Ele Moreno cobarde y Traidor

 Por Julio Yao Villalaz:

 El levantamiento nacional del pueblo ecuatoriano, que se coronó exitosamente gracias a la insurrección indígena, fue traicionado por Ele Moreno (para no llamarlo Lenin ni seguir blasfemando a Ulianovsk, según consejo del Dr.  Juan Carlos Mas).

Después de “negociar” con la dirigencia de la CONAIE y aceptar derogar el Decreto 883 que suspende el subsidio a los combustibles -- motivo inmediato del movimiento -- emprendió esa misma noche una campaña de represión a los seguidores y exfuncionarios de la Revolución Ciudadana del expresidente Rafael Correa y también a los propios dirigentes indígenas.  Algunos de sus negociadores cayeron arrestados en el mismo sitio de la negociación, ante el estupor de la Conferencia Episcopal y los mediadores de la ONU.

Desde el inicio de las mal llamadas “negociaciones”, estaba claro que la dirigencia pecaba de ingenua al creer a pie juntillas que Ele Moreno era sincero y transparente cuando, casi que, llorando, se deshacía en elogios al “pueblo que tanto amaba y para el cual solo quería la paz.”  Eso sí, en un parpadeo de fugaz sinceridad dejó entrever que a ese pueblo que tanto amaba no pertenecían los seguidores de Correa.

Los indígenas, que protagonizaron un levantamiento no visto en décadas en Latinoamérica que hizo huir pero no renunciar al presidente, se conformaron con la palabra de un traidor sociópata en serie y, creyendo que  la  paz era un hecho automático, no pidieron que se liberasen inmediatamente a los presos; se atendiesen a los miles de heridos y familiares de los muertos; se investigara los desaparecidos, como  tampoco que se levantase el Estado de Excepción ni que cesara toda represión, como preámbulo a la negociación.

Tampoco exigieron que se rechazaran las recetas del FMI que agravan la situación social del pueblo y enriquecen a los más ricos y a las empresas extranjeras, recetas mucho más perjudiciales que la suspensión de los subsidios al combustible y el contrabando de gasolina.

Era evidente que el objetivo del paquetazo del FMI era reducir los impuestos a los que más ganan y aumentárselos a los más pobres.  Así, se dejaron intactas las recetas para disminuir los salarios y vacaciones, la pérdida de empleos, salud y educación, entre otros.

Mientras nadie sabía cómo se reemplazará el Decreto 883 por otro ni que contendrá el nuevo, sin esperar a que amaneciera, allanaron a múltiples residencias de exfuncionarios correítas en medio de la noche, en base a listas preparadas de antemano por la Inteligencia y el ministerio de la Defensa para acusarlos falsamente de un conjunto de delitos, para lo cual obviamente plantaron las evidencias, las huellas del delito, y niegan toda posibilidad de defensa a los perseguidos.

En efecto, Ele Moreno se ha embarcado en una cacería de brujas como nunca antes se ha experimentado en Ecuador y que seguramente cuenta con el aval de Washington, que intentará descabezar la rebelión que pudiera dar un vuelco a la Doctrina Monroe y su agresión a nuestros pueblos.

Los indígenas dieron por cerrado el caso sin que Ele Moreno se comprometiese a cobrar los 5,000 millones que los más ricos le deben al fisco y que hubiesen hecho totalmente innecesaria la suspensión del subsidio a los combustibles que provocó la insurrección en primer lugar.

Ahora, ya desmovilizados y felices porque pensaban haber triunfado, los indígenas, agotados, estropeados, con hambre luego de dos semanas de combate, se la verán en dificultades para reaccionar.  Muchos lo harán, pero también muchas correítas más correrán para salvar sus vidas.

