Vuelos de la muerte en Turquía

Por Leandro Albani:  

Servet Turgut, de 55 años y padre de siete hijos, y Osman Şiban, de 50 años y padre de ocho hijos, son dos campesinos kurdos del distrito de Çatak, en la provincia de Van, en el Kurdistán turco (Bakur, sudeste del país). El 11 de septiembre pasado no imaginaron que sus vidas estarían al filo de la muerte. Pero para los kurdos de Turquía sortear a la muerte, gestionada y aplicada por el Estado de forma sistemática, es un ejercicio que tiene, como mínimo, 100 años. Sobrevivir a ese ejercicio es una condición desde sus nacimientos.

Imagen: Delegación del Partido Democrático de los Pueblos frente al hospital de Van / ANF

Turgut y Şiban fueron detenidos por el ejército, torturados y subidos a un helicóptero, desde donde fueron lanzados al vacío. El 23 de septiembre, Cengiz Şiban, hermano de Osman, afirmó a la agencia de noticias Mesopotamya que estuvo presente cuando los dos hombres fueron arrestados, y que cuando los subieron al helicóptero se encontraban en buen estado de salud y no tenían heridas.

“Sujetaron el arma en la espalda de Servet. Cuando los soldados trajeron a Servet, no había ninguna herida en su cuerpo. Se llevaron a Osman y lo pusieron en el helicóptero. Esto es lo que vi. Tres días después, cuando por fin pudimos llegar a nuestros familiares, nos enteramos de que estaban en cuidados intensivos”, declaró Cengiz.

Ambas personas fueron internadas debido a su situación crítica. Después de varios días, Şiban fue dado de alta del hospital y llevado a Mersin. En breves declaraciones a la prensa, dijo: “No me he recuperado todavía. Me duele el cuerpo. No estoy bien. No recuerdo nada de ese día”.

La imagen que por estos días recorre Kurdistán es la de Osman Şiban internado, con sus ojos inyectados en sangre producto de la caída. En un informe médico, se indicó con respecto a Turgut: “Un paciente anónimo fue ingresado (al hospital) debido a una caída desde altura. El paciente ha sido intubado”. Medios locales señalaron que la información sobre la “caída desde altura” por los propios soldados que llevaron a los dos pobladores, en estado de inconsciencia, al centro de la salud.

¿Quién dio la orden?

El martes pasado, una delegación del Partido Democrático de los Pueblos (HDP, por sus siglas en kurdo), integrada por diputados y dirigentes, visitó Van para conocer y efectuar investigaciones sobre el caso de Şiban y Turgut. Ni bien pisaron el aeropuerto de la región, comenzaron los problemas: integrantes provinciales del partido fueron arrestados por las fuerzas de seguridad, bajo la excusa de que en Van rige la prohibición de realizar reuniones, una medida tomada hace años por la gobernación.

En su recorrido, la delegación se entrevistó con el médico jefe del Hospital de Entrenamiento e Investigación de Van. Posteriormente, los miembros del HDP intentaron brindar una declaración pública frente al centro de salud, pero fueron impedidos por la policía, que intentó arrestar a varias personas. Finalmente, la declaración se puedo realizar, pero sin la presencia de medios de comunicación. Saruhan Oluç, integrante de la delegación, explicó que las informaciones sobre (…) “es extremadamente negativa. Por supuesto, no hay que perder la esperanza, pero su estado de salud es muy malo. La familia también ha sido informada. La persona afectada sufre un traumatismo craneal y numerosas fracturas óseas”.

Oluç apuntó contra el gobernador de Van por defender la teoría de que ambas personas fueron arrestadas “de acuerdo con la norma” vigente en el país. “Traumatismo cerebral, hemorragia interna y huesos rotos, en un caso, y amnesia en el otro, por lo tanto, se afirma que están de acuerdo con la norma –agregó Oluç-. Han sido torturados y no es parte de los deberes del gobernador encubrir la tortura. Más bien, debe asegurarse de que se investigue la tortura y se inicien investigaciones contra los responsables”.

