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viernes, 28 de agosto de 2020

Un libro muy especial



Por Eduardo Contreras:
Hay muy buenos libros respecto de la historia de determinados acontecimientos que marcaron épocas y conmovieron a buena parte de la Humanidad. Entre los sucesos terribles que han tenido lugar en nuestra América se encuentra lo ocurrido durante el período de la dictadura sanguinaria de Augusto Pinochet en Chile. En relación a sus orígenes reales y a los personajes e instituciones que abrieron paso a esa tragedia se ha escrito mucho. Y esta vez hablamos de un texto esencial que acaba de aparecer.


“Entre la Araña y la Flecha, la Trama Civil contra la Unidad Popular” es el título del último libro que, con Ediciones B, acaba de publicar el notable historiador español Mario Amorós y que ya se encuentra en venta en librerías. Es un trabajo realmente especial, serio, contundente, acerca de la peor tragedia vivida por el pueblo de Chile en toda su historia y que nos llega justo cuando está a punto de cumplirse medio siglo desde el triunfo político electoral del presidente Salvador Allende y la alianza de partidos denominada la Unidad Popular.

Un triunfo histórico que fue un verdadero amanecer para la sociedad chilena en sus más variados aspectos, tanto materiales como culturales, y en que, sin violencia alguna del Estado, pero con mucha violencia de los opositores a Allende, empezaron a realizarse cambios reales por vez primera en la historia del país. Cambios que, luego de 3 años de gobierno de Allende, fueron destruidos a costa de miles y miles de chilenas y chilenos de todas las edades que fueron asesinados, torturados y hechos desaparecer en manos de los que alguien, alguna vez, por tremendo error, llamó “nuestros valientes soldados “. Es decir, los miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, guardianes de los sectores económicos poderosos del país. Cambios necesarios, indispensables que, lamentablemente, nunca más absolutamente ningún mandatario posterior ha tenido el valor y la capacidad de intentar reponerlos y que explican sobradamente los dramáticos problemas que ha sufrido el pueblo chileno durante todo el tiempo posterior al sangriento derrocamiento de Allende.

El libro de que hablamos es fruto del trabajo de muchos meses del historiador valenciano, revisando archivos institucionales y personales, publicaciones de periódicos y revistas de Chile y otros países, artículos o trabajos en obras colectivas, trabajos inéditos, libros y expedientes, que corresponden a las más diversas personas u organizaciones de distintos sectores. Sus fuentes, su investigación, dejan clara su objetividad científica.

Como se señala en la contraportada del libro, la feroz represión desatada desde el 11 de septiembre del 73, comenzando por el increíble bombardeo a La Moneda, opacó “la complicidad de los sectores civiles en la instalación de la dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet” Lo que objetivamente llevó al olvido de quiénes fueron los principales autores y promotores del golpe y del genocidio consecuente. Y era hora ya, pasados tantos años, de traer toda la verdad a la memoria. Mostrar a los que pidieron y lograron la intervención del gobierno norteamericano y la CIA en la vida de nuestro país, a los que sabotearon la economía, a los terroristas, violentistas e instigadores de la intervención de los uniformados.

Este trabajo, este texto, honra además a las agrupaciones de derechos humanos de nuestro país. En particular a la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, pues fue a esas organizaciones a las que tuvimos el honor de representar y patrocinar junto al querido colega Alfonso Insunza, ya fallecido, en la querella que presentamos hace unos años, precisamente en contra de los autores civiles del golpe del 73.

Obviamente, dada la realidad nacional, ha sido una acción penal todavía pendiente. Pero tuvo el mérito de lograr significativas declaraciones de varios de los personajes claves de este tan dramático episodio de nuestra historia. Y, por supuesto, el historiador Amorós trabajó también con ese importante material.

Invitamos a todos quienes son partidarios y defienden la verdad y la justicia a hacerse de este texto que aporta tanta verdad sobre tanta mentira que hasta hoy difunden los mismos sectores políticos y los mismos medios de comunicación de Chile que fueron parte activa de la dictadura. 
eduardocontreras2@gmail.com



miércoles, 27 de mayo de 2020

En plena peste Covid19, la violencia neoparamilitar y militar acorrala al Departamento del Cauca



Por Horacio Duque:
El histórico departamento del Cauca (Popayán), al Sur occidente de Colombia, con 1 millón 3 mil habitantes y 42 municipios, es hoy un campo de muerte y violencia generalizada, consecuencia del fracaso absoluto de los Acuerdos de paz que firmo el Estado durante el gobierno neoliberal de Juan Manuel Santos con un sector de las Farc en plan de conciliación y subordinación a las elites oligárquicas que controlan las palancas estratégicas del poder político nacional.


Este departamento es un importante productor de marihuana, de hoja de coca, centro minero desde la colonia y punto estratégico sobre la cuenca del pacifico.
Dominar y manipular el corredor Pacífico caucano es clave en materia geopolítica, dada la biodiversidad, los grandes caudales de agua, los páramos, la existencia de 50 mil hectáreas en trámite de concesión minera, con minerales de oro, platino y cobre, donde 17 empresas multinacionales mineras africanas, canadienses estadounidenses, alemanas y colombianas, codician su explotación.

La existencia de potencial hidroeléctrico y la intención de grupos de poder para activarlo, así como el proyectado Puerto de Timbiquí, con facilidad para el acceso de buques de gran calado, hace pensar que detrás de los negocios de la coca hay pretensiones mucho más suculentas, por lo que el papel de la explotación de la coca es la de crear condiciones logísticas, rutas, caminos, deforestación y desarraigo de población para facilitar la implementación de los megaproyectos previstos.

Factores históricos de la violencia caucana y de su persistencia.
No obstante que Colombia supuestamente adelanta una ruta de implementación de unos pactos de paz, la violencia politica no cede y en la actual coyuntura generada por la peste del coronavirus se ha incrementado la misma en los ámbitos sociales y politicos, con territorios muy caracterizados como el Cauca, Bajo Cauca Antioqueño, Sur de Cordoba, Bajo Atrato, Tumaco y el Occidente de Antioquia que colinda con el Eje Bananero de Uraba en manos de las bandas neoparamilitares del Aleman en alianza con los urabeños.
El Defensor Negret ha emitido, al menos, diez Alertas con respecto al riesgo en un departamento como el Cauca donde la inversión social no llega y cuyo territorio sufre la disputa por el control de parte de las Organizaciones sucesoras del neoparamilitarismo.

En el Cauca hay una situación que tiene dos elementos. Uno de carácter estructural, consistente en las condiciones históricas e identitarias del departamento como lo es su geografía quebrada, con accesos recónditos al Océano Pacífico a través de los ríos Naya y Micay, la dificultad de intercomunicar a los poblados más alejados, la ausencia de condiciones para construir cadenas de suministro a los territorios con mayor vocación agraria por los altos costos logísticos. Sumele, el abandono histórico del Estado determinado por lo anterior, y el uso estructural de las vías de hecho para hacer frente a las carencias de la población.

Neoparamilitarismo aliado con el Estado y Fuerzas Armadas.
Los urabeños-AGC, las Aguilas Negras, Caparrapos, narcos mexicanos, la Oficina de Envigado en alianza con sectores de las Fuerzas Militares y Policiales, han aprovechado el aislamiento preventivo decretado en distintos niveles para desplegar su presencia, confrontar a sus rivales de las guerrillas agrarias y actuar de forma violenta contra los indígenas, campesinos, afros y población trabajadora o desempleada.

Las Organizaciones herederas del paramilitarismo articuladas por los urabeños hacen presencia y actúan, de forma que se han fortalecido con el negocio del narcotráfico, la minería ilegal y la corrupción imperante en la Gobernación, las entidades nacionales y las 42 alcaldías municipales.

El terror de la violencia.
Cauca resulta ser hoy el departamento comparativamente más afectado por las disputas armadas y por la victimización de su población, especialmente en áreas rurales, golpeando directamente a comunidades campesinas, indígenas, afros y a ex integrantes de las FARC en traumático proceso de reincorporación.

Cifras de asesinados.
En el Departamento del Cauca han sido asesinadas en los últimos meses 215 personas (12% mujeres y 88% hombres), líderes sociales, defensoras de Derechos Humanos y familiares, lo que representa el 23,57% del total de homicidios de esta naturaleza cometidos en el país.

103 de las personas asesinadas eran indígenas, más otra vinculada al PNIS, 23 eran afrodescendientes más dos afros vinculados al PNIS, 15 campesinos, 20 campesinos-comunales; 7 campesinos-comunales vinculados al PNIS y 14 campesinos-PNIS, 16 dirigentes cívicos, dos comunales, 8 sindicalistas y 5 víctimas del conflicto armado. Solamente 27 de estas personas formaban parte de organizaciones urbanas, lo que significa que el 86,51% de los homicidios están ligados a conflictos por la tierra, al territorio y a los recursos naturales. 

Asesinato de ex militantes de las Farc.
En el departamento han sido asesinados 36 excombatientes del Partido FARC, lo que representa un 16,98% de los asesinatos cometidos contra estas personas a nivel nacional.

