Los rentables dividendos de la política

 Por Juan Pablo Cárdenas S. 

Los próximos procesos electorales de la política chilena van a determinar quienes lleguen a La Moneda, definir cuáles serán los nuevos senadores y diputados de la República, además de los centenares de consejeros regionales cuya elección quedó pendiente después de los recientes comicios de gobernadores, alcaldes, concejales u otros. Oportunidad en que se determinaron, también, los 155 integrantes de la Convención Constitucional.

Debemos ser uno de los países con más representantes del “pueblo”, en relación al tamaño de nuestra población de poco menos de 20 millones de habitantes. Asimismo, pocos ciudadanos del mundo deben demostrar tanto interés por constituirse en autoridades políticas, preocupación que en otros estados se limita a los partidos políticos que nunca, por lo demás,  suelen ser tantos como aquí, donde fácilmente se pueden contar más de treinta agrupaciones de derecha, centro e izquierda, si es que todos estos pueden ser catalogados de esta manera.

En los últimos días, de todas las primarias, consultas ciudadanas y conciliábulos cupulares terminaron resultando nueve postulantes presidenciales y miles de candidatos al Congreso Nacional, en toda una onerosa faena que se catalogó de “fiesta de la democracia”, pero que en total no comprometió a más de tres o cuatro millones de personas de los de 12 o 13 que estuvieron convocados. En este sentido, la epifanía se concentró en los que están interesados en lograr un cupo electoral, así como en las programaciones televisivas especiales, pero no logró interesar a la inmensa mayoría de chilenos estresados por el desempleo, el trabajo mal remunerado, la pandemia y los peligros de una cotidianeidad en que campean el crimen organizado, los narcodelitos y tensiones sociales cada vez más virulentas en la Araucanía y otros puntos del territorio.

 A lo anterior, y sirva también como explicación, hay que sumar que el estado chileno gratifica muy bien a quienes llegan La Moneda, al Poder Legislativo, a los municipios, a las embajadas y a ese conjunto de instituciones y empresas del Estado que disponen de administradores de carácter político que no se derivan necesariamente por sus méritos. Aunque es justo aclarar que en los últimos años se han implementado leyes y prácticas tendientes a que a los altos cargos de la llamada burocracia sean definidos por concursos y procedimientos más serios y formales. Sin embargo, como estamos en Chile, sabemos que con la ley han surgido las trampas para vulnerar lo convenido.

Ser parlamentario, edil, embajador o estar incorporado a la planilla ejecutiva y los directorios del Banco del Estado, de Codelco y otros organismos resulta un enorme beneficio para quienes, además, retienen muchas veces sus cargos por cuatro, ocho o más años. Como ha sido varias veces comprobado, un parlamentario o un ministro en Chile puede ganar más que un colega en Estados Unidos, Alemania y los países más ricos y poderosos de la Tierra, pero además de su sueldo, sabemos que la posesión de muchos de las altas funciones facilita a sus titulares aprovechar apetecidas oportunidades de negocios, cuando no acceder a esas coimas que las grandes empresas disponen para cogobernar con el Ejecutivo, el Parlamento e influir en las decisiones judiciales. Las remuneraciones de los altos cargos del Estado sobrepasan por lo menos cinco veces el ingreso promedio de los trabajadores chilenos y mucho más, todavía, cuando se trata del salario mínimo. Brecha que no existe, por supuesto, en las democracias serias y acaso en las mismas dictaduras del mundo.

Cuento aparte es formar parte de las cúpulas uniformadas, donde la malversación de los caudales públicos, sobresueldos y privilegios previsionales y de salud, por ejemplo, son el pan de cada día. Es cosa de sumar cuántos militares, altos policías y otros están imputados actualmente por sus fraudes al fisco y otras prácticas de corrupción en una siniestra realidad que involucra e integra también a muchos civiles que tienen directa relación con nuestros institutos armados, relación que es muy placentera para muchos los políticos. Ya nadie se atreve a decir que Chile es un país probo en relación a otros de América Latina y del mundo. Quedaron, ciertamente, muy atrás aquellos años en que hubo gobernantes que abandonaron pobres del palacio gubernamental, renunciaban a su dieta parlamentaria y se demostraban insobornables en relación a las propuestas públicas y la contratación de empresas encargadas de desarrollar obras de infraestructura o viviendas populares. Ha quedado demostrado que construir un hospital o un colegio resulta mucho más caro en Chile que en muchos otros países de la Tierra. Cuando no culminan en puentes, grupos habitacionales, carreteras, líneas férreas y otras que colapsan en muy poco tiempo a causa de la falta de probidad de los constructores nacionales y extranjeros siempre al acecho del erario fiscal.