El representante del HDP también se preguntó: “¿Quién dio la orden de torturar? ¿Y quién la llevó a cabo? ¿Quién está tratando de encubrir la orden de tortura? ¿Quién fue? ¿Es el Ministerio del Interior el responsable? ¿Es responsable el Ministerio de Defensa? ¿Quién dio la orden? ¿Fueron las fuerzas especiales? ¿Fue la policía o las fuerzas de seguridad? Queremos saber quién torturó a nuestros ciudadanos”.

Oluç fue enfático al declarar: “Los delincuentes violentos de las filas de las fuerzas de seguridad o de las fuerzas especiales son incluso recompensados por ello. En este país se pretende que los kurdos no tienen derechos. Se pretende que los kurdos no son ciudadanos de este país. Incluso, se nos impide hacer una declaración de prensa. No se permite la presencia de periodistas, sólo uno de nuestros representantes puede filmarnos. ¿Y por qué? Porque el gobierno se ha convertido en un déspota”.

En declaraciones posteriores, Rıdvan Turan, médico y diputado del HDP, aseguró que con los informes médicos entregados a la delegación se puede “decir claramente que las lesiones son causadas son por haber sido arrojado desde altura. Teniendo en cuenta que hay testigos que dicen que los dos fueron puestos en un helicóptero, es muy probable que hayan sido lanzados desde ese helicóptero”.

Turan denunció al gobernador de Van, por asegurar que las dos personas “se habían caído de una roca mientras huían”. “Hay una grave violación de los derechos humanos, pero el Estado no lo admite”, manifestó. El diputado alertó que la situación de los campesinos y las campesinas en Van “no es nada agradable” y que están “abrumados por tal represión, que vienen a nosotros y nos dice que los soldados les dicen ‘si no te gusta, entonces vete’”.

La historia sin fin

La situación de los derechos humanos en Turquía es crítica. El encargado de profundizar esta crisis es el propio gobierno turco, encabezado por el presidente Recep Tayyip Erdogan. Las pruebas sobre hechos represivos, secuestros, torturas a opositores, violencia contra las mujeres, persecuciones contra las minorías étnicas, y detenciones masivas y arbitrarias ya son moneda corriente en el país, en particular en la región kurda.

En medio de este panorama de terror, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de Naciones Unidas (ONU) presentó en la 45º Sesión del Consejo de Derechos Humanos, que se celebra en Ginebra hasta el 6 de octubre, una ampliación de su informe de 2016 sobre los derechos humanos en Turquía. En el documento, advirtió que “se han hecho progresos limitados en el ámbito legislativo, en particular en la abolición de la prescripción del delito de tortura”. Además, el Grupo de Trabajo apuntó que “muchas recomendaciones sólo se han abordado parcialmente o no se han abordado en absoluto”.

La agencia de la ONU también alertó sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas por la administración turca tanto en el país como en el extranjero. Recientemente, Naciones Unidas difundió una investigación en la que confirma la represión desatada por los grupos terroristas, aliados de Turquía, en Rojava (Kurdistán sirio, norte del país). Sobre esto, el Grupo de Trabajo mostró su preocupación “por el hecho de que las prácticas mencionadas, llevadas a cabo en Turquía o en el extranjero, sean la personificación de una denegación de justicia, en la medida en que estas personas, según se informa, fueron privadas de su libertad por medio de detenciones secretas, no reconocidas o en régimen de incomunicación y completamente sustraídas de la protección de la ley”.

En el informe se advirtió que muchas personas fueron víctimas de privación de sus derechos mientras “se encontraban en régimen de incomunicación, incluso mediante confesiones forzadas de culpabilidad, de la denegación de la presunción de inocencia, la incapacidad de impugnar la legalidad de la detención o la denegación del acceso a representación letrada”.

Por último, el Grupo de Trabajo remarcó que “la arraigada cultura de impunidad ejercida por medio de las violaciones de los derechos humanos por agentes estatales sigue siendo el obstáculo principal de cara a que los responsables rindan cuentas en Turquía”.

