Por Carolina Vásquez Araya:
Elegir autoridades no es broma, es un acto cívico de
trascendencia.
Cuando el abanico de opciones para elegir a las autoridades
muestra fallas de fondo en la depuración de sus listados, es momento de
analizar con seriedad hasta qué punto está resquebrajado el sistema actual y
cómo la ciudadanía debe participar en su reparación. En Guatemala, el proceso
para determinar quiénes tomarán el bastón de mando avanza a tropezones y la
sociedad observa con estupor la infiltración de los cárteles de la droga en el
evento más importante de la vida política de su país. De hecho, la captura en
Estados Unidos de uno de sus candidatos a presidente -¡nada menos!- arroja una
mancha indeleble sobre las autoridades del Registro de Ciudadanos y del
Tribunal Supremo Electoral, TSE, instancias en las cuales el ahora señalado de
delitos tan graves como asociarse con el cártel de Sinaloa para financiar su
campaña, aprobó su inscripción sin el menor reparo.
Para la ciudadanía, este caso constituye un llamado de
atención de alerta máxima toda vez que a partir de la investigación realizada
por la DEA, la cual desembocó en una acusación detallada contra el candidato de
marras y uno de sus socios, es fácil deducir la ineficiencia de las autoridades
de investigación y seguridad en Guatemala o, mucho peor aún, su complicidad con
organizaciones criminales de enorme poder. Sin embargo, se puede escuchar el
silencio de una población tan acostumbrada a los escándalos, que ante el más
reciente capítulo de esta tenebrosa telenovela, ni siquiera se inmuta.
El paso inevitable a partir de la denuncia del Departamento
de Justicia de Estados Unidos debería ser la revisión a fondo de todas las
demás candidaturas, sus respectivos partidos políticos y las fuentes de
financiamiento de sus campañas. Para transparentar aún más el proceso,
retroceder en el tiempo para esculcar en lo acontecido durante elecciones
anteriores, debido a las salpicaduras del caso actual sobre antiguos altos
funcionarios de gobierno íntimamente vinculados a los ahora atrapados por la
justicia estadounidense.
Una revisión a conciencia de las opciones sobre el tablero
da ganas de llorar. En la contienda se presentan absolutos esperpentos
señalados por toda clase de delitos, desde tráfico de bebés y de drogas hasta
intentos de subvertir el orden democrático, pasando por un abanico multicolor
de denuncias de corrupción en una amplia gama, todo aceptado gustosamente por
las autoridades electorales y los respectivos partidos políticos sobre cuyas
estructuras han montado sus ambiciosos planes. Todos ellos (y ellas) poseedores
del correspondiente carnet de candidatos registrados, con el regalo adicional
de la inmunidad ante la ley.
La ciudadanía debe tener los ojos bien abiertos y no dejarse
deslumbrar por las evidentes falsedades de quienes pretenden hacerse con el
poder. Las pruebas de corrupción detectadas por el trabajo de la Cicig, en
conjunto con el Ministerio Público, no dejan lugar a dudas de cómo el sistema
político y quienes dirigen los hilos desde las cúpulas empresariales han
destruido toda posibilidad de restauración de una democracia tambaleante ante
sus embates; del mismo modo, han acabado con innumerables oportunidades de
desarrollo para Guatemala, uno de los países más ricos pero peor gobernados del
continente.
Abrir los ojos y escuchar con filtro no será suficiente. El
paso esencial será exigir al TSE una revisión acuciosa de los listados de
candidatos ya aprobados, dada la magnitud de su responsabilidad y su enorme
deuda con la ciudadanía. Es preciso recordar a esos magistrados cuánto daño
hacen al país con su incomprensible negligencia.
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