Los rentables dividendos de la política

 Por Juan Pablo Cárdenas S. 

Los próximos procesos electorales de la política chilena van a determinar quienes lleguen a La Moneda, definir cuáles serán los nuevos senadores y diputados de la República, además de los centenares de consejeros regionales cuya elección quedó pendiente después de los recientes comicios de gobernadores, alcaldes, concejales u otros. Oportunidad en que se determinaron, también, los 155 integrantes de la Convención Constitucional.

Debemos ser uno de los países con más representantes del “pueblo”, en relación al tamaño de nuestra población de poco menos de 20 millones de habitantes. Asimismo, pocos ciudadanos del mundo deben demostrar tanto interés por constituirse en autoridades políticas, preocupación que en otros estados se limita a los partidos políticos que nunca, por lo demás,  suelen ser tantos como aquí, donde fácilmente se pueden contar más de treinta agrupaciones de derecha, centro e izquierda, si es que todos estos pueden ser catalogados de esta manera.

En los últimos días, de todas las primarias, consultas ciudadanas y conciliábulos cupulares terminaron resultando nueve postulantes presidenciales y miles de candidatos al Congreso Nacional, en toda una onerosa faena que se catalogó de “fiesta de la democracia”, pero que en total no comprometió a más de tres o cuatro millones de personas de los de 12 o 13 que estuvieron convocados. En este sentido, la epifanía se concentró en los que están interesados en lograr un cupo electoral, así como en las programaciones televisivas especiales, pero no logró interesar a la inmensa mayoría de chilenos estresados por el desempleo, el trabajo mal remunerado, la pandemia y los peligros de una cotidianeidad en que campean el crimen organizado, los narcodelitos y tensiones sociales cada vez más virulentas en la Araucanía y otros puntos del territorio.

 A lo anterior, y sirva también como explicación, hay que sumar que el estado chileno gratifica muy bien a quienes llegan La Moneda, al Poder Legislativo, a los municipios, a las embajadas y a ese conjunto de instituciones y empresas del Estado que disponen de administradores de carácter político que no se derivan necesariamente por sus méritos. Aunque es justo aclarar que en los últimos años se han implementado leyes y prácticas tendientes a que a los altos cargos de la llamada burocracia sean definidos por concursos y procedimientos más serios y formales. Sin embargo, como estamos en Chile, sabemos que con la ley han surgido las trampas para vulnerar lo convenido.

Ser parlamentario, edil, embajador o estar incorporado a la planilla ejecutiva y los directorios del Banco del Estado, de Codelco y otros organismos resulta un enorme beneficio para quienes, además, retienen muchas veces sus cargos por cuatro, ocho o más años. Como ha sido varias veces comprobado, un parlamentario o un ministro en Chile puede ganar más que un colega en Estados Unidos, Alemania y los países más ricos y poderosos de la Tierra, pero además de su sueldo, sabemos que la posesión de muchos de las altas funciones facilita a sus titulares aprovechar apetecidas oportunidades de negocios, cuando no acceder a esas coimas que las grandes empresas disponen para cogobernar con el Ejecutivo, el Parlamento e influir en las decisiones judiciales. Las remuneraciones de los altos cargos del Estado sobrepasan por lo menos cinco veces el ingreso promedio de los trabajadores chilenos y mucho más, todavía, cuando se trata del salario mínimo. Brecha que no existe, por supuesto, en las democracias serias y acaso en las mismas dictaduras del mundo.

Cuento aparte es formar parte de las cúpulas uniformadas, donde la malversación de los caudales públicos, sobresueldos y privilegios previsionales y de salud, por ejemplo, son el pan de cada día. Es cosa de sumar cuántos militares, altos policías y otros están imputados actualmente por sus fraudes al fisco y otras prácticas de corrupción en una siniestra realidad que involucra e integra también a muchos civiles que tienen directa relación con nuestros institutos armados, relación que es muy placentera para muchos los políticos. Ya nadie se atreve a decir que Chile es un país probo en relación a otros de América Latina y del mundo. Quedaron, ciertamente, muy atrás aquellos años en que hubo gobernantes que abandonaron pobres del palacio gubernamental, renunciaban a su dieta parlamentaria y se demostraban insobornables en relación a las propuestas públicas y la contratación de empresas encargadas de desarrollar obras de infraestructura o viviendas populares. Ha quedado demostrado que construir un hospital o un colegio resulta mucho más caro en Chile que en muchos otros países de la Tierra. Cuando no culminan en puentes, grupos habitacionales, carreteras, líneas férreas y otras que colapsan en muy poco tiempo a causa de la falta de probidad de los constructores nacionales y extranjeros siempre al acecho del erario fiscal.

A todo nivel social existe ansiedad por alcanzar cargos públicos. Incluso ahora no faltan los grandes empresarios como Sebastián Piñera que manifiestan su interés por un ministerio o escaño legislativo. Ello se demuestra en la enorme oferta de candidatos, entre los cuales no pocos se cambian de partido o creado otros a objeto de obtener cupo en las papeletas. Precisamente entre los propios candidatos presidenciales se puede descubrir tal mutabilidad, lo que se explica también en la consistencia ideológica y falta de proyecto histórico de las colectividades. Si hasta tenemos postulantes sin programa alguno y otros que hasta ofrecen dinero y viajes de resultar electos. Ni qué decir los que quedaron “colgados de la brocha” como se dice, al decidirse militar en algunos referentes que los utilizaron y posteriormente se sacudieron de ellos. Se sabe que dos ex candidatos presidenciales que buscaron nuevo domicilio político para extender sus pretensiones electorales han quedado en la orfandad misma.

Es iluso pensar que ante tanto postulante aumente sustantivamente la concurrencia a las urnas, a no ser que se reestablezca el sufragio obligatorio. Seguramente, se van a mantener o variar muy discretamente los altísimos índices de abstención, en un país que en el pasado hasta podía ufanarse del gran espíritu cívico de su población. Porque hoy son contadas las excepciones de los dirigentes que tienen propuesta y efectiva vocación de servicio público.  A lo anterior, consignemos la desvergonzada dispersión de los sectores autodefinidos como izquierdistas o progresistas , lo que hace muy probable que termine favoreciendo la continuidad de la derecha en el Gobierno.

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Las intenciones de la clase política y del gran empresariado

Por Juan Pablo Cárdenas S.:

Sebastián Piñera y sus amigos ven al coronavirus como su gran aliado. Gracias a la pandemia todos ellos saben que pudieron retener el gobierno después de varios meses de alzamiento popular, en que las policías y la represión fueron desbordadas por el descontento social y hasta en sus escasos partidarios surgieron las voces de quienes pensaban que el Jefe de Estado debía alejarse del poder antes que la convulsión fuera completamente irrefrenable y los arrastrara a todos. Por lo mismo es que hoy, después de postergar el Plebiscito Constitucional, las elecciones de gobernadores, de alcaldes y concejales, Piñera manifiesta la posibilidad de que estos eventos vuelvan a diferirse si la pandemia no cesa. Él y sus adláteres creen que lo “prudente” sería olvidarse de estos comicios y extender el mandato de todas las autoridades con el pretexto de salvar las vidas de los infectados y de quienes contraigan el mal próximamente.