Días atrás, un informe de la agencia de noticia ANF alertó que “los casos de tortura han registrado un aumento constante en Van. Casi cada año, docenas de casos de tortura salen a la luz. Además, la ciudad ha sido torturada psicológicamente”. En el artículo se recordó que “todas las calles están bajo bloqueo policial”, a lo que se suma que las fuerzas de seguridad “comparten sus torturas en los medios de comunicación social, pero siguen siendo recompensadas con impunidad”.

En América Latina, y en particular en Argentina, los ciudadanos y las ciudadanas sabemos muy bien qué son los vuelos de la muerte: uno de los mecanismos más perversos utilizados por las dictaduras militares en las décadas de 1970 y 1980 para asesinar a opositores políticos, militantes de izquierda y a cualquiera que levantara las voces contra las injusticias. Por lo visto, el gobierno turco conoce mucho más la historia negra latinoamericana de lo que imaginamos.

leandroalbani@gmail.com

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Un libro muy especial

Por Eduardo Contreras:

Hay muy buenos libros respecto de la historia de determinados acontecimientos que marcaron épocas y conmovieron a buena parte de la Humanidad. Entre los sucesos terribles que han tenido lugar en nuestra América se encuentra lo ocurrido durante el período de la dictadura sanguinaria de Augusto Pinochet en Chile. En relación a sus orígenes reales y a los personajes e instituciones que abrieron paso a esa tragedia se ha escrito mucho. Y esta vez hablamos de un texto esencial que acaba de aparecer.

“Entre la Araña y la Flecha, la Trama Civil contra la Unidad Popular” es el título del último libro que, con Ediciones B, acaba de publicar el notable historiador español Mario Amorós y que ya se encuentra en venta en librerías. Es un trabajo realmente especial, serio, contundente, acerca de la peor tragedia vivida por el pueblo de Chile en toda su historia y que nos llega justo cuando está a punto de cumplirse medio siglo desde el triunfo político electoral del presidente Salvador Allende y la alianza de partidos denominada la Unidad Popular.

Un triunfo histórico que fue un verdadero amanecer para la sociedad chilena en sus más variados aspectos, tanto materiales como culturales, y en que, sin violencia alguna del Estado, pero con mucha violencia de los opositores a Allende, empezaron a realizarse cambios reales por vez primera en la historia del país. Cambios que, luego de 3 años de gobierno de Allende, fueron destruidos a costa de miles y miles de chilenas y chilenos de todas las edades que fueron asesinados, torturados y hechos desaparecer en manos de los que alguien, alguna vez, por tremendo error, llamó “nuestros valientes soldados “. Es decir, los miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, guardianes de los sectores económicos poderosos del país. Cambios necesarios, indispensables que, lamentablemente, nunca más absolutamente ningún mandatario posterior ha tenido el valor y la capacidad de intentar reponerlos y que explican sobradamente los dramáticos problemas que ha sufrido el pueblo chileno durante todo el tiempo posterior al sangriento derrocamiento de Allende.

El libro de que hablamos es fruto del trabajo de muchos meses del historiador valenciano, revisando archivos institucionales y personales, publicaciones de periódicos y revistas de Chile y otros países, artículos o trabajos en obras colectivas, trabajos inéditos, libros y expedientes, que corresponden a las más diversas personas u organizaciones de distintos sectores. Sus fuentes, su investigación, dejan clara su objetividad científica.

Como se señala en la contraportada del libro, la feroz represión desatada desde el 11 de septiembre del 73, comenzando por el increíble bombardeo a La Moneda, opacó “la complicidad de los sectores civiles en la instalación de la dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet” Lo que objetivamente llevó al olvido de quiénes fueron los principales autores y promotores del golpe y del genocidio consecuente. Y era hora ya, pasados tantos años, de traer toda la verdad a la memoria. Mostrar a los que pidieron y lograron la intervención del gobierno norteamericano y la CIA en la vida de nuestro país, a los que sabotearon la economía, a los terroristas, violentistas e instigadores de la intervención de los uniformados.

Este trabajo, este texto, honra además a las agrupaciones de derechos humanos de nuestro país. En particular a la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, pues fue a esas organizaciones a las que tuvimos el honor de representar y patrocinar junto al querido colega Alfonso Insunza, ya fallecido, en la querella que presentamos hace unos años, precisamente en contra de los autores civiles del golpe del 73.

