Chile: hambre de pan y de justicia

Por Carlos Poblete Ávila: 

Como el mundo sabe, el pueblo de Chile el pasado octubre de 2019 se levantó en clara señal de rebelión contra el actual sistema y su extremo formato neoliberal en aplicación. 

Millones de personas colmaron calles, plazas y avenidas del país. Fueron largos meses de manifestaciones populares, de múltiples expresiones de lucha de jóvenes, de estudiantes, de trabajadores, de hombres y mujeres que de manera resuelta dijeron ¡Basta! de abusos, de atropellos, de explotación. 

Chile, su pueblo ha sido devastado - no sólo por la actual agresiva pandemia - durante años, por no decir siglos ... Sus extraordinarias riquezas materiales que abundan en el territorio han sido explotadas, enajenadas por los voraces imperios financieros y empresariales internacionales. 

Chile es un país desnacionalizado. El pueblo no es el propietario de sus abundantes aguas de sus ríos, de las inmensas riquezas del océano. La comunidad nacional no es dueña de los grandes bosques de milenarias especies nativas, muchas ya extintas por la irracional explotación. La naturaleza dotó al país de abundantes riquezas mineras, los mayores yacimientos de cobre están en Chile, también de otros recursos. La inmensa Cordillera de Los Andes contiene esos ingentes recursos hídricos y minerales. Nada pertenece a Chile, todo ha sido subastado. 

Los sectores oligárquicos que por siglos como clase han estado en el poder absoluto, usufructuando de sus obscenos e irritantes privilegios han actuado como yanaconas de los grandes imperios transnacionales. Es una clase inculta y entreguista, sin decoro alguno. 

Este octubre de 2020 el pueblo, las grandes masas ciudadanas en todo el territorio de nuevo han regresado a ocupar sus legítimos espacios públicos para hacer oír sus justas demandas en aras de la dignidad, ' Hasta que la Dignidad sea costumbre ' como está dicho. 

Como se sabe, este 25 de octubre los ciudadanos todos estamos convocados a decidir otros rumbos para Chile, por la vía de resolver en el futuro próximo una Nueva Constitución. Carta que debe contener los supremos mandatos inspirados en los más claros principios y normas que consagren la plena justicia, y los más nobles y esenciales derechos de todos. 

El Nuevo Texto Constitucional redactado luego del Plebiscito de este 25 de octubre, ha de ser el resultado de la más absoluta participación masiva, libre y democrática de los ciudadanos, quienes también determinarán su futura aprobación. 

Lo nuevo a construir ha de ser sobre la base de la conciencia, la organización, la voluntad de lucha y la más sólida unidad de la inmensa mayoría nacional. 

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Sobre el despertar y la porfiada memoria

Por Prof. Anibal Ortizpozo:

Chile: medio siglo de violación a los derechos humanos.

“… hace ya treinta años que la Concertación de Partidos por la Democracia, volviendo la espalda a sus principios históricos, comenzó a administrar la herencia pinochetista con ortodoxa eficiencia neoliberal.” ¿No habremos esperado demasiado? Gabriel Salazar

La sabiduría, el poder de nuestros pueblos, especialmente los originarios, radica en su silencio consensuado, su porfiada memoria y un perdón sin olvido. Desde afuera se ven como pueblos dormidos, derrotados. Sin embargo, inmóviles, resisten estoicos los abusos, las agresiones, las mentiras y promesas, el robo descarado de la corrupción, la burocracia, la ineficiencia, en general la injusticia social, la cual los gobernantes la presentan como “crisis económica”, disfrazándola de “medidas necesarias, urgentes” donde abundan las sugerencias del FMI con sus llamados “a apretarse el cinturón” reduciendo o eliminando los programas sociales de los gobiernos.

Pueden trascurrir años, muchos años, hasta que un día cualquiera sin previo aviso, irrumpen indignados, como volcanes o terremotos, los “reventones sociales” encabezados por los más jóvenes, para decir “¡basta!”, total, ellos no tienen nada que perder; no tienen, trabajo ni recursos económicos para estudiar, a menos que se arriesguen a endeudarse de por vida.

Así de simple, ese día llegó en Chile el 18 de octubre del 2019, calificado ampliamente en los medios de comunicación y redes sociales, como “Chile despertó” para ejercer el derecho legítimo a protestar masiva y pacíficamente (también los hay quienes perdieron la paciencia y piensan “no más piedras contra fusiles” o “lo que igual no es trampa” buscando las armas para enfrentarse con los militares y policías). Pacos (Carabineros) que, en aproximadamente cinco meses, ya tienen un abultado prontuario de heridos, a balines y perdigonazos, contaminados con aguas tóxicas, jóvenes con ojos, reventados por disparos a “quema ropa” de bombas lacrimógenas, mujeres, estudiantes, niños, adolescentes violadas(dos), muertos por carabineros y miles privados de su libertad.