Con la misma intención hay políticos de la autodenominada oposición que desean lo mismo, a sabiendas que la explosión social también tiene explicación en la corrupción general y en el mal desempeño de quienes se han turnado amistosamente en el poder desde hace treinta años. Mal que mal, con Pinochet gobernaron diecisiete años muchos de los que hoy están en La Moneda, el Parlamento y las instituciones públicas, por lo que extender la actual administración hasta su término no sería para ellos tan abusivo o arriesgado. Porque en una feble visión republicana se ha establecido la idea que los mandatarios elegidos por sufragio popular tienen derecho a seguir gobernando, aunque hayan perdido abruptamente la adhesión ciudadana en las calles se exija su salida.

Es más, y como lo hemos comentado antes, no pocos creen que una vez en el poder los gobiernos tienen el derecho a hacer lo que les plazca, así sea contradiciendo totalmente lo prometido. Por supuesto que esta voluntad solo rige en aquellos países que son gratos a los Estados Unidos, a los inversionistas extranjeros y a las oligarquías nacionales. Pero no en Venezuela y otras naciones, por ejemplo, cuyos regímenes se han desmarcado de la ideología hegemónica y desde el imperio se fomenta su desestabilización.

Con tal mediocre desempeño comparado a otros países de la Región es posible que la famosa curva de la pandemia no logre aplanarse muy próximamente, luego que Piñera cediera a las presiones empresariales preocupadas por el abrupto decrecimiento económico y esté propiciando franca o solapadamente que los trabajadores retornen a sus tareas, los estudiantes a sus afanes y el comercio vuelva a florecer en el consumismo. Las acciones de mitigación de la pandemia han resultado exitosas en los barrios donde viven los más ricos y que importaron el mal a nuestro país. Al mismo tiempo que se han aflojado los controles en las poblaciones en que habitan los pobres y la mano de obra barata y cuyo riesgo de contraer el mal es mayor, a causa de las precarias condiciones de vida de más de la mitad de la población y cuya cifra de pobres crece con la cesantía que ya se empina al 15 por ciento, además de los sueldos y pensiones miserables que se evidenciaron para todos desde el último 18 de octubre. A la fecha se reconoce que ya hay más de un millón y medio de personas que han perdido sus empleos en estos últimos meses.

 La clase patronal y la derecha parlamentaria ahora le dan un voto de confianza a las bancadas de la ex Concertación y Nueva Mayoría en cuanto a que llegarán a convenir conjuntamente las postergaciones electorales, así como con la presión del pueblo alzado lograron ponerse de acuerdo todos en la convocatoria a un plebiscito que ya debió haberse realizado. El más ansioso por diferir estos compromisos democráticos es el propio Piñera quien en su melomanía cree seguro que los chilenos van a reconocerle, en algún momento, sus esfuerzos para combatir la Pandemia. Felizmente, hay que reconocer que existen algunas voces oficialistas que aseguran se va a cumplir el itinerario electoral definido.

La recuperación de la postrada imagen de Piñera y su gobierno es algo bien improbable que suceda, en realidad. Salvo que los chilenos se empiecen a conformar con la presencia del mal, así como en el pasado lo hicieron con los más diversos y letales virus de la pobreza, la discriminación y los abusos del poder. Confiamos, sin embargo, que la gran lección que nos dejará el Covid 19 será el convencimiento de que en Chile había dinero más que suficiente para mejorar los sueldos, levantar viviendas dignas y fomentar nuevos empleos. Así como ya le quedan nítidos a los chilenos los escandalosos ingresos y prebendas de quienes ejercen la política, los multimillonarios dividendos que continúan repartiéndose los grandes accionistas y banqueros. Además de experimentar en carne propia los escuálidos recursos destinados a nuestros sistemas de salud y educación, versus los ingentes e inútiles gastos de las FF.AA. A quienes la crisis todavía no les toca un pelo, como que continuamos recibiendo barcos, aviones y toda suerte de pertrechos para una guerra imaginaria con nuestros vecinos.

Somos de los que creemos que, si bien la pandemia logró paralizar la protesta social, la realidad que se ha desnudado en estos meses va a ganar más adeptos para las causas de justicia, equidad y respeto a los DDHH. Confiados en que el pueblo se opondrá duramente a cualquier postergación o cancelación de sus derechos ciudadanos, convencido que debe imponerse una nueva Carta Magna y demoler el sistema económico que le ha causado muchos más estragos a la población que todos los terremotos, las epidemias y ese sinfín de pesares que ha asolado nuestra existencia. Será el momento de ganar una conciencia más generalizada, en favor de retomar la desobediencia civil.

Acompañados esta vez, además, por los pueblos que también ahora han descubierto los horrores de la infección capitalista y ultraliberal. Después de un tiempo en que hasta los militares y policías llegarán a convencerse de que ellos también son parte del pueblo humillado por las clases pudientes y los uniformados que se desempeñan como edecanes y celadores del sistema.

#QuedateEnCasa

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El destemplado intento derechista por conservar su Constitución

Por Juan Pablo Cárdenas S.:

Ante el contundente estallido social que vive el país, la derecha no ha tenido más remedio que aceptar la realización en abril próximo de un plebiscito en que a los chilenos se les consultará si quieren una nueva constitución o le dan continuidad a la Carta Magna legada por Pinochet y sacralizada por el gobierno de Ricardo Lagos. Con muy pocas defecciones, los partidos ligados al oficialismo ya han iniciado una campaña electoral destinada a obtener en las urnas un apoyo para la preservación de la actual institucionalidad, oponiéndose a la posibilidad de que sea una asamblea constituyente la que se encargue de redactar un texto constitucional nuevo, o a partir de cero.

Lo más previsible es que los ciudadanos apoyen muy ampliamente la idea de derogar la actual Constitución, pero la derecha espera que con un tercio de los votantes y de los asambleístas que se elijan en septiembre próximo pueda exigir que las normas obtengan al menos dos tercios de apoyo para que puedan ser promulgadas. Una extraña facultad que se le ha concedido a la minoría con los votos de los propios legisladores derechistas, demócratas cristianos, socialistas, del PPD, radicales y hasta algunos miembros del Frente Amplio mareados todos por el protagonismo mediático. Todo lo cual avizora las tensiones que seguirá viviendo nuestro proceso constitucional, con el pueblo francamente enardecido en las calles y radicalizando día a día sus acciones.