Obviamente, dada la realidad nacional, ha sido una acción penal todavía pendiente. Pero tuvo el mérito de lograr significativas declaraciones de varios de los personajes claves de este tan dramático episodio de nuestra historia. Y, por supuesto, el historiador Amorós trabajó también con ese importante material.

Invitamos a todos quienes son partidarios y defienden la verdad y la justicia a hacerse de este texto que aporta tanta verdad sobre tanta mentira que hasta hoy difunden los mismos sectores políticos y los mismos medios de comunicación de Chile que fueron parte activa de la dictadura. 

eduardocontreras2@gmail.com

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Piñera debe renunciar

Por Eduardo Contreras:

El justo clamor nacional para que el inepto mandatario deje la Presidencia de la República de Chile crece día a día y el reciente y lapidario Informe de Amnistía Internacional respalda y justifica ampliamente ese clamor. Consta allí el enorme saldo de asesinados, torturados, prisioneros, resultado de la represión ordenada por el empresario. Si a ello sumamos la ausencia total de respuestas serias a las justas demandas del pueblo se explica sobradamente la justeza del reclamo nacional.

Piñera debe irse, ahora ya, y luego deberá aplicarse los mecanismos previstos respecto de su reemplazo y, finalmente, convocarse a nuevas elecciones presidenciales.

En rigor la crisis chilena es extremadamente seria e importa una derrota no sólo para el gobierno sino para todas las fuerzas políticas reaccionarias del país. Así lo demuestra el acelerado rechazo nacional a un espurio acuerdo de los partidos más derechistas con otros de centro derecha y más de algún despistado “progresista” que, reunidos el 15 de noviembre en el Parlamento, lograron un “acuerdo de cambio constitucional” para, supuestamente, superar la crisis.

Los grandes titulares y la foto a colores a todo lo ancho de la portada de El Mercurio del 16 de noviembre anunciando el acuerdo de madrugada logrado por la centroderecha en relación al tema constitucional bastaban para que cualesquier chilena o chileno pudiera darse cuenta de qué se trataba en realidad y a quién favorecía el dichoso acuerdo. El diario de los Edwards y otros de su calaña no se equivocan cuando están en juego sus intereses de clase. Y el acuerdo constitucional de los sectores reaccionarios era de todo gusto de la burguesía que ese periódico representa

Por cierto, lo que decimos no puede entenderse en absoluto como que se sugiere la no participación en el debate que se dará institucionalmente y en la calle. Todo lo contrario, se trata de participar con fuerza para aclarar las cosas y darle su sentido político correcto en favor del pueblo trabajador, como ha señalado el Partido Comunista de Chile. Pero de lo que se trata es de evitar que se traicione el clamor popular expresado en las calles del país durante más de un mes en una movilización sin precedentes y que, entre otros efectos, precipitó ese acuerdo político parlamentario de los propios sectores que son precisamente los que no interpretan con justeza dicho clamor popular.

El asunto entonces ahora es darle su real sentido a ese debate de modo que no se deje de lado las exigencias del pueblo y, al contrario, atenderlas debidamente.

No olvidar jamás que fue precisamente la exigencia de las masas en la calle, de trabajadores, estudiantes, profesionales, pobladores, campesinos, pueblos originarios, dueñas de casa, sindicatos, federaciones y asociaciones, la que puso en el centro la cuestión de una nueva matriz constitucional que abra paso a un nuevo modelo de  sociedad, a una nueva construcción socio económica que garantice los derechos de los trabajadores, que devuelva la fuerza que la dictadura le robó al Estado de modo que éste pueda cumplir con sus obligaciones en materia de Salud, Educación, Previsión Social, Trabajo, Transporte público, Desarrollo económico, entre otras tareas propias que desde 1973 no ha podido ejercer.