Antes de levantarse de la mesa, la CONAIE debió pedir elecciones anticipadas, autonomía comarcal, garantías contra la persecución.   En vez, quienes debieron alzarse con una victoria que se ganaron palmo a palmo; quienes confundieron a policías y militares; quienes gritaron como nunca, “el pueblo unido jamás será vencido”, ahora se ven obligados a refugiarse en los montes, embajadas e iglesias de Ecuador y a replantearse la lucha en más difíciles condiciones.

Ele Moreno, con un gobierno seriamente debilitado por la jornada, será presa fácil, un manso cordero ante los sectores dominantes nacionales y extranjeros y deberá escoger pronto entre ser dictador sanguinario, huir como una rata o suicidarse.  Pero Ele Moreno, cobarde y traidor, no tiene agallas, valor ni dignidad para lo último.

Analista Internacional y ex Asesor de Política Exterior.

julioyao1@gmail.com

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Gobierno y oposición, en onda pagadora de la deuda

Por Sergio Ortiz:

Después de las negociaciones y concesiones de rigor, diputados del gobierno y la oposición macrista votaron en alegre unidad la ley para negociar y pagar la deuda pública en dólares. De investigarla, nada. Tudo bem. Tudo legal.

Argentina sigue dando sorpresas. Era difícil pronosticar que la apocalíptica Elisa Carrió votara a favor de la pomposamente llamada “ley de restauración de la sostenibilidad de la deuda pública extranjera”. El proyecto enviado por el ministro de Economía Martín Guzmán fue recibido el martes 28 en la Comisión de la Cámara Baja y con dictamen favorable pasó al plenario, que la votó masivamente al día siguiente. Ese miércoles 29 hubo tres votaciones para asuntos que tienen mucha vinculación entre sí.

Primero se avaló el Expediente 0073-S-2019, autorizando el ingreso de tropas extranjeras y la salida de efectivos propios. La luz verde fue para la entrada de 5.330 norteamericanos y un portaaviones, que sumarán como reclutas a 130 locales en el ejercicio aéreo y naval “Gringo gaucho”. Y también para que se realicen los operativos Unitas, igualmente navales, que EE UU viene haciendo en la región desde poco después de la irrupción de la revolución cubana. El sentido pronorteamericano de esas maniobras militares está a la vista. Resultaría redundante decir que no apuntan a ejercitar a nuestra marina con vistas a recuperar las Malvinas…

Esa autorización tuvo el voto favorable de 214 legisladores de diversas bancadas, y solamente 2 se opusieron, del FIT. Si Nicolás del Caño y Romina del Pla hubieran dicho “son lo mismo” no habrían faltado a la verdad.

Después de esta muestra de buena voluntad hacia Washington en un tema estratégico, los legisladores analizaron la ley enviada por Economía. Faculta la negociación y autoriza el pago de los bonos de la deuda externa en moneda extranjera, para lo cual se utilizó un decreto de Mauricio Macri del año 2017 convalidando la prórroga de la jurisdicción extranjera. Si no hubiera acuerdo los acreedores llevarían el diferendo a la justicia neoyorquina que tan mal nos trató con el juez Thomas Griesa y sus fallos a favor de los “fondos buitres” de Paul Singer.

Otra vez se comprobó la vigencia del teorema de Baglini: mientras los opositores más se acercan al gobierno, más se alejan de sus propuestas más radicalizadas. En la campaña electoral de 2017 era común escuchar a los candidatos de Unidad Ciudadana y a CFK cuestionar en duros términos el endeudamiento externo. Y en la elección de 2019 hubo críticas más duras del Frente de Todos, de Cristina y Alberto Fernández, contra el híper endeudamiento macrista.

Sin chistar

Esas críticas fueron muy fuertes contra el crédito del FMI en 2018 por 57.000 millones de dólares, que omitió los pasos administrativos y legales. Esos fondos, de los que se entregaron efectivamente 44.000 millones, sirvieron para la fuga de capitales y para financiar “la campaña electoral más cara de la historia”, según cuestionó AF antes y después de las PASO de agosto.