Violencia en el gobierno fascista de Duque.
Desde la posesión de Iván Duque el 7 de agosto del 2018, han sido asesinadas en el departamento del Cauca 149 personas líderes sociales, defensoras de Derechos Humanos y familiares, casi el 30% del nivel nacional.
En este período, 26 excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz y 3 de sus familiares han sido asesinados en el Cauca.
Desde la posesión de Iván Duque se presentaron homicidios contra personas líderes sociales, defensoras de Derechos Humanos y familiares en 26 municipios del departamento. La mayor frecuencia de estos hechos se ubica en Caloto, Toribío, Corinto, Suárez y El Tambo. Precisamente, este último municipio y en Mercaderes es donde se han presentado la mitad de los asesinatos durante la pandemia del covid-19.

Violencia con pandemia.
En la actual cuarentena a causa del covid-19, 25 personas líderes sociales, defensoras de derechos Humanos y familiares han sido asesinadas en el Cauca.
En términos geográficos, esto significa que desde la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno Nacional y las FARC EP hasta la fecha, se han ejecutado asesinatos en 38 de los 42 municipios del Departamento del Cauca contra personas líderes sociales, defensoras de Derechos Humanos y familiares, lo que representa un 88,09% del departamento con crímenes de esta naturaleza. Igualmente, en 21 de los municipios que forman parte del PDET Alto Patía Norte del Cauca se presentaron 176 homicidios contra personas líderes sociales, defensoras de Derechos Humanos y familiares.

Indolencia gubernamental.
Para empeorar este cuadro de terror, el gobierno nacional en cabeza del Ministerio del Interior carece de una política y de una actuación capaz de lograr las soluciones requeridas de distinto orden.
Las investigaciones judiciales de la Fiscalía y la policía judicial no esclarecen ni logran judicializar la mayoría de las graves violaciones sucedidas dejando todo en la más espantosa impunidad. Además, hay responsabilidad del FUDRA No 4 y del Batallón de Alta Montaña José Hilario López No 4 en amenazas, intimidaciones y señalamientos contra campesinos, afros, indígenas y líderes sociales.

La mayoría de los homicidios se concentran en regiones del Departamento con altos niveles de militarización, donde desde el 1 de enero de 2017 se adelanta el “Plan Victoria por la consolidación y estabilización de las regiones”.

Exterminio de líderes en la impunidad.
En cuanto a los presuntos responsables de los asesinatos, la mayoría de los casos permanece indeterminada tanto en lo relacionado con la autoría material como intelectual. En lo referente a indicios, cerca de la tercera parte se atribuye a grupos paramilitares. En lo referente a las amenazas, casi todos utilizan siglas de organizaciones sucesoras del paramilitarismo como el Clan del Golfo, Águilas Negras, AUC, entre otras. En algunos casos, se presume la autoría a las disidencias de las viejas Farc y del ELN.

En trece casos de homicidios se afirma que han ocurrido bajo la competencia de integrantes del Ejército Nacional y la Policía Nacional en desarrollo del uso desmedido de la fuerza o en contextos de protesta social.

Masacres.
Durante el 2020 se han presentado 6 masacres en los Municipios de Piamonte, Argelia, El Tambo, Buenos aires y Mercaderes.

Amenazas.
Desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre del 2016 se han presentado amenazas en 31 de los 42 municipios del Departamento del Cauca, ya sea como amenazas individuales, colectivas, directas o indirectas, mediante panfletos, llamadas o mensajes. En 2020 han ocurrido 59 hechos de amenaza contra líderes sociales, defensoras de Derechos Humanos y familiares en el Cauca. Las intimidaciones se han ejecutado contra voceros campesinos, indígenas y afro descendientes.

Desplazamiento forzado.
Se han denunciado durante 2020, hechos de desplazamiento forzado, individuales y colectivos, en los Municipios de El Tambo, Timbio, Argelia, Guapi, Morales, Suarez, Buenos Aires y López de Micay.
Esta el desplazamiento forzado de 123 familias de las Veredas La Hacienda-La Paz, La Palma-Pambillal y San Antonio Medio y Bajo, quienes llegaron al Corregimiento el Plateado, en el Municipio de Argelia.
En abril, en medio de la pandemia, cerca de 290 personas han sido desplazadas de manera forzada de los corregimientos de San Juan de Micay y Huisitó, del Municipio del Tambo, aunque la comunidad afirma que fueron 150 personas más, desplazadas de Betania, Nayita y Sabaletas.

Represión a la protesta social.
No obstante, lo pactado con el “Protocolo para la coordinación de acciones y garantías a la protesta pacífica”, incluido en la Resolución 1190 de 2018, a la fecha no se implementa su contenido, particularmente en lo que respecta al papel de la fuerza pública, a las instancias de coordinación, a las misiones de verificación y a los enfoques y principios.

En desarrollo de las movilizaciones de protesta de la Minga Social Suroccidente, el Paro Universitarios, el Paro Nacional, las Jornadas de Liberación de la Madre Tierra y los procesos de resistencia por la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito y acciones de exigencia de ayudas humanitarias de emergencia en el marco de la Pandemia del Covid-19, las fuerzas mixtas de la Policía Nacional, el ESMAD y el ejército han procedido con fuerza sin control y utilizado artefactos no convencionales o armas letales, dejando personas heridas, con lesiones contundentes, así como montajes judiciales, infiltraciones y sabotajes, estigmatización, señalamiento y persecución, por parte de mandos de la fuerza pública.

Parapolitica caucana.
Hay que anotar que el ex senador uribista Juan José Chaux, condenado por Parapolitica, en detención domiciliaria, socio de HH, jefe del Bloque Calima, sigue muy activo en Popayán en sus peligrosas acciones contra el movimiento social caucano.

Los derechos de las víctimas.
Casi 400 mil víctimas de la violencia en el Cauca son afectadas en sus derechos de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1448. No se hacen las reparaciones, no se pagan las indemnizaciones, se niega su derecho a la salud y a la vivienda.

La restitución de tierras está prácticamente paralizada en el Cauca debido a la violencia contra los líderes que reclaman sus derechos.
Con el panorama descrito y ante la incapacidad del gobierno no que más recurso que acudir a instancias internacionales para que desplieguen una acción humanitaria en esta region.
HDG/DHC

miércoles, 26 de febrero de 2020

Votar en las urnas y en las calles



Por Juan Pablo Cárdenas S.:
Si de estallidos sociales se trata, éstos siempre están en la antesala de los grandes cambios o revoluciones. Con mayor o menor intensidad, la violencia muy habitualmente los acompaña. La condición humana siempre se empeña en mostrar sus distintos rostros.
No parece posible que las transformaciones importantes puedan sucederse gradualmente y que haya que esperar por ellas en paciente y completa resignación. Los primeros en ejercer la violencia son, por lo demás, los que están conformes y se sienten gananciosos con el orden establecido. Por algo se habla de “guerras de liberación” que se oponen a la acción represiva y hasta terrorista de los estados. Así como de grandes conflagraciones mundiales y cruentos conflictos al interior de las propias naciones entre opresores y oprimidos. Entre los que están en el poder y los que se sienten discriminados.


Los grandes líderes reconocidos por la humanidad son siempre los que tuvieron más firme resolución y expusieron hasta sus vidas en la consecución de sus propósitos. La historia habla de cómo se denigró a nuestros padres de la patria y de la forma en que muchos de ellos terminaron asesinados, confinados o en el destierro. Es cosa de ver qué sucedió con O´Higgins, por ejemplo, obligado a abdicar por una conspiración que lo amenazó con más sublevaciones y guerras en una república que no terminaba de constituirse. O lo sucedido también con San Martín, Bolívar, Sucre y tantos otros patriotas que tendrían que esperar muchos años después de sus muertes para ser reconocidos en toda su valía y legitimidad.

Porque de lo que menos se les acusó fue de ambiciosos, terroristas, criminales y ladrones por quienes se sintieron afectados por sus gestas liberadoras.  Tal como se sabe que incluso los grandes promotores de la “no violencia activa” tuvieron siempre que convivir y complementar sus loables esfuerzos con los que prefirieron los métodos más radicales de lucha. Como sucediera con los Ghandi, los Mandela y hasta muchos profetas y figuras morales a lo largo de toda la trayectoria humana.

La historia no les da finalmente reconocimiento a los llamados moderados y mediadores, los que habitualmente terminan arrollados por la fuerza de los acontecimientos.  Incluso en el periodismo, la literatura y el arte, son finalmente enaltecidos aquellos que muestran compromiso con el porvenir. Nunca a los ponderados y autoproclamados independientes u objetivos, como suelen autodefinirse hoy en Chile algunos medios y plumarios que lo que realmente se proponen es frenar el ímpetu de la justicia, como discurrir salidas que reviertan los cambios, así sea con la violencia policial y las asonadas militares.

 Treinta años el país esperó que su “clase política” le pusiera fin a la Constitución de Pinochet y echara abajo el poderoso andamiaje de leyes injustas, privilegios irritantes y corrupciones. Por el contrario, los gobernantes y parlamentos de la postdictadura terminaron encantándose con el “legado” del Dictador y emprendieron nuevos asaltos al erario público, otorgando toda suerte de privatizaciones, concesiones y oportunidades para los que vinieron del extranjero a enseñorearse en nuestra reservas mineras, acuíferas, pesqueras y forestales, además de recibir aquellas empresas públicas que los militares no alcanzaron a conceder a las transnacionales.

