Por Bruno Lima Rocha:
En marzo de 2015, durante el segundo mandato de Barack
Obama, Washington calificó a Venezuela como una "amenaza a la seguridad
nacional" de la superpotencia. Las medidas se radicalizaron. Nicolás
Maduro fue elegido vicepresidente en octubre de 2012 y tras el fallecimiento de
Chávez, en marzo de 2013, nuevamente concurrió en abril, saliendo victorioso
por pequeño margen. Desde entonces, el país vive en crisis de abastecimiento,
cuyas causas casi siempre son poco o nada explicadas
Las sanciones contra el chavismo venezolano se iniciaron aún
en la era del republicano Bush Jr. De acuerdo con el informe del Servicio de
Investigación del Congreso norteamericano de marzo de 2019, los bloqueos
estadounidenses aplicados en Venezuela comenzaron en 2005, y durante los
catorce años de los bloqueos, el Departamento del Tesoro ante el Departamento
de Estado impusieron sanciones financieras a más de 111 personas y revocaron
visados a más de 250 personas venezolanos directamente.
Además, según el mismo informe, las sanciones aplicadas en
Venezuela se dividen en seis temáticas: sanciones relacionadas con el
terrorismo, sanciones relacionadas con el tráfico de drogas, sanciones
relacionadas con el tráfico de personas, sanciones relacionadas con acciones
antidemocráticas, violaciones derechos humanos y la corrupción, y sanciones
relacionadas con PDVSA - estatal petrolera venezolana.
La primera sanción se dio a partir de las preocupaciones de
EEUU con la falta de cooperación venezolana en los esfuerzos antidrogas en
2005. Este fue el año en que Bush Jr, basado en el FOREIGN ASSISTANCE ACT OF
1961, coloca por primera vez a Venezuela en la lista de países en el que el
Congreso de los Estados Unidos pasó a exigir del Departamento de Estado un
proceso anual de evaluación de los países, sobre la base del desempeño de los
países "desertificados" por los Estados Unidos, según Lopes da Silva
(2013), este acto estableció un proceso de certificación, de acuerdo con las
recomendaciones del Departamento de Estado, enviar anualmente al Congreso la
lista de los países certificados íntegramente, certificados sobre la base de
los "intereses vitales" norteamericanos y desertificados.
La certificación, integral o basada en intereses vitales,
permitiría el mantenimiento integral de programas de asistencia existentes,
mientras que la desertificación resultaría en sanciones (congelación de la
asistencia - excepto humanitaria y antidrogas - y de las importaciones, además
de la denegación de financiación y voto contrario a las solicitudes de
préstamos ante organismos multilaterales de desarrollo). Bajo la amenaza de
desertificación, varios países se vieron
obligados a ceder a las exigencias de militarización del combate a las
drogas, erradicación de cultivos, firma de acuerdos bilaterales antidrogas,
operaciones de prohibición, extradición de criminales, aceleración de reformas
legales e investigaciones sobre lavado de dinero y otras medidas.
En 2006, autoridades de EEUU pasan a expresar su
preocupación por la falta de cooperación de Venezuela en los esfuerzos de
combate al terrorismo. Desde entonces, el Secretario de Estado ha determinado
que Venezuela no está "cooperando plenamente con Esfuerzos antiterroristas
de Estados Unidos", de acuerdo con la Sección 40A de la Ley de Control de
Exportación de Armas (22 U.C. 2781). La determinación más reciente se hizo en
mayo de 2018. Como resultado, Estados Unidos prohibió todo el comercio de los
EE.UU. venta de armas y transferencias a Venezuela desde 2006. Esto significó
en la práctica que ningún artículo de defensa o servicio de defensa puede ser
vendido o licenciado para su exportación en un año fiscal a un país extranjero
que no esté cooperando totalmente con los esfuerzos antiterroristas de los
Estados Unidos.
En cuanto a las sanciones relacionadas con el tráfico humano
desde 2014, Venezuela ha estado en el nivel 3 en el Informe anual sobre la
trata de personas. Estos países son aquellos cuyos gobiernos no cumplen
íntegramente con los estándares mínimos de las víctimas del tráfico o no están
haciendo esfuerzos significativos para hacerlo y están sujetos a una variedad
de restricciones de ayuda de los Estados Unidos.
En cuanto a las sanciones dirigidas a acciones
antidemocráticas, violaciones de los Derechos Humanos y Corrupción, con la
excusa de aumento de la represión en Venezuela, el Congreso estadounidense
promulgó la Ley Defensa de los Derechos Humanos y Civil de Sociedad de 2014.