En ese momento, Fernández involucró a las autoridades del Fondo como corresponsables de esa deuda espuria. Las acusó que sabían que esos fondos tendrían dos destinos: fuga y financiación de la reelección de Macri.

Como diputado nacional Axel Kicillof fue uno de los más incisivos en objetar la forma y el fondo de aquel endeudamiento. A mediados de 2017, las críticas se habían mezclado con las burlas para con el bono a 100 años por 2.750 millones de dólares emitido por el ministro de Hacienda, Luis Caputo.

En un giro copernicano, o baglinesco, el gobierno peronista redactó la ley de título tan rebuscado y anudó las alianzas con la oposición derechista para votarla. Y ese fue el resultado, pues la Cámara la sancionó con 224 votos a favor, sólo dos en contra, del FIT y una abstención, en tanto 29 se ausentaron al momento de votar, entre ellos dos diputados del PCR-Frente de Todos.

Cuando el Senado la convierta en ley, los acreedores extranjeros tendrán despejada la duda central, si es que la conservaban: el gobierno no investigará ni auditará ni menos repudiará parte alguna de la deuda externa. E irá a negociar a Nueva York y Washington, con algunas paradas previas en Buenos Aires, por ejemplo, con la misión del Fondo que vendrá el 12 de febrero. El gobierno pedirá suspender tres años el pago del capital y alguna rebaja de los intereses que sí se pagarán, más una leve reprogramación de sus vencimientos.

Si a juicio de los acreedores esos pedidos fueran muy exagerados, tendrían dos cartas muy fuertes a jugar. Una es la amenaza de lo que Fernández y Guzmán juzgan como catástrofe: la caída de Argentina en default. La otra es ir con ese diferendo ante Loretta Preska, jueza de Nueva York que en 2018 reemplazó al muerto Griesa.

Así los bonistas privados y organismos financieros internacionales acorralan y ponen en jaque al presidente argentino, quien no piensa patear ese tablero de ajedrez. Su plan es presentar un frente interno lo más unido posible, incluyendo al macrismo, radicales y Carrió, como se vio el miércoles a la hora de los discursos y en los números finales de la pizarra. Esa sumatoria fue consecuencia de negociaciones previas entre Sergio Massa, Máximo Kirchner, Wado de Pedro y otros operadores del gobierno, con los gobernadores de la oposición como Gerardo Morales, Rodolfo Suárez, el jefe de gobierno de CABA Horacio Rodríguez Larreta y los referentes opositores Mario Negri y Alfredo Cornejo, entre otros.

A cada uno lo suyo

Cada parte se llevó su tajada. El gobierno peronista tuvo el voto opositor para exhibir ante el Fondo un respaldo “nacional”.

Los opositores festejaron la creación de una mesa de trabajo para que las provincias negocien con Nación el vencimiento de sus deudas, que buscan demorar hasta 2024. Y también se alegraron con la tercera votación de ese miércoles: el Consenso Federal.

En 2016 Macri había firmado el Pacto Fiscal con los popes del interior que debían bajar los impuestos brutos, al mismo tiempo que caerían sus ingresos por la baja de impuestos como el IVA a los alimentos. Ahora los gobernadores arreglaron con Fernández el Consejo Federal para anular lo pactado con MM. El problema no era esa rebaja puntual del IVA, ya vencida, por lo que los precios de alimentos volvieron a empinarse y proporcionar más plata a las arcas provinciales. El tema era la baja de los Ingresos Brutos. Diputados votó anular aquel compromiso y las provincias volverán a subir esos impuestos; esto no significará mucha abundancia de recursos por lo súper endeudadas que están, en particular algunas como Córdoba, con el 90 por ciento de su rojo en moneda extranjera.

La votación sobre el Consenso Federal fue mayoritaria, pero no tanta como en materia de deuda externa: 157 a favor y 54 en contra.