Sin embargo, en su desesperado estallido cupular, de pronto ahora derechistas, concertacionistas y otros proclaman que sí podría satisfacerse las demandas populares dentro de la Constitución vigente, aceptando que Chile ha vivido en un vergonzoso estado de inequidad y abusos. Hablando de la boca para afuera, por supuesto, porque en estos cuatro meses de alta tensión social no ha surgido de ellos ninguna iniciativa realmente transformadora y, por ende, pacificadora.

Pero ya es muy tarde y difícil que se les crea. Finalmente, gracias a la movilización social, tuvieron que consentir con un plebiscito y una convención constituyente, aunque con la trampa implícita de que la nueva carta fundamental tendría que requerir que todo sea aprobado por los dos tercios o más de quienes se les encomiende su aprobación y redacción. Con lo cual a lo que aspiran es a que los cambios se desbaraten y mucho se quede exactamente igual. Tuvieron, además, la pretensión de que el pueblo se calmase con esta “salida institucional”, que la furia se alejara de las calles y que los partidos y políticos profesionales pudieran recuperar el prestigio y liderazgo perdidos.

Pero no ha ocurrido así. Tal parece que el estallido social no se va a afectar con la acción de los contemporizadores, timoratos y oportunistas y su discurso del miedo. Que el levantamiento social no se conformará con promesas y soluciones a medias. Que felizmente al pueblo no le bastará que se trabaje en una nueva Constitución, sino que se ponga término a las injusticias cotidianas, el saqueo de las grandes empresas, el cohecho transversal de la política y las prácticas represivas de un nuevo gobierno que viola grave y sistemáticamente los Derechos Humanos, como se ha anota con contundencia en los informes internacionales. De allí que sea tan importante que en abril próximo votemos por un SI a una nueva Carta Magna, además de aprobar que la asamblea constituyente quede integrada totalmente por quienes resulten después elegidos por la ciudadanía, sin espacio alguno para los gobernantes y legisladores actuales vestidos con piel de oveja.

En ello podría radicar la posibilidad de que Chile tenga una Constitución impuesta por la mayoría soberana y no por los quórums tramposos predeterminados por los inventores de la ocurrencia cupular referida. Al mismo tiempo, es indispensable que continúen las protestas de quienes quieren derribar el sistema previsional, de los que se oponen a los cobros abusivos de la locomoción colectiva y el uso se nuestras carreteras, de los que buscan recuperar la iniciativa y responsabilidad del Estado en la economía, el trabajo, la salud y educación, así como para terminar con la rapacería de nuestras riquezas básicas. 

La historia también nos enseña de las trágicas restauraciones, reconquistas y contrarrevoluciones, cuando la unidad de los insurgentes se deteriora, se impone el conformismo o gana el temor tan bien azuzado por las fuerzas reaccionarias. Lo que derivaría, como ha ocurrido tantas veces, en una verdadera y cruenta guerra fratricida.
juanpablo.cardenas.s@gmail.com

sábado, 23 de noviembre de 2019

Piñera debe renunciar



Por Eduardo Contreras:

El justo clamor nacional para que el inepto mandatario deje la Presidencia de la República de Chile crece día a día y el reciente y lapidario Informe de Amnistía Internacional respalda y justifica ampliamente ese clamor. Consta allí el enorme saldo de asesinados, torturados, prisioneros, resultado de la represión ordenada por el empresario. Si a ello sumamos la ausencia total de respuestas serias a las justas demandas del pueblo se explica sobradamente la justeza del reclamo nacional.

Piñera debe irse, ahora ya, y luego deberá aplicarse los mecanismos previstos respecto de su reemplazo y, finalmente, convocarse a nuevas elecciones presidenciales.



En rigor la crisis chilena es extremadamente seria e importa una derrota no sólo para el gobierno sino para todas las fuerzas políticas reaccionarias del país. Así lo demuestra el acelerado rechazo nacional a un espurio acuerdo de los partidos más derechistas con otros de centro derecha y más de algún despistado “progresista” que, reunidos el 15 de noviembre en el Parlamento, lograron un “acuerdo de cambio constitucional” para, supuestamente, superar la crisis.

Los grandes titulares y la foto a colores a todo lo ancho de la portada de El Mercurio del 16 de noviembre anunciando el acuerdo de madrugada logrado por la centroderecha en relación al tema constitucional bastaban para que cualesquier chilena o chileno pudiera darse cuenta de qué se trataba en realidad y a quién favorecía el dichoso acuerdo. El diario de los Edwards y otros de su calaña no se equivocan cuando están en juego sus intereses de clase. Y el acuerdo constitucional de los sectores reaccionarios era de todo gusto de la burguesía que ese periódico representa

Por cierto, lo que decimos no puede entenderse en absoluto como que se sugiere la no participación en el debate que se dará institucionalmente y en la calle. Todo lo contrario, se trata de participar con fuerza para aclarar las cosas y darle su sentido político correcto en favor del pueblo trabajador, como ha señalado el Partido Comunista de Chile. Pero de lo que se trata es de evitar que se traicione el clamor popular expresado en las calles del país durante más de un mes en una movilización sin precedentes y que, entre otros efectos, precipitó ese acuerdo político parlamentario de los propios sectores que son precisamente los que no interpretan con justeza dicho clamor popular.

El asunto entonces ahora es darle su real sentido a ese debate de modo que no se deje de lado las exigencias del pueblo y, al contrario, atenderlas debidamente.
No olvidar jamás que fue precisamente la exigencia de las masas en la calle, de trabajadores, estudiantes, profesionales, pobladores, campesinos, pueblos originarios, dueñas de casa, sindicatos, federaciones y asociaciones, la que puso en el centro la cuestión de una nueva matriz constitucional que abra paso a un nuevo modelo de  sociedad, a una nueva construcción socio económica que garantice los derechos de los trabajadores, que devuelva la fuerza que la dictadura le robó al Estado de modo que éste pueda cumplir con sus obligaciones en materia de Salud, Educación, Previsión Social, Trabajo, Transporte público, Desarrollo económico, entre otras tareas propias que desde 1973 no ha podido ejercer.

Asunto esencial es no olvidar quiénes fueron los que llegaron a ese acuerdo que tanto deleita al periódico El Mercurio. Y esos fueron por una parte los representantes públicos del pinochetismo, militantes hoy de UDI, RN y otros grupos; es decir los partidarios del sangriento golpe del 73, los que apoyaron los crímenes de la DINA y la CNI, con miles de detenidos desaparecidos, ejecutados y torturados de modo brutal. Y fueron, por otra parte, los representantes de aquellas fuerzas políticas centroderechistas que transaron con el pinochetismo de modo de no tocar la Constitución del 80 y de mantener fielmente el mismo modelo económico social instaurado a sangre y fuego tras el 11 de septiembre de 1973.

Es decir, aquellos partidos políticos que nombraron a Pinochet “Senador Vitalicio” luego de traerlo libre tras su detención en Londres salvándolo así de una segura condena judicial penal en España por el juez Baltasar Garzón. Son los mismos entusiastas admiradores de la OEA y del llamado “Grupo de Lima”. Es decir, todo a gusto del gobierno de los EEUU de Norteamérica.

A esas fuerzas políticas de centro derecha - que son las mismas que apoyaron el modelo impuesto en dictadura y legitimado en la así llamada “transición” - se sumaron aquella noche del 15 de noviembre algunos miembros del Frente Amplio que recibieron rápidamente el rechazo de sus pares.

Quede claro entonces que una cosa es el hecho trascendental que puede provocar que, por primera vez en su Historia, Chile tenga una Constitución de origen democrático y otra muy distinta es el contenido de la propuesta de ese trasnoche, tanto en lo procedimental como en el fondo. Se trata pues de una disputa política y social presente hoy con fuerza en el escenario nacional. Y los que transaron hasta la madrugada de aquel día en el Congreso no las tienen todas consigo; desde luego es un hecho público las diversas contradicciones que afloraron poco después de firmar el papel y que aumentan con el paso de los días.

Para muestra el botón de las recientes declaraciones del senador Andrés Allamand acerca de la inamovilidad de los dos tercios para aprobar todo de todo y la inviabilidad del traspaso a proyecto de ley de aquellas materias en que no se alcance dicho porcentaje, como algunos de los conjurados había creído entender. Quien fuera ministro de Defensa de triste recuerdo en el primer gobierno de Piñera les ha dejado las cosas claras.

Así las cosas, resulta obviamente mucho más democrática la Consulta ciudadana que un buen número de alcaldes comunales ha decidido impulsar. Un hecho que puede marcar caminos.

Pero sea lo que fuere, han sido las multitudinarias movilizaciones sociales las que han abierto en serio la posibilidad de un camino a una nueva Carta Magna. El asunto es cómo garantizar que ese trayecto sea realmente democrático.

De las respuestas y actitudes del gobierno ya todo mundo está enterado. Un Piñera incapaz y confundido, inexistente en lo concreto. No ha encontrado mejor respuesta que la brutal represión. Crece la cantidad de asesinados y heridos por los uniformados, así como aquellos jóvenes y adultos que han perdido sus ojos, los torturados, los prisioneros. Mientras los ministros de gobierno siguen divagando con exceso, hasta el punto que por ejemplo Mañalich, ministro de Salud y copropietario de clínicas privadas, acaba de afirmar suelto de cuerpo que “.el sistema de salud pública de Chile es uno de los mejores del mundo”

¿En qué mundo viven, a quién creen poder engañar si precisamente los gravísimos problemas de Salud Pública son parte de la crisis? En estricto rigor cuanto sucede deja al descubierto por una parte que la situación que se vive en Chile es insoportable, insostenible y, por otra parte, surgen claros síntomas de ausencia de gobernabilidad por parte del actual gobierno. Lo cual además trae a la memoria la posibilidad que el infausto “Acuerdo por la Paz” haya sido, como circuló entonces, el producto de la presión ante una supuesta amenaza de golpe de Estado.