La millonaria publicidad que ya implementa la derecha busca que no se aprueba la idea de una nueva Constitución en la promesa de que al texto vigente se le pueden hacer las reformas demandadas por el pueblo sin más dilaciones. Como si ya el país no hubiera esperado por más de treinta años que éstas hubieran sido acogidas durante la larga postdictadura, como si en todos estos años la clase política no le hubiese dado un portazo a las demandas por un nuevo sistema previsional, una auténtica reforma sanitaria y a esa cantidad de aspiraciones que constituyen la agenda social del pueblo.  Población que exhibe los más extremos índices de desigualdad en el mundo y al que se le han continuado coartando y reprimiendo sus derechos sindicales, de reunión y asociación, tal como lo hacía la Dictadura Militar.

Lo más probable es que la represión policial que cobra a diario nuevas víctimas en el país tenga la intención de amedrentar a los chilenos en la idea de que se conforme con algunas reformas a la Constitución actual antes de abrirse a la idea de un texto nuevo con toda la incertidumbre que ello implica.

La constatación de las violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos acreditadas por varias y prestigiosas entidades internacionales parece no inquietar a La Moneda y a su más que cuestionado gobernante. Las autoridades confían en que el caos callejero y la acción incluso de los vándalos que salen a saquear supermercados y otros (sin que poco nada tengan que ver con la protesta pacífica y masiva) pueda darle el sufragio de los más ciudadanos más ignorantes, de los que prefieren siempre cobijarse bajo el orden establecido, aunque éste vulnere constantemente sus derechos.

Sin embargo, parece que por primera vez en nuestra historia el pueblo ha tomado conciencia de su situación y de la necesidad de movilizarse. Las protestas ya se han extendido por tres meses y todo dice que, desde marzo, después del período estival, las marchas, barricadas, tomas, huelgas y otras acciones van a multiplicarse en todo el país. Al menos así lo prometen las federaciones estudiantiles y las organizaciones vivas de la sociedad civil.

Pese a la criminal represión policial, el país sigue dando un gran ejemplo de coraje y unidad, así haya que lamentar la acción de algunos desquiciados que en realidad se infiltran o son infiltrados en las movilizaciones para obtener imagen para los noticiarios y victimizar a Carabineros. Institución que se ha desmoronado en su prestigio y muchos de sus efectivos ya se encuentran fatigados y desmoralizados.

Además de la falsa promesa de conceder cambios dentro de la actual Carta Magna, las figuras más visibles del oficialismo y de los gremios patronales están impulsando campañas para romper la precaria unidad de los partidos opositores. En la prensa y las redes sociales se apela al histórico carácter democrático de la Democracia Cristiana y de otros partidos para inducirlos a romper con las agrupaciones de izquierda o violentistas, según las motejan. Se los insta a creer en la buena voluntad del gobierno y sus legisladores para emprender reformas económico sociales que hasta hace algunos meses se hacían imposibles, olvidándose que en el pasado la Derecha se opuso a la Reforma Agraria, a la recuperación de nuestras riquezas básicas y a tantas otras iniciativas impulsadas por los gobiernos de Frei Moltalva y del propio Salvador Allende, a cuyos seguidores hoy apelan.

Está fresca en la memoria, felizmente, como después los derechistas terminaron conspirando para asesinar a nuestra democracia, incendiar La Moneda, justificar y sostener una sanguinaria dictadura. Así como después de Pinochet lo que han hecho es alentar las privatizaciones, concentrar la riqueza, hacer más dependiente a nuestra economía y desatender las justas aspiraciones de nuestros pueblos autóctonos. En el goce, por supuesto, de su impunidad.

Tendrían que ser demasiado ingenuos los dirigentes demócrata cristianos y de otras colectividades políticas para atender los “cantos de sirena” de quienes hoy están a punto de ser derrotados y se afirman a un gobierno que no cuenta con más de un 10 por ciento de apoyo popular. Pero ya sabemos que hoy no existen partidos ideológicamente monolíticos y que la corrupción hace presa fácil del conjunto de los políticos que también quieren seguir aferrados al poder, como a sus prebendas.

Un Piñera completamente desacreditado, una casta política y empresarial que teme por sus lucrativos negocios, no apuesta todavía a iniciar una nueva conspiración que los lleve a conservar el poder y sus privilegios de manos de los militares. De alguna manera, se sabe que las Fuerzas Armadas no están en la misma actitud de 1973, después de pagar los costos por sus crímenes y de alguna manera comprender que sus efectivos son parte del mismo pueblo que sufre tantas carencias. Es difícil que surja un líder castrense después de los bochornosos episodios de corrupción que han envuelto a los altos mandos de todas sus instituciones, pero no hay que desatender esta posibilidad a la que tantas veces han recurrido los golpes y conatos de rebelión militar en nuestra historia.

Sin embargo, de lo que sí estamos seguros es del intento de algunos dirigentes de derecha por estrechar relaciones con el gobierno de Donald Trump y otros referentes mundiales que pudieran alentar, como lo hacen en otras naciones hermanas, movimientos subversivos y de protección de sus enormes inversiones en todo nuestro continente. Porque ya sabemos que no es la democracia lo que le interesa a la Casa Blanca y a sus incursiones militares en toda la Tierra, cuando siempre después de éstas instalan a los más tenebrosos gobernantes.

juanpablo.cardenas.s@gmail.com

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“Su Excelencia” y los “honorables”

Por Juan Pablo Cárdenas S.:

Si algún día llegamos a tener una nueva Constitución ojalá ésta contemple el mecanismo de remoción de las autoridades que incumplen con lo prometido durante sus campañas electorales, incurran en ilícitos o pierdan sensiblemente la adhesión ciudadana. En las mejores democracias del mundo los jefes de estado, parlamentarios, alcaldes y otros funcionarios públicos pueden ser separados de sus cargos para, con ello, evitar la crisis social que puede derivarse de sus abusos de poder o ineptitud.

Hay casos en nuestra historia en que los propios cuestionados decidieron abandonar sus cargos en favor del bien general, pero para ello se requiere de representantes dignos y capaces de anteponer la conveniencia del país a sus propios intereses. Una actitud que es bien difícil que surja de una clase política como la nuestra, en que los que detentan el poder creen que la administración del Estado le pertenece a perpetuidad.

 Es increíble que, en Chile, con la insurrección social que estamos viviendo, Sebastián Piñera, el político más repudiado por el pueblo, no haya resuelto todavía abandonar su cargo junto a sus ministros, subsecretarios y asesores. Lo que no ha ocurrido, tampoco, con los diputados y senadores igualmente cuestionados en las multitudinarias manifestaciones callejeras. No nos olvidemos que una de las primeras demandas de la población fue la de “que se vayan todos”, después de tres décadas en que se consolidó la más brutal inequidad social y se han evidenciado, para colmo, tantas formas de corrupción de parte de los moradores de La Moneda, del Poder Legislativo, de los grandes empresarios y los mandos superiores de las FFAA y Carabineros. Además de la histórica lenidad y abyección de tantos jueces.

