Por Carlos Flanagan:
A principios de este mes tuvimos la noticia de que el
Ejército procederá a revisar su currículo educativa y realizar una revisión
crítica de su papel jugado en los últimos 60 años.
La iniciativa fue de su Comandante en Jefe, Gral. Gerardo
Fregossi, con el visto bueno del Ministro de Defensa y del presidente de la
República.
El día 6, el Ejército emitió un comunicado en el cual daba cuenta de una actividad académica realizada el día anterior en el IMES (Instituto Militar de Estudios Superiores). Esta primera actividad estuvo dirigida a “un porcentaje de los Oficiales, que realizan los cursos en el Instituto antes mencionado”.
De acuerdo al primer punto del comunicado, “se ha dispuesto
desarrollar un proceso de análisis de la información disponible, con el
objetivo institucional de fortalecer el conocimiento de los integrantes de la
Fuerza sobre la realidad histórica del período 1958-2020, a partir de una visión
amplia, integral, objetiva y plural, procurando desarrollar la capacidad
individual para la interpretación del período a ser analizado”.
Este proceso finalizaría en el año 2021.
Algunas reacciones
El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, afirmó que no tenía la menor duda en cuanto a la necesidad de revisión de los programas de educación de las Fuerzas Armadas, “hace años que lo venimos reclamando y nos parece clave en la formación de estos funcionarios públicos” y que hay que ver por dónde va este proceso.
Asimismo, CRYSOL, la Asociación de expresos y expresas
políticas, en una carta enviada al Ministro de Defensa Nacional, saludó la
iniciativa que entiende apunta a un imprescindible proceso de reafirmación y
consolidación de la institucionalidad democrática.
Recuerdan que a partir del 13 de junio de 1968 el presidente de la República de entonces, Jorge Pacheco Areco “impuso las Medidas Prontas de Seguridad y sacó a las Fuerzas Armadas de los cuarteles para reprimir y militarizar a los trabajadores”.
Asimismo, manifiestan la necesidad de que este proceso se lleve a cabo de cara a la ciudadanía y con la amplia y plural participación de la sociedad civil, organizaciones sociales y de la academia y su plena disposición a contribuir con total franqueza.
En el extremo opuesto, como era de esperar, el Presidente del Centro Militar (organización que nuclea a los militares retirados) mostró su preocupación por esta iniciativa y el enfoque que tenga esta revisión de lo actuado por el Ejército: “Si hablamos seriamente, es una cosa; si es la versión de los tupas o de los comunistas, es otra cosa. Lo que quiero saber es si se trata de invitar a gente que no conoce el Ejército y habla; si prevalece la opinión de esa gente (...)”.
También pude leer una documentada nota de opinión de Raúl
Olivera Alfaro, miembro de la Comisión de Derechos Humanos del PIT – CNT y
Coordinador Ejecutivo del Observatorio Luz Ibarburu, en la sección “Posturas”
de La Diaria, que recoge íntegramente CRYSOL en su portal y
cuya lectura recomiendo.
Básicamente, en su nota plantea en primer término, la preocupación por los diversos pronunciamientos que saludan la iniciativa del Ejército de llevar adelante un proceso de revisión de su actuación política en el período ya mencionado – que va más allá de un cambio de programas de enseñanza de los institutos militares, sujetos a control parlamentario - “porque suponen otorgar a las Fuerzas Armadas un rol político que no les corresponde”.
En segundo lugar, manifiesta claramente: “La consideración de su actuación delictiva, cuando pusieron al servicio de sus conductas terroristas al aparato estatal, es un análisis que se saldó, al menos en parte, ante el sistema interamericano de derechos humanos en el caso Gelman, y que actualmente se está cursando en los estrados judiciales de nuestro país en decenas de causas penales”. A continuación, hace referencia a la ley por la cual el Estado uruguayo reconoce en su artículo 2, su responsabilidad en la violación de los Derechos Humanos en el período comprendido entre el 13 de junio de 1968 y el 26 de junio de 1973 (aplicación de las Medidas Prontas de Seguridad).
Se trata de la Ley 18596 de fecha 18.09.2009, de “REPARACION A LAS VICTIMAS DE LA ACTUACION ILEGITIMA DEL ESTADO EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13 DE JUNIO DE 1968 Y EL 28 DE FEBRERO DE 1985” de la que citamos los dos primeros artículos:
Artículo 1
Reconocerse el quebrantamiento del Estado de Derecho que impidiera el ejercicio de derechos fundamentales a las personas, en violación a los Derechos Humanos o a las normas del Derecho Internacional Humanitario, en el período comprendido desde el 27 de junio de 1973 hasta el 28 de febrero de 1985.