A todo nivel social existe ansiedad por alcanzar cargos públicos. Incluso ahora no faltan los grandes empresarios como Sebastián Piñera que manifiestan su interés por un ministerio o escaño legislativo. Ello se demuestra en la enorme oferta de candidatos, entre los cuales no pocos se cambian de partido o creado otros a objeto de obtener cupo en las papeletas. Precisamente entre los propios candidatos presidenciales se puede descubrir tal mutabilidad, lo que se explica también en la consistencia ideológica y falta de proyecto histórico de las colectividades. Si hasta tenemos postulantes sin programa alguno y otros que hasta ofrecen dinero y viajes de resultar electos. Ni qué decir los que quedaron “colgados de la brocha” como se dice, al decidirse militar en algunos referentes que los utilizaron y posteriormente se sacudieron de ellos. Se sabe que dos ex candidatos presidenciales que buscaron nuevo domicilio político para extender sus pretensiones electorales han quedado en la orfandad misma.

Es iluso pensar que ante tanto postulante aumente sustantivamente la concurrencia a las urnas, a no ser que se reestablezca el sufragio obligatorio. Seguramente, se van a mantener o variar muy discretamente los altísimos índices de abstención, en un país que en el pasado hasta podía ufanarse del gran espíritu cívico de su población. Porque hoy son contadas las excepciones de los dirigentes que tienen propuesta y efectiva vocación de servicio público.  A lo anterior, consignemos la desvergonzada dispersión de los sectores autodefinidos como izquierdistas o progresistas , lo que hace muy probable que termine favoreciendo la continuidad de la derecha en el Gobierno.

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Los evidentes efectos del nepotismo

Por Juan Pablo Cárdenas S.:

Sebastián Piñera tuvo que pagar un alto precio en su imagen pública por el “gustito” de llevar a sus hijos a su visita de estado a China y Corea del Sur. Finalmente, no ha podido liberarse de la convicción que existe respecto de que sus herederos aprovecharon su viaje para establecer buenas relaciones de negocios con el Asia, después de haber creado recientemente una empresa con tal propósito.

“De tal palo tal astilla” dice la gente al recordar la trayectoria del actual Presidente en estas materias, cuando todas sus funciones públicas de alguna forma han favorecido su propósito de convertirse en uno de los multimillonarios del país, pese a las triquiñuelas de  aquel fideicomiso ciego que discurrió en un momento para disimular el que ha sido su afán dilecto: atesorar bienes en esta tierra, contar con los recursos necesarios para escalar en la política y, ahora, asegurarle el porvenir a sus hijos, nietos, bisnietos y algunos amigos.

Sin embargo, aunque sus detractores lo critiquen, lo cierto es que el Jefe de Estado cuenta con la complicidad general de la clase política. No es solo él que se ha enriquecido durante el ejercicio de sus cargos públicos. Los hay prácticamente de todos los colores políticos, salvo algunas excepciones muy honrosas o la de quienes ya habían logrado este objetivo durante la Dictadura o, incluso, antes.

Por lo mismo es que para La Moneda y el Parlamento es tan difícil legislar contra el nepotismo y el tráfico de influencias. Un cínico personaje me reconocía hace algunos años que el poder no tenía ningún sentido si no se lo ejercía constantemente y se le aseguraba a sus familias un sustento suficiente como para compensar las ausencias filiales de quienes ejercen los altos cargos públicos. Un sentimiento, por cierto, que tiene muy a maltraer a la mayoría de las democracias del mundo y que lleva a los ciudadanos a desistir de esa idea de Churchill en cuanto a que hasta las malas democracias son siempre preferibles a las dictaduras. Al mismo tiempo que aceptar, aunque sea a regañadientes, la sentencia de aquel corrupto líder sindical mexicano: “un político pobre es un pobre político”.

Los fueros que hasta hoy favorecen a las autoridades es una de las más importantes prerrogativas del poder para escapar o dilatar la acción de los Tribunales de Justicia. Incluso en la certeza de que un parlamentario haya cometido un serio delito común, las policías están obligadas a considerar su rango y esperar si éste es desaforado finalmente para poder someterlo a proceso y condenarlo. Un privilegio que resguarda a la clase política en su “privacidad”, aunque en el periodismo se nos haya enseñado que “la vida privada de los personajes públicos debe ser necesariamente pública” y develada por los medios de comunicación si ello conviene al interés nacional.