 Por ello es que la inmensa mayoría del país de verdad no quiso reelegir al actual mandatario, si consideramos que en la segunda vuelta electoral se abstuvo de sufragar más del 52 por ciento del padrón electoral. Lo mismo ocurrió en las elecciones parlamentarias, con la bajísima concurrencia ciudadana a las urnas y los consabidos cuoteo y arreglos cupulares, de lo que resultó que buena parte de los electos apenas consiguiera una pizca de sufragios y, por lo mismo, una precaria legitimidad.

Lo anterior explica que en todos los sondeos y encuestas la popularidad de Sebastián Piñera se haya precipitado aun más y hoy no tenga más de un 12 por ciento de aprobación. Asimismo, ya es un hecho ampliamente conocido que la institución más desprestigiada del país es la del Congreso Nacional, superando el descrédito que afecta a la Justicia, lo militares y los policías.

Luego de seis semanas de furia y protesta no tenemos todavía indicios de que el descontento popular vaya a menguar. Por el contrario, cada día las movilizaciones se asumen más radicales, especialmente después de la criminal represión. No hay duda que el Ejecutivo y las policías han sido desbordadas y el llamado “orden público” difícilmente pueda establecerse sin que antes el país compruebe una voluntad política destinada realmente a resolver sus demandas salariales, previsionales, como las relativas a la salud, educación pública, transporte y vivienda.

El jefe de estado y los parlamentarios han dedicado semanas a alcanzar un acuerdo destinado a consolidar un proceso constituyente que contempla la realización de un plebiscito en abril próximo y, enseguida, elecciones para elegir a los integrantes de una instancia redactora de la nueva Carta Magna, la cual durante largos meses se ocuparía de proponerle un texto a la ciudadanía para ser finalmente ratificado o desahuciado por ésta. Por lo que en no menos de un año recién podríamos contar con el instrumento que defina los lineamientos de nuestro Estado, sus instituciones, así como los derechos políticos, económicos y sociales de la población.

Es importante, sin duda, que se alcance este cometido jurídico institucional, pero es lamentable que las reglas del juego de este proceso hayan sido definidas a puertas cerradas por los partidos con representación parlamentaria, aunque algunos de ellos de verdad prefirieron omitirse de una negociación cupular y sin la participación de nuevos actores sociales que, a no dudarlo, tienen mucho más ascendiente entre la población que las colectividades políticas. Es indiscutible que una de las grandes demandas ciudadanas ha sido también la necesidad de derogar la Constitución de Pinochet con esas superficiales enmiendas acordadas bajo el gobierno de Ricardo Lagos, quien tuvo la pretensión de hacer pasar como obra propia este texto de 1980.

Las grandes aspiraciones de la población reclaman soluciones concretas antes de abocarse al proceso constituyente. Entidades como No+AFP, la CUT, No+TAG, el movimiento de pobladores Ukamau, la Coordinadora Feminista 8M, las federaciones sindicales, indígenas, gremiales, estudiantiles y tantas otras son las que el pueblo les asigna autoridad y liderazgo en la actual insurrección.  Son éstas las que salen todos los días a las calles y concitan la masiva adhesión de los chilenos sin que en todas estas semanas las autoridades le hayan reconocido la legitimidad que tienen, como el aporte que pueden hacer en las urgentes soluciones. Una actitud contraria a lo que ha sucedido en otros países de la Región en que los gobiernos (algo más sensibles que el nuestro) han reconocido a los actores sociales como interlocutores, convocándolos a concitar acuerdos directos y no intermediados.

Disminuir el grosero sueldo recibido por ministros y parlamentarios, congelar las abusivas cuentas de la luz, del agua o del pasaje en Metro son apenas tenues gestos de las autoridades, sin el propósito real de intervenir el sistema de las AFP, de isapres, de los monopolios farmacéuticos o proponerse el término o modificación de esos leoninos contratos con las concesionarias de carreteras. Todas las cuales registran inauditas utilidades a expensas de las obligadas cotizaciones de los trabajadores, pensionados, pequeños y medianos empresarios, como los impuestos descargados a todos los consumidores. Sin prosperar todavía un tributo efectivo a los que más ganan, es decir a ese 1 por ciento de chilenos que tiene ingresos que superan lo que obtiene el 20 por ciento de nuestra población.

El economista Manuel Riesco, en carta a El Mercurio, señala que si el Estado asumiera la administración de los fondos previsionales podría doblar el monto de las actuales pensiones pagadas por las AFP, además de recaudar para el fisco unos 11 mil millones de dólares por año. Recursos que podrían satisfacer un sinnúmero de otras demandas sociales. ¡Vaya qué justa sería, entonces, una nacionalización de los agentes que tanto lucran de los ahorros de los trabajadores cotizantes!

No es cosa de atribuirle a Piñera y a los miembros del Parlamento tanta insensatez o desidia. Lo que ocurre es que la mayoría de ellos son parte o están supeditados a los grandes intereses económicos de la banca, la minería, las forestales, pesqueras o de las empresas administradoras de los servicios básicos. Como, también, a los llamados “sostenedores” de la educación privada, los dueños de laboratorios, clínicas e hipermercados.

Basta hacer un cruce entre los apellidos de quienes nos gobiernan con los de los gerentes o administradores de todas estas entidades, para demostrar tal confabulación. Por lo cual ha resultado tan fácil el lobby empresarial ejercido hacia los legisladores, ministros de estado o alcaldes. Un tráfico de influencias que se ha llegado a constatar en los mismos pasillos de La Moneda y los hemiciclos parlamentarios. Así como constan los escandalosos aportes de estas poderosas entidades al financiamiento de los partidos y las campañas electorales de sus candidatos.

Si el mismo Jefe de Estado es uno de los grandes acaudalados del mundo es difícil o imposible materializar de parte suya una reforma estructural de nuestro sistema económico, ni siquiera cumplir con una agenda social que encare las más urgentes necesidades de la nación. De allí es que los grandes intereses económicos lo insten a poner mano dura a las demandas de la población, así sea al extremo de violar gravemente los Derechos Humanos. Como ya lo han consignado los observadores extranjeros, así como en carne propia los miles de chilenos agredidos por el descontrol policial.

De esta manera es que también se explica que la mayoría opositora del Congreso no le haya exigido, todavía, la renuncia del Jefe de Estado, pese a feble apoyo ciudadano y a su creciente descrédito popular. Los “honorables” legisladores saben que cuestionar a “Su Excelencia” es exponerse a cesar también en sus funciones y perder sus múltiples granjerías. Sabemos que la ciudadanía ya despertó y ha descubierto los despropósitos de nuestro sistema político, económico, social y cultural.