Artículo 2
Se reconoce la responsabilidad del Estado uruguayo en la realización de prácticas sistemáticas de tortura, desaparición forzada y prisión sin intervención del Poder Judicial, homicidios, aniquilación de personas en su integridad psicofísica, exilio político o destierro de la vida social, en el período comprendido desde el 13 de junio de 1968 hasta el 26 de junio de 1973, marcado por la aplicación sistemática de las Medidas Prontas de Seguridad e inspirado en el marco ideológico de la Doctrina de la Seguridad Nacional.
Olivera finaliza su artículo haciendo un repaso de la creciente intrusión de las FF. AA. en temas políticos a partir de los años 60, hasta el desconocimiento del gobierno civil del 9 de febrero de 1973 al no aceptar la designación del Gral. Antonio Francese como Ministro de Defensa Nacional designado dos días antes y emitir los comunicados Nº 4 y Nº 7 “de los Mandos Militares Conjuntos del Ejército y Fuerza Aérea” (cabe recordar que la Marina no los suscribió) de netos contenidos políticos y programáticos de gobierno.
Coincidiendo con la apreciación del Gral. Licandro, ahí dio comienzo la dictadura que luego se instalaría formalmente con la disolución del Parlamento el 27 de junio de ese mismo año.
Los delincuentes
Es importante y más aún cuando los años pasan y hay nuevas generaciones que no sufrieron los desbordes autoritarios del gobierno de Pacheco Areco mediante la aplicación permanente de las Medidas Prontas de Seguridad (prevista sólo para “casos graves e imprevistos” según el inciso 17 del Art. 168 de la Constitución) y la posterior dictadura, insistir en dejar claramente establecido el papel jugado por las Fuerzas Armadas en todo el período.
Todos los que vivimos la dictadura bien recordamos la marcha militar que daba inicio todas las noches a las 20 horas a los comunicados de prensa de las Fuerzas Conjuntas por cadena de radio y televisión.
Por los mismos se daba lectura a la nómina de requerimientos para la captura de ciudadanos, detenciones de otros militantes antifascistas luego juzgados por la Justicia Militar – de triste memoria - generalmente por el delito de “atentado a la Constitución en grado de conspiración, precedido de actos preparatorios”.
En realidad, lo que debería quedar nítidamente establecido en la crónica de la historia del pasado reciente de nuestro país es que los delincuentes fueron los integrantes de las Fuerzas Armadas que violaron la Constitución y atentaron contra el orden establecido, “precedido de actos preparatorios” desde 1968, tal como se detalla en el Art. 2 de la ley 18596 arriba citado.
Una materia pendiente
Más allá de cómo concluya este proceso de actividades académicas previstas, ha tenido la virtud de motivar reflexiones sobre una materia que sigue pendiente en la izquierda: la relación de las Fuerzas Armadas con la sociedad.
En un trabajo anterior acerca de las limitaciones y fracasos del progresismo en A. Latina dábamos cuenta de la falta de una política global hacia las FF.AA. por parte de los gobiernos progresistas (con la excepción de Hugo Chávez en Venezuela). Nuestra enumeración incluía la no revisión a fondo de los programas de estudio de los institutos de formación militar.
Pero creo que nos debemos una discusión aún más profunda que
hace a la necesaria natural consustanciación de las Fuerzas Armadas con la
sociedad a la que pertenecen.
Esto nos lleva de la mano a plantearnos no sólo la necesaria revisión a fondo de los contenidos de los programas de estudio y su supervisión sistemática; sino además un tema que es previo y a mi juicio de fundamental importancia: la pertinencia de la existencia de los liceos militares.
Para cursar cualquier carrera universitaria, se ingresa a la Facultad correspondiente luego de haber aprobado el segundo ciclo de la educación secundaria de 6 años; por lo general a los 18 años de edad.
Sin embargo, llama la atención que, para comenzar la carrera militar, se ingrese al Liceo Militar luego de haber aprobado el tercer año del segundo ciclo antes mencionado.
Creemos que es un profundo error que propicia el paulatino alejamiento de los hoy adolescentes y mañana futuros militares de la comprensión - e integración como propios - de los valores de la sociedad en la que nacieron.
No es extraño entonces que la natural incompleta madurez de un liceal de 15 años sea tierra fértil para que vayan germinando, paso a paso, concepciones corporativas y supremacistas de corte reaccionario como la de “la familia militar” que ningún bien le han hecho y le hacen a la democracia. -
carlos.flanagan@gmail.com