En virtud de lo anterior es que hay no pocos mandatarios de todo el mundo que se han visto acorralados por la prensa y obligados a abandonar sus cargos, como hoy se intenta con las denuncias en pro de la destitución de un desquiciado como Donald Trump. En Chile, sin embargo, ya vemos cómo uno y otro imputado político consigue finalmente su sobreseimiento, aunque sea recurriendo a la prescripción de sus delitos. Lo que demuestra que es cuestión de contar con buenos abogados procesalistas y jueces dóciles para alargar eternamente los juicios con tal propósito.

Así también se puede explicar que un diputado de la República choque con su automóvil y atropelle a una persona para, enseguida, huir del lugar y evitar el agravante de conducir en estado de intemperancia alcohólica. Así como años antes, otro parlamentario lograra también salvar a su hijo de una condena por manejar ebrio y matar a un transeúnte. Dilaciones procesales y lenidades judiciales que hacen al hijo de la ex mandataria Bachelet estar seguro que resultará impune de las múltiples denuncias que se le han hecho por tráfico de influencias y fraude al Fisco. Con el descaro añadido de criticar públicamente a Piñera por haber llevado a sus hijos a su última gira presidencial.

Desde siempre, hay que reconocerlo, la carrera judicial está altamente condicionada por la posibilidad de que los jueces tengan “buenos contactos” en La Moneda o el Parlamento, instancias donde se “negocian” sus ascensos entre los distintos sectores políticos. La falta de independencia del Poder Judicial, en este sentido, así como la inexistente autonomía presupuestaria de nuestra jurisprudencia, explican buena parte de estas impunidades y, ahora, que sean los propios magistrados los que buscan también enriquecerse con coimas y favores de los empresarios y políticos que son investigados por el Ministerio Público. Como lo indican esas denuncias concretas, como se sabe, en la Sexta Región del país, pero que se supone pueden estallar en todo el país y muy especialmente en las notarías, cuyos titulares son nombrados por los jueces en connivencia con los caudillos locales y regionales.

La misma discusión que se ha abierto, ahora, para el nombramiento de una nueva integrante de la Corte Suprema ha develado en estos días cómo los que llegan al máximo tribunal solo por excepción pueden exhibir nada más que los meritos profesionales para desempeñarse en dichas funciones. Ya hemos señalado antes cómo los jueces cómplices de los crímenes de Pinochet lograron mantenerse en sus funciones por otros largos años, en la certeza que muchos políticos tenían de que era preferible entenderse con los jueces corruptos y abyectos que arriesgarse a renovar nuestros tribunales con integrantes idóneos e independientes.

De esta manera, parece muy difícil que quienes tienen que legislar puedan acordar leyes para otorgarles independencia a los jueces y terminar con las prebendas que actualmente tienen como “representantes” del pueblo. A ello debemos agregar la legitimidad que surge de aquellas acciones de resistencia ciudadana para evadir el cumplimiento de las leyes.

Para negarse a pagar, por ejemplo, las tarifas de la locomoción colectiva o de la electricidad, burlar las leyes del tránsito y buscar el enriquecimiento rápido y fácil con el tráfico de drogas, los asaltos y otras prácticas que nos han llevado a constituirnos en un país peligroso y acosado por el miedo. ¿Por qué no robar y delinquir cuando lo hacen con desparpajo los gobernantes, los militares y las policías, los jueces y hasta los sacerdotes y pastores?

juanpablo.cardenas.s@gmail.com

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El fraude constitucional sobre la aprobación del decreto de estado de alarma de la ANI (Asamblea Nacional Insubordinada).

Por Juan Martorano:

El pasado día lunes 11 de marzo de 2019, la ANI (Asamblea Nacional Insubordinada) dirigida por el doblemente usurpador y cachorro imperial, Juan “White Dog” convocó una sesión donde “aprobó” por propuesta de éste, una de las modalidades de estado de excepción previsto en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y de la Ley Orgánica sobre estados de excepción, de acuerdo a la Gaceta Oficial ordinaria Nº 37.261 de fecha 15 de agosto de 2001.

Como un primer elemento que hay que señalar en estas líneas, y que hay que recordar, es que en el país desde hace rato, se encuentra vigente un Decreto de estado de excepción y emergencia económica por parte del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros.

Fue el 14 de enero de 2016 que el Primer Mandatario Nacional publicó por primera vez esta medida, y que la misma se adopta en el marco de la Constitución y el ordenamiento jurídico, la cual apareció en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria Nº 6.214.

De ahí que el mismo ha tenido varias prórrogas, la más reciente, publicada en la Gaceta Oficial extraordinaria Nº 6.424 del decreto 3.736 de fecha 11 de enero de 2019. 