Asunto esencial es no olvidar quiénes fueron los que llegaron a ese acuerdo que tanto deleita al periódico El Mercurio. Y esos fueron por una parte los representantes públicos del pinochetismo, militantes hoy de UDI, RN y otros grupos; es decir los partidarios del sangriento golpe del 73, los que apoyaron los crímenes de la DINA y la CNI, con miles de detenidos desaparecidos, ejecutados y torturados de modo brutal. Y fueron, por otra parte, los representantes de aquellas fuerzas políticas centroderechistas que transaron con el pinochetismo de modo de no tocar la Constitución del 80 y de mantener fielmente el mismo modelo económico social instaurado a sangre y fuego tras el 11 de septiembre de 1973.

Es decir, aquellos partidos políticos que nombraron a Pinochet “Senador Vitalicio” luego de traerlo libre tras su detención en Londres salvándolo así de una segura condena judicial penal en España por el juez Baltasar Garzón. Son los mismos entusiastas admiradores de la OEA y del llamado “Grupo de Lima”. Es decir, todo a gusto del gobierno de los EEUU de Norteamérica.

A esas fuerzas políticas de centro derecha - que son las mismas que apoyaron el modelo impuesto en dictadura y legitimado en la así llamada “transición” - se sumaron aquella noche del 15 de noviembre algunos miembros del Frente Amplio que recibieron rápidamente el rechazo de sus pares.

Quede claro entonces que una cosa es el hecho trascendental que puede provocar que, por primera vez en su Historia, Chile tenga una Constitución de origen democrático y otra muy distinta es el contenido de la propuesta de ese trasnoche, tanto en lo procedimental como en el fondo. Se trata pues de una disputa política y social presente hoy con fuerza en el escenario nacional. Y los que transaron hasta la madrugada de aquel día en el Congreso no las tienen todas consigo; desde luego es un hecho público las diversas contradicciones que afloraron poco después de firmar el papel y que aumentan con el paso de los días.

Para muestra el botón de las recientes declaraciones del senador Andrés Allamand acerca de la inamovilidad de los dos tercios para aprobar todo de todo y la inviabilidad del traspaso a proyecto de ley de aquellas materias en que no se alcance dicho porcentaje, como algunos de los conjurados había creído entender. Quien fuera ministro de Defensa de triste recuerdo en el primer gobierno de Piñera les ha dejado las cosas claras.

Así las cosas, resulta obviamente mucho más democrática la Consulta ciudadana que un buen número de alcaldes comunales ha decidido impulsar. Un hecho que puede marcar caminos.

Pero sea lo que fuere, han sido las multitudinarias movilizaciones sociales las que han abierto en serio la posibilidad de un camino a una nueva Carta Magna. El asunto es cómo garantizar que ese trayecto sea realmente democrático.

De las respuestas y actitudes del gobierno ya todo mundo está enterado. Un Piñera incapaz y confundido, inexistente en lo concreto. No ha encontrado mejor respuesta que la brutal represión. Crece la cantidad de asesinados y heridos por los uniformados, así como aquellos jóvenes y adultos que han perdido sus ojos, los torturados, los prisioneros. Mientras los ministros de gobierno siguen divagando con exceso, hasta el punto que por ejemplo Mañalich, ministro de Salud y copropietario de clínicas privadas, acaba de afirmar suelto de cuerpo que “.el sistema de salud pública de Chile es uno de los mejores del mundo”

¿En qué mundo viven, a quién creen poder engañar si precisamente los gravísimos problemas de Salud Pública son parte de la crisis? En estricto rigor cuanto sucede deja al descubierto por una parte que la situación que se vive en Chile es insoportable, insostenible y, por otra parte, surgen claros síntomas de ausencia de gobernabilidad por parte del actual gobierno. Lo cual además trae a la memoria la posibilidad que el infausto “Acuerdo por la Paz” haya sido, como circuló entonces, el producto de la presión ante una supuesta amenaza de golpe de Estado.

En cuanto al contenido concreto de una propuesta constitucional seria, entre otras varias exigencias, desde luego ella debe establecer el voto obligatorio para el plebiscito de entrada, para la elección de una Asamblea Constituyente y para el plebiscito de salida. Debe suprimirse la exigencia de los dos tercios y debe asegurarse la paridad de género respecto de los constituyentes, así como los derechos y participación de los pueblos originarios y de los chilenos y chilenas en el exterior.