Entre esos últimos estuvo Carrió que insistió en bajar Ingresos Brutos para favorecer supuestamente a las Pymes. En cambio, fue memorable su discurso llamando a votar “por unanimidad” la negociación y pago de la deuda eterna. Dijo la matrona del ARI-CC: “hay momentos de un país donde todos debemos estar unidos. Como se dijo acá, el presidente está facultado. Nosotros le tenemos que dar una fuerza conjunta al ministro de Economía, que hoy está en Washington”.

Si la abrumadora mayoría de los 116 diputados del interbloque de Cambiemos presidida por Negri, o sea los del PRO, radicales y lilitos, engrosó semejante ley de negociación y pago de la deuda externa, entonces es muy difícil justificar esa norma como nacional o patriótica. Habrá que convenir en que ese sector político mantuvo cierta coherencia, al endeudar al país y ahora favorecer una negociación de lo que consideraron una deuda perfectamente legal. Ellos aplaudieron la “integración al mundo” y los acuerdos con madame Christine Lagarde, que prestó la suma más importante de la historia de la entidad por el supuesto prestigio del gobierno de Macri-Michetti.

En todo caso la incoherencia campea en el peronismo, que denunció en todos los tonos ese endeudamiento y advirtió contra sus consecuencias calamitosas para el país. Los últimos datos conocidos del INDEC confirman esas denuncias, pues entre 2015 y 2019 cerraron 24.505 empresas, sobre todo chicas y medianas. También se supo de la misma fuente oficial que se perdieron 234.0000 empleos en el sector privado, de los que 170.000 fueron en la industria.

Así las cosas, no se debía aceptar negociar y pagar sin chistar ni auditar ni investigar una deuda denunciada política y judicialmente de odiosa e ilegal.

En cambio, el ministro Guzmán prefirió los desayunos con la banquera Susan Segal y 50 miembros del Consejo de las Américas, como Pablo Golberg, del fondo Blackrock; Gerardo “Gerry” Mato, presidente para América Latina de HSBC; Eduardo Eurnekian de Corporación América y representantes de Bank of America y JP Morgan.

Todas las fichas se apuestan a giras presidenciales para estrecharse en abrazos con Benjamin Netanyahu, y ahora con el Papa y las autoridades italianas, alemanas, francesas y españolas, pidiendo auxilio.

Salvo el viaje a Israel, el resto de la diplomacia no es objetable. El problema no son esas escalas europeas sino el destino final del viaje: Washington, FMI y Casa Blanca. Ahí esta vez no aceptarán sonrisas ni palabras. Querrán dólares.

ortizserg@gmail.com

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Todo un feble “arreglo político”

Por Juan Pablo Cárdenas:

Nadie puede tener certeza de lo que pueda suceder después del acuerdo político de los partidos que conforman el parlamento chileno destinado a plebiscitar en abril próximo la posibilidad de una nueva Constitución y el mecanismo para definirla. Damos por descontado que la ciudadanía va a optar por una nueva Carta Fundamental, pero tenemos muchas dudas respecto del organismo que se escoja para redactar el nuevo texto; porque ello dependerá de cómo se promueva y se venda publicitariamente la idea de una asamblea o convención constituyente, integrada solo por representantes electos por el pueblo, o bien se opte por la entidad propiciada por la derecha, integrado en un  50 por ciento por representantes del Congreso Nacional más la mitad de ciudadanos surgidos de las urnas.

De lo que ya no habría duda es que el ente que finalmente resulte tendrá que aprobar cada acápite de la nueva Constitución con un quórum mínimo de dos tercios, lo que augura un casi un imposible desafío para legitimar este nuevo texto. No olvidemos que desde el año 1980, la Carta Fundamental heredada por Pinochet solo pudo ser sometida a dos reformas por nuestro parlamento justamente por el alto quorum que el mismo texto exigía para ser reformado. Situación que ahora se repetiría y haría bien difícil obtener mayorías tan sólidas a la hora de definir la institucionalidad que los chilenos quieren consolidar. Cuando persisten diametrales diferencias en el país entre los que buscan un estado subsidiario o, por el contrario, un estado soberano respecto de la propiedad de sus riquezas fundamentales y capacidad de iniciativa económica. Tal como entre una institucionalidad que asume la educación, la salud, la vivienda y la previsión social como derechos del pueblo, y no la deje a merced del mercado, el régimen neoliberal y los inversionistas privados o extranjeros.