Este decreto de estado de excepción y emergencia económica constituyó la primera línea de defensa implementada por el presidente Nicolás Maduro, ante las incipientes medidas coercitivas unilaterales producto de la Orden Ejecutiva firmada por el entonces presidente de EEUU, Barack Obama, y la labor de destrucción del Estado- Nación y de conspiración en contra del Jefe de Estado venezolano que comenzaría a desempeñar para ese entonces la Asamblea Nacional de mayoría opositora que se instalaba el 5 de enero de 2016.

Importante es recordar, tal y como lo señala Juan Garay, que un estado de excepción, tal como lo define el artículo 337 de nuestra constitución, puede ser decretado por el Presidente o Presidenta de la República, en Consejo de Ministros, entendido éstos como la ocurrencia de anomalías de orden social, económico, natural, etc., que afecten gravemente la seguridad de la nación, las instituciones y a los ciudadanos y ciudadanas, a cuyo respecto resulten insuficientes las facultades de las cuales se disponen para hacer frente a tales hechos, y que exijan medidas especiales. En tal caso, podrán ser restringidas las garantías constitucionales salvo las referidas al derecho a la vida, y otras que están expuestas al final del artículo.

Evidentemente, el desechable “White Dog”, aprovechando el próximo vencimiento del referido decreto por parte del Presidente Maduro, y dada la ocurrencia del evento terrorista contra el sector eléctrico del pasado jueves 07 de marzo de 2019, quiso “picar adelante” y de ahí la convocatoria a una sesión especial por parte del parlamento en desacato e insubordinado, a fin de imponer las condiciones de la emergencia nacional, pero sobre todo, como requisito previo para la “autorización de una misión militar extranjera en el país”, que no es más que legitimar la invasión del ejército estadounidense sobre territorio venezolano, a través de una interpretación sesgada del artículo 187 numeral 11 del texto constitucional.

Pues bien, volviendo al tema de análisis objeto de este artículo, nos corresponde expresar las razones por las cuales consideramos que el “decreto de estado de alarma” del actual parlamento insubordinado es írrito y no tiene eficacia jurídica.

Importante es de recordar, que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece un sistema de pesos y contrapesos, y de controles entre las diferentes ramas del Poder Público, a nivel nacional, estadal, municipal y hasta el comunal, los cuales garantiza que cada una cumpla con sus atribuciones, y se colaboren entre sí, a fin de lograr los fines del Estado democrático y social, de Derecho y de Justicia, contemplado en el artículo 2 del texto constitucional.

Además de lo obvio, que el referido decreto de estado de alarma aprobado por el parlamento insubordinado no surtirá los efectos jurídicos por encontrarse éste en situación de desacato, además de ello, el mismo proviene de autoridad usurpada, por lo que sus actos son nulos, y sus impulsores e impulsoras incurren en las responsabilidades que están previstas en nuestro ordenamiento jurídico venezolano vigente.

Además de ello, cabe destacar algunos elementos procedimentales del mismo, de acuerdo a la propia Ley Orgánica sobre estados de excepción.

Por ejemplo, el artículo 26 del referido instrumento jurídico, señala que el decreto que declare el estado de excepción será remitido por el Presidente de la República a la Asamblea Nacional, dentro de los ocho días continuos siguientes a aquél en que haya sido dictado, para su consideración y aprobación. En el mismo término, deberán ser sometidos a la Asamblea Nacional los decretos mediante los cuales se solicite la prórroga del estado de excepción o de aumento del número de garantías restringidas.

Si fuere el caso de que el Presidente o Presidenta de la República no diere cumplimiento al mandato establecido en el artículo antes citado y en el lapso previsto, la Asamblea Nacional puede perfectamente pronunciarse de oficio.

El artículo que le sigue, el 27, expresa que el decreto que declare el estado de excepción, la solicitud de prórroga o de aumento del número de garantías restringidas será aprobado por la mayoría absoluta de los diputados y diputadas presentes en la sesión especial que se realizará, sin previa convocatoria, dentro de las 48 horas de haberse hecho público el decreto.

Asimismo, si por caso fortuito o fuerza mayor la Asamblea Nacional no se pronunciare dentro de los ocho días continuos a la recepción del decreto, éste se entenderá aprobado.

La cuestión es: Si el decreto que el “presidente interino” Juan Guaidó se hizo público el lunes 11 de marzo de 2011. ¿Cómo es eso que el parlamento nacional “aprueba” el mismo en la misma fecha? ¿En qué archivo consta   la recepción del referido decreto por parte del parlamento?

