSPERIDAD Y BIENESTAR DEL PUEBLO”…y sigue el debate sobre la distancia que hay entre lo escrito jurídicamente y la realidad social…

Politólogo.

bravisimo929@gmail.com

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