En cuanto al contenido concreto de una propuesta constitucional seria, entre otras varias exigencias, desde luego ella debe establecer el voto obligatorio para el plebiscito de entrada, para la elección de una Asamblea Constituyente y para el plebiscito de salida. Debe suprimirse la exigencia de los dos tercios y debe asegurarse la paridad de género respecto de los constituyentes, así como los derechos y participación de los pueblos originarios y de los chilenos y chilenas en el exterior.

En fin, dar seguridad plena del carácter democrático de un proceso que cuente con la más amplia participación ciudadana y cuyo resultado final sea una Ley Fundamental que ponga fin a la estructura neoliberal como se ha llamado el funesto modelo de sociedad impuesto en 1973 a sangre y fuego por la burguesía chilena y los institutos armados de la época con el apoyo de los grandes medios de comunicación privados, todo ello bajo la conducción del gobierno de la época de los EEUU de Norteamérica.

Una Nueva Constitución para Chile que nos ayude a recuperar lo perdido y abra paso a un Estado que nos devuelva una Educación Pública gratuita y de calidad, la Salud Pública, la Vivienda Social, la Previsión Estatal y no el negocio de un pequeño grupo como son las AFP, Recuperación del Agua, de los caminos, de los medios de locomoción pública, de las riquezas naturales, el Cobre para Chile, el Litio para Chile, Soquimich del Estado. Lo que tuvimos hasta el 73 y que nos robaron por la fuerza, más todo lo que la época actual debe poner a disposición del conjunto de la sociedad y no sólo de unos pocos.

De esto debe hablarse cuando se habla de una Nueva Constitución y asumir que sólo de este modo habrá garantía de que los urgentes problemas sociales de nuestro pueblo se solucionen de veras, no sólo con medidas parciales, sino que vayamos de una vez al fondo del problema.

eduardocontreras2@gmail.com

miércoles, 30 de octubre de 2019

Chile Abriendo las grandes Alamedas



Por Eduardo Contreras:
Hasta la prensa más reaccionaria de Chile, “El Mercurio”, “La Tercera” y otros, así como los medios televisivos y radiales del más variado espectro, han debido reconocer que las manifestaciones de protesta en curso del pueblo chileno son las más grandes registradas en toda su historia. No pueden ocultarlo. Un hecho reconocido por todos es que el viernes 25 de octubre fueron más de 2 millones de personas las que desfilaron por el centro de Santiago mientras en provincias se registraban a la par las demostraciones más entusiastas y masivas de todos los tiempos, hasta en pueblos pequeños.


Es la inmensa mayoría del pueblo chileno la que está en pie de lucha protestando por lo esencial: la mantención del modelo económico y social privatizador y expoliador de los derechos fundamentales de la ciudadanía impuesto por la dictadura de Pinochet sobre la base de miles y miles de asesinados, detenidos desaparecidos, torturados, prisioneros, exiliados, a partir de septiembre de 1973.

Un modelo que todos los gobiernos posteriores, aunque democráticamente electos, no han modificado en lo esencial. Tanto es así que Chile continúa rigiéndose por la Constitución Política impuesta precisamente por la dictadura y que sólo ha tenido leves modificaciones que no van al fondo del problema.
¿Y cuál es el fondo del problema? ¿Por qué lucha hoy el pueblo? ¿Por qué el tema constitucional está en el centro de sus demandas?

Porque esa ley suprema de la sociedad chilena que es la constitución pinochetista consagra un modelo económico que en los hechos terminó con el rol del Estado en materias esenciales para entregárselas al sector privado y transformar entonces los derechos esenciales de las personas en meros negocios de un pequeño grupo de empresarios chilenos y a empresas extranjeras.

En Chile hace 46 años que se privatizó la Salud, la Previsión Social, la Educación, el Transporte y las grandes empresas estatales, como Soquimich, entregada a un yerno de Pinochet. El Estado no tiene los recursos necesarios para resolver los grandes problemas de la gente y nadie se atreve a tocar a los privados. Eso no está en el imaginario de los gobernantes, son intocables.

Un ejemplo claro es la “agenda social” con la que respondió Piñera, sólo un par de migajas, ¡¡ah!! Pero sin tocar un centavo de los grandes empresarios. Obviamente el sujeto no está a la altura de los acontecimientos. Detengámonos un momento en esto.

Principal orador en los actos en defensa de Pinochet cuando el dictador estaba arrestado en Londres, constituye una vergüenza para chilenas y chilenos haber elegido en dos oportunidades como presidente de la República a un individuo como éste que registra una orden de detención y su calidad de prófugo por el delito de estafa al Banco de Talca, que fue el origen de su fortuna, hoy estratosférica. Si alguien duda, puede ya buscar su historia en Google y hay copias del expediente judicial.

Un personaje así no tiene altura para enfrentar situaciones como las que se viven y, si tuviera un mínimo de honestidad, que no parece ser el caso, debiera renunciar al cargo, ya ahora y dar paso a convocar a nuevas elecciones. Habrá acusación constitucional en su contra.

Su respuesta real ha sido la violencia brutal. Muertos, desaparecidos, torturados, prisioneros ilegales marcan estos días y hacen recordar otros hechos que suele olvidarse y es que estricto rigor la historia de Chile está signada por la violencia, las masacres contra el pueblo. Desde el nacimiento de la república y hasta hoy son decenas y decenas de sucesos funestos en que la burguesía gobernante – usando como hoy a militares y carabineros - ha dado muertes a miles de hombres y mujeres de la patria de todas las edades. Desde luego vienen a la memoria las masacres de comienzos del siglo pasado en el norte, aunque todo ese horror habría de ser dolorosamente mayor con Pinochet.

No está de más señalar que a los mandos de las FFAA y Carabineros la convulsión social en que sus tropas participan brutalmente de algún modo les ayuda a que pasen a segundo plano los procesos judiciales por estafas y latrocinios que hoy afectan a varios de sus ex jefes superiores. Ni está de más señalar que la violencia haya sido claramente más dura y sostenida en contra de dirigentes políticos y sociales, en especial en contra de dirigentes adultos y juveniles que son reconocidos como militantes comunistas. Hay varios y claros ejemplos de lo que denunciamos.

En este contexto y a la luz de la realidad del actual gobierno, no deja de llamar la atención que Chile sea sede de eventos internacionales y que alguna vez se haya dicho que éste era un país de bienestar económico. Eso es enteramente falso. Como ha dicho con razón la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, que es sin duda una institución fundamental de la República, “aun cuando nuestro país ha tenido un significativo desarrollo material en las últimas décadas, éste ha venido acompañado de niveles crecientes de desigualdad, abuso de privilegios, segregación e injusticia, que han motivado el profundo malestar que se expresa en esta crisis.”

Así es en efecto, y como señalaron en su artículo “La Propaganda Engañosa sobre Chile. Agotamiento Relativo del Capitalismo Neoliberal” escrito por los economistas Graciela Galarce y Orlando Caputo en el año 2011, “Las estadísticas oficiales muestran que Chile creció 7,8% en el período 1987-1997. En los últimos 12 años (1998-2009) ha tenido un crecimiento de sólo 3,2%.  Sin considerar la crisis de 2009, el crecimiento 1998-2008 fue de sólo de 3,7%. “y agregaron “Con cifras oficiales mostraremos también que Chile tiene una de las peores distribuciones del ingreso del mundo y niveles de pobreza que superan el 30%, porcentaje 50% mayor a los niveles de pobreza previa y durante el gobierno de Allende. Es decir, una pobreza mucho mayor en el modelo neoliberal del desarrollo hacia afuera que en el modelo de desarrollo hacia adentro”.

Y concluyeron señalando que: “Una verdad científica incontrarrestable pero que el control de los medios de comunicación y las mentiras sobre la economía chilena de economistas, autoridades internacionales y de máximas autoridades de Israel y de Estados Unidos se encargan de ocultar”. En rigor el llamado “crecimiento económico” del país sólo guarda relación con las fabulosas ganancias de las grandes empresas por más que se trate de disfrazar la verdad.
El movimiento actual estalla por el alza del pasaje del Metro, pero el fondo de su proyección va mucho más allá y expresa un malestar contenido durante ya muchos años y dice relación con el sistema de vida en su conjunto,

Es cierto que el movimiento carece de una dirección única y que es tarea de las organizaciones políticas y sociales asumir el compromiso de encausar la hermosa lucha en función de lograr objetivos reales. Es la tarea del momento de la Izquierda chilena. Pero claro está ya la prensa de derecha recoge denuncias del gobierno norteamericano en el sentido que hay fuerzas y personajes de países extranjeros que estarían dirigiendo el movimiento en Chile. Habrá que poner atención a todo tipo de provocaciones que tienden a abortar con violencia este histórico proceso.