Pero sobre todo: ¿Dónde está la firma de Juan Guaidó, y con la de él, la de su Consejo de Ministros, que avalen el referido decreto? Cabe recordar que el artículo 236 de nuestra Carta Magna, referido a las atribuciones del Presidente o Presidenta de la República, en su primer aparte le señala que el Presidente o Presidenta de la República ejercerá en Consejo de Ministros las atribuciones señaladas en los numerales 7, 8 , 9, 10, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22 y las que le atribuya la ley para ser ejercidas por igual forma.

El numeral 7 del artículo 236 constitucional le concede como atribución al Presidente o Presidenta de la República la potestad de declarar los estados de excepción y decretar la restricción de garantías en los casos previstos en la Constitución.

Ciertamente, y este ejercicio de suposiciones, de conformidad con el artículo 236.7 el Presidente o Presidenta de la República está autorizado o autorizada a decretar por su cuenta los estados de excepción y la restricción de garantías contempladas en el artículo 337 al 339 de la Carta Magna, y el mismo presentarse ante la Asamblea Nacional para su aprobación, y a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para que se pronuncie sobre su constitucionalidad. 

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia decidirá sobre la constitucionalidad del decreto de estado de excepción dentro de los diez días continuos contados a partir de la recepción del recibo de la comunicación del Presidente o Presidenta de la República o del Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional, o del vencimiento de los ocho días continuos previstos en el artículo 31 de la Ley Orgánica sobre estados de excepción, siguiendo el procedimiento previsto en el referido instrumento legal.

Si la Sala Constitucional no se pronunciare en el lapso establecido, los magistrados y magistradas que la componen incurrirán en responsabilidad disciplinaria, pudiendo ser removidos y removidas de sus cargos de conformidad con el artículo 265 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, cabría señalar lo siguiente:

1.- ¿Dónde está la comunicación dirigida por el actual parlamento nacional dirigida a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia sobre el acuerdo donde se aprueba el decreto de estado de alarma del “White Dog”?

2.- ¿Dónde está la publicación en Gaceta Oficial del acuerdo parlamentario de la ANI (Asamblea Nacional Insubordinada) que le ordena el artículo 30 de la Ley Orgánica sobre estados de excepción, así como su difusión en el más breve plazo, por todos los medios de comunicación social, al día siguiente en que haya sido dictado, si fuere posible?

3.- Pero sobre todo, y por algunas informaciones que manejamos: ¿Habrá tenido dicha sesión especial el quórum requerido para sesionar? ¿Tendrá validez la sesión especial del lunes 11 de marzo de 2019 del parlamento nacional?.

En resumen, y por todas estas consideraciones jurídicas y políticas, la aprobación por parte de la ANI de este decreto de estado de alarma es írrito, nulo de nulidad absoluta, y es más una acción propagandística para justificar un escalamiento en las acciones injerencistas tendientes a incrementar la inestabilidad política, el caos e ingobernabilidad, que actúa como argumento de la narrativa que legitime una acción armada más directa por parte de EEUU sobre territorio venezolano.

Como conclusión a todos estos planteamientos, se busca propiciar una crisis política a través de la utilización de los mecanismos de participación popular y constitucional. Pero afortunadamente, disipando estas dudas, y por el sistema de pesos y contrapesos de nuestra Carta Magna, serán derrotadas tales pretensiones, porque estamos blindados.

Y otra razón más para disolver esta Asamblea Nacional Insubordinada, y dotarnos de un parlamento que esté a la altura de las necesidades del país, y del tiempo histórico que vivimos.

¡Leales siempre! ¡Traidores, nunca!

¡Bolívar y Chávez viven, y sus luchas y la Patria que nos legaron siguen!

¡Hasta la Victoria Siempre!

¡Independencia y Patria Socialista!

¡Viviremos y Venceremos!

jmartoranoster@gmail.com

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Israel -Un Estado judío pero no democrático

Por Michel Warchawski:

La adopción por el Parlamento israelí de la ley sobre la Nación es una confirmación de la deriva del gobierno de extrema derecha para el que el carácter judío del Estado es prioritario a la democracia. Y marca, según una periodista israelí, el fin de la democracia.

En el último momento, justo antes del final del período parlamentario y el inicio de las vacaciones de las y los diputados, el Parlamento israelí ha votado la Ley sobre la Nación”, una ley constitucional que no puede ser derogada más que por una mayoría calificada. Una ley que pone al Tribunal supremo fuera de juego si contemplara anularla por estar en contradicción con los fundamentos de Israel como Estado judío y democrático. Esta ley se añade a otra, votada este año, que cambia radicalmente el equilibrio entre los poderes, y limita las posibilidades del Tribunal Supremo de declarar anticonstitucional una ley votada por el Parlamento (en hebreo ‘hoq ha-hitgabrut que se puede traducir por ley sobre la preeminencia).