Se acabó entonces ese oasis, el paraíso suramericano y no por decreto del Vaticano. Se vino abajo ese castillo de naipes del diálogo político corrupto; tampoco ya son las ideologías políticas, lo que moviliza y propulsa las protestas. Eso de “izquierdas y derechas” ya no le importa a una multitud enardecida, abandonan sus banderas partidarias, las que ya no se ven en fotografías ni vídeos. Han tomado la calle para terminar con un monstruo poderoso: el sistema económico neoliberal y sus leyes que privatizan todo, violando los más elementales derechos humanos. Leyes y reglamentos que en Chile están amparadas por la írrita e ilegal Constitución, hija de una dictadura sangrienta y vigente desde hace 30 años, creada y negociada con su autor el criminal dictador Augusto Pinochet y su equipo, para que se permitiera la consulta plebiscitaria, (que pierde) estableciéndose  “que se vaya el dictador”,…….desde luego… a la vista y paciencia de todos, no se fue, se quedó en el poder, con una nueva constitución bajo el brazo, que protegía sus crímenes y corrupción, ejerciendo el cargo de General en Jefe del Ejército, Senador Vitalicio y héroe que “nos salvó del comunismo”.

Estupor: se va el dictador, sin irse. Muchos chilenos regresaron al país porque supuestamente “volvió la democracia”, los que dudamos que así fuera, no regresamos. Recuerdo, como anécdota personal, que ofrecía una entrevista a una televisora del Perú, con motivo de una exposición en el Museo de Arte Contemporáneo del Cusco, de pronto, Manuel Jibaja, destacado artista plástico, conductor/ director  del programa,  me sorprende estando  el programa al aire: “Aníbal, y ahora que murió Pinochet,  ¿qué va a cambiar en Chile?, sin pensarlo mucho, mi respuesta más que profética, fue realista:  “Nada cambiará mientras los crímenes de lesa humanidad sigan impunes y esté vigente la “Constitución Pinochetista” que él instauró. Este “muerto de mierda” -como lo definió Mario Benedetti-, que ya estaba muerto en vida, es además un “muerto de mierda” que se va sin castigo. Seguiremos luchando y apostaremos porque la muerte de este asesino y sus cómplices en la oligarquía chilena, no le gane a la justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos.

Por favor, no nos engañemos, no se ha cerrado un capítulo con la muerte de este violador de los derechos humanos, porque la derecha fascista en Chile no es la que ha muerto. Que las celebraciones por su muerte sin honor, no se conviertan en perdón y olvido. Chile no cambiará automáticamente, no habrá reconciliación ni reencuentros entre los chilenos, mientras el legado de muerte del Dictador se mantenga impune y no se sigan los procesos a los responsables que aún están vivos.”, y así ha sido.

Por otra parte, lo paradójico es que previo al plebiscito, se había creado la llamada “Concertación de Partidos por la Democracia” que incluyó partidos de la Unidad Popular, golpistas de la Democracia Cristiana, más los renegados que traicionaron el pensamiento y proyecto socialista de Allende. La Concertación impuso los “gobiernos democráticos” de la llamada post dictadura…donde, increíblemente los presidentes que gobernaron Chile: Patricio Aylwin, Eduardo Frei(hijo), Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera en más de 30 años, legitimaron, la Constitución pinochetista, profundizando la economía neoliberal de la dictadura y sus empresas nacionales y transnacionales.  Respaldados en la Constitución privatizaron todo, hasta el agua, (Seguro Social con las AFP, educación, servicios públicos, etc.) … La trampa, el anzuelo fue otorgar tarjetas de créditos “para tutilimundi”, tuvieran o no tuvieran con qué pagar las cuotas de sus gastos.

Hoy día, en un acto de retoma de conciencia, el pueblo chileno, ha entendido que no puede seguir así endeudado y endeudándose... usando la tarjetita de plástico en la compra de los mercados diarios o hasta para comerse una “sopaipilla” con kétchup, antes o después del trabajo, como lo he visto tristemente, en las calles de Santiago.

La lucha por una nueva Constitución para Chile es sin duda, un fuerte desafío revolucionario, que en primer lugar es cultural y prolongado, donde no basta sólo con indignarse, salir y permanecer en las calles con protestas pacíficas permanentes, aunque se haya alcanzado más de un millón y medio de manifestantes.

Es público y notorio, que estos movimientos y protestas han sido propulsados sin líderes visibles, ni dirigentes de partido político alguno y han sido sometidos a una represión inclemente por parte del Gobierno y sus instituciones policiales con modernos equipos de control.

Incluso, los organismos del Estado, crearon acciones encubiertas, autoatentados, saqueos, violencia y destrucción contra bienes públicos materiales (metro, edificios etc.) para culpar al pueblo y para justificar la sangrienta represión.  El gobierno fortalece a la policía, intenta militarizar el país con la excusa de velar por la seguridad de los edificios públicos del estado, implementa leyes absurdas específicamente contra cualquier tipo de manifestación pública, garantizándole la impunidad a los agresores, incluso felicitándoles por su “sacrificada” actuación durante las protestas.

A pesar de todo esto, las marchas, protestas y manifestaciones continuaron, incluso con mayor intensidad, finalmente, el gobierno asustado cambia algunos ministros (entre ellos el ministro del Interior) y de forma oportunista, pide perdón públicamente e implementa junto al poder político parlamentario el llamado “Acuerdo de paz” donde participan senadores y diputados estableciendo condiciones que son aceptadas por ellos, como: la realización de un PLEBISCITO CONSTITUCIONAL.

