Por Carolina Vásquez Araya:
Cuando una autoridad naturaliza la violencia de género,
dispara las alarmas.
El vicepresidente de Guatemala dijo textualmente durante una
entrevista: “La historia juzgará a cada quien en el quehacer de su vida. Hasta
cómo nos comportamos en el hogar. Cuántas veces dejamos el ojo morado a la
esposa o la esposa al esposo. Porque todos atacan a los hombres, pero las
mujeres a veces son agresivas y no se quedan calladitas”. Su afirmación corrió
de inmediato por las redes sociales, en donde fue objeto de fuertes críticas.
Sin embargo, no faltó quien defendiera al funcionario aduciendo que su
malhadada frase había sido sacada de contexto. Para aclarar las cosas, démosle
el entorno que merece.
“La violencia contra las mujeres se ha manifestado como un
continuo en la historia de Guatemala y la violencia de género ha sido
perpetuada como una herramienta de subordinación y control de la vida y cuerpo
de las mujeres, sustentada por una cultura patriarcal y conservadora y un
sistema frágil de seguridad y respuestas judiciales que genera impunidad.” (ONU
Mujeres). Siguiendo en esa línea y de acuerdo con datos recabados por la misma
organización en Guatemala, durante el último semestre de 2018 se registraron
más de 50 mil embarazos en niñas y adolescentes como reflejo de la violencia a
la cual se ven expuestas, la mayoría de veces dentro del hogar y por incesto
cometido por sus padres, hermanos, tíos o personas allegadas a la familia.
La violencia de género y la ejercida en el hogar, eso que al
vicepresidente de Guatemala le parece la cosa más natural del mundo, se produce
sobre más del 51 por ciento de la población y la pobre respuesta del Estado
ante las violaciones, el abuso económico, social y laboral, así como el
femicidio que alcanza cifras de espanto, han convertido a Guatemala en uno de
los países de mayor riesgo para la vida y la integridad física y psicológica de
las mujeres. Por ello, naturalizar la violencia doméstica, como pretendió esa
alta autoridad del gobierno, posee implicaciones de enorme alcance moral.
El problema con las expresiones vertidas por representantes
de la máxima autoridad es cómo impactan en amplios sectores de la ciudadanía.
El acoso y la violencia en el entorno doméstico son taras sociales que es
preciso erradicar a través de educación, una legislación capaz de sancionarla y
una administración de justicia con enfoque de género y capacidad para condenar
a los agresores y proteger a las víctimas. En ese mismo sentido, la aberrante
decisión de utilizar una ley como la Ley contra el Femicidio y Otras Formas de
Violencia contra la Mujer, diseñada para amparar a las mujeres víctimas de
violencia, como parapeto contra investigaciones por supuestos delitos cometidos
por Sandra Torres, candidata a presidente, viene a horadar la solidez de un
sistema que, bien utilizado, es capaz de salvar la vida de tantas mujeres
amenazadas por un sistema patriarcal que las margina.
No hay frase inocente cuando viene de una autoridad, dado
que refleja una postura y una línea de pensamiento; por eso la necesidad
imperiosa de analizar cuidadosamente a quién o quiénes se les concederá un voto
de confianza en las próximas elecciones. Guatemala no merece la pobre calidad
de funcionarios como aquellos que la han sometido durante tantas décadas al
saqueo, a la miseria y a la desnutrición de sus nuevas generaciones con un
cinismo cruel; pero, sobre todo, a la perpetuación de una violencia cuyos
niveles solo se comparan con aquellos de las naciones africanas sumidas en
conflictos bélicos. El país se enfrenta como nunca a una necesidad imperiosa de
cambio y depuración de sus más importantes instituciones y la ciudadanía tiene
en sus manos el voto, con el poder de generar el salto hacia el futuro.
elquintopatio@gmail.com