Entre sus disposiciones, la ley exige que el Presidente la imponga sanciones
(bloqueo de bienes, visados y restricciones) contra aquellos a quienes el
Presidente determina. De acuerdo con la ley, los acusados son responsables de
actos significativos de violencia o abusos de los derechos humanos asociados a
las protestas de febrero de 2014 o, más ampliamente, contra cualquier persona
que haya dirigido o ordenado a prisión o acusación de una persona
principalmente por causa del legítimo ejercicio de la libertad de expresión. En
2016, el Congreso extendió el acto de 2014 para actuar hasta 2019
En marzo de 2015, el presidente Obama emitió un acto para
implementar la P. 113-278 para bloqueo de activos y restricciones de
visa-involucrados en acciones o políticas que comprometen procesos o
instituciones; aquellos involucrados en actos de violencia o conducta que
constituyan un grave abuso de los derechos humanos.
Hasta el momento, el Departamento del Tesoro ha impuesto
sanciones contra 80 venezolanos de conformidad con el acto. Bajo el gobierno de
Obama, el Departamento del Tesoro congeló los bienes de siete venezolanos-seis
miembros de las Fuerzas de seguridad de Venezuela y un fiscal implicado en
represiones a los manifestantes de antigüedad. Bajo la administración Trump, el
Departamento del Tesoro sancionó a 73 funcionarios adicionales del gobierno y
militares venezolanos de mayo de 2017 a marzo de 2019. Estos funcionarios
incluyen al presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cecilia Flores, el Vicepresidente
Ejecutivo Delcy Rodríguez; el Vicepresidente Diosdado Cabello, ocho miembros
del Supremo Tribunal, los líderes del ejército de Venezuela, la guardia y
policía nacional y cuatro gobernadores estatales.
El 1 de noviembre de 2018, el presidente Trump emitió el to
13850, estableciendo una estructura para bloquear los activos y prohibir
ciertas transacciones con cualquier persona determinada por el Secretario del
Tesoro, en consulta con el Secretario de Estado, para operar en el sector del
oro, u otro sector de la economía, según lo determine el Secretario del Tesoro)
o ser responsable o cómplice de transacciones que impliquen prácticas engaños o
corrupción. El 8 de enero de 2019, de acuerdo con el acto 13850, la
administración Trump sancionó a 7 individuos y 23 empresas por implicación en
un esquema de corrupción que involucró a la moneda de Venezuela a prácticas de
intercambio malvadas.
Las sanciones a PDVSA comenzaron el 28 de enero de 2019, de
acuerdo con el acto 13850, el Tesoro Departamento de Control de Activos
Extranjeros del Departamento (OFAC) determinó que la empresa estaba sujeta a
las sanciones de EEUU. Como resultado, todas las propiedades e intereses de
PDVSA están sujetas a la jurisdicción de los Estados Unidos están bloqueadas.
Esto quiere decir que las personas están pasando a ser prohibidas de
involucrarse en transacciones financieras con la empresa - yendo contra
cualquier idea de libre mercado.
Al mismo tiempo, la OFAC emitió licencias generales para
permitir determinadas transacciones y actividades relacionadas con PDVSA y sus
subsidiarios. Las transacciones con PDVSA, basadas en EEUU por sus
subsidiarias, PDV Holding, Inc. (PDVH) y CITGO Holding Inc., están autorizadas
hasta el 27 de julio de 2019, y PDHV, CITGO y otras empresas estadounidenses
están autorizadas a importar petróleo de PDVSA hasta el 28 de abril de 2019 /
Los pagos para estas transacciones que se benefician de PDVSA deben
transformarse en una cuenta bloqueada en los Estados Unidos. Las varias
empresas estadounidenses con operaciones en Venezuela que involucra a PDVSA
están autorizadas a continuar sus operaciones hasta el 27 de julio de 2019.
Además de sanciones específicas contra individuos y
empresas, el presidente Trump impuso una posición financiera más amplia sanciones
contra Venezuela a través de tres actos adicionales, según él, a causa de los
graves abusos de los derechos humanos del gobierno, acciones antidemocráticas y
la responsabilidad del gobierno por el gobierno profundización de la crisis
humanitaria. En agosto de 2017, el presidente Trump emitió el acto 13808, que
prohíbe el acceso a los mercados financieros de EEUU por el gobierno
venezolano, incluyendo la PdVSA, con algunas excepciones para minimizar el
impacto del pueblo venezolano y los intereses económicos de EEUU.