El pueblo entre tanto recoge en sus luchas la hermosa herencia de los que dieron su vida por el bienestar de todos.  No es casual, por ejemplo, que en Chile y el exterior, todos los días conozcamos de actividades en que en el centro está la interpretación de canciones del gran Víctor Jara horrorosamente torturado y asesinado por la dictadura de la derecha chilena. Su exigencia del “Derecho a Vivir en Paz” está permanentemente presente. Ni es casual que el grito central de las manifestaciones es el mismo de varias decenas de años y desde antes de la dictadura: “ El pueblo unido jamás será vencido”
Es decir que pese al cambio generacional hay principios unitarios que siguen orientando al clamor popular. Bien lo sabía el propio presidente Salvador Allende cuando nos dijo en sus palabras finales, que “Puesto en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad al pueblo. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino.

Superarán otros hombres este momento gris y amargo en que la traición parece imponerse. Sigan ustedes sabiendo que más temprano que tarde se abrirán las grandes alamedas para que pase el hombre libre para construír una sociedad mejor”.

Eso y no otra cosa es lo que ha empezado a suceder en Chile y estas grandes batallas darán sus frutos en días ya no tan lejanos. La unidad y la combatividad que hoy apreciamos llega para quedarse y con esos valores y la solidaridad internacional todo es posible. Ahora o muy pronto.

eduardocontreras2@gmail.com

miércoles, 14 de agosto de 2019

“MACRI NUNCA MAS”


Por Martin Almada:
Mensaje abierto a la Dra. Alcira Argumedo 
A la atención de la Dra. Alcira Argumedo
Doctora en Ciencias Sociales Universidad de Buenos Aires

Le escribo en mi condición de víctima del PLAN CÓNDOR y también como descubridor de su ARCHIVO DEL TERROR en Paraguay, el 22 de diciembre de 1992, luego de 15 años de investigación en Panamá y en Paris. El 26 de noviembre de 1974 fui torturado en Asunción por el Comisario Héctor García Rey, Jefe de Policía de Córdoba, estando detenido por haber defendido en la Universidad Nacional de Plata, (1972/1974), mi tesis doctoral “PARAGUAY. EDUCACION Y DEPENDENCIA“ siguiendo la metodología de la Educación Liberadora de Paulo Freire, supuestamente de  inspiración marxista. También fui torturado por militares de Brasil, Bolivia, Chile, y Uruguay, todo ello en el marco del mencionado PLAN CÓNDOR.



Como usted sabe muy bien, en dicho operativo estaban implicados los gobiernos de las dictaduras militares de la época (1975) de Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Bolivia y Paraguay. El PLAN CÓNDOR fue una página negra en nuestra historia y dejó una herencia de miles de asesinados, torturados y desaparecidos en el cono sur de América Latina. Sus negativas consecuencias aún se aprecian en estos países y, aunque parecía que el CÓNDOR era ya historia, hoy contemplamos con dolor como aletea de nuevo y la sombra de su vuelo aparece otra vez en nuestro paisaje esta vez con la complicidad del Poder Judicial.

El motivo de la presente es trasladarle nuestra preocupación por el hecho de que algunos intelectuales argentinos estén realizando llamadas a la conciliación con el “macrismo”, y pidiendo el abandono de la lucha libertaria. Estos llamamientos a la conciliación con el “macrismo” tienen como objetivo el destruir la conciencia social y el espíritu crítico imprescindibles para superar la situación en que se encuentra el país y poder construir una sociedad más justa, más igualitaria, en la cual una diferente cuna no signifique obligatoriamente una diferente existencia; poder construir una sociedad en la cual las condiciones de vida y trabajo sean dignas para todos y no existan capas importantes de población marginadas  en la PATRIA GRANDE y sin esperanzas de mejorar su situación en el futuro. Se quieren destruir las esperanzas en un mundo mejor, más justo y más humano y se quiere imponer una sociedad donde reinen el consumismo, el individualismo y la mentira (las Fake-News).

 Llevamos ya 20 años del siglo XXI. Tiempos difíciles en los que demasiada gente ha renunciado a sus creencias y muchas conciencias se han entregado al poder o están a la vista esperando al mejor postor. Soy muy consciente de ello. A pesar de lo cual me sorprendo cada vez que se dan hechos de esta naturaleza, como por ejemplo este llamamiento a entenderse con Macri, que no deja de ser un símbolo y un ejemplo de la corrupción/impunidad que existe en Argentina con la complicidad imperial de los grandes medios de comunicación

POR FAVOR MACRI NUNCA MAS.

Apreciada doctora Alcira Argumedo, son conocidas su trayectoria pública y patrióticos aportes. Por eso me adhiero a la posición por Usted expresada con tanta valentía contra ciertos intelectuales argentinos   a la vez que me solidarizo con los y las que su trabajo es pensar y actuar desde el Pueblo y con el Pueblo.

También somos conocedores del nivel de su compromiso político y social. Por todo ello me uno a la repulsa y denuncia de este tipo de confluencias entre el poder y algunos intelectuales al MEJOR POSTOR que han perdido el sentido de su función crítica.

Ya no es tiempo de “iluminados intelectuales”, de exitosos banqueros y proveedores del Estado, ganaderos y multinacionales. Es tiempo de los pueblos y de dignidad.

Fraternalmente
almada@fcpa.org.py

miércoles, 27 de marzo de 2019

El gobierno quiere guerra, pero el pueblo pide paz



Por Manuel Humberto Restrepo Domínguez:

Nada más peligroso para la estabilidad, la paz y la democracia internacional, que un presidente del tipo Trump, cuyas decisiones son a la medida de sus preocupaciones personales diarias y su discurso anuncia todo lo contrario a la paz, la democracia y la estabilidad. Sus apreciaciones triviales son convertidas a hipótesis exentas de validación técnica y política, inclusive para definir quién debe vivir o morir en el planeta, sin que las muertes de inocentes o implicados, cuenten siquiera como daño colateral. Lo que dice es noticia que se transforma en capital y cifras a su favor. 



Pero así ha sido en la américa gringa desde el fin del genocidio de sus mas de 12 millones de indígenas, asesinados por sus propios compatriotas y que refleja consecuencias en los casi 55 millones de hispanos inmigrantes, tratados y maltratados hoy como infrahumanos. Siempre ha ocurrido una distorsionada mezcla de derechos humanos y economía, con expresión en que solo es digno de ser tratado como humano aquel que tiene propiedad y riqueza que le otorgan libertad y son su fuente de honor y respeto. Trump, es eso, un hombre libre, un propietario al que “su américa” le consiente todo, siempre que ocurra afuera.

Pero la otra américa, la del sur, es distinta, diversa, a pesar de múltiples genocidios, forjó su libertad por cuenta propia, con resistencias y rebeldías y no por efecto de ninguna ley de abolición. Ese es su secreto para enfrentar los nuevos vientos de guerra alentada por Trump y conducida por su club de gobernantes del sur, que reinventan la seguridad nacional y la caduca guerra fría para llevar al horror. A los pueblos del sur, sus organizaciones políticas y sociales, estudiantes, campesinos, trabajadores, les queda por única opción impedir, movilizar, resistir y oponerse a caer otra vez en la ruta de la muerte ya mil veces ya padecida. 

Nadie más que él, el pueblo (no el estado) sabe que después de otra nueva guerra, sea interna o entre países, nada, absolutamente nada, quedaría intacto. Nada absolutamente nada, volvería a ser como antes. Quedarán miles de lisiados de todos los lados, cuerpos putrefactos botados en los caminos, riqueza perdida, bosques arrasados, aguas contaminadas, puentes, acueductos, infraestructuras y ciudades enteras destruidas, con migrantes no para compadecerlos si no para perseguirlos y liquidarlos. Que nadie espere una guerra regular, pactada, limpia, con reglas, justa, lineal, con arqueros y caballeros.

Sería asimétrica, letal, con mercenarios (contratistas), criminales de oficio, francotiradores, hackers, paracos y drones y el terror detonaría donde menos se espera, no en las fronteras, si no en céntricas calles, autopistas y mercados. Se extenderían el hambre, la peste, las enfermedades y la maldad. Los señores de la guerra probarían sus armas de todo tipo, químicas, biológicas y atómicas, que desprendan la piel y desintegren todo menos el odio. En presente otra guerra, traerá miseria, humillación y sufrimiento para unos y otros, por orden de oficiales, psicópatas y parapolíticos.

La internet dejará de funcionar y, cajeros, sistemas eléctricos y de interconexión quedarán fuera de servicio. A veces de tanto dolor, la gente olvida lo que deja la guerra y enajenada clama y vitorea al presidente y a sus ministros y áulicos, cuando presentan informes semanales exponiendo cifras y cadáveres. En la guerra la inteligencia es sometida al arbitrio de los más perversos y la poesía y el arte son tratados como escombros, así ocurre siempre.

