Por Sergio Ortiz:
La despedida de Macri derogando el protocolo sobre abortos
no punibles confirma que el próximo gobierno será mejor. ¿Cuánto mejor? Eso
depende, porque no son lo mismo Kicillof que Nielsen, ni La Cámpora que Massa.
Mauricio Macri se tomó su última vacación de sus cuatro años
de presidente jugando al golf en un barrio cerrado de Villa Allende, VIP, con
sus amigotes empresarios y del PRO. Algunos vecinos, críticos, llevaron
reposeras en señal irónica a su falta de contracción al trabajo.
Si el ingeniero continúa con esa onda relajada será difícil
que consiga mantenerse como lo que proclama: el referente de la oposición al
nuevo gobierno que asumirá el 10 de diciembre. Es que esa fuerza política antiperonista
necesitará ser muy activa para poner la mayor cantidad de palos en la rueda a
Alberto Fernández.
Puede ocurrir que Macri juegue ese rol derivando en otros
operadores el trabajo sucio. Algo así puede haber pensado al resolver en la
mesa chica del PRO que la nueva titular de la agrupación sea Patricia Bullrich,
bien derechosa y activa, capaz de ordenar «gatillo fácil» y operaciones
ilegales varias.
Esa designación denota la mayor carga agresiva del PRO. En
ese lugar antes estuvieron Humberto Schiavoni y Emilio Monzó, que tenían un
perfil más dialoguista, no tanto «doctrina Chocobar».
Ahora, en lo que de Bullrich dependa, el partido macrista
será manejado como un grupo blindado de Gendarmería, para embestir contra todas
las iniciativas medianamente positivas que alumbre la nueva administración del
Frente de Todos.
Ese final de las medias tintas también se notó en la
derogación del Protocolo sobre la Interrupción Legal del Embarazo que había
firmado el secretario de Salud, Adolfo Rubinstein. Obvio que lo publicado en el
Boletín Oficial no era la legalización del aborto, como inventaron los
integristas del PRO y los neonazis como Alejandro Biondini, sino algo más
módico pero necesario. Se refería a los abortos no punibles, legalmente
admitidos desde 1921 cuando está en riesgo la salud de la madre o el embarazo
fuera producido por una violación.
Rubinstein, dirigente radical, ya había estado a favor del
aborto legal, derrotado ajustadamente el año pasado en el Senado, y quería al
menos asegurar con un protocolo nacional el fallo FAL de la Corte Suprema del
año 2012. No pudo ser. Lo desautorizaron. Y tuvo que renunciar, con lo que
quedó claro que en el PRO hay un proceso de bolsonarización, político e
ideológico. Sus aliados hasta hoy, como los radicales y lilitas, van a tener
que ceder más posiciones a favor de quien se considera el dueño del circo. Si
les gusta, bien; y si no, se van. Muchos se van a quedar, pero sería bueno que
otros, como Rubinstein, se vayan y traten de recuperar para su viejo partido algún
aire con partículas yrigoyenistas y alfonsinistas.
Por una justicia justa.
No les será fácil a los actuales gobernantes volver al
llano. A muchos de ellos y al propio Macri los están aguardando con citaciones
en muchos juicios por corrupción, como el de las empresas de peajes en
autopistas y el intento de licuar la deuda familiar con el Correo.
Esta semana testimonió Lázaro Báez ante el Tribunal Oral
Federal 4 y denunció que fue apretado por enviados de la AFI y periodistas de
la claque macrista para que incriminara a Cristina Fernández de Kirchner, como
si fuera su testaferro. Algunos de los nombres que dio el santacruceño, preso
desde 2016, son los que aparecieron en operativos de la AFI macrista en la
causa de extorsiones del falso abogado Marcelo D’Alessio, con la posible
complicidad de Daniel Santoro y presunta participación del fiscal rebelde en
Dolores.
Más allá de la mala prensa que tiene el exdueño de Austral
Construcciones, es muy grave lo que denunció. Eso coincide con las maniobras
orquestadas desde el poder macrista y sus patas judicial y mediática para
tratar de proscribir a la expresidenta y si hubiera sido posible llevarla por
una larga temporada a Ezeiza o Marcos Paz.
Ese último objetivo no pudo ser logrado. Tanta arbitrariedad
y persecución al final terminó victimizándola, por lo menos a los ojos de la
mayoría de la población. Y, votos de por medio, con todo lo que ello supone,
CFK terminará asumiendo como vicepresidenta de la Nación y autoridad en el
Senado. Su hijo Máximo, otro de los blancos de la campaña persecutoria, será
jefe del bloque peronista de Diputados, según los últimos retoques acordados
entre el presidente electo y la vice.