Las sanciones restringen el acceso del gobierno venezolano a
la deuda de EEUU ya sus mercados de valores. Entre las excepciones son
transacciones para nuevas deudas de la CITGO, de propiedad de PDVSA. En marzo
de 2018, el presidente Trump emitió el acto 13827, que prohíbe las
transacciones involucrando la emisión del gobierno venezolano y el uso de su
moneda digital, el petro-moneda lanzada por el gobierno de Maduro en febrero de
2018 como un esfuerzo para eludir sanciones estadounidenses.
En mayo de 2018, el presidente Trump emitió el acto 13835,
que prohíbe transacciones relacionadas con la compra de productos venezolanos,
incluyendo cuentas por cobrar, y cualquier deuda establecida por el gobierno
venezolano. Las autoridades de Estados Unidos afirman que la acción fue
destinada a negar a funcionarios corruptos de Venezuela la capacidad de evaluar
y vender indebidamente activos públicos en regresar a las propinas
A lo largo de la última ronda de tensión política, ocurrida
en marzo de 2019, la estructura de distribución de energía eléctrica venezolana
sufrió un apagado repentino, lo que agravó momentáneamente la situación ya
difícil de la población de este país en mantener mínimamente un patrón
razonable. Según el Gobierno Maduro, los problemas en la red energética del
país serían fruto de sabotaje y ciber ataques, perpetrados por Estados Unidos
en favor de Juan Guaidó. Aunque no hay pruebas concretas para corroborar tal
tesis, es plausible que artificios como éstos hayan sido utilizados para
provocar la paralización del abastecimiento eléctrico del país. Esta tesis se
sustenta en el ya conocido histórico de Estados Unidos y sus aliados en
utilizar programas de ordenador y de hackers para sabotear instalaciones de
adversarios políticos
Como en el caso de las usinas de enriquecimiento de uranio
iraníes, en 2009. En este caso, la inteligencia israelí se utilizó de un virus
(stuxnet) para infectar las computadoras de la planta. Como las investigaciones
del gobierno venezolano no se divulgó todavía, es temprano para determinar qué
virus o técnica de invasión de dispositivos se utilizó para apagar el sistema
de distribución de energía venezolana
Un temor del gobierno de Nicolás Maduro, es que el sistema
de producción y distribución de petróleo también sea objeto de acciones de
sabotaje, sea cibernética o física. Esto se debe al hecho de que la economía
venezolana está estructurada alrededor de la industria petrolera. En caso de
suspensión en la producción o refinación del producto, los pocos sectores de la
economía del país que aún están virtualmente funcionando, entran en colapso.
Como todo productor de petróleo, siendo básicamente esta su
única mercancía de exportación, Venezuela depende de la oscilación de estos
precios, y especialmente, de los ataques especulativos sobre el índice del
barril Brent. Es cierto que hay escasez de alimentos y eso también se debe a la
incapacidad del sector primario venezolano, pero la crisis de abastecimiento se
deriva de dos factores. Uno es la fuga de capitales y el otro es el avance del
bloqueo. En el gobierno Trump, primero congelaron cuentas externas y la medida
más reciente simplemente bloqueó activos del orden de más de 1.000 millones de
dólares. Así, la "ayuda humanitaria" implica en el 10% de lo que se
ha tomado a la fuerza de un país soberano
Para intentar eludir el bloqueo estadounidense creado por
las sanciones a las empresas y organismos gubernamentales, Venezuela cuenta con
países solidarios la situación que Nicolás Maduro y la población del país
pasan. Turquía e India por ejemplo, mantiene el flujo de productos de primera
necesidad para el país, lo que alivia la falta de comida y otros productos. En
cambio, la India compra petróleo del país, y Turquía compra y refina el oro
para las reservas nacionales de Venezuela.
Para frenar los movimientos financieros derivados del
estrechamiento de lazos entre Venezuela y Turquía, Estados Unidos anunció, la
semana del 18 de marzo, una nueva ronda de sanciones contra empresas
venezolanas. Esta vez, centrándose en el banco BANDES (Banco de Desarrollo
Económico y Social de Venezuela), y la minera de control estatal Minerven.
Ambas empresas sancionadas tienen su situación de exclusión de los negocios con
empresas estadounidenses, o que tengan sede o negocios con Estados Unidos
justificadas por la Orden Ejecutiva 13850 de 2018 (US DPARTMENT OF TREASURY, 2019).
La adición de estas empresas a esta sanción proviene de
denuncias por parte de las autoridades estadounidenses que el BANDES sería
utilizado para el lavado de dinero por parte de miembros del gobierno
venezolano y que Minerven pondría en riesgo a comunidades indígenas y ribereñas
por los métodos arriesgados de minería, aliado, a actividades de corrupción (US
DPARTMENT OF TREASURY, 2019)
blimarocha@gmail.com