No es posible aceptar entonces que por voluntad de Trump, se quiera destruir a la américa del sur, y borrar para siempre el legado de Bolívar, justo en el año del bicentenario de independencia. La trampa del gobierno para reconducir a la guerra es hacer creer que hay dos américas en el sur, una orientada por el socialismo, a la que hay que destruir y otra por el capitalismo a la que se debe salvar. América del sur, es una sola que se niega a ser el botín de los impacientes dueños del capital, que no logran consolidar su segunda conquista de despojo y exterminio. En medio de este panorama el gobierno de Colombia, aupado por su partido, pide amontonar los muertos adentro y repartir fórmulas de salvación afuera, son consecuentes, porque son el gobierno del No, las negaciones a la vida, a la memoria y a la paz y en su patio corrupción, desigualdad, inequidad y violencia, florecen al vaivén de una creciente economía para pocos y derechos humanos recortados para muchos. Así que sí el gobierno del No, quiere guerra y sepultar con ella el acuerdo de paz, la JEP y la comisión de la verdad que no la haga y si la hace que no sea ni en nombre del pueblo, ni con sus hijos en las trincheras.

Colombia está siendo irresponsablemente reconducida hacia la guerra, por un gobierno, que a la manera de una junta administra los negocios comunes de toda la burguesía y hace de la dignidad personal un simple valor de cambio. Paulatinamente ha sustituido, mediante leyes y recortes sociales, las libertades humanas, por la libertad de mercado y reducido a cada persona, medico, abogado, ingeniero, maestro, científico, obrero, campesino o artesano a la mera condición de servidumbre asalariada, enfrentados a una realidad sin oportunidades, sin trabajo, sin estabilidad, sin un futuro previsible de bienestar y felicidad, fértil para crear hábitos de indiferencia, intolerancia y violencia que ahonden el imaginario de que todo podría ser peor y que mejor nos ira con otra guerra.

Ese poder, esa manera de gobernar, ha sabido destruir las bases del estado de derecho, acomodar miedos, borrar la memoria de su tragedia, negar los hechos y recuperar la efervescencia de los odios que refrescan las condiciones para usar las armas contra quien sea, adentro o afuera. La guerra es su instrumento de producción mas importante, de ella hacen depender las relaciones económicas y todas las relaciones sociales en su beneficio.

El partido de gobierno lo tiene calculado, sabe que sin guerra no puede existir y tiene claro que para sobrevivir y ganar elecciones necesita anidar en todas partes, establecerse en todas partes, crear vínculos en todas partes. Y así lo hace, toca las fibras intimas, acude al secreto, la moral, la cizaña, el rumor, el chisme, redescubre pasiones, crea intercambios e interdependencias entre regiones y grupos sociales e impide que la producción intelectual de la nación se convierta en patrimonio común de todos. Ha sometido al estado de derecho, como Trump, al libre arbitrio de sus impulsos de poder hegemónico. No hay fórmulas para salir de este encierro, solo existe la necesidad vital de construir la salida en colectivo y obligatoriamente más temprano que tarde.

mrestrepo33@hotmail.com

miércoles, 16 de enero de 2019

La rebeldía estudiantil contagia la pradera


Por Manuel Humberto Restrepo Domínguez:

2018 le deja a la corta historia del naciente siglo XXI una sólida movilización en defensa de la universidad pública y de la educación como derecho fundamental y bien común. A la vanguardia estudiantes de todas partes del país más diverso de américa, en el que paradójicamente el gobierno se niega a reconocer a los indígenas (mas de 100 pueblos) atacados y asesinados a diario o victimas del exterminio (nasa, nukak makuk); invalida como sujetos de derechos universales a los campesinos (10 millones) contrariando una decisión de Naciones Unidas (ONU, oct 2/2018) o; invisibilizando a raizales, afros y palenqueros.


Los estudiantes tienen origen en todos esos lugares, son diversos, viven en barrios marginales, pequeños poblados, ciudades, campos, son indios, blancos, negros, campesinos, proceden en general de sectores populares, de familias humildes, son hijos y hermanos nacidos en la clase por fuera del poder.

Eso los ha convertido rápidamente en una esperanza, ya no solo para reivindicar lo que corresponde a las universidades, si no para jalonar otras transformaciones aplazadas. Son garantía por ser una voz más plural, son tratados como sujetos políticos y lograron sacudirse del estigma de vinculación con las insurgencias usada para invalidar su identidad propia.

Los estudiantes mostraron que tienen agenda propia, pero también voluntad para tejer la unidad con otras agendas con causa común en entender que la violación más grande a los derechos humanos es impedirle a un pueblo realizar su dignidad o negarle su educación. Saben que su lucha es real, pero de corto tiempo para no dejar ir su juventud en rebeldía. Del paro nacional aprendieron que el gobierno es débil cuando discute porque no sabe hacerlo y comunicativamente su palabra es cerrada, nada sincera en lo que dice y portadora de medias verdades para provocar confusión. No necesitaron grandes estrategias para revelar la realidad oculta de crisis de las universidades, les bastó descorrer el velo de tapadera forjado con cifras maquilladas, indicadores y ventas de todo tipo, para poner al descubierto las goteras y fisuras en los edificios, las carencias para hacer la ciencia, el faltante del 70% de profesorado, cubierto con contratos precarizados y el elevado costo de matrículas que elimina oportunidades.

Le enseñaron al país que el nicho del éxito privado se nutre con el fracaso de lo público, y que la causa no era de calidad medida en sumas, si no de indiferencia de la clase en el poder para desalentar a los jóvenes y vender la idea de que así son las cosas y no se pueden cambiar.

Los jóvenes que edifican la universidad pública, dejan múltiples resignificaciones. Políticamente recuperaron su identidad como actor autónomo, capaz de confrontar civilmente al gobierno que no sabe dialogar si no imponer y lo desafiaron con 60 días de paro nacional, tomas de edificios universitarios, bloqueo de actividades de aula y resistencia a los desmedidos embates policiales. Organizativamente, fueron de abajo hacia arriba, las asambleas locales deciden y la comisión de representación nacional negocia. La lucha se focalizó en la desfinanciación como eje principal y de ella se desprenden pliegos locales en un modo de acción y relación horizontal de la periferia al centro (su último encuentro preparatorio fue en Florencia, Caquetá, a 500 km de la capital).

Éticamente en la práctica cultivaron virtudes de solidaridad, amistad, compromiso intra e intergeneracional, defensa de derechos, construcción del dialogo y de una conducta emocional colectiva que recuperó su lugar como parte de las virtudes intelectuales. Crearon confianza y supieron hablar de justicia y resaltar que la desigualdad incuba todos los males del país y pusieron en evidencia que los gobernantes no son garantía para promover su abolición, si no agentes comprometidos con sostenerla y que por eso les importa más la guerra que la educación, y no les causa pudor saber que un militar cuesta más y aporta menos que un profesor doctor, o un soldado cuesta más que un estudiante o la cacería a un objetivo de alto valor vale a mucho más que todas las prácticas académicas de una universidad entera.

La solvencia ética y sinceridad de los estudiantes, les permitió ser portadores de una carga de motivación que cambio la percepción negativa del paro y la protesta y lo valido como herramienta para evitar la extinción tanto de la universidad pública como institución autónoma (no dependiente de las orientaciones del gobierno) como del derecho mismo a la educación para la clase social excluida, que compone esa diversidad ocultada y olvidada en los territorios. El cambio de percepción podrá permitirles a los estudiantes si así lo agendan, cobrar políticamente su victoria y hacer girar la movilización hacia una lucha frontal contra el injusto sistema de poder, que con sus anuncios de alzas, impuestos, exoneraciones y desgobierno total le echa más leña al fuego en su contra.

En manos de los estudiantes puede estar la salida hacia una gran transformación (aunque no haya conciencia plena de lo que está ocurriendo). En todo caso tendrán que hacer alianzas y unidad con los demás sectores y movimientos sociales, que de facto están listos para entrar en desobediencia civil ante el acumulado de desaciertos, engaños, reglas injustas y autoritarismo del estado y que fácilmente puede traducirse en una poderosa resistencia civil, contra la injusticia y falta de gobernabilidad y atacar directamente las técnicas de reproducción política hegemónica.

Los estudiantes trasmitieron lo que había que decir y promovieron la universidad pública no de espaldas si no comprometida con la sociedad y dejaron construido el escenario, definidos los conceptos, ganada la experiencia, superado el déficit de credibilidad respecto que es posible ganar cuando se lucha y de que nada es invencible. Solo parece faltar por definir el momento decisivo para empezar a confrontar civilmente y a fondo al poder, con la fuerza de la razón y con la rebeldía del estudiante que contagia la pradera, como ocurrió hace 100 años. Tienen legitimidad para convocar a dar un salto de poder que en todo caso no será al vació.
mrestrepo33@hotmail.com

miércoles, 14 de marzo de 2018

Argentina: Luchas y abrazos a un año de la Masacre en Pergamino

Por Leandro Albani:


Se cumplió un año de la Masacre en Pergamino, donde siete detenidos en la Comisaría Primera murieron en medio de un incendio mientras los policías no hacían nada. El viernes y el sábado pasados en toda la ciudad retumbó el reclamo de justicia.

Cientos de personas. La avenida de Mayo de Pergamino está inundada con las caras y siluetas de los siete pibes. Las banderas flamean. Una muchedumbre camina y reclama. Las madres y las novias de los chicos van adelante, encabezando la marcha. Junto a ellas, con esa sana mezcla de ternura y fortaleza, camina Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo –Línea Fundadora-. Claro, todos le decimos Norita.