Se trata de la gran colusión de todas las cúpulas políticas. Por años administrando en su favor el legado pinochetista, sin ánimo de avanzar hacia una genuina democracia y servir a la justicia social. Por lo mismo es que ya han pactado quórum y otros cerrojos que hagan difícil o imposible una nueva Constitución. Al mismo tiempo que parecen estar confiando en que la población desista de protestar a causa de los episodios de violencia que hemos conocido y repudiado. Actuaciones vandálicas que muy probablemente, como en otras ocasiones, cuentan con el beneplácito y hasta el aliento de las autoridades y policías a fin de que colaboren al desprestigio del justo alzamiento popular.

juanpablo.cardenas.s@gmail.com

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Pinochet se reinstala en La Moneda

Por Juan Pablo Cárdenas S.:

El fantasma del ex Dictador recorre los pasillos de La Moneda. Con gran acierto periodístico, la televisión alemana le ha brindado al mundo un reportaje audiovisual en que reproduce la declaración de guerra de Sebastián Piñera a la protesta social, casi en los mismos términos que lo hiciera Pinochet décadas atrás. La exposición de ambas imágenes es elocuente y habla de cómo el actual morador del Palacio Presidencial es hijo dilecto del Tirano que con idénticas palabras y recursos criminales manda a reprimir el clamor de justicia y equidad.

Es comprensible. Sebastián Piñera le debe a Pinochet la oportunidad de convertirse en un multimillonario durante sus esos fatídicos años de dictadura, así como en su hora final el ex gobernante de facto debe haberle agradecido muchos al actual mandatario por concurrir a Londres a visitarlo y abogar por su impunidad, cuando el Tribunal Internacional de la Haya pudo haberlo condenado ejemplarmente ante la historia por sus crímenes de lesa humanidad.

Qué duda cabe: Piñera es parte del legado de Pinochet, de su Constitución y régimen neoliberal, los cuales por fin tienen sus días contados. Hoy es la inmensa y sostenida rebelión popular la que le exige a la política una Asamblea Constituyente y el fin de los horrores cometidos por el capitalismo ultra despiadado. Advirtiéndole al mundo para que nunca más pueda imponerse un régimen económico de tantas iniquidades como el que adoptó el Régimen cívico militar y recibió el beneplácito de los gobiernos “democráticos” que le siguieron.

Al igual que su mentor, Piñera dice que está más “firme que nunca”; que nadie lo moverá de La Moneda hasta completar los años que le faltan a su administración. Sin embargo, los porfiados hechos nos indican que el estallido social no retrocede, que los chilenos no se conforman con las migajas que quieren darle las desesperadas iniciativas de un gobierno cuyos ministros de estado, parlamentarios y partidarios ya lo saben tambaleante. Por lo mismo que las contradicciones entre unos y otros se hacen todos los días evidentes, como que hace algunas horas el propio Piñera ha salido a implorar la lealtad del centro derecha.

Recordamos que durante una protesta, el Dictador decidió mirar la encendida ciudad de Santiago desde un helicóptero. No nos consta, sin embargo, que su hijo dilecto haya hecho algo parecido en estos días de furia social. Como tampoco tenemos certeza de que siquiera observe a través de la televisión todo lo que sucede. Que siga lo que transmiten los canales que han sido tan obsecuentes con los gobiernos culpables de lo sucedido y que, por supuesto, viven a expensas de los grandes empresarios cuya voracidad y perversión moral en una de las principales responsables también de la grave crisis que vivimos.

Pero tampoco podríamos estar seguros de que Piñera sienta alguna compasión por el país y lo que se manifiesta en estas nuevas protestas. Que pueda abochornarse realmente de las miserables pensiones que condenan a los chilenos de la Tercera edad en sus últimos días y después de trabajar por 30 o 40 años. Que pudiera sensibilizarse sinceramente frente al miserable ingreso promedio de los trabajadores chilenos y que a todas luces no les alcanza para cubrir los gastos de primera necesidad de sus familias. Por lo mismo que un alza de apenas 30 pesos en la tarifa del metro pudo encender tanto dolor y a rabia contenidos.

Tampoco creemos que podría aquilatar el impacto que significa para los hogares chilenos que sus enfermos, sobre todo los niños y los ancianos, se mueran todos los días a la espera de entrar al pabellón de los hospitales o recibir los medicamentos necesarios. Porque para Piñera y sus semejantes, la salud es un servicio por el cual hay que pagar, y caro, al igual que con la educación y las viviendas básicas. Tal como se le eroga las empresas privadas y extranjeras por el agua o por circular por las carreteras, cuyos valores de incrementan todos los años por encima del índice de precios al consumidor. Según lo que fue pactado vergonzosa y servilmente por los gobiernos y parlamentos de la postdictadura con los inversionistas extranjeros. Al concederles propiedad y privilegios que a ellos mismos ahora les causa rubor, cuando se enteran de la severa angustia de los pobres y de las graves carencias de la clase media. Porque sin mediar todavía ley o presión estatal alguna, ya prometen reajustar los salarios de sus empleados y cumplir con los deberes tributarios por largos años burlados.

 No sabemos tampoco si Piñera es capaz de impresionarse por la cantidad de personas agredidas por la policía y los militares que sacó a la calle para otra vez enfrentarlos a su propio pueblo. Apreciar cómo hoy más de doscientos hombres y mujeres han quedado minusválidos a causa de los balines lanzados a quema ropa por las llamadas Fuerzas Especiales y que les han vaciado sus orbitas oculares. No sabemos si alguna vez como joven y estudiante este patético personaje recibió algún lumazo de los pacos, como los de ese niño golpeado brutalmente una vez detenido por dos “efectivos del orden y la seguridad”.  O si será capaz de comprender lo que le puede significar a una joven adolescente recibir decenas de perdigones en sus piernas dentro de su propio establecimiento escolar. De parte, por supuesto, de otro desalmado policía a muy pocos metros de distancia.

No, por cierto, que no. Piñera solo entiende de cifras macroeconómicas y sigue convencido que el mejor acicate para el crecimiento es que los ricos sean cada vez más ricos y la mano de obra sea cada vez más barata a objeto que nuestros productos de exportación sean “competitivos” en el mercado internacional. Para que, además, las oportunidades de nuestra geografía, yacimientos, bosques y mares atraigan más y más capitales a Chile, donde los dividendos de los “emprendedores” como suelen calificarse, no alcanzan nunca el bolsillo de los que trabajan o de los que se jubilaron después de 30 o 40 años de esfuerzo y frustradas esperanzas.