Los que en cambio no tendrán la suerte de recuperar la
libertad son muchos exfuncionarios, presos políticos desde hace varios años,
aún con la reciente reforma procesal penal que limita las prisiones
preventivas. Es paradójico que el fin de la abominable «doctrina Irurzún» no
haya sido puesta inmediatamente en práctica, por ejemplo, para liberar al arquitecto
Julio De Vido, próximo a cumplir los 70 años de edad y detenido desde octubre
de 2017.
Ya se sabe que una justicia lenta no es justicia. Para
numerosos empresarios, casi todos de matriz monopolista, acusados de corrupción
en la causa de las fotocopias de los cuadernos, la justicia tuvo una velocidad
supersónica para resolver sus libertades. Y a Paolo Rocca, el dueño de Techint,
ni siquiera se lo demoró 24 horas.
Se dice con mucha razón que la situación económico-social
que deja el macrismo es sumamente grave y que es la peor herencia para el
Frente de Todos. Esto es verdad, pero con un matiz. La profunda desigualdad
social puede competir y aún superar la gravedad de ese drama. Un ejemplo lo
pone de relieve: los obreros del ingenio La Esperanza, ahora definitivamente
sin ella, advirtieron en reiteradas oportunidades fallas en la seguridad de ese
establecimiento jujeño. Un problema eléctrico desencadenó un incendio y 12
trabajadores murieron, en tanto los nuevos propietarios tucumanos apañados por
el gobernador Gerardo Morales no tuvieron ni un rasguño, amén de no haber
abonado la segunda cuota de la compra del establecimiento. Este sigue siendo el
país donde advirtió don Atahualpa que «las penas son de nosotros, las vaquitas
son ajenas».
¿Esta matriz desigual cambiará a partir del 10 de diciembre?
Tendría que cambiar. Hay intenciones de que así sea, pero no está asegurado.
«Es la política, estúpido».
¿De qué depende que haya soluciones a esos problemas con
mayúscula que padece la Argentina? No hay un sólo factor ni manera de hacer las
cosas; el panorama es complejo y depende de muchas causas y efectos que se
influyen mutuamente.
No sólo importan la política, los planes económicos y hasta
la eficiencia de los funcionarios elegidos. La cuestión nacional es clave, pero
sin aislarse de la región de la que formamos parte, más en este tiempo de
crisis del neoliberalismo, rebeliones populares, agresividad del imperio y
golpes de Estado como en Bolivia. Todo eso influye, hasta la mala suerte de un
avance propio y un contragolpe ajeno, como pasó hoy en Lima.
La clave es la política, o sea el diagnóstico, las posibles
soluciones y el tipo de dirigentes que se ponen manos a la obra a partir de
diciembre.
En tren de impedir los cambios, alguien puede insistir con
que el principal problema de la Argentina es la inflación, y en consecuencia
reclamar recetas como las ya fracasadas de estos cuatro años. O sostener que
hay mucha gente en el Estado y hay que combatir el gasto público y proceder a
una reforma laboral para elevar la productividad y ganancias en el sector
privado, de los monopolios nucleadas en la UIA. Sería otra estafa a la gente.
Aunque suene setentista, hace falta un programa popular,
democrático, antimonopolista y antiimperialista, que comience por atender las prioridades
más urgentes de las mayorías.
Macri y el PRO contrajeron el crédito de 57.100 millones de
dólares con el FMI, que sirvió para fugar capitales y engordar las ganancias de
bancos y de la bicicleta financiera. Lo hicieron pasando por alto las
disposiciones de Hacienda, ordenanzas del Banco Central y previsiones
constitucionales de que la deuda externa debe ser tratada por el Congreso.
Sería necesario no pagar esa deuda y afectar esos recursos a las necesidades
del país y llevar a la justicia a los autores del desfalco. Antiimperialismo y
sensatez.
Con el gobierno que fenece las energéticas ganaron el mil
por ciento en tres años, según el observatorio Oetec y la Universidad de
Avellaneda. El dato saliente son 24.819 millones de pesos de ganancia de Pampa
Energía (Marcelo Midlin) sumando 2017 y 2018. Similares fueron las ganancias de
las otras energéticas, que lucraron con la dolarización a expensas de sus
clientes, pauperizados. No es difícil adivinar el camino que se debería optar:
la nacionalización del sector energético. Que el petróleo, el gas y la
electricidad estén en manos del Estado.
Claro que además de las políticas más correctas hay que
acertar en el tipo de funcionario para llevarlas a la práctica.
Porque una cosa es Julio de Vido, que antes en libertad y
hoy preso político viene proponiendo esa nacionalización clave.
Y otra muy distinta es Guillermo Nielsen, posible
funcionario de AF con un plan para Vaca Muerta en beneficio de los monopolios
allí afincados, con libre disponibilidad de divisas, reintegro de impuestos y
ventajas que ni siquiera Juan J. Aranguren les habría otorgado.
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