Caminamos, frenamos, hay llantos, se escucha –una y otra vez- “¡Cómo a los nazis les va a pasar, a dónde vayan los iremos a buscar!”. Ese reclamo no tiene matices. Apunta directamente a los responsables del asesinato, el 2 de marzo de 2017, de Alan Córdoba, Fernando Latorre, Franco Pizarro, Juan (Noni) Cabrera, Jhon Claros, Sergio Filiberto y Federico Perrota. Los responsables: el comisario Sebastián Alberto Donza –en la actualidad prófugo y “buscado”- y los oficiales Alexis Eva, Carolina Guevara y Ezequiel Giuglietti, el sargento César Carrizo y el teniente primero Juan Rodas. De los cinco policías, cuatro disfrutan de prisión domiciliaria. A eso, en este país, le dicen “cumplir con lo que estipula la ley”.

Por la avenida de Mayo la movilización se expande, ocupa todo lo ancho de la calle. ¿Qué piensa la gente que mira desde las veredas? ¿Saben lo que sucedió? ¿Sienten, en algún rincón de sus cuerpos, el dolor lacerante de madres y familiares? ¿O dicen, sin demasiados reparos, que eran negros, que se jodan, que se lo buscaron? No sería raro en una ciudad en donde más de la mitad de la población optó por la derecha en las dos últimas elecciones.

Cuando la marcha ingresa a la peatonal las miradas se multiplican. ¿Qué significan? Que algo se mueve en la ciudad, que ese trayecto hasta la Comisaría Primera -donde la policía dejó que un pequeño incendio se transforme en una masacre- resuena; a veces menos, otras veces más, pero repercute en una ciudad que siempre se enorgulleció de las buenas costumbres enseñadas por los dueños de la tierra.

La comisaría está apenas a una cuadra, en la esquina del Banco Nación, en pleno centro de la ciudad, a pocos más de cien metros de la iglesia Merced, a la vuelta de la Municipalidad. Según las pericias de la causa judicial, los gritos de los chicos se escuchaban desde una cuadra. Pero los policías no hicieron nada o, mejor dicho, se reían del humo que consumió esas vidas.

Son siete velas con los nombres de los pibes. Las van dejando sobre la vereda, prolijas, cargadas de emoción y rabia. Al fondo está el portón de la comisaría, ahora vacía. Sobre el portón, descascarado y semiabierto, un cartel dice: “Fue una masacre”. La “F” es un número siete. Por las rejas del portón se puede ver una oscuridad profunda. Cuando se afina la vista también se distingue otro portón, negro y tétrico; un paredón de acero que los policías nunca abrieron.

Todo sucede entre gritos contra la policía, reclamos para que entreguen a Donza, llantos desesperados y abrazos que contienen. Pergamino escucha, como hace 365 días, la demanda de justicia por parte de los familiares y amigos y amigas de los pibes. Pese a las reticencias de la ciudad, construida sobre los mejores campos sojeros del país, algo se mueve, resuena e incómoda. Pero también sensibiliza. Son, sin duda, las madres y novias de los chicos. Como se repite en la historia de la humanidad, en los momentos de crisis las mujeres siempre se ponen al frente. Aunque las silencien, las oculten, tergiversen su participación fundacional de las sociedades.

En Pergamino, esa negación hoy recibió una cachetada.
Diego siempre saca fuerzas del pecho, traga saliva y grita los nombres de los pibes. La respuesta de la gente es la misma: “¡Presentes!”. Diego es el hermano mayor de Sergio Filiberto o “Sergi”, como le decían sus amigos. El recuerdo de la última vez que vio a su hermano lo tiene tatuado en el cuerpo. Desde la celda, Sergio levantó una mano y lo saludó con esa media sonrisa un poco tímida que se le dibujaba en la cara.

Frente a la comisaría, Diego agarra una bandera negra y comienza a atarla en el mástil que está al borde de la vereda. Lo miro. Parece que pelea con la bandera. Me imagino que su vida, en ese preciso momento, se va en que esa bandera negra se aferre a la soga del mástil. En las marchas, Diego nunca pierde la calma, su cara es seria y altiva. Como ahora. También imagino las tardes en que se cruzaba con Sergio en la cancha de Douglas Haig. Fogoneros, los dos. De chiquitos, del barrio de la UOM al estadio Miguel Morales. Durante años.

Diego ata la bandera. Pergamino sobrevive a un sol implacable. No hay viento, ni siquiera una brisa reparadora. Diego iza la bandera. Estallan los aplausos. La bandera negra dice: “JUS7ICIA X LOS PIBES ASESINADOS X LA POLICÍA. PERGAMINO”.

Norita se pone al frente del megáfono. “Los 30 mil están acá, junto a nosotros, exigiendo justicia por los siete”, afirma con la autoridad que le dan los años de lucha. Nora, con sus casi 88 veranos a cuestas, demuestra su fuerza, mientras todos y todas escuchamos, y ella parece iluminar en el medio de la multitud. Atrás, el edificio desocupado de la comisaría. El mismo lugar donde funcionó un centro clandestino de detención en la dictadura militar. Una tumba, como alguna vez describió a esos lugares el escritor Enrique Medina. Así era la comisaría que ahora trasladaron, pero que sigue funcionando con las mismas lógicas de represión.

“El Estado es responsable”, agita Nora y cuenta que mientras marchaba miraba a la gente parada a los costados de la calles. Ella sabe que muchas de esas personas sienten el dolor de las familias, y que con el tiempo se van a animar a marchar, a reclamar. Cuando habla, Nora siempre dice que hay que seguir, que no se pueden bajar los brazos, que la justicia está en nuestras manos.

Quienes toman el megáfono transmiten fuerza y ánimos. Frente a la comisaría se genera un torbellino de recuerdos, abrazos, lágrimas, sonrisas. Lo que sucede en ese momento tal vez se pueda definir con esa línea que alguna vez cantaron Los Redondos: “Las despedidas son esos dolores dulces”.

Sábado 3 de marzo. Parque España, en el viejo ferrocarril de la ciudad. Un espacio amplio y verde, al fondo el puente de fierro que une el centro con el barrio Acevedo, los galpones y talleres derruidos, moles que recuerdan las épocas de bonanza de un país terrateniente.

Hay festival en el parque. Y mucha gente: familiares de pibes asesinados por el gatillo fácil, representantes de la Comisión Provincial por la Memoria y CORREPI, periodistas de medios alternativos, una muestra fotográfica, bandas de rock y cumbia, un puesto que vende gaseosas, tortas, hamburguesas, pizzas, panchos y arepas, estas últimas a cargo de Lorena, la hermana de Jhon Claros, que junto a su mamá Carmenza llegaron hace unos días a la ciudad. Fue un esfuerzo enorme el viaje, de Yumbo a Pergamino, escala mediante y maratónica en Lima, Perú. Los familiares de los chicos asesinados y el grupo “Justicia X los 7” recaudaron fondos para pagar los pasajes. No hay fronteras ni barreras cuando existen ganas de encontrarse. Eso les pasaba a todos: la necesidad urgente de abrazar a Carmenza y a Lorena. La distancia entre Argentina y Colombia reforzó una relación construida desde el dolor y la lucha.

“Camino por las calles en que caminaba Jhon –me dice al otro día Carmenza-, pero no lo puedo encontrar”.
En Parque España la gente se suma durante toda la tarde. Algunos corren para resolver el sonido del escenario, otros organizan una pantalla para proyectar trabajos audiovisuales sobre la masacre que realizaron alumnos de varios colegios secundarios. Un grupito hace serigrafía y estampa remeras con la leyenda “Justicia x los 7”.

Con Roma nos sentamos un rato a la sombra. El sol pega duro. Ella saluda a Andy, la hermana de Sergio. Estudiaron juntas, se abrazan fuerte. Después nos acomodamos en el pequeño anfiteatro del parque. Llegan los amigos: Diego, El Luzbel, El Pelado, Lucas. Todo es abrazos, en qué andás, ganas de escuchar rock y demostrar –desde donde nos sale- que estamos con las familias de los pibes.
Durante toda la jornada hay micrófono abierto. Sube Anabel, la novia de Franco Pizarro, la madre de sus tres hijas. Anabel, petisita, de voz suave y delicada, lee una carta que le escribió a Paco. Duele Paco, duele mucho. Anabel le dice –y nos dice para que todos lo sepamos – que ella se siente culpable por lo que pasó. Su voz parece quebrarse, irse a la banquina, pero no, Anabel sigue hablando hasta que las lágrimas le arrasan las palabras. Aplaudimos. Algunos aguantamos con los ojos como si fueran lagos cristalinos a punto de desbordarse. Al costado del escenario, Anabel parece rodeada de una soledad insoportable. La tarde que se escabulle por las vías la refleja en un mundo que ya no es. En ese instante donde la vida se transforma en un desierto, se le acerca Alicia, la mamá de Paco. Y la abraza, la abraza fuerte. Que ningún desierto nos robe la vida, pienso. Ahora Anabel está rodeada de los familiares. Es un abrazo colectivo, un abrazo que no respeta fronteras. Ahora Anabel sabe que el dolor profundo que siente no pesa tanto.

La Comisión Provincial por la Memoria entregó un informe al cumplirse un año de la Masacre en Pergamino. Mientras la tarde transcurre en Parque España marco algunos párrafos a las apuradas.
-“Estaban bajo la custodia del Estado y detenidos de manera ilegal, puesto que se encontraban alojados en una dependencia policial que no reunía las condiciones indispensables para albergar a personas de manera digna y menos por un lapso prolongado”.