Pero, este “acuerdo” está condicionado: fija el porcentaje de participación de parlamentarios a un 50%; cambia el término de Asamblea Constituyente por “Convención Constituyente”; mantiene el sistema electoral vigente; permite las propuestas realizadas desde la Presidencia de la república y limita la consulta al “Aprueba”  o “Rechaza” una nueva Constitución para el país; establece el calendario para la realización del Plebiscito, el 26 de ABRIL del 2020; (hoy postergado por la cuarentena COVID19, supuestamente para fines de año).

Naturalmente el pueblo chileno que masivamente continuaba en la calle protestando y organizándose en agrupaciones territoriales, colectivos, asambleas municipales, si bien es cierto, que votaría por una Nueva Constitución, rechaza en forma rotunda las condiciones establecidas por el poder político, que en realidad lo que planifica es redactar una “Reforma Constitucional” que le permita mantenerse en el poder, sin cambiar el sistema económico neoliberal chileno.

La postergación del plebiscito sobreviene cuando cae sobre el planeta una ola de pánico creada por las medidas tomadas ante la presencia del COVID19, que son consideradas exageradas y contraproducentes, al calificarse el virus, como una “pandemia”. Lo cual ha sido bien aprovechado por el gobierno para ganar tiempo, aislar a los ciudadanos confinándolos en sus casas y terminar con las protestas y organizaciones comunitarias, a quienes sólo les quedan las redes sociales en internet, donde la lucha continúa.

El pueblo chileno permanece en la incertidumbre y debatiéndose en el quehacer político plebiscitario, entre la aprobación, el rechazo o la abstención. Amanecerá y veremos.

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Los que sobran en Chile

Por Juan Pablo Cárdenas S.

Nadie o muy pocos en 1973 pudieron suponer que la dictadura de Pinochet se prolongaría por largos 17 años. Muchos menos que su Constitución, ilegítima en su origen y contenido, como se decía, mantuviera vigencia por más de treinta años. Es evidente que el cruento Golpe de Estado abrió cauce a un cambio revolucionario en nuestra historia, consolidando hasta nuestros días un orden político, económico y cultural que recién empieza a desmoronarse con la Explosión Social, pero que nos tiene a todos en ascuas respecto de lo que pueda venir.

La existencia de un régimen marcado por la desigualdad y los abusos de los sectores dominantes es la causa de una nueva revolución, pero surgida esta vez desde el seno del pueblo y sus organizaciones y no desde el gran empresariado, la clase política o la casta militar. Un furioso descontento que se propone derribar todo el andamiaje institucional para construir no se sabe a ciencia cierta qué, aunque la protesta tenga ideas fuerza que bien pudieran llegar a plasmarse en un régimen que marque un después más promisorio que el que ha condenado a la enorme mayoría de los chilenos a vivir con severas carencias y el yugo de la opresión y desesperanza.

Algunos creen que el itinerario acordado por la clase política puede llevarnos a una asamblea constituyente y a una nueva Carta Fundamental, lo que podría ser posible. Pero ya se ve que lo que más le apura al pueblo son las reformas sociales que deriven, por ejemplo, en un nuevo sistema previsional, una nueva distribución del ingreso, una profunda reforma educacional y la recuperación de la soberanía nacional en el control de la minería y las riquezas fundamentales del país usurpadas por las transnacionales que pueblan todo nuestro territorio.

Por ello es que este proceso no tolera que un Sebastián Piñera se proponga seguir en La Moneda, toda vez que lo que sigue haciendo es sortear las demandas con propuestas cosméticas que verdaderamente no atacan el sistema de AFP, de ISAPRES y ni siquiera se proponen una reforma tributaria que le exija a los más ricos financiar las justas y tan postergadas exigencias de los pobres y de la clase media. El actual mandatario es un empresario y multimillonario, no es un líder popular e incluso carece de la más mínima sensibilidad social.

Pero tampoco es posible que en el Parlamento haya quienes tengan la capacidad de enrielar las manifestaciones y protestas, aunque sea a objeto de salvarse o darle continuidad a sus revenidos partidos y agrupaciones. Cuando todos sabemos que ellos han jurado acatar la Constitución y las leyes injustas, al mismo tiempo que han hecho de comparsas de los gobiernos a la hora de fijar los reajustes de remuneraciones, aprobar tratados de libre comercio indecorosos para Chile e, incluso, soslayar por tantos años reformas que bien pudieron haberse impuesto a pesar de la renuencia del Ejecutivo. No solo del actual Gobierno si no de los que ellos mismos integraron.

Realmente sería hipócrita emprenderlas solo contra La Moneda si se asume que toda la postdictadura ha estado marcada por los atropellos contra la nación de parte de los sucesivos gobernantes. O si consideramos los episodios de corrupción que han involucrado transversalmente a la clase política, permitiendo y hasta alentando con ello los desfalcos del empresariado y de las Fuerzas Armadas, como ahora de las policías, especialmente de Carabineros. Una institución que parece cebada, otra vez, con la sangre de los mapuches, de los jóvenes y los pobres, a juzgar por los horrores cometidos en los últimos meses y que han sido repudiados por el mundo entero.

Cómo quisiéramos que en el plebiscito de abril se resolviera por una enorme mayoría el término de la actual Constitución y luego se eligiera a los más idóneos para convocarse y redactar una nueva Carta Magna. Lo que menos deseamos es que el estado de violencia siga prolongándose y lamentando la pérdida de más vidas humanas, el descalabro de las ciudades y la destrucción de nuestro patrimonio público y privado. Sin embargo, desde hace tiempo es que sospechamos que algunos actos violentistas son acicateados por la derecha, los servicios represivos y los infiltrados que siempre llegan al movimiento social, incluso a la primera línea de las protestas.