Al acometer estas decisiones, bastará que solo un tercio de los chilenos constituyentes asuman una posición al respecto para desbaratar la posición mayoritaria. Por lo mismo que la tarea será ardua y muy difícil de agotarse en tan solo un año de plazo, a juzgar por los tiempos definidos para ello y apurados por las urgentes soluciones que se les deben dar a las demandas públicas. No olvidemos que hemos tenido que soportar por cuarenta años una constitución ilegítima en su origen y ejercicio. Pese al triunfo del NO contra Pinochet, la persistente demanda popular por los cambios y la voluntad de muchos legisladores que una y otra vez se estrellaron con estos quorum, las resoluciones del Tribunal Constitucional y la falta de solvencia y consecuencia de los sucesivos gobiernos que se rindieron al legado del Dictador en ésta y tantas materias.

No es sorprendente la positiva reacción “de los mercados” después de este acuerdo entre las directivas partidistas, si se considera, por ejemplo, que la recuperación de riquezas básicas como el cobre y el litio, aunque fueran apoyadas masivamente, le darían amplio margen a las empresas nacionales y extranjeras para asegurarse el quórum mínimo a fin de que no prospere ni una reforma sustantiva. Y ya sabemos cómo éstas, o las AFP y las isapres no trepidan en sobornar a quienes toman las decisiones cuando se les hace necesario defender sus intereses.

No dejemos de lado, tampoco, que fue el estallido social el que nos puso a las puertas de un gran cambio en el país. Es decir, la enorme movilización que cumplió cuatro exitosas semanas a lo largo de todo el país, en la cual los chilenos le dijeron basta al Gobierno de Sebastián Piñera, pero también al conjunto de la clase política. Como consta que entre los millones de compatriotas movilizados todos los días no se pudieron apreciar las banderas o pancartas de los partidos. Aunque la rebelión de pueblo mapuche contra el Estado, sin embargo, desplegó la mayor cantidad de banderas junto al pabellón tricolor.

Tampoco podemos soslayar que, en estas protestas, si bien la nueva Constitución fue intensamente demandada, en lo principal el pueblo reclamó mejores salarios y pensiones, resolver el déficit de la salud y el precio abusivo de los medicamentos. Dejando en evidencia la profunda inequidad que existe entre los habitantes de nuestro país. Esto es, entre la pavorosa opulencia de un puñado de privilegiados y explotadores y la inmensa mayoría de trabajadores que sufre las más drásticas e injustas carencias. O la desesperanza de los jóvenes, de los estudiantes endeudados de por vida y la de esos 500 mil que no estudian ni trabajan.

Un grado de injusticia social de la cual no solo es responsable la administración de Piñera sino todos los gobiernos anteriores que tenían por misión construir una democracia participativa y un régimen económico social solidario. Además de la recuperar nuestros recursos naturales, imponer el respeto al medioambiente y ponerles término a los privilegios de la casta militar, tanto o más cuestionada por las corrupciones del poder empresarial y político. A todo lo cual se debe consignar, también, todos los pendientes de la verdad, justicia y reparación por los crímenes cometidos por el último Régimen Militar, sumado a la barbarie acometida hasta nuestros días contra el pueblo mapuche y otras minorías étnicas.