En fin, dar seguridad plena del carácter democrático de un proceso que cuente con la más amplia participación ciudadana y cuyo resultado final sea una Ley Fundamental que ponga fin a la estructura neoliberal como se ha llamado el funesto modelo de sociedad impuesto en 1973 a sangre y fuego por la burguesía chilena y los institutos armados de la época con el apoyo de los grandes medios de comunicación privados, todo ello bajo la conducción del gobierno de la época de los EEUU de Norteamérica.

Una Nueva Constitución para Chile que nos ayude a recuperar lo perdido y abra paso a un Estado que nos devuelva una Educación Pública gratuita y de calidad, la Salud Pública, la Vivienda Social, la Previsión Estatal y no el negocio de un pequeño grupo como son las AFP, Recuperación del Agua, de los caminos, de los medios de locomoción pública, de las riquezas naturales, el Cobre para Chile, el Litio para Chile, Soquimich del Estado. Lo que tuvimos hasta el 73 y que nos robaron por la fuerza, más todo lo que la época actual debe poner a disposición del conjunto de la sociedad y no sólo de unos pocos.

De esto debe hablarse cuando se habla de una Nueva Constitución y asumir que sólo de este modo habrá garantía de que los urgentes problemas sociales de nuestro pueblo se solucionen de veras, no sólo con medidas parciales, sino que vayamos de una vez al fondo del problema.

eduardocontreras2@gmail.com

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Chile deudas en derechos humanos

 Por Eduardo Contreras:

Las huellas brutales dejadas en Chile por la dictadura impuesta en septiembre de 1973 para derrocar al presidente Allende y que durara tantos años, no han desaparecido ni se borrarán jamás. Sobre todo, si, como sucede en la realidad, no acaba de hacerse plena justicia y, a pesar de los avances, la impunidad todavía mantiene un espacio.

Por eso es que siempre será oportuno revisar y difundir qué sucede en materia de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad, así como las reacciones de los diversos sectores de la sociedad.

Un suceso reciente es que, a propósito del reciente procesamiento del ex alcalde derechista Cristian Labbé por su responsabilidad penal como autor del delito de torturas, se levantaron de inmediato las voces de representantes del pinochetismo que sostuvieron indignados que era simple persecución política venir a juzgar al representante de la UDI – y ex coronel de ejército – tantos años después de ocurridos los hechos.

Lo sucedido es que – sin perjuicio de otros casos en que se encuentra procesado igualmente por el delito de torturas y por los que será sin duda condenado – Cristian Labbé recibió sentencia condenatoria de apenas 3 años de presidio. Se trata del fallo del proceso criminal el juzgado de Temuco que condena al reo Cristian Labbé Galilea, coronel de ejército en retiro a la pena de 3 años de presidio por haber sido autor de la aplicación de tormentos a Harry Cohen Vera. Originalmente el procesamiento era más amplio e incluía además las torturas inferidas por Labbé a Jaime Rojas, Bernardo Santibáñez y Juan Horacio Rosales, hechos ocurridos en la ciudad de Pangipulli en el mes de noviembre de 1973.

 Interesante la lectura del expediente. El entonces joven coronel Labbé actuaba con el rostro pintado para impresionar a sus víctimas y se paseaba entre ellas a grandes pasos profiriendo toda clase de insultos y amenazas en contra de prisioneros atados, indefensos. Así actuaron en esos años nuestros “valientes” militares  Recordemos de paso que Labbé ha sido signado como uno de los fundadores de la siniestra DINA, policía secreta de Pinochet y formadora de torturadores y asesinos.

Los golpistas no se quedaron callados ante la sentencia. Esto “es solamente venganza” dijo, por ejemplo, el senador derechista Juan Antonio Coloma dolido por la resolución de tribunales y denunció la excesiva tardanza. El reclamo de la derecha se funda ante todo en la tardanza en hacer justicia. Y en eso coincidimos. En nuestro país la Justicia ha tardado demasiado. Pero es preciso revisar y conocer ¿quién o quiénes son precisamente los responsables de esta tardanza? ¿Por qué ante crímenes tan feroces como miles y miles de detenidos desaparecidos, de ejecutados políticos, de torturados, de prisioneros sin causa cometidos a partir del 11 de septiembre de 1973 y hasta el fin de la dictadura, no actuó en su momento del Poder Judicial?