El atentado al Museo de Violeta Parra y otros despropósitos nos hablan, justamente, de la acción de estos desquiciados que bien pueden servirle de excusa al conjunto de la clase política para cerrar filas e incluso ausentarse del Senado para dejar sin efecto la acusación constitucional contra el Intendente de Santiago, responsable directo de la horrorosa represión en la Plaza de la Dignidad, como del “copamiento” de las calles para impedir el derecho de reunión de los chilenos. La ausencia de algunos senadores de “izquierda” a la sesión en que se debía condenar e inhabilitar a la autoridad capitalina resultó un acto bochornoso que habla de la complicidad de políticos y partidos en la mantención del orden establecido y represivo.

Extraña sobremanera que desde la explosión del 18 de octubre no haya todavía un solo senador o diputado de la República que haya renunciado a su cargo, como a sus imposturas y privilegios, aunque si consta que Piñera ha debido lamentar el retiro voluntario de varios de sus colaboradores. Por el contrario, antes del inicio de su período de vacaciones, varios de éstos se encontraban en los más distintos destinos del planeta, particularmente en los Estados Unidos y Marruecos, un reino despótico que acostumbra todos los años invitar a varios legisladores de nuestro país a conocer y disfrutar de los encantos de sus balnearios.

En marzo, como lo suponemos, se reinicia con bríos la protesta social, las tomas de establecimientos educacionales, los paros y las más audaces formas de sabotaje a las industrias, bancos y empresas. También es muy posible que vuelvan los bloqueos de caminos y carreteras, además de que se intensifique la lucha mapuche. Si ello ocurre, no hay duda que todo será de responsabilidad de la contumacia política de quienes quieren permanecer contra viento y marea en sus cargos, pese a su enorme descrédito y pérdida de adhesión social y legitimidad. Lo que les correspondía al gobierno y el parlamento era aprovechar la época estival para convenir y programar su retiro o, si estuviéramos todavía en posibilidad, proponerse con urgencia implementar una agenda social de transformaciones realmente en serio.

Los culpables no serán los abusados, sino los abusadores. No serán los pobres, los jóvenes y marginados, sino los ricos y poderosos que constituyen menos del 0.5 por ciento del país. Ni siquiera son los saqueadores de farmacias, tiendas comerciales y otras, sino las clases opresoras representadas por La Moneda, el Poder Legislativo, los jueces abyectos y el conjunto de las instituciones del Estado que, como la misma Contraloría General de la República son tan responsables de las inequidades e iniquidades que explican y legitiman la Explosión Social.

Para inhibir la protesta, se especula que los chilenos tienen miedo y las cámaras de televisión encienden sus luces para dar cuenta de quienes parecen abrumados por la violencia. Pero de lo que tendrán que convencerse es que los pueblos finalmente se sacuden del miedo y nada los detiene, en la convicción que nada puede ser peor de lo que han padecido.

“Que se vayan todos” dice uno de los carteles más reproducidos en las calles y las redes sociales.  Si de democracia se trata, una nueva Constitución debiera contemplar entre sus cláusulas la revocación del mandato de aquellas autoridades que incumplen lo cometido, se corrompen en el poder y renuncian a ser verdaderamente mandatarios de lo que quiere el pueblo. Una disposición así nos habría librado de un buen número de delincuentes de cuello y corbata, asesinos y saqueadores que han alcanzado el poder y, para colmo, a algunos ellos nuestra historia les rinde tributo.

juanpablo.cardenas.s@gmail.com

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“Su Excelencia” y los “honorables”

Por Juan Pablo Cárdenas S.:

Si algún día llegamos a tener una nueva Constitución ojalá ésta contemple el mecanismo de remoción de las autoridades que incumplen con lo prometido durante sus campañas electorales, incurran en ilícitos o pierdan sensiblemente la adhesión ciudadana. En las mejores democracias del mundo los jefes de estado, parlamentarios, alcaldes y otros funcionarios públicos pueden ser separados de sus cargos para, con ello, evitar la crisis social que puede derivarse de sus abusos de poder o ineptitud.

Hay casos en nuestra historia en que los propios cuestionados decidieron abandonar sus cargos en favor del bien general, pero para ello se requiere de representantes dignos y capaces de anteponer la conveniencia del país a sus propios intereses. Una actitud que es bien difícil que surja de una clase política como la nuestra, en que los que detentan el poder creen que la administración del Estado le pertenece a perpetuidad.

 Es increíble que, en Chile, con la insurrección social que estamos viviendo, Sebastián Piñera, el político más repudiado por el pueblo, no haya resuelto todavía abandonar su cargo junto a sus ministros, subsecretarios y asesores. Lo que no ha ocurrido, tampoco, con los diputados y senadores igualmente cuestionados en las multitudinarias manifestaciones callejeras. No nos olvidemos que una de las primeras demandas de la población fue la de “que se vayan todos”, después de tres décadas en que se consolidó la más brutal inequidad social y se han evidenciado, para colmo, tantas formas de corrupción de parte de los moradores de La Moneda, del Poder Legislativo, de los grandes empresarios y los mandos superiores de las FFAA y Carabineros. Además de la histórica lenidad y abyección de tantos jueces.