No vaya a ser cosa que el proceso constituyente acordado en esa desesperada y maratónica sesión de las cúpulas políticas vaya a supeditar las urgentes demandas sociales a la posibilidad solo de darnos una nueva Constitución. Más bien, creemos que si el actual gobierno y los parlamentarios no implementan con suma urgencia una real agenda social lo que podría fomentarse es el rápido retorno de nuevas protestas y más radicalizaciones. Como verdaderamente una verdadera guerra civil y fratricida, posibilidad que empezó a insinuarse en los últimos días con esa violencia ciertamente brutal e incontrolable que no trepidó en avanzar hacia los barrios más pudientes, que llegó a incendiar iglesias y edificios patrimoniales y hasta se atrevió a disparar contra los cuarteles policiales y militares.

Sabemos que el proceso constituyente, que algunos todavía festejan, ha dejado profundas heridas en los propios actores que lo acordaron, tanto en sus propias bases partidarias como en todo el movimiento social que fue excluido de las negociaciones. Una discriminación que puede conspirar mucho contra la intención de quienes pusieron la firma de este acuerdo. Claro: las dirigencias políticas, en su desarraigo de la realidad y crónica falta de prolijidad, pasaron por encima de movimientos tan prestigiados como No+AFP, no+TAG, los gremios de la administración pública, los colegios profesionales, las organizaciones de DDHH, la propia Central Unitaria de Trabajadores, las federaciones estudiantiles y otras múltiples y legitimadas instituciones ciertamente han resultado más convocantes que los partidos políticos.

En nuestro deber de informar lo que apreciamos, ya sabemos que la protesta vuelve a encenderse en algunos barrios de Santiago y regiones.

Pareciera que Sebastián Piñera, cuya renuncia se seguirá exigiendo como condición sustantiva de la paz, busca la oportunidad histórica de revertir sus deplorables atentados contra de los derechos humanos de la población con un itinerario político que lo conduzca a ponerle su rúbrica a una nueva Carta Magna y ser reconocido, así, por la posteridad. Como tantos otros viles gobernantes de nuestra historia que fueron capaces de eludir sus crímenes y despropósitos con algunos aciertos (la Constitución de 1925, por ejemplo). Lo que se explica en los múltiples monumentos que los honran en todas nuestras ciudades y pueblos y que con muchísima más razón podrían haber terminado derrumbados por la insurrección popular que vivimos.

Sin duda que la recuperación de imagen que se propone Piñera ya tiene drásticos opositores en su propio sector, donde por mucho tiempo ha acumulado numerosos detractores. Porque hay demócratas consecuentes que lo conocieron como partidario y beneficiario de la Dictadura, como un empresario sumido constantemente en las malas prácticas y un descarado gobernante que, además, tuvo la pretensión de ser reconocido como un líder continental y mundial.

 Después de tal desenlace político cupular, creemos que sería muy apropiado que la Justicia aclare si la violencia que empañó muchos actos constituyó solo una explicable respuesta de una juventud burlada y agredida por la represión policial y militar, como de una población harta del saqueo propiciado por el sistema que consagró la Constitución de 1980 y que nos llevara a extremos nunca vistos en inequidad social. Si no tendrá explicación, además, en los agentes policiales encubiertos y las complicidades gubernamentales que, como en otros momentos de nuestra historia, ya saben que las manifestaciones vandálicas logran inhibir las justas demandas de la población, alentar sus temores y renunciar a sus legítimas aspiraciones.

juanpablo.cardenas.s@gmail.com

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La UE y el Bloqueo

Por Arlenin Aguillon:

El bloqueo absoluto decretado por EEUU contra Venezuela, ha desatado una serie de hechos en el complejo tablero geopolítico mundial. La Unión Europea recordó que sus Estados miembros se oponen a medidas unilaterales. “Nuestra posición es conocida, nos oponemos a la aplicación extraterritorial de medidas unilaterales”, expresó la Unión Europea a través de un portavoz. El Bloque europeo está "analizando en detalle el alcance e implicaciones". Y es lógico que lo hagan. En Venezuela se mantienen multinacionales como Air France, Unilever, Total o Repsol, que operan con un capital que sobrepasa los 14 mil millones de euros.