¿Por qué esta urgencia? ¿Por qué dar a esta ley tanta importancia?

Antes de responder a estas preguntas, resumamos los diez artículos de la ley sobre la Nación: srael es la patria histórica del pueblo judío; el símbolo del Estado es el candelabro, su himno es La Hatikvah (La esperanza); la capital de Israel es el gran Jerusalén reunificado; la lengua oficial es el hebreo; el Estado está abierto a la inmigración judía; el Estado dedicará medios para conservar sus lazos con los judíos del extranjero el estado promoverá la colonización judía; los calendarios oficiales son los calendarios hebreo y extranjero (sic); las jornadas del judeocidio, del recuerdo (de los soldados caídos en el frente) y de la independencia son jornadas oficiales; el Sabbat y las fiestas (judías) son jornadas no laborables; enmiendas a esta ley solo pueden ser aprobadas por una ley fundamental (constitucional), con una mayoría de 61 diputados.

Habrá mucha gente que diga: ¿qué hay de nuevo en esta ley? ¿Por qué enfadarse contra esta ley puesto que todo lo que está escrito en ella ha estado en el trasfondo de la política de Israel desde hace 70 años? ¿Significa algo nuevo la Ley sobre la Nación? ¡Pues claro que sí!

Durante más de medio siglo, Israel ha sido definido como un Estado judío y democrático, Judío con una gran J, es decir el Estado de los Judíos -entendido como comunidad y no como religión. Aunque para mucha gente esta definición es  un oxímoron (¿cómo ser una democracia si se excluye a una o varias comunidades de la soberanía real?), la caracterización de Estado democrático contaba mucho para la dirección y el pueblo israelíes. Se quería pertenecer al mundo civilizado, al Occidente democrático o que se pretendía tal, y no al tercer mundo o al totalitarismo soviético.

Para las y los ciudadanos, los derechos civiles eran reales, y a partir de 1996, tanto las libertades públicas como el derecho a la organización y a expresión no eran solo consignas vacías de contenido. El racismo antiárabe no desapareció, ni mucho menos, pero no se puede negar que el espacio público dejaba cada vez más lugar a la minoría árabe.

El carácter democrático (ilusorio) del régimen israelí no era solo una cuestión de imagen internacional; era también una cuestión de percepción de sí mismo: la gente que fundó el Estado y las primeras generaciones de inmigrantes se consideraban parte de la filosofía de las Luces que supuestamente guiaba al mundo occidental.

Es ahí donde se puede comprender el giro cualitativo dado por la extrema derecha, que, hay que recordar, tiene el poder desde hace ahora más de dos decenios. En la línea ideológica y política del neoconservadurismo ha emprendido una contrarreforma política, social e ideológica, y una verdadera cruzada contra los valores de las Luces. Benjamín Netanyahu ya no corteja a la Europa liberal, sino a los regímenes semi totalitarios polaco, checo y húngaro, y está dispuesto a reescribir la historia antisemita de esos países; él, que ha instrumentalizado sistemáticamente la acusación de antisemitismo para deslegitimar todas las críticas a su política que vinieran de la izquierda del tablero político. Al primer ministro israelí, a sus ministros y amistades no les plantea ya ningún problema mostrarse con antisemitas notorios, reivindicarse de las nuevas derechas europeas, y cerrar los ojos sobre los amigos neonazis de Donald Trump.

En este espíritu, el poder israelí no tiene ya ningún complejo en romper el viejo oxímoron que calificaba a Israel de Estado judío y democrático. La ley sobre la Nación tira a la basura la vieja pretensión de ser a la vez un Estado judío y un Estado democrático: Israel pertenece ya al pueblo judío y únicamente a él. Las y los ciudadanos palestinos son inquilinos; su presencia en el país y el ejercicio de sus derechos cívicos son condicionales, y por tanto siempre provisionales.

El eslogan electoral que lanzó hace una decena de años el partido de Avigdor Lieberman: “Sin lealtad no hay ciudadanía”, refleja completamente esta concepción de la nueva democracia israelí. Con la nueva ley constitucional, está ya grabado en mármol. Cuando escribo estas líneas, la presentadora de los

informativos de la primera cadena de la televisión acaba de comenzar las noticias

Con la frase siguiente: “Esta semana negra marca el fin de la democracia israelí”.

El presidente Reuven Rivlin se ha rebelado también, públicamente, contra esta nueva ley.