 Por ello es que la inmensa mayoría del país de verdad no quiso reelegir al actual mandatario, si consideramos que en la segunda vuelta electoral se abstuvo de sufragar más del 52 por ciento del padrón electoral. Lo mismo ocurrió en las elecciones parlamentarias, con la bajísima concurrencia ciudadana a las urnas y los consabidos cuoteo y arreglos cupulares, de lo que resultó que buena parte de los electos apenas consiguiera una pizca de sufragios y, por lo mismo, una precaria legitimidad.

Lo anterior explica que en todos los sondeos y encuestas la popularidad de Sebastián Piñera se haya precipitado aun más y hoy no tenga más de un 12 por ciento de aprobación. Asimismo, ya es un hecho ampliamente conocido que la institución más desprestigiada del país es la del Congreso Nacional, superando el descrédito que afecta a la Justicia, lo militares y los policías.

Luego de seis semanas de furia y protesta no tenemos todavía indicios de que el descontento popular vaya a menguar. Por el contrario, cada día las movilizaciones se asumen más radicales, especialmente después de la criminal represión. No hay duda que el Ejecutivo y las policías han sido desbordadas y el llamado “orden público” difícilmente pueda establecerse sin que antes el país compruebe una voluntad política destinada realmente a resolver sus demandas salariales, previsionales, como las relativas a la salud, educación pública, transporte y vivienda.

El jefe de estado y los parlamentarios han dedicado semanas a alcanzar un acuerdo destinado a consolidar un proceso constituyente que contempla la realización de un plebiscito en abril próximo y, enseguida, elecciones para elegir a los integrantes de una instancia redactora de la nueva Carta Magna, la cual durante largos meses se ocuparía de proponerle un texto a la ciudadanía para ser finalmente ratificado o desahuciado por ésta. Por lo que en no menos de un año recién podríamos contar con el instrumento que defina los lineamientos de nuestro Estado, sus instituciones, así como los derechos políticos, económicos y sociales de la población.

Es importante, sin duda, que se alcance este cometido jurídico institucional, pero es lamentable que las reglas del juego de este proceso hayan sido definidas a puertas cerradas por los partidos con representación parlamentaria, aunque algunos de ellos de verdad prefirieron omitirse de una negociación cupular y sin la participación de nuevos actores sociales que, a no dudarlo, tienen mucho más ascendiente entre la población que las colectividades políticas. Es indiscutible que una de las grandes demandas ciudadanas ha sido también la necesidad de derogar la Constitución de Pinochet con esas superficiales enmiendas acordadas bajo el gobierno de Ricardo Lagos, quien tuvo la pretensión de hacer pasar como obra propia este texto de 1980.

Las grandes aspiraciones de la población reclaman soluciones concretas antes de abocarse al proceso constituyente. Entidades como No+AFP, la CUT, No+TAG, el movimiento de pobladores Ukamau, la Coordinadora Feminista 8M, las federaciones sindicales, indígenas, gremiales, estudiantiles y tantas otras son las que el pueblo les asigna autoridad y liderazgo en la actual insurrección.  Son éstas las que salen todos los días a las calles y concitan la masiva adhesión de los chilenos sin que en todas estas semanas las autoridades le hayan reconocido la legitimidad que tienen, como el aporte que pueden hacer en las urgentes soluciones. Una actitud contraria a lo que ha sucedido en otros países de la Región en que los gobiernos (algo más sensibles que el nuestro) han reconocido a los actores sociales como interlocutores, convocándolos a concitar acuerdos directos y no intermediados.

Disminuir el grosero sueldo recibido por ministros y parlamentarios, congelar las abusivas cuentas de la luz, del agua o del pasaje en Metro son apenas tenues gestos de las autoridades, sin el propósito real de intervenir el sistema de las AFP, de isapres, de los monopolios farmacéuticos o proponerse el término o modificación de esos leoninos contratos con las concesionarias de carreteras. Todas las cuales registran inauditas utilidades a expensas de las obligadas cotizaciones de los trabajadores, pensionados, pequeños y medianos empresarios, como los impuestos descargados a todos los consumidores. Sin prosperar todavía un tributo efectivo a los que más ganan, es decir a ese 1 por ciento de chilenos que tiene ingresos que superan lo que obtiene el 20 por ciento de nuestra población.

El economista Manuel Riesco, en carta a El Mercurio, señala que si el Estado asumiera la administración de los fondos previsionales podría doblar el monto de las actuales pensiones pagadas por las AFP, además de recaudar para el fisco unos 11 mil millones de dólares por año. Recursos que podrían satisfacer un sinnúmero de otras demandas sociales. ¡Vaya qué justa sería, entonces, una nacionalización de los agentes que tanto lucran de los ahorros de los trabajadores cotizantes!

No es cosa de atribuirle a Piñera y a los miembros del Parlamento tanta insensatez o desidia. Lo que ocurre es que la mayoría de ellos son parte o están supeditados a los grandes intereses económicos de la banca, la minería, las forestales, pesqueras o de las empresas administradoras de los servicios básicos. Como, también, a los llamados “sostenedores” de la educación privada, los dueños de laboratorios, clínicas e hipermercados.