En razón de su enorme megalomanía, Piñera cree que va a contar siempre con el apoyo de los grandes empresarios y del gobierno de la Casa Blanca, a donde concurrió para ofrecerle la estrella de nuestro emblema nacional a Trump y prenderla a la bandera estadounidense. Se olvida que, hasta hace muy pocos años, sus propios colegas de la clase empresarial chilena se avergonzaban de su codicia y descarada falta de probidad. Al parecer se ha olvidado de esa retahíla de artículos y columnas con que sus pares políticos lo fustigaban. Como esos lúcidos escritos de quien fuera su compañero de lista senatorial, el reaccionario periodista Hermógenes Pérez de Arce. O su propio hermano, el economista ultra neoliberal que ahora teme que su sistema previsional corra peligro.

Rodeado de colaboradores abyectos y desvergonzados, Piñera se propone permanecer en el gobierno, cuando las cifras de las encuestas indican que su popularidad ya bajó de los dos dígitos. Cuando sus expresiones son refutadas por los jefes militares que se suponen de su confianza y se sabe que el presidente de la Corte Suprema y el Contralor General de la República (además de los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados) han repudiado su errática iniciativa de convocar al Consejo de Seguridad Nacional, como si el país estuviera bajo peligro a causa de un enemigo externo.

A esta altura ya no sabemos si comparar a Piñera con Pinochet sea igualmente lesivo para ambos, especialmente para este último, aunque a todas luces se ha convertido en su émulo. Pero lo que tenemos claro es que, como a aquél, a este otro solo puede tumbarlo el pueblo y su activa protesta. Con la diferencia de que el actual usurpador de La Moneda ya no está en condiciones de negociar su salida y, menos, imponer su legado. Porque si algo tenemos muy claro es que si se propusiera negociar su salida con el Parlamento, los partidos y los poderosos gremios empresariales, de seguro que los arrastraría a todos por su mismo despeñadero. Si tomamos en cuenta que sus niveles de desprestigio verdaderamente los comparte con todos ellos.

Es hora de que el pueblo no busque salvadores. Que sean los millones de chilenos movilizados los que lo encaren y arrojen de La Moneda. Que, por ningún motivo, les endosemos a otros nuestros derechos y obligaciones ciudadana a los oportunistas del momento, que ya ofrecen sus servicios de intermediarios. Porque ya sabemos lo que ocurre cuando se negocia el futuro a espaldas de los ciudadanos. Sin Asamblea Constituyente, por ejemplo, la que debe constituirse en el primer paso para recuperar la dignidad nacional avasallada.

juanpablo.cardenas.s@gmail.com

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La funesta herencia de Pinochet

Por Juan Pablo Cárdenas S.:

De no existir una asamblea especialmente convocada y elegida democráticamente para definir un nuevo régimen institucional, es muy difícil que esta tarea pueda ser acometida por la llamada clase política. A los gobernantes de turno y a los parlamentarios les cuesta mucho prescindir de sus intereses electorales y demostrar la grandeza necesaria para definir lo que le convenga realmente al país. Si se está en el Ejecutivo, la tendencia natural es a preferir los regímenes presidencialistas; si se es mayoría en el Poder Legislativo, lo corriente es que es que se abogue por el parlamentarismo. 

Asimismo, si se les consultara a los ciudadanos de regiones, es muy probable que éstos en su mayoría se inclinen por un régimen federal, más que por el unitario que rige en buena parte de nuestros países. El autoritarismo presidencial pudo ser muy razonable en los albores de nuestra república cuando Chile era más un Estado que una homogénea nación.

Con seguridad, diversos intelectuales y especialistas, como las propias universidades, podrían aportar mucho más que los profesionales de la política a la hora de definir un orden institucional que reemplace al instaurado por el régimen cívico militar. Muy autoritario y poco democrático, a pesar de los cambios cosméticos hechos posteriormente en esta dilatada pos dictadura. 

Desde fuera del poder y las contiendas electorales, la academia podría aportar mucho más a la hora de definir las atribuciones de los poderes del Estado y procurar su genuina independencia. En acotar, por ejemplo, las facultades del Tribunal Constitucional, cuya tarea suele defenderse o cuestionarse según la posición que adopten sus integrantes en cada tema y resolución. Una corte, como se reconoce, cuoteada políticamente, más que constituida por mérito y trayectoria. Afectada por el mismo vicio que se practica a la hora de integrar nuestros tribunales de justicia y otras instituciones del Estado que debieran ser autónomas, si no mediara siempre el intenso lobby o tráfico de influencias para la designación de sus integrantes.

Se afirma corrientemente que se necesita de verdaderos “estadistas” para ocuparse de una reforma institucional, es decir de personas que tengan al país como objetivo fundamental en sus propósitos y quehacer. Sin embargo, ya sabemos que hace mucho tiempo no asoma un líder o lideresa de este talante en nuestro país. Menos, todavía, cuando el fenómeno de la corrupción ya está tan entronizado en el llamado “servicio público”. Cuando a todos nos consta cómo se ha legislado en los últimos años a la sombra del cohecho y otras funestas prácticas que, además, involucran a los grandes empresarios y otros grupos de presión.

A pesar de que en un momento pudo prosperar la idea de convocar a una Asamblea Constituyente, finalmente se ha impuesto la férrea oposición de la derecha a tal posibilidad, sumando a su favor a connotados dirigentes de la llamada centro izquierda que siempre le pusieron zancadillas a una propuesta que alcanzara gran arraigo popular. Hoy parece consolidado que lo mejor sería que una nueva Constitución resultara de una tramitación parlamentarias a iniciativa de La Moneda. Pero ya cumplió un año el gobierno de Piñera y no hay asomo de algún aliento oficial al respecto, así como tampoco ahora las diversas bancadas parlamentarias parecen preocupadas del tema.

Recordemos que se gastaron ingentes recursos en los últimos años del gobierno de Michelle Bachelet para un proceso constituyente ciudadano que no prosperó y solo sirvió de estratagema proselitista para favorecer a la coalición política gobernante, la que de todas maneras resultó derrotada y desintegrada en los últimos comicios presidenciales y parlamentarios. 

Antes de proponerse reformas sustantivas a un régimen político administrativo, en que todos los días demuestran que sus instituciones NO funcionan adecuadamente, lo único que se implementó fue el aumento de los curules parlamentarios, llegando a un número totalmente dislocado en relación al tamaño de nuestra población. Diputados y senadores que, para irritación pública, perciben remuneraciones y otros haberes muy por encima del que obtienen los parlamentarios de Estados Unidos y de los ricos países europeos. Y, por supuesto, veinte a cuarenta veces más que el ingreso promedio de los trabajadores chilenos.