Recordemos, brevemente, qué pasó en todos estos años. Desde luego debe reconocerse que desde 1973 y hasta 1998, hacer justicia en estos casos era imposible. Que nadie olvide que la Corte Suprema de la época, declaró a mediados de 1973 que el gobierno del presidente Allende era inconstitucional. Aquello fue parte de la estrategia diseñada en Washington a fines de 1970 tras la reunión de Agustín Edwards con Richard Nixon y el director de la CIA de la época. Por supuesto, la Corte carecía absolutamente de facultades jurídicas para un pronunciamiento de tal naturaleza. Pero era el golpe en marcha.

Luego de producido, Pinochet promulgó una ley de autoamnistía y contó por muchos años con el servilismo de la Corte Suprema, cuyo presidente Israel Bórquez respondió con una burla infame a quienes buscaban a sus familiares: “¡Los desaparecidos ya me tienen curco!”. Así pasaron esos años. Pero el fin de la dictadura no cambió las cosas. La amnistía seguía vigente, Pinochet continuaba como jefe del Ejército y su discurso era concreto: “El día que me toquen a alguno de mis hombres se acabó el Estado de derecho”. Sus hombres no fueron tocados por los gobiernos de la Concertación y así pasaron los años.

Hasta que el 12 de enero de 1998, la querella presentada en nombre del Partido Comunista de Chile por un grupo de abogados que tuve el honor de encabezar y acompañados de la dirigente Gladys Marín, fue aceptada a trámite por la Corte de Apelaciones de Santiago la que designó como juez investigador a don Juan Guzmán Tapia. Un hecho histórico que cambió el curso de los acontecimientos ante la sorpresa de todos. Coincidentemente, meses más tarde Pinochet era arrestado en el Reino Unido por solicitud del juez español Baltasar Garzón en el proceso iniciado en el exterior tiempo antes. La historia cambiaba. Comenzaron los procesos y a la querella de enero del 98 se sumaban cientos y cientos.

Pero no debe olvidarse que la llamada Concertación de partidos por la Democracia había premiado a Pinochet con el cargo de Senador Vitalicio. Y fue esa misma fuerza política, supuestamente democrática, la que salvó al dictador de su segura prisión en Europa: Un político “socialista”, José Miguel Insulza, fue el encargado de viajar al rescate del tirano. La fragilidad de la memoria no debe borrar jamás esta asquerosa maniobra en contra de los derechos humanos.

Hasta la querella de enero del 98 un manto de impunidad había cubierto la historia del país. Olvido para los miles de víctimas y en cambio jubilaciones multimillonarias y privilegios de fantasía para los oficiales de todas las ramas de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. Llegó a llamarse al general Juan Emilio del Corazón de Jesús Cheyre como el del “Nunca más” Hoy está procesado criminalmente.

Y además fue sólo a partir de fines del 2009 que los tribunales se abrieron a investigar también los casos de ejecutados políticos y de torturados; hasta entonces sólo se llevaba los casos de detenidos desaparecidos. Esto obligó a la designación de jueces de dedicación exclusiva en diferentes puntos del país. Son más de Mil quinientos juicios en desarrollo. Y una parte de ellos ha estado dedicada a los casos de oficiales y suboficiales de las propias FFAA que en su momento se opusieron a asesinar o a torturar a sus indefensos prisioneros por lo que ellos mismos fueron sometidos a torturas y a Consejos de Guerra. Su caso, al igual que otros de civiles, llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Hoy nuestro país muestra una situación que en esta materia registra más avances que en otros países que igualmente sufrieron dictaduras como son los casos de Uruguay y Brasil y se puede equiparar a lo avanzado en Argentina. Pero por una parte lo obrado sigue siendo insuficiente y por otra aparecen señales peligrosas como por ejemplo que las sentencias condenatorias que están dictando los jueces especiales en los últimos años son penas bajísimas, presidios de muy corto plazo. Por otra parte, se hace exigencias desmedidas a las víctimas para acreditar que sufrieron, como si las torturas o las balas hubiesen sido juguetes de niños, lo que además alarga por muchos años los procesos. Y debe agregarse el extraño comportamiento en estas materias del llamado “tribunal constitucional” que interfiere dudosamente.