-“Como la CPM lo ha venido denunciando, aun en su gravedad, no fue un hecho excepcional: el incremento de personas alojadas en comisarías es constante desde el 2014 a la fecha, revirtiendo la tendencia decreciente en los 7 años anteriores”.

-“Tal como ha reconocido el propio gobierno de la provincia de Buenos Aires, la cantidad de personas detenidas en comisarías triplica las plazas existentes, es decir, la cantidad de camastros. En 1.054 camastros, que ni siquiera podrían contarse como ‘plazas’ o ‘cupos’ según estándares internacionalmente reconocidos, se alojan 3.321 personas”.

-“De las 458 comisarías, solo 177 están habilitadas para alojar detenidos. Las restantes 281 fueron clausuradas por orden judicial o resolución de la propia administración. Pero 112 de estas comisarías inhabilitadas alojan detenidos: el propio Estado incumple las resoluciones judiciales o las propias. Esto implica que 1.357 personas (1.236 varones y 121 mujeres) se encuentran detenidas en espacios no habilitados para este fin”.

-“En estas cárceles ilegales, el Estado muestra su peor cara: aloja a personas que están bajo su custodia bajo la ficción de la resocialización, pero vulnerando todos sus derechos y sometiéndolas a múltiples padecimientos y torturas”.
Una muestra contundente de la situación carcelaria en Argentina. Por eso, los familiares y amigos de los pibes no se cansan de repetir: “No fue un motín, fue una masacre”.

leandroalbani@gmail.com

martes, 27 de febrero de 2018

¡Ya basta, no más Parkland…!

Por Iván Oliver Rugeles:
Necesitamos de todos para  aislar a los cultores de la muerte…!

Abran este enlace http://www.elmundo.es/internacional/2018/02/15/5a85d6bee5fdeadd1a8b459b.html

para que vean las fotos de los muchachos y muchachas asesinados en el Colegio de Miami el pasado 14 de febrero y la del valiente entrenador de deportes del colegio, entre los cuales está nuestro sobrino nieto Joaquín, un hermoso jovencito de apenas 17 años, por uno de esos monstruos que pareciera que ese país los fabrica en serie y no solamente eso, sino que debo decir que me produjo la mayor ira escuchar y/o leer, casi de inmediato al conocerse la infausta tragedia, que el alto Gobierno de ese país, por boca de su presidente-



Donald Trump, manejó como explicación de la matanza, la tesis de la enajenación mental de su autor y ¡ojo…! tomé nota que él se cuidó de cuestionar la libre compra de armas por parte de la ciudadanía, sin mayores requisitos y menos, por supuesto, de anunciarle a su pueblo y al mundo, que será revisada con todo rigor la Segunda Enmienda de la Constitución del país que establece como un derecho absoluto de sus connacionales, la posibilidad de adquirir armas de fuego*, la que ha sido, sin género de alguna duda, el origen de tantas muertes de inocentes, cuando observamos las resultas de los estudios de opinión sobre el tema que apuntan a que cada día crece la cantidad de ciudadanos de ese país que la rechazan y piden su abolición.

Y estas son las cifras recientes como resultado de una encuesta realizada por la Universidad de Quinnipiac, en Connecticut, a nivel nacional, la cual fue divulgada tres días después de la tragedia de la escuela secundaria de Parkland: “Dos tercios de los ciudadanos estadounidenses actualmente apoyan la adopción de leyes más severas para controlar la tenencia de armas de fuego (..) El apoyo a leyes más severas sobre el acceso a las armas creció 19 puntos en poco más de dos años”, lo cual indica, en términos incuestionables, que la insistencia permanente del pueblo estadounidense para la supresión de ese perverso derecho a través de marchas, campañas en todos los espacios del país y cualquier otra forma complementaria de lucha por tan justa y hermosa causa, para hacerse escuchar, ha crecido de manera importante, por lo que debe recibir el mayor respaldo no sólo de la comunidad estadounidense racional, sino la internacional, para que continúe. Apostamos a que sólo así será posible ganarle la batalla a los cultores de la muerte... ( https://www.hispantv.com/noticias/ee-uu-/369180/estadounidenses-control-armas-tiroteo-escuela)

Ojalá y ese objetivo se alcance ya, sin mayor demora, aun cuando con hondo pesar, lo confieso, no creo que eso pueda suceder pronto, pues el poder que anda por detrás de los fabricantes de armas en ese país es súper poderoso y lamentablemente seguiremos siendo víctimas y espectadores impotentes por mucho tiempo de desgracias como ésta tan reciente...

¡Cómo quisiera estar equivocado en este presagio...!!!

Este último 23 de febrero en curso, escuchamos estupefactos la aviesa solución que propone Trump para evitar esas tragedias, como es la de entrenar y armar a los profesores de los colegios, para que ellos, con el incentivo de un bono especial, defiendan a sus alumnos ante la aparición de todos aquellos desquiciados y/o adoradores de las armas y de la guerra, que intenten cometer ese tipo de tragedias, lo cual no es otra cosa y así lo veo, como una muy  clara demostración de que él mantiene una firme e indoblegable alianza con la Asociación Nacional del Rifle, la cual le financió su campaña para la presidencia con la para nada despreciable suma de 30 millones dólares (http://www.lechuguinos.com/asociacion-rifle-financio-trump/).

Y eso sucede, porque los fabricantes de armas en ese país tienen en sus manos el negocio más rentable que pueda haberse creado en este globo terráqueo y lo que menos quieren sus voraces propietarios por el dinero, es que esa enmienda sea derogada…!!!

Este es un tema que ha estado en la palestra pública ene veces, porque, como es del conocimiento público, tragedias como esa y con consecuencias mucho peores, han ocurrido por cientos a lo largo y ancho de ese país y hasta la fecha no ha sido posible que esa Enmienda de la Constitución, puesta en vigor hace casi 230 años, sea suprimida y la única explicación de que ello sea así, es porque el lobby que hacen quienes representan a los fabricantes de armas, la ya citada "Asociación Nacional del Rifle”, es tan poderoso, que dispone anualmente de un cuantioso presupuesto, quizás el mayor de los que maneja cualquiera de esos grupos de presión equivalentes en otros muchos temas, para comprar y/o alquilar conciencias en el Congreso de la Unión, de manera de asegurarse así los votos requeridos para garantizar que nunca esa Enmienda sea suprimida, así como impedir todo intento de promulgar leyes y disposiciones ejecutivas que apunten a restringir, con el rigor debido, la compra venta libre y abierta de armas de fuego.

Y es así como vemos, a título de ejemplo, según información que puede ampliarse abriendo este otro enlace,, en donde aparecen solamente los legisladores del Estado de la Florida que recibieron para las elecciones del 2016, canonjías de esa Asociación (https://expansion.mx/mundo/2018/02/20/estos-legisladores-de-florida-aceptaron-dinero-la-asociacion-nacional-del-rifle):  

01. Senador Marco Rubio-9,900 dólares
02. Representantes Gus M. Bilirakis-2,000 dólares
03. Representante Carlos Curbelo-2,500 dólares
04. Representante Ron DeSantis 1,000 dólares
05. Representante Mario Díaz Balart-2,000 dólares
06. Representante Neal Dunn-1,000 dólares
07. Representante Matt Gaetz-1,000 dólares
08. Representante Brian Mast-4,950 dólares
09. Representante Bill Posey-2,000 dólares
10. Representante Tom Rooney-2,000 dólares
11. Representante Dennis Ross-2,000 dólares
12. Representante John Rutherford-1,000 dólares
13. Representante Daniel Webster-1,000 dólares
14. Representante Ted Yoho-1,000 dólares

Tomen nota de que, como lo dice la misma reseña informativa: “Estos valores no incluyen los gastos indirectos para apoyar al candidato, como comerciales de televisión, anuncios impresos y digitales o envíos por correo.”

Ya nos podemos imaginar las cuantiosas sumas de dinero que "invierten" los fabricantes de armas para impedir que pueda tener éxito cualquier tipo de campaña que abogue por abolir esa disposición que le ha traído a esa país sólo sangre, dolor y lágrimas, pero que a ellos le significan ganancias fabulosas ...!!!

Nota (los textos resaltados son de nuestra autoría):
(*)    “El derecho a la posesión de armas consiste en el derecho a la tenencia, uso y transporte de armas, con fines defensivos, deportivos, cinegéticos (como medio de supervivencia o deporte),  escolta privada o de otra naturaleza, sin perjuicio de otras actividades legales que pudieran realizarse con las mismas.
La Segunda Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, es parte de la llamada Carta de Derechos aprobada el 15 de diciembre de 1791. En síntesis, da el derecho a la posesión de armas. En los Estados Unidos de América la ley da pocas limitaciones para portar armas.
Desde finales del siglo XX, la Segunda Enmienda ha sido sujeta a un renovado interés académico, político y judicial.La Corte Suprema de los Estados Unidos, órgano supremo en asuntos de interpretación del texto de la Constitución, aclaró en 2008 que la Segunda Enmienda protege el derecho a un individuo a portar armas.En 2016, la Corte reiteró que "la Segunda Enmienda protege el derecho a portar armas, incluso las que no existían en el tiempo en el que la Enmienda fue ratificada" y que esta protección no se limita a "solo armas útiles para hacer la guerra" (tomado de Wikipedia).

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