Como ya sabemos, las propuestas de reforma constitucional siempre prosperan en la víspera de los procesos eleccionarios. Sin embargo, una vez que se elige a nuestros supuestos mandatarios, legisladores y autoridades comunales, la clase política suele apoltronarse rápidamente en el poder y postergar toda posibilidad de cambio y ejercicio de la soberanía popular. Y es explicable que esto suceda, porque para alcanzar estos cargos de “representación” es preciso gastar millonarias sumas de dinero que al final importan mucho más que los sufragios obtenidos. Lo que puede comprobarse con las exiguas y hasta ridículas votaciones obtenidas por algunos candidatos del binominalismo instalados en nuestro Congreso, gracias a la componenda cupular y el desprecio absoluto a que estas instancias electorales siquiera se validen con la concurrencia a las urnas de más del 50 por ciento del padrón electoral.

Ya se sabe que la apatía ciudadana ha sido emulada por los propios jóvenes, cuando algunas de sus federaciones no han podido renovarse en virtud de antiguos reglamentos que solo validan los resultados cuando el 40 por ciento de los universitarios concurra a sufragar. Es sorprendente que el poderoso Movimiento Estudiantil que tanto hizo por combatir a Pinochet y por promover una reforma universitaria haya terminado tan desganado como las propias organizaciones de la sociedad civil y de los trabajadores.

Claro: cuando los últimos comicios de la Central Unitaria de Trabajadores son descalificados por sus vicios por el tribunal electoral correspondiente, es muy probable que la apatía prospere y se diluya la confianza que se puso con fervor en la política después de 17 años de interdicción ciudadana. Conste para comprobar lo que sucede que, según los sondeos de Latino barómetro, ya son más los chilenos y latinoamericanos que desestiman a la democracia como el régimen que mejor garantice los derechos políticos y sociales de la población.

Cuando son tantas las demandas frustradas en materia salarial, previsional y cultural; cuando la violencia se consolida en toda suerte de conflictos sociales, así como en la desbocada y cotidiana delincuencia, nuestro país próximamente pudiera encaminarse a una nueva ruptura de su paz social e institucional. No sería extraño que surjan, más temprano que tarde, nuevas asonadas golpistas y el caudillismo que siempre prospera cuando la política se desnaturaliza y se pierde el norte del interés nacional, la equidad social y la probidad de sus autoridades.

Considerada como ilegitima en su origen y contenido por tantos actores políticos y sociales, la Constitución pinochetista de 1980 amenaza, curiosamente, con extender su vigencia tanto o más que sus antecesoras de 1933 y 1925 que consolidaron nuestra institucionalidad republicana. Aunque es preciso insistir que ninguna de ellas consideró la participación popular en su gestación, lo que demuestra que nuestra vocación y solvencia democrática está muy distante de las de aquellos países que sí han dado asambleas constituyentes para definir sus normas de convivencia política e institucional. Regímenes que muchas veces son ninguneados desde nuestra política regida más de 30 años por las leyes que el Dictador nos legara.

juanpablo.cardenas.s@gmail.com

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Carta abierta a Sebastián Piñera

Por Sergio Rodríguez Gelfenstein:

Señor

Sebastián Piñera

Presidente de la República de Chile

Palacio de la Moneda

Santiago. Chile 

Señor presidente, como chileno y venezolano me dirijo a usted a fin de agradecer su decisión de no enviar un nuevo representante de su país a Venezuela.

En primer lugar me parece muy sabio que no regrese el señor Pedro Felipe Ramírez nombrado por su antecesora, quien tiene cierta fama de promiscuo en su vida privada, (cosa que no me consta), pero es lo que se comenta en ciertos corrillos diplomáticos de Caracas y también en el Dominó, Tavelli o en el café Haití de Santiago lugares a los que he acudido en diferentes momentos y donde al saberse que resido durante algún tiempo en Venezuela, se han acercado algunos parroquianos a exponerme sus quejas, como si fuera mi responsabilidad velar por la catadura moral de los miembros del cuerpo diplomático chileno. Aprovecho de decir que respeto lo que cada quien haga con su vida, por lo que invariablemente no me he hecho eco de tales perversos comentarios, y los repudio contundentemente

Pero, por otro lado, quiero felicitar su inteligente determinación de no enviar un diplomático que provenga de sus filas a Caracas. Es algo que los pueblos chileno y venezolano le sabrán agradecer, sabiendo que el aire de Caracas permanecerá un poco más limpio sin la putrefacta presencia de uno de sus colaboradores, cuando sabemos que se corre el riesgo que algún pinochetista, posiblemente torturador, asesino o partícipe de violaciones de derechos humanos pueda estar en la ciudad cuna del Libertador Simón Bolívar en representación del heroico pueblo chileno. Sería algo muy difícil de digerir y de aceptar, sobre todo porque enrarecería aún más las ya difíciles relaciones entre los dos países.

También se corre el riesgo que el nuevo embajador sea algún amigo de sus correrías cuando estafó el Banco de Talca en agosto de 1982, (no es algo que diga yo, sino el ministro de la Corte, Luis Correa Bulo en su dictamen sobre el caso) huyendo del país protegido por la CIA a solicitud de su padre, para regresar libre de polvo y paja gracias a que su hermano José, ministro de Pinochet, abogó ante su jefe para que su delito quedara impune. Para ello el dictador le ordenó a la ministra de justicia, la tristemente recordada Mónica Madariaga que cerrara su expediente. Usted mejor que nadie sabe, que las relaciones que se establecen en el mundo de las estafas bancarias no son muy puritanas y no sería bueno que algún colega suyo de esos años, vaya a Caracas, porque esas prácticas no tan sanas deben estar alejadas del quehacer cotidiano de la diplomacia. Estoy seguro presidente, que Usted coincidirá conmigo en este aspecto.

Años después, usted entró en contacto con Julio Ponce Lerou, yerno de Pinochet, y se involucraron en el caso Cascadas, la verdad es que cada quien tiene derecho a elegir sus amigos, pero para lo que nos ocupa, que es la posibilidad o no del nombramiento de un embajador suyo en Caracas, no parece apropiado. Se corre el riesgo que Ponce Lerou tan acostumbrado a financiar… mejor dicho, asesorar a los políticos de todos los partidos de su país, termine recomendándole a alguno de sus amigos comunes en la embajada en Caracas, a cambio de algún dinerito que nunca viene mal. No se lo permita, presidente, a pesar de que él es de su misma investidura (le confieso que pensé en escribir “de su misma calaña”, pero lo evité porque no es una palabra apropiada para un presidente), corre el riesgo de inducirlo a un error. Le pido me disculpe la ocurrencia, es que a veces me lleva a la confusión acordarme que en Chile usted es conocido por su apodo “piraña”.