La Unión Europea es el tercer socio comercial de Venezuela luego de EEUU y China, exportando fundamentalmente maquinarias y equipos, productos químicos, y productos manufacturados, de acuerdo con datos oficiales expuestos por la Delegación Oficial de la UE acreditada en Caracas. En 2015 la relación comercial bilateral entre Venezuela y la UE sobrepasó los 5 mil 200 millones de euros, según el mismo documento.

Actualmente, solo para poner el ejemplo de uno de sus Estados miembros, 94 empresas y 17 franquicias españolas funcionan en ese país, según la Cámara Venezolano Española de Industria y Comercio. Además, empresas petroleras y gasíferas de Francia, Italia, Portugal y España poseen inversiones multimillonarias en la Faja Petrolífera del Orinoco, que cuenta con las reservas de crudo más elevadas del Mundo.

La UE detalla en sus informes comerciales que más de 2 mil empresas europeas “han hecho inversiones en Venezuela con visión de largo plazo”, negociaciones que representan un tercio del total de las inversiones extranjeras en ese país. Además de negociaciones petroleras y gasíferas, estas 2 mil empresas desarrollan inversiones en el sector de las telecomunicaciones, eléctrico, farmacéutico, maquinarias y equipos agrícolas.

El impacto del bloqueo en esas empresas aún no se puede determinar, pero la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, advirtió este jueves que efectivamente se pudiese detener toda transacción relacionada con el Gobierno de Venezuela, por miedo a ser penalizadas por Estados Unidos.

 “Estas sanciones son extremadamente amplias y no contienen las medidas suficientes para mitigar el impacto en los sectores de la población más vulnerables”, dijo Bachelet. El impacto de las sanciones en el pueblo venezolano no le importa a la Unión Europea, pero todo cambia cuando se agrede el capital de las multinacionales que mantienen su inversión en ese país. Balón al aire.

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Por designio de Donald Trump, la OEA y especialmente el Cartel de Lima apuntan sus denuncias contra Venezuela. De los centenares de crímenes políticos en Colombia no hablan

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Por Sergio Ortiz:

El 26 de julio pasado hubo marchas en Colombia contra los asesinatos de líderes sociales y exguerrilleros desmovilizados tras el Acuerdo de Paz de 2016. El presidente Iván Duque quiere lavarse las manos, achacando el fenómeno al período de Juan Manuel Santos.

Falso. Con Santos también había esa clase de crímenes políticos, en el tramo final de las negociaciones de paz con la guerrilla de las FARC en La Habana. A la luz de tantos crímenes esos acuerdos tienen hoy serios cuestionamientos sobre su utilidad y conveniencia.

Los organismos de derechos humanos del país sudamericano y organismos internacionales dejan en claro que la ola de crímenes es casi toda propia de Duque, el candidato impuesto e impulsado por el presidente más criminal de los últimos tiempos, Álvaro Uribe.

El Instituto Colombiano de Medicina Legal reportó a mediados de mayo de 2019 que 317 líderes sociales fueron asesinados desde el 1 de enero de 2018 hasta el 30 de abril de 2019 en 28 de los 32 departamentos. Esto significa que más de 257 asesinatos ocurrieron durante el gobierno Duque en el 90% del territorio nacional.

Por su parte la Defensoría del Pueblo reportó que entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de enero de 2019 fueron asesinados 462 líderes sociales.

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) del país informó en abril de este año que desde la firma del Acuerdos de Paz en noviembre de 2016, 128 excombatientes de las FARC fueron asesinados. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), advirtió contra el recrudecimiento de los asesinatos selectivos a líderes sociales y denunció que fueron asesinados 135 exguerrilleros en proceso de reincorporación.