La Ley sobre la Nación declara además que la colonización judía (en Israel y en los territorios ocupados en 1967) es una prioridad nacional, abriendo así el camino a nuevas olas de expropiaciones masivas, incluso de las pocas tierras dejadas a las y los ciudadanos árabes. Simbólicamente, la ley declara también que la única lengua nacional es el hebreo, derogando así una de las condiciones impuestas por la ONU en 1949 para integrar a Israel en su seno.

Volvamos a las preguntas planteadas al comienzo de este artículo: ¿por qué ahora, por qué tan rápidamente, por qué dar a la Ley sobre la Nación tanta importancia, cuando su contenido no aporta nada nuevo desde un punto de vista práctico? Para responder a ello, tenemos que pasar de la gran política institucional y constitucional a la pequeña política politiquera, y a la competencia entre Benjamin Netanyahu y su ministro de educación Naftali Bennett del partido de extrema derecha.

El Hogar Judío. Entre estos dos personajes se desarrolla una batalla de poder para la determinación de quien será el líder de la derecha el próximo decenio.

El insulto que significa esta ley para la minoría árabe de Israel no es de hecho sino una miserable maniobra electoralista entre un primer ministro que corre el riesgo de ser condenado por graves asuntos de corrupción, y quien querría ocupar su lugar.

palestinaymexico@lists.mayfirst.org

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Chile ¿Elecciones, otra vez?

Por Pablo Salvat Bologna:

Si, y en muy poco tiempo más. Y en principio, son distintas en algunas cosas de las anteriores. En primer lugar, se pondrá  a prueba el nuevo sistema de cálculo electoral, el cual pretender ser la superación del binominal, después de tantos años ¡Segundo, se eligen también los  Cores, los presentantes regionales los cuales, se supone, podrán ayudar a una mayor descentralización. Tercero, se eligen al mismo tiempo, miembros al parlamento.

Cuarto, hay fuerzas nuevas políticas que pretenden asumir otra forma de hacer política y de proyectar el país.  Resulta por tanto, en principio, una importante elección para el país. Y, sin embargo, lo que planea de manera directa o subrepticia, es el fantasma de la tasa de abstención. Abstención que ya fue muy alta en las últimas presidenciales en las que salió electa M. Bachelet. Todo esto en el marco de una votación no obligatoria. Llevamos ya muchos años con la presencia del abstencionismo; con la percepción ciudadana de que no vale la pena darse la molestia de ejercer el derecho a voto. No deja de resultar en principio paradojal: durante años se luchó en el país para recuperar credenciales democráticas, entre las cuales, el derecho a voto.

Sin embargo, con el tipo de transición implementada muy a la usanza internacional, partiendo por el caso español-, mediatizada  y tutelada por una globalización modernizante neoliberal, se ha logrado vaciar el proceso democrático de sentido y significado; se lo ha reducido a rituales formales de procedimientos, e inhabilitado en sus resultados electorales para incidir en los problemas profundos que se viven en el día a día.  El ciudadano, varones y mujeres, se percatan cada vez más de este impase y de las consecuencias que trae. Por lo cual resulta casi un lugar común hablar hoy de que estamos ante una crisis de la política realmente existente,  y de la noción liberal-elitaria de representación que la acompaña. 

Esta situación estaría mostrando no tanto una desafección ciudadana con el ideal democrático en sí mismo, sino más bien, con un tipo de ejercicio del poder pretendidamente democrático, cada vez más cooptado por las lógicas unilaterales y elitistas del poder establecido (nacional e internacional), del dinero y los medios de comunicación empresarios. Por eso, puede decirse que la democracia que tenemos se vuelve una democracia de espectadores y/o maniatada,  incapacitada  y limitada para formular programas de acción y diagnósticos capaces de enfrentar la raíz  de los problemas que enfrentamos como sociedad. Lo novedoso  es que esta evaluación de la marcha democrática no es solo algo nacional. Se presenta en muchos otros países y continentes.

La actual realidad política calificada como  “democrática”, muestra  una serie de rasgos distintivos, frente a los cuales los pueblos se expresan y reclaman. Entre otros: una tecnificación del quehacer político y gubernamental, donde se supone que sólo los que “saben” o son ricos,  tienen que ejercer poderes y ser elegibles;  los más,  son una masa ignorante e irracional que debe remitirse solamente a votar cuando y como se le indique. 

