Por Juan Pablo Cárdenas:
Nadie puede tener certeza de lo que pueda suceder después
del acuerdo político de los partidos que conforman el parlamento chileno
destinado a plebiscitar en abril próximo la posibilidad de una nueva
Constitución y el mecanismo para definirla. Damos por descontado que la
ciudadanía va a optar por una nueva Carta Fundamental, pero tenemos muchas
dudas respecto del organismo que se escoja para redactar el nuevo texto; porque
ello dependerá de cómo se promueva y se venda publicitariamente la idea de una
asamblea o convención constituyente, integrada solo por representantes electos
por el pueblo, o bien se opte por la
entidad propiciada por la derecha, integrado en un 50 por ciento por representantes del Congreso
Nacional más la mitad de ciudadanos surgidos de las urnas.
De lo que ya no habría duda es que el ente que finalmente
resulte tendrá que aprobar cada acápite de la nueva Constitución con un quórum
mínimo de dos tercios, lo que augura un casi un imposible desafío para
legitimar este nuevo texto. No olvidemos que desde el año 1980, la Carta
Fundamental heredada por Pinochet solo pudo ser sometida a dos reformas por
nuestro parlamento justamente por el alto quorum que el mismo texto exigía para
ser reformado. Situación que ahora se repetiría y haría bien difícil obtener
mayorías tan sólidas a la hora de definir la institucionalidad que los chilenos
quieren consolidar. Cuando persisten diametrales diferencias en el país entre
los que buscan un estado subsidiario o, por el contrario, un estado soberano
respecto de la propiedad de sus riquezas fundamentales y capacidad de
iniciativa económica. Tal como entre una institucionalidad que asume la
educación, la salud, la vivienda y la previsión social como derechos del
pueblo, y no la deje a merced del mercado, el régimen neoliberal y los
inversionistas privados o extranjeros.
Al acometer estas decisiones, bastará que solo un tercio de
los chilenos constituyentes asuman una posición al respecto para desbaratar la
posición mayoritaria. Por lo mismo que la tarea será ardua y muy difícil de
agotarse en tan solo un año de plazo, a juzgar por los tiempos definidos para
ello y apurados por las urgentes soluciones que se les deben dar a las demandas
públicas. No olvidemos que hemos tenido que soportar por cuarenta años una constitución
ilegítima en su origen y ejercicio. Pese al triunfo del NO contra Pinochet, la
persistente demanda popular por los cambios y la voluntad de muchos
legisladores que una y otra vez se estrellaron con estos quorum, las
resoluciones del Tribunal Constitucional y la falta de solvencia y consecuencia
de los sucesivos gobiernos que se rindieron al legado del Dictador en ésta y
tantas materias.
No es sorprendente la positiva reacción “de los mercados”
después de este acuerdo entre las directivas partidistas, si se considera, por
ejemplo, que la recuperación de riquezas básicas como el cobre y el litio,
aunque fueran apoyadas masivamente, le darían amplio margen a las empresas
nacionales y extranjeras para asegurarse el quórum mínimo a fin de que no prospere
ni una reforma sustantiva. Y ya sabemos cómo éstas, o las AFP y las isapres no
trepidan en sobornar a quienes toman las decisiones cuando se les hace
necesario defender sus intereses.
No dejemos de lado, tampoco, que fue el estallido social el
que nos puso a las puertas de un gran cambio en el país. Es decir, la enorme
movilización que cumplió cuatro exitosas semanas a lo largo de todo el país, en
la cual los chilenos le dijeron basta al Gobierno de Sebastián Piñera, pero
también al conjunto de la clase política. Como consta que entre los millones de compatriotas movilizados todos los
días no se pudieron apreciar las banderas o pancartas de los partidos. Aunque
la rebelión de pueblo mapuche contra el Estado, sin embargo, desplegó la mayor
cantidad de banderas junto al pabellón tricolor.
Tampoco podemos soslayar que, en estas protestas, si bien la
nueva Constitución fue intensamente demandada, en lo principal el pueblo
reclamó mejores salarios y pensiones, resolver el déficit de la salud y el
precio abusivo de los medicamentos. Dejando en evidencia la profunda inequidad
que existe entre los habitantes de nuestro país. Esto es, entre la pavorosa
opulencia de un puñado de privilegiados y explotadores y la inmensa mayoría de
trabajadores que sufre las más drásticas e injustas carencias. O la desesperanza de los jóvenes, de los
estudiantes endeudados de por vida y la de esos 500 mil que no estudian ni
trabajan.