Basta hacer un cruce entre los apellidos de quienes nos gobiernan con los de los gerentes o administradores de todas estas entidades, para demostrar tal confabulación. Por lo cual ha resultado tan fácil el lobby empresarial ejercido hacia los legisladores, ministros de estado o alcaldes. Un tráfico de influencias que se ha llegado a constatar en los mismos pasillos de La Moneda y los hemiciclos parlamentarios. Así como constan los escandalosos aportes de estas poderosas entidades al financiamiento de los partidos y las campañas electorales de sus candidatos.

Si el mismo Jefe de Estado es uno de los grandes acaudalados del mundo es difícil o imposible materializar de parte suya una reforma estructural de nuestro sistema económico, ni siquiera cumplir con una agenda social que encare las más urgentes necesidades de la nación. De allí es que los grandes intereses económicos lo insten a poner mano dura a las demandas de la población, así sea al extremo de violar gravemente los Derechos Humanos. Como ya lo han consignado los observadores extranjeros, así como en carne propia los miles de chilenos agredidos por el descontrol policial.

De esta manera es que también se explica que la mayoría opositora del Congreso no le haya exigido, todavía, la renuncia del Jefe de Estado, pese a feble apoyo ciudadano y a su creciente descrédito popular. Los “honorables” legisladores saben que cuestionar a “Su Excelencia” es exponerse a cesar también en sus funciones y perder sus múltiples granjerías. Sabemos que la ciudadanía ya despertó y ha descubierto los despropósitos de nuestro sistema político, económico, social y cultural.

Se trata de la gran colusión de todas las cúpulas políticas. Por años administrando en su favor el legado pinochetista, sin ánimo de avanzar hacia una genuina democracia y servir a la justicia social. Por lo mismo es que ya han pactado quórum y otros cerrojos que hagan difícil o imposible una nueva Constitución. Al mismo tiempo que parecen estar confiando en que la población desista de protestar a causa de los episodios de violencia que hemos conocido y repudiado. Actuaciones vandálicas que muy probablemente, como en otras ocasiones, cuentan con el beneplácito y hasta el aliento de las autoridades y policías a fin de que colaboren al desprestigio del justo alzamiento popular.

juanpablo.cardenas.s@gmail.com

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Se desploma la imagen del auto titulado dictador Sebastián Piñera

Por Eduardo Andrade Bone:

Mientras en diversos lugares de Chile aún se siguen realizando manifestaciones, velatones conversatorios y cabildos abiertos con el objeto de buscar soluciones reales y efectivas a la crisis social, política y económica que vive el país, los chilenos se van posesionando de la idea clara, de que el país requiere de una nueva Constitución democrática y representativa de todo los chilenos, además de un nuevo modelo de desarrollo económico, que avente definitivamente al neoliberalismo económico, es que se produce la caída en las encuestas de forma estrepitosa de la popularidad del auto titulado nuevo dictador que tiene Chile.

La baja en las encuestas de Sebastián Piñera se produce además en víspera del arribo al país, de una comisión investigadoras de la violación de los derechos humanos de la ONU, con la existencia de un Estado de Excepción, con toque de queda y una brutal represión y con exigencias que puedan aclarar las cifras de personas muertas desde que se aplicó el estado de emergencia, el pasado viernes 18 de octubre.

Si bien el Gobierno de Piñera no ha entregado la cifra oficial de fallecidos, las informaciones indican la existencia de 20 las personas que han muerto en la última semana, también hay denuncias de personas que han desaparecidos en las protestas.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), estimo en 437 personas heridas por armas de fuegos en las protestas contra el gobierno de los empresarios. Además se informa la detención de 3163 detenidos, 70 querellas de las cuales 15 son por abusos y amenazas sexuales. Es en este contexto que se produce la caída de la popularidad de Sebastián Piñera.

Ahora en medio de la crisis social que se vive en el país, de la guerra desatada por Piñera contra las manifestaciones contra su gobierno y de los estados de excepción que se dictaron para acallarlas, de allí que la aprobación del presidente Piñera según la encuesta Cadem cayó a un 14 por ciento.

Lo cierto es que la caída ha sido estrepitosa con un subida de un 78% de desaprobación a la gestión gubernamental de Piñera y la derecha chilena, rompiendo un récord desde la aparición de los gobiernos post dictadura, en esta seudo democracia existente en Chile y que tiene al país en una especie de vacío de poder, con un mandatario secuestrado por su propia ineptitud e incompetencia para administrar el país, en donde y producto de la crisis, algunos piden su renuncia, otros optan por exigir un plebiscito y el pueblo en las calles exige que simplemente se vaya.

En la consulta de Cadem del 18 de octubre, solo el 29 por ciento de los que han contestado la encuesta aprueba la gestión de Piñera, mientras que un 58 por ciento se ha manifestado en contra de la gestión gubernamental del gobierno de los empresarios y Chile Vamos. También llama la atención de la consulta, es la caída de las personas que se sienten identificados con la derecha pinochetista, que en un 40 por cierto se sienten identificados con la coalición Chile Vamos, pero que a raíz de las protestas podría ser aún menor.

Otras de las figuras que ha sido condenada por el veredicto ciudadano vía encuestas, es el actual ministro del Interior y primo del mandatario, Andrés Chadwick Piñera, que es el responsable directo de la represión y la violación de los derechos humanos, acontecido bajo el estado de excepción. De allí que dicho siniestro personaje cuenta con la aprobación de apenas un 12 por ciento, y la desaprobación del 80 por ciento. Cabe destacar además y que producto de la visita de la comisión de DDHH de la ONU todos los fuegos están dirigidos contra esta figura política que está en el gabinete presidencial producto del nepotismo existente en una buena parte de la elite política chilena.