Al mismo tiempo, estamos en medio de una crisis del sistema de partidos, porque estos ya no vehiculizan intereses generalizables, proyectos de país  o expectativas ciudadanas, encapsulados como están, en sus lógicas de influencia y repartición de poderes. Otro elemento importante e influyente de la política realmente existente, ha pasado a ser  la presencia  transversal izada y permanente de la corrupción en las elites (es cosa de ver nada más lo que ha pasado con el desfalco de Carabineros por ejemplo)

Presenciamos una  tendencia hacia diversos tipos de corrupción, en clara connivencia algunas veces con el sector privado  que hace de financista de políticos y elecciones, pero que, obviamente, les cobra después “peaje” de vuelta (por ejemplo, lo sucedido con la ley de pesca)  haciendo imposibles y engañosas las promesas electorales.  Todo lo cual genera una sensación de creciente impotencia y  desinterés hacia la política y los “señores políticos”.

 También hay que sumar a esto una  percepción  de que, cada vez más, la realidad democrática limita  en todas  direcciones con las imposiciones de un orden global neoliberal y sus instituciones (OCDE, FMI, BID, BM, OMC, entre otras)  mediante las cuales  el capitalismo y la lógica de  mercado fijan las condiciones  de lo que es y no es posible, suplantando claramente, la expresión de la soberanía popular y ciudadana. Fíjese, ya lo hemos visto: hace no mucho se expresó en esa dirección el presidente actual de la Bolsa de Comercio de Santiago,  al diario

El Mercurio. Allí dijo que si no saliera elegido Piñera, habría una alta probabilidad de que tengamos un colapso en el precio de las acciones. Fue, como no,  respaldado por todo el directorio de esa Bolsa.  Por último,  tenemos que consignar la tendencia ostensible de convertir la política, su discursividad y accionar,  en pura imagen. La imagen y lo que proyecta, lo es todo; los actos, las palabras, sus significados y contenidos, casi  nada. La política se hace a través de la televisión y  los medios de prensa – que están, a su vez, concentrados en manos de grandes consorcios y transnacionales-, y son ellos los que de manera unilateral y arbitraria, fijan cuales son los candidatos, partidos y programas que valen la pena y cuáles no. 

Lo que ha llevado muchas veces tanto a parlamentarios como a presidentes, al abandono de sus propuestas de gobierno y acción prometidas; y al  ciudadano, a la apatía, al escepticismo, a la protesta o a la privatización de sí y a la auto explotación, como medios para intentar acceder a nuevos bienes y derechos, ascender en el escala social  o a pagar las deudas. Veamos algunos datos. Fíjese que en abril del año pasado, según  el  Barómetro de la Política (encuesta Mori-Cerc) sólo un 13% de los chilenos afirmaba que el gobierno gobierna para todos los chilenos. En octubre de este año, la encuesta de la Corporación Latino barómetro consignaba que, en promedio, en América latina, un 75% cree que se gobierna en función de unos cuantos grupos poderosos, para su  beneficio. En Chile, apoyan esa afirmación un 81% de los entrevistados.

Pero hay más. En promedio, en el continente, sólo un 5% cree que vivimos en una democracia “plena”. Y en conjunto, sólo un 30% de los latinoamericanos está satisfecho con la democracia que vive en su país. Todo lo cual muestra, digámoslo al pasar, que no hay ningún país o gobierno que pueda andar dando clases o ejemplos de democracia a otro.  Pues bien. Esos son algunos de los datos que avalan la crisis de legitimidad en que está envuelta la democracia realmente existente. No el ideario normativo democrático. Pero  volvamos al inicio: hay que ir a votar?

Por quién votar entonces? No es fácil responder. En lo personal, creo que uno tiene que ejercer su derecho a voto. Al menos, como forma de expresarse, de dar señales, de señalar rumbos alternativos posibles. Lo sabemos, la abstención  favorece a los más poderosos. Si uno pertenece al porcentaje de descontentos con la marcha del país y de sus élites, tendría que ir a votar por todos aquellos que, al menos, dicen ser críticos del modelo neoliberal actual, de las élites, de su forma de hacer las cosas, y que se proponen, en conjunto con la ciudadanía, una serie de modificaciones importantes del entramado institucional que nos rige.

Que esta  elección pueda decidirlo todo? No lo creo. Que esta  elección pueda provocar una ruptura más radical con el orden existente, no se ve muy claro tampoco. Sin embargo,  hay allí fuerzas que pueden ir representando la construcción conjunta de un ideario de país alternativo al actual.  Eso es algo a no desechar, con todas sus limitaciones. El trabajo de forja de una alternativa (no una alternancia) republicana y democrático-radical, anti neoliberal, a favor de una democracia participativa y plena, no sólo en lo político, sino también en lo económico-social, lo medioambiental, lo sociocultural, es un camino pedregoso y largo. Pero ya es tiempo de ponernos en camino. Como dice el poeta: “se hace camino al andar..”

psalvat@uahurtado.cl 

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