Un grado de injusticia social de la cual no solo es
responsable la administración de Piñera sino todos los gobiernos anteriores que
tenían por misión construir una democracia participativa y un régimen económico
social solidario. Además de la recuperar nuestros recursos naturales, imponer
el respeto al medioambiente y ponerles término a los privilegios de la casta
militar, tanto o más cuestionada por las corrupciones del poder empresarial y
político. A todo lo cual se debe consignar, también, todos los pendientes de la
verdad, justicia y reparación por los crímenes cometidos por el último Régimen
Militar, sumado a la barbarie acometida hasta nuestros días contra el pueblo
mapuche y otras minorías étnicas.
No vaya a ser cosa que el proceso constituyente acordado en
esa desesperada y maratónica sesión de las cúpulas políticas vaya a supeditar
las urgentes demandas sociales a la posibilidad solo de darnos una nueva
Constitución. Más bien, creemos que si el actual gobierno y los parlamentarios
no implementan con suma urgencia una real agenda social lo que podría
fomentarse es el rápido retorno de nuevas protestas y más radicalizaciones.
Como verdaderamente una verdadera guerra civil y fratricida, posibilidad que
empezó a insinuarse en los últimos días con esa violencia ciertamente brutal e
incontrolable que no trepidó en avanzar hacia los barrios más pudientes, que
llegó a incendiar iglesias y edificios patrimoniales y hasta se atrevió a
disparar contra los cuarteles policiales y militares.
Sabemos que el proceso constituyente, que algunos todavía
festejan, ha dejado profundas heridas en los propios actores que lo acordaron,
tanto en sus propias bases partidarias como en todo el movimiento social que
fue excluido de las negociaciones. Una
discriminación que puede conspirar mucho contra la intención de quienes
pusieron la firma de este acuerdo. Claro: las dirigencias políticas, en su
desarraigo de la realidad y crónica falta de prolijidad, pasaron por encima de
movimientos tan prestigiados como No+AFP, no+TAG, los gremios de la
administración pública, los colegios profesionales, las organizaciones de DDHH,
la propia Central Unitaria de Trabajadores, las federaciones estudiantiles y
otras múltiples y legitimadas instituciones ciertamente han resultado más
convocantes que los partidos políticos.
En nuestro deber de informar lo que apreciamos, ya sabemos
que la protesta vuelve a encenderse en algunos barrios de Santiago y regiones.
Pareciera que Sebastián Piñera, cuya renuncia se seguirá
exigiendo como condición sustantiva de la paz, busca la oportunidad histórica
de revertir sus deplorables atentados contra de los derechos humanos de la
población con un itinerario político que lo conduzca a ponerle su rúbrica a una
nueva Carta Magna y ser reconocido, así, por la posteridad. Como tantos otros
viles gobernantes de nuestra historia que fueron capaces de eludir sus crímenes
y despropósitos con algunos aciertos (la Constitución de 1925, por ejemplo). Lo
que se explica en los múltiples monumentos que los honran en todas nuestras
ciudades y pueblos y que con muchísima más razón podrían haber terminado
derrumbados por la insurrección popular que vivimos.
Sin duda que la recuperación de imagen que se propone Piñera
ya tiene drásticos opositores en su propio sector, donde por mucho tiempo ha
acumulado numerosos detractores. Porque hay demócratas consecuentes que lo
conocieron como partidario y beneficiario de la Dictadura, como un empresario
sumido constantemente en las malas prácticas y un descarado gobernante que,
además, tuvo la pretensión de ser reconocido como un líder continental y
mundial.
Después de tal
desenlace político cupular, creemos que sería muy apropiado que la Justicia
aclare si la violencia que empañó muchos actos constituyó solo una explicable
respuesta de una juventud burlada y agredida por la represión policial y
militar, como de una población harta del saqueo propiciado por el sistema que
consagró la Constitución de 1980 y que nos llevara a extremos nunca vistos en
inequidad social. Si no tendrá explicación, además, en los agentes policiales
encubiertos y las complicidades gubernamentales que, como en otros momentos de
nuestra historia, ya saben que las manifestaciones vandálicas logran inhibir
las justas demandas de la población, alentar sus temores y renunciar a sus
legítimas aspiraciones.
juanpablo.cardenas.s@gmail.com
