Por Leandro Albani:
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, nunca pierde
el tiempo. Ante cualquier posibilidad que le presente la realidad mundial,
redobla sus políticas represivas contra las minorías étnicas en su país,
especialmente, los kurdos.
En medio de la pandemia del coronavirus, el mandatario
ordenó la destitución de otros ocho alcaldes y alcaldesas de municipios
gobernados por el Partido Democrático de los Pueblos (HDP), la tercera fuerza
política del país que representa al pueblo kurdo, a las minorías étnicas y a
organizaciones de izquierda y progresistas turcas.
La medida tomada por Erdogan no es nueva. Desde el 31 de
marzo de 2019, cuando se efectuaron las elecciones regionales en Turquía, el
Ejecutivo redobló su persecución contra el HDP y a todo que oliera a oposición.
En esos comicios, el gobernante Partido Justicia y Desarrollo (AKP) de Erdogan
perdió la alcaldía de Estambul, la más importante del país. Debido a los
resultados adversos, la Comisión Electoral Suprema anuló las elecciones, que se
repitieron en junio, donde el AKP volvió a ser derrotado. Para esos últimos
comicios, la victoria se la llevó otra vez el Partido Republicano del Pueblo
(CHP), que contó con el apoyo abierto del HDP.
Los nuevos municipios intervenidos son Batman (la ciudad
central, de la provincia homónima), Silvan, Ergani, Lice y Egil (cuatro
distritos de la región de Diyarbakir), Güroymak (distrito de Bitlis), Gökçebag
(ciudad in Siirt) y Halfeli (ciudad in Igdir). Incluyendo estos últimos, el
gobierno turco ya despojó al HDP de 32 municipios, en los que nombró de forma
arbitraria interventores. Esta cifra –que, por lo visto, no conmueve a nadie en
el mundo- no incluye a otros seis alcaldes electos, pero a los cuales se les
negó asumir sus funciones.
En todos los casos, los alcaldes y alcaldesas destituidos
son acusados de “pertenencia a una organización terrorista”, argumento que
utiliza Erdogan para vincularlos con el Partido de los Trabajadores de
Kurdistán (PKK), organización político-militar con más de cuatro décadas de
vida, que el Estado turco considera ilegal.
El gobierno de Erdogan mantiene varios frentes abiertos que,
con la crisis generada por el coronavirus, tendrán que ser seguidos de cerca.
Hacia afuera, mantiene tropas y sostiene a grupos terroristas (muchos de ellos
integrados por ex combatientes del Estado Islámico) en la provincia siria de
Idlib y en el norte y el este de Siria. El cantón kurdo de Afrin (invadido en
marzo de 2018) y una franja importante de la frontera común, con epicentro en
la ciudad de Serekaniye (ocupada en octubre del año pasado), representan la
principal avanzada de Ankara en su plan de extensión territorial, basada en los
sueños neo-otomanos de Erdogan. Hacia adentro, antes del coronavirus, Turquía
transitaba una sostenida crisis económica, con un desempleo masivo y una
inflación que el Ejecutivo no puede controlar.
La persecución y la represión desatada desde el Estado
pueden resumir ambos frentes, y, si bien son una constante desde la
conformación de la República turca en 1923, en esta última década, Erdogan se
encargó de perfeccionar esas herramientas punitivas.
El miércoles pasado, desde el HDP, fueron categóricos al
afirmar en un comunicado que “el gobierno turco usa el clima de la pandemia
como una oportunidad para poner en marcha las formas más malignas de represión
contra las instituciones democráticas kurdas, concretamente, sus municipios,
haciendo todavía más complicado para los kurdos combatir el coronavirus”.
Con respecto a las intervenciones del lunes, el partido
explicó que “no hay ninguna orden judicial para estas nuevas detenciones y
nombramientos de fideicomisarios (interventores). Los cargos presentados contra
nuestros alcaldes tampoco son sorprendentes: apoyo al terrorismo”.
En el HDP, expresaron que, por estos días, “además de contra
el coronavirus, estamos luchando simultáneamente contra otro virus: el del
autoritarismo racista contra los kurdos y su voluntad democrática”. “Este virus
del autoritarismo racista es también un grave problema de salud pública y
estamos comprometidos a sobrevivirlos a ambos”, agregaron desde el partido.
Por su parte, el diputado y vicepresidente del HDP, Garo
Paylan, presentó, el martes, un paquete de medidas económicas para paliar la
crisis. Entre los puntos más destacados, se encuentran la suspensión del pago
de alquileres, intereses de créditos bancarios; la prohibición de despidos y la
gratuidad de los servicios básicos, además de un apoyo concreto a las pequeñas
y medianas empresas. Paylan también comunicó que las compañías que terminaron
sus operaciones deberían proporcionar a los empleados vacaciones pagas y todos
los ingresos tributarios tomados de los trabajadores deben ser cubiertos por el
Estado. Entre otros puntos, el HDP propuso que las mujeres de bajos ingresos
-que son trabajadoras precarizadas, de limpieza o madres solteras- deben
recibir un apoyo directo de ingresos.
Ante la situación que vive el país, una veintena de
organizaciones de derechos humanos demandaron que el gobierno aplique medidas
urgentes para proteger a los presos y a las presas del coronavirus. En una
declaración conjunta, las agrupaciones indicaron que, en las cárceles turcas,
hay aproximadamente 300 mil detenidos y detenidas, generando una superpoblación
extrema. Las organizaciones exigieron que todos los presos en prisión
preventiva y los condenados únicamente por ejercer su libertad de expresión
sean liberados incondicionalmente.
Aunque el gobierno turco anunció medidas, todavía no se
pronunció sobre la situación de los casi cuatro millones de refugiados y
refugiadas que se encuentran en el país, luego de firmar con la Unión Europea
(UE) un acuerdo millonario para retenerlos y que no crucen las fronteras. En
las últimas semanas, este acuerdo comenzó a resquebrajarse debido a la presión
de Erdogan para que la UE desembolse más dinero, por lo cual su administración
ordenó liberar las fronteras, por lo cual miles de personas se precipitaron
para cruzar hacia Grecia, hecho que desencadenó una dura represión contra los
refugiados.
Turquía, con más de 83 millones de habitantes, hasta el
momento, tiene -según cifras oficiales del jueves- un total de 75 personas
muertas por coronavirus y 3.629 infectados. Mientras se conocía esta noticia,
el ejército lanzó una operación militar en las aldeas rurales de Zenge, Kerwes
y Licok, en el distrito de Lice, en Amed, en el sudeste del país.
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