Ahora las principales razones de la caída en las encuestas del gobierno de Piñera están asociadas a un "mal manejo de las protestas" y una "mala gestión en general", además que se suele decir que Piñera "no escucha a la gente", "no cumple sus promesas" y "que solo protege los intereses de los grandes empresarios y de la élite (3%) más rica del país".

La encuesta también apunta al gran descontento existente por las "bajas pensiones"; "las grandes desigualdades sociales y abusos"; la pésima "gestión en materias como educación y salud"; "bajos salarios"; "elevado costo de los servicios básicos"; "pésimo gabinete y asesores" y "falta de seguridad ciudadana", como los principales motivos de la protesta.

El sondeo indica además la fuerte condena de los consultados, un 86 por ciento, a las expresiones presidenciales de que el país está en guerra contra un enemigo muy poderoso, solo un 11 por cierto apoya dichas expresiones. Ahora la respuesta de la gente en la mas grande de las manifestaciones de estos últimos treinta años, que exhibía carteles que decían que Chile no esta en guerra, simbolizada con una inmensa bandera central con la misma inscripción.

La consulta también refleja que un 49 por ciento manifestó estar de acuerdo con el “estado de excepción” y la presencia militar en las calles para salvaguardar la situación en las calles, mientras que un 45 por ciento rechaza la medida.  Un 55 por ciento manifiesta estar de acuerdo en que se dictara el toque de queda, mientras que un 43 por ciento se ha manifestado en contra. Sin embargo, algunos juristas del ámbito de lo Constitucional, las medidas tomadas por Piñera han sido ampliamente cuestionadas, las cuales serían una seria trasgresión a la actual Constitución del país.

Ahora el paquete de medidas desesperadas del mandatario chileno para aplacar las protestas, han sido evaluadas como “mal o muy mal” por el 53 por ciento, que estiman que los anuncios son cambios cosméticos, más de lo mismo y sin soluciones reales y efectivas. En este sentido un 80 por ciento no cree que cumplan con lo que han prometido Piñera. Con respecto a las diversas medidas tomadas por el gobierno de la derecha, se refleja que hay una gran excépticidad, manifestada por diversos medios de prensa nacionales, lo que augura una gran incertidumbre al desarrollo de los acontecimientos y las demandas sociales.

En este sentido y en relación a las demandas más sentidas del pueblo chileno, cabe destacar que dichas propuestas reivindicativas han estado todas expresadas en las más diversas manifestaciones y protestas, de la cual el gobierno y la elite política tiene que atender y dar respuestas claras y precisas, de los contrarios el camino se puede precipitar hacia un abismo difícil de controlar.

Lo cierto es que la actual situación de crisis política social y con un Piñera que se hunde en el fango, junto a su camarilla que lo acompaña en su nefasto gobierno de los empresarios, también tiene en una gran incertidumbre al conjunto de la elite política, que se encuentra descolocada y sin propuestas claras para salir de la crisis. 

Finalmente cabe destacar, que lo más relevante de la encuesta Cadem, ante la crisis que vive el país, es que dicha consultora se encuentra alineada ideológicamente con Piñera y la derecha chilena y que dicha empresa, es financiada con recursos públicos y de forma encubierta por el propio mandatario, de allí que lo que marcan sus tendencias debe ser digerida, teniendo en cuenta el origen de quienes las realizan.

aindoamericanap@gmail.com

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Ases bajo la manga

Por Carolina Vásquez Araya:

 Jugar con ventaja es de tramposos; propio de políticos a quienes no favorece seguir las reglas.

El panorama mundial es desalentador. Los movimientos populares surgidos en distintos puntos del globo como protesta por los abusos del sistema económico imperante se han estrellado contra un muro de represión, cuya violencia demuestra que los dueños del capital están dispuestos a cualquier extremo con tal de impedir una vuelta a sistemas más democráticos y a un reparto justo de la riqueza. Aun cuando el sistema neoliberal ha sido puesto en cruda evidencia ante los pueblos que sufren sus abusos, estos todavía carecen de los medios y del espacio para recuperar el protagonismo político ante gobiernos totalmente secuestrados por grupos económicos y financieros, locales e internacionales.

El juego, hábilmente estructurado desde los despachos de las poderosas multinacionales y los estamentos políticos del primer mundo, cuenta con la complicidad de otros centros de poder entre los cuales destacan, por su influencia, los grandes consorcios periodísticos. Sin embargo, las consecuencias de esa voracidad comienzan a golpear con fuerza a los mismos que han apostado por el desequilibrio, el incremento de la pobreza y la sobreexplotación de los recursos. Esto, debido a políticas que han desatado una ola indetenible de movimientos migratorios y cuantiosas pérdidas humanas y económicas debido a los efectos devastadores de un cambio climático cuya existencia niegan con gran énfasis.