No se deje presidente, no creo que sea recomendable, en Venezuela todo lo que huela a Pinochet resulta repulsivo, sobre todo, a los venezolanos les resulta difícil no se logra comprender cómo los chilenos pueden seguir viviendo en una situación de ilegitimidad, bajo una constitución que no aprobó el pueblo, sino que fue impuesta por el dictador, más sorprendente resulta aún que usted y sus antecesores se solacen hablando de democracia, cuando esta se práctica solo “en la medida de lo posible”, como dijo uno de los artífices civiles del golpe de Estado contra Salvador Allende, el ex presidente Aylwin, quien debe estar junto al diablo riéndose de sus ocurrencias en La Moneda.

Así mismo Presidente, he sabido que a usted le gusta nombrar a sus hermanos como embajadores y que la elite chilena está dispuesta a permitir casi todo, pero no que en Chile se establezca una monarquía. Usted, aunque se parezca, no es Napoleón Bonaparte, quien si pudo poner a su hermano donde quiso, además debe recordar que aparte de la guerra que Pinochet y los suyos declararon al pueblo, usted no ha ganado ningún combate, salvo los que ha entablado contra la justicia, lo cual no es ninguna gracia para un millonario en Chile. Pero, debe saber usted que el sistema político de Chile es republicano, no porque lo quiso Pinochet, sino que por ello, miles de chilenos bajo liderazgo de O´Higgins, Carrera y Manuel Rodríguez entre otros próceres, lucharon y derrotaron a Mariano Rajoy…disculpe el lapsus presidente, es que siempre confundo a ese señor con Marcó del Pont, el sátrapa español que gobernó Chile a comienzos del siglo XIX…debe ser por lo de sátrapa. Pero bueno, presidente, lo que le quería decir es que no permita que los habituales chupamedias de oficio le recomienden enviar a su hermano José a su embajada en Caracas. La Constitución venezolana impide establecer modelos neoliberales, reprimir a los trabajadores, hacer constituciones ilegales, privatizar los fondos de pensiones y establecer modernizaciones de corte fascista. Pienso que su hermano se aburriría mucho en Caracas, sin poder hacer las gracias que le permitió Pinochet mientas asesinaban, torturaban y reprimían al pueblo chileno.

Ya sé que no fue su culpa lo del fallido intento de enviar a su hermano Pablo de embajador a Argentina, pero si es su responsabilidad presidente, tener un canciller tan penca, un tipo que de derecho internacional no sabe nada y que blasona un estandarte de ignorancia tras una mediocridad intelectual disfrazada de novelista, gracias al dinero de la derecha europea en pago por haber aceptado su papel de converso, con el que encubre la cobardía y el fracaso que no le permitió llegar donde quería en sus años juveniles. Nadie lo obligó a ponerlo ahí, debe saber presidente, que su canciller es “escritor” de ficción, y que como tal puede inventar cualquier cosa, pero la política en general y la política exterior en particular se conforma con actores reales y hechos reales, además se soporta en el conocimiento del derecho y la historia, de lo cual adolece su ministro, como quedó claramente demostrado ante el mundo en la reciente reunión ministerial de la OEA donde hizo el ridículo ante las delegaciones de los gobiernos de la región. No sé presidente, si logró ver la mueca de asco que mostró el representante de Trump en la OEA cuando hablaba su canciller. No creo que lo haya visto, porque eso no lo muestran en CNN en español que debe ser su principal vía de comunicación, es además una manera de informarse que nos lleva a entender –después de escucharlo- porque siempre parece que usted anda despistado en asuntos de política internacional.

El Chile decente, que es la aplastante mayoría, que sabe que a través de la historia tuvo entre sus diplomáticos a Eduardo de la Barra, Alberto Blest Gana, Luis Enrique Délano, Pablo Neruda y Vicente Pérez Rosales, entre otros, esos si escritores de verdad que dieron prestigio y generaron respeto hacia el país, debe sentir una profunda vergüenza de tener a este seudo intelectual como canciller.

Sé que Usted me puede refutar diciendo que cada quien es dueño de hacer el ridículo donde quiera y es verdad, lo que pasa que en este caso, se hace con cargo al fisco y al bolsillo de todos los chilenos, y eso no me parece correcto, incluso si la constitución de Pinochet lo permite.

Finalmente, me han dicho que usted ha estado pensando en liberar a los criminales, asesinos, torturadores y violadores presos en la cárcel cinco estrellas de Punta Peuco, la que usted pretende cerrar aduciendo que esas basuras humanas merecen un trato humanitario para transitar los años finales de sus vidas. Yo no me debería meter en eso, pero es claro que a usted le preocupan más los victimarios que las víctimas,  por eso usted retiró el proyecto de ley para reparar a víctimas de la dictadura, por eso también, usted le paga 170.000 pesos mensuales como indemnización a las víctimas y 2.300.000 a los victimarios, porque en el fondo usted ama esos asesinos y odia y desprecia al pueblo, recuerde que por usted sólo votó el 26,5% de los chilenos, presidente, solo le quería recomendar que si libera  a los asesinos de Punta Peuco, no se le ocurra mandar a ninguno de ellos de embajador a Venezuela, lamentablemente para usted sería rechazado, y eso tampoco ayudaría al mejoramiento de las relaciones.

Debo decirle, que las relaciones y los vínculos entre los dos pueblos están en su mejor momento, incluso como se vio en la reciente votación en la Cámara de Diputados, hay una cantidad mayor de representantes populares que rechazaron su política contra Venezuela, que es la misma del gobierno anterior, lo que significa que el pueblo está eligiendo de otra manera. Así mismo, las muestras de solidaridad del pueblo chileno con Venezuela son infinitas y eso no lo va a poder evitar usted ni nadie, señor presidente.

Es su potestad enviar embajador o no, le reitero mi agradecimiento por tomar la decisión de no enviar a alguno de sus amigos, porque las relaciones entre los pueblos de Chile y Venezuela siempre se han mantenido en un alto nivel, incluso durante la dictadura de su amado general Pinochet, e incluso también cuando su antecesor Ricardo Lagos fue el primer jefe de Estado del mundo que reconoció la dictadura impuesta en Venezuela tras el golpe de Estado contra el presidente Chávez en 2002 y que el pueblo venezolano depuso en menos de 72 horas con el apoyo de las fuerzas armadas, esas relaciones no se van a romper porque Usted no quiere mandar a su embajador, los venezolanos pueden esperar a “que se abran las grandes alamedas nuevamente” para tener un digno representante del pueblo chileno en Caracas.

Ah, Presidente, se me olvidaba, me permito hacerle una última solicitud que no guarda relación con el tema de esta misiva, pero por favor presidente, no se atragante hablando de democracia, cuando todo el mundo sabe que usted es un furibundo apasionado de la dictadura, o acaso ¿no es verdad que su campaña electoral finalizó con el grito “¡Viva Chile y Pinochet!”?

Muchas gracias por atenderme, señor presidente

Sergioro07@hotmail.com.

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