Resumen Latinoamericano, dando cuenta de un reporte de Contagio Radio de Colombia, publicó que el 22 de junio pasado fue asesinado el excombatiente Servio Delio Cuasaluzán Guanga, en la vereda Chambú, Nariño. El último comunicado del Partido FARC informó que se han registrado 133 muertes violentas de reincorporados y 11 desapariciones forzadas desde la firma del Acuerdo de Paz.

Sintetizando: que noviembre de 2016 hasta principios de 2019 fueron asesinados 462 líderes sociales y 135 exguerrilleros, en parte durante el gobierno de Santos, finalizado en agosto de 2018, y todo el resto con Duque. Estos son crímenes horrendos del Estado colombiano tripartitita (centro-democráticos, conservadores y liberales), las Fuerzas Armadas, los paramilitares y, moviendo los hilos, la oligarquía y banqueros y sus socios de multinacionales, todos en la órbita norteamericana y el Comando Sur.

Esto muestra la enorme responsabilidad del gobierno actual, cofundador del Cartel de Lima que bajo la batuta de míster Trump y con el primer violín de Luis Almagro, de la OEA, llama a acabar con el gobierno bolivariano de Nicolás Maduro. El 10/06/19 se reunieron Mauricio Macri e Iván Duque en Buenos Aires e hicieron un llamado a «hacer lo imposible para acabar con la dictadura en Venezuela». De Venezuela sí hablan muchas mentiras, pero no de las muertes en Colombia.

Flores marchitas.

Estos hechos no han merecido mayores comentarios en la prensa internacional, aún cuando la ONU ha validado las denuncias y las estadísticas.

Incluso son crímenes aún más terribles que otros similares en otras latitudes por una circunstancia especial: en noviembre de 2016 se había firmado el Acuerdo de Paz entre el gobierno de Santos y la guerrilla de las FARC. Una de las partes beligerantes, la revolucionaria, había firmado su desarme y entregado las armas a los veedores de la ONU, que las decomisaron y fundieron para hacer tres monumentos a la paz. Hoy, visto el reguero de sangre de un solo bando, queda claro que no hubo tal paz sino un fraude.

Si la guerra interna hubiera continuado, aunque sin justificación se podría explicar en parte que siguiera muriendo gente. Pero se había firmado la paz. Era el momento de parar con esos crímenes, pero el Estado y sus aliados ya mencionados siguieron matando a líderes campesinos, de pueblos originarios, de colectivos de mujeres, de movimientos ecologistas, defensores de derechos humanos, etc. Y destinando una dosis especial de plomo y torturas, a exguerrilleros como para que nunca más se les ocurra a los campesinos luchar por la tierra como lo hicieron con los primeros grupos formados por Manuel Marulanda Vélez en 1964.

Las FARC, reconvertidas en un partido legal con la misma sigla, como Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, viene sufriendo esas pérdidas: 133 asesinatos y 11 desapariciones forzadas. Esa es la parte más dolorosa e irreparable. También siguen presos muchos de sus militantes. Dirigentes que habían sido parte de la negociación de paz, como Jesús Santrich, terminaron encarcelados en abril de 2018. Lo liberaron en mayo de este año, pero afrontaba un doble juicio: por secuestro y un delito inventado de querer exportar 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos. La típica y falsa acusación contra la esfuerza guerrillera de Marulanda Vélez: «terrorismo y narcotráfico». Son mentiras habituales de gobiernos colombianos y su jefe estadounidense, al que cedieron 7 bases militares en el «Plan Colombia».

Santrich ocupaba uno de los 5 curules de diputados en la Cámara y desde junio pasado no se presentó a las citaciones judiciales, por lo que la Corte Suprema ordenó su detención con tarjeta roja de Interpol. Otro tanto va a ocurrir con Iván Márquez, ex número 2 de la guerrilla, que abandonó su curul de senador.

Si los Acuerdos de Paz mueren como flores secas no es por culpa de la guerrilla desmovilizada sino de la Casa de Nariño y la Casa Blanca.

ortizserg@gmail.com

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