En América Latina, un continente transformado en laboratorio de un sistema neoliberal extremo, el esquema de poderes ha ido consolidándose alrededor de personajes cuyo papel no va más allá de agachar la cabeza y aceptar las condiciones impuestas desde la Casa Blanca. Para ello, cuentan con el aval para aprovechar el período y enriquecerse con los recursos públicos, amarrar lazos con grupos de élite empresarial y buscar la protección de ejércitos entrenados para mantener el estatus quo, todo ello siempre y cuando repriman toda posibilidad de rebelión popular. Así las cosas, la población de los países administrados bajo un sistema neoliberal -cuyo objetivo reside en explotar al máximo los privilegios otorgados por gobiernos corruptos- se encuentra imposibilitada de ejercer una ciudadanía activa y, mucho menos aún, de participar políticamente en iguales condiciones.

Cuando en alguno de nuestros países se les voltea la tortilla –como está sucediendo en la República Argentina- los poderes ocultos del sistema se ponen en “modo emergencia” y comienzan a echar mano de todos los mecanismos posibles para convencer a la ciudadanía de las bondades de su estilo de administración, utilizando tácticas populistas –tardías y evidentemente falsas- y echando mano al siempre bienvenido apoyo de los consorcios periodísticos y de las organizaciones gremiales que los apoyan. Ante esa arremetida de los poderes, el riesgo de retroceso está siempre presente.

Otro ejemplo es el resultado del proceso electoral en Guatemala, celebrado el mismo día que en el país sudamericano, solo que en este caso las cartas ya habían sido convenientemente marcadas para evitar cualquier desviación de la ruta establecida desde el Departamento de Estado. Por lo tanto, gracias a esos ases bajo la manga del gobierno actual, Guatemala no solo mantiene un estatus de “cero riesgos” para el sistema de explotación de sus recursos y cooptación de sus instituciones, sino además cuenta con la ventaja de un ambiente ciudadano temeroso y psicológicamente preparado para lo que viene: cuatro años más de lo mismo y, posiblemente, en peores condiciones para el ejercicio libre de sus derechos democráticos.

elquintopatio@gmail.com

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Guatemala El sueño estéril de la democracia

Por Carolina Vásquez Araya: 

Cuando se han perdido esperanzas de cambio, solo queda insistir para lograrlo.

Las elecciones en Guatemala han dado una dura lección a la ciudadanía y sentado las bases del retroceso histórico más duro experimentado por un país de la región. El domingo no se vivió un proceso feliz sino doloroso, y con muchas más dudas que certezas. Tanto así, que en redes sociales y en prensa abundaron mensajes de hondo pesimismo. La democracia brilló por su ausencia desde el momento mismo cuando se impuso a la fuerza la elección entre dos candidatos sospechosos de delitos electorales, de vínculos con el narcotráfico y de ejecuciones extrajudiciales amparadas por un sistema judicial corrupto. Es decir, la peor de las perspectivas.

Ahora, lo que sigue en la agenda es la vigilancia ciudadana para evitar los abusos institucionalizados por un sistema desviado por completo de los objetivos fundamentales de cualquier propuesta política: no solo ajeno al interés de la nación, también divorciado de los derechos fundamentales de la población y comprometido con los cárteles empresariales asentados en su mayor organización gremial, cuyas maniobras han desvirtuado las bases institucionales con el resultado de consolidar el proceso de descomposición de la democracia y el estado de Derecho.

El mayor de los obstáculos será, por supuesto, la falta de información confiable hacia un público carente -en su mayoría- de elementos de juicio. La precariedad de la educación y el incremento de la pobreza han jugado un papel fundamental en el debilitamiento de la participación ciudadana y, con los nuevos elementos al mando, las perspectivas no son alentadoras dados sus fuertes compromisos con quienes han financiado sus aspiraciones de asumir las más altas investiduras. En otras palabras, cambian los bueyes, pero la carreta es la misma y seguirá la dirección marcada por quienes poseen el control del Estado desde épocas lejanas.

Deberá despertar la mayor atención a partir de este relevo el destino de las nuevas generaciones: esas caravanas interminables de niñez y juventud que huyen hacia el norte buscando un respiro a una vida marcada por la miseria, la violencia criminal y el abuso. De hacerse realidad la inexplicable decisión de transformar a Guatemala en un campo de concentración para migrantes, la situación de niñas, niños y adolescentes pasará de gris a negro profundo por las inevitables amenazas contra su integridad y la reducción a cero de las míseras oportunidades con las cuales cuentan en la actualidad.

Durante la campaña ha quedado evidente la ausencia de programas de gobierno como la nueva marca de identidad de los partidos políticos. Sus plataformas populistas y cargadas de amenazas –pena de muerte, ejecuciones extrajudiciales, penalización de derechos humanos y retroceso de conquistas ciudadanas- representan el nuevo rostro de la dictadura, disfrazada de nacionalismo. Los arrestos de caciquismo de algunos alcaldes, cuyos alardes de un autoritarismo tan ilegal como descarado han recorrido las redes sociales sin respuesta de las autoridades, hablan de un ambiente descompuesto y abiertamente amenazador para una ciudadanía decepcionada y vulnerable.

En suma, el cambio necesario y urgente quedó pospuesto otros cuatro años, un período durante el cual lo malo de la administración actual –lo cual ya es mucho decir- aún podrá caer en niveles extremos. El enfoque en la fiscalización ciudadana es un tema de máxima prioridad para un país tan castigado por la corrupción y el abuso de los sectores político y económicamente poderosos; por lo tanto, si se pretende recuperar la democracia, la unidad y el consenso son la única opción.

elquintopatio@gmail.com

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