En conclusión: el tema del tratamiento de los crímenes de lesa humanidad perpetrado por la dictadura de la derecha chilena en 1973 sigue siendo tema pendiente. No abordarlo decididamente es seguir violando los derechos esenciales de la persona humana.

eduardocontreras2@gmail.com

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“MACRI NUNCA MAS”

Por Martin Almada:

Mensaje abierto a la Dra. Alcira Argumedo 

A la atención de la Dra. Alcira Argumedo

Doctora en Ciencias Sociales Universidad de Buenos Aires

Le escribo en mi condición de víctima del PLAN CÓNDOR y también como descubridor de su ARCHIVO DEL TERROR en Paraguay, el 22 de diciembre de 1992, luego de 15 años de investigación en Panamá y en Paris. El 26 de noviembre de 1974 fui torturado en Asunción por el Comisario Héctor García Rey, Jefe de Policía de Córdoba, estando detenido por haber defendido en la Universidad Nacional de Plata, (1972/1974), mi tesis doctoral “PARAGUAY. EDUCACION Y DEPENDENCIA“ siguiendo la metodología de la Educación Liberadora de Paulo Freire, supuestamente de  inspiración marxista. También fui torturado por militares de Brasil, Bolivia, Chile, y Uruguay, todo ello en el marco del mencionado PLAN CÓNDOR.

Como usted sabe muy bien, en dicho operativo estaban implicados los gobiernos de las dictaduras militares de la época (1975) de Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Bolivia y Paraguay. El PLAN CÓNDOR fue una página negra en nuestra historia y dejó una herencia de miles de asesinados, torturados y desaparecidos en el cono sur de América Latina. Sus negativas consecuencias aún se aprecian en estos países y, aunque parecía que el CÓNDOR era ya historia, hoy contemplamos con dolor como aletea de nuevo y la sombra de su vuelo aparece otra vez en nuestro paisaje esta vez con la complicidad del Poder Judicial.

El motivo de la presente es trasladarle nuestra preocupación por el hecho de que algunos intelectuales argentinos estén realizando llamadas a la conciliación con el “macrismo”, y pidiendo el abandono de la lucha libertaria. Estos llamamientos a la conciliación con el “macrismo” tienen como objetivo el destruir la conciencia social y el espíritu crítico imprescindibles para superar la situación en que se encuentra el país y poder construir una sociedad más justa, más igualitaria, en la cual una diferente cuna no signifique obligatoriamente una diferente existencia; poder construir una sociedad en la cual las condiciones de vida y trabajo sean dignas para todos y no existan capas importantes de población marginadas  en la PATRIA GRANDE y sin esperanzas de mejorar su situación en el futuro. Se quieren destruir las esperanzas en un mundo mejor, más justo y más humano y se quiere imponer una sociedad donde reinen el consumismo, el individualismo y la mentira (las Fake-News).

 Llevamos ya 20 años del siglo XXI. Tiempos difíciles en los que demasiada gente ha renunciado a sus creencias y muchas conciencias se han entregado al poder o están a la vista esperando al mejor postor. Soy muy consciente de ello. A pesar de lo cual me sorprendo cada vez que se dan hechos de esta naturaleza, como por ejemplo este llamamiento a entenderse con Macri, que no deja de ser un símbolo y un ejemplo de la corrupción/impunidad que existe en Argentina con la complicidad imperial de los grandes medios de comunicación

POR FAVOR MACRI NUNCA MAS.

Apreciada doctora Alcira Argumedo, son conocidas su trayectoria pública y patrióticos aportes. Por eso me adhiero a la posición por Usted expresada con tanta valentía contra ciertos intelectuales argentinos   a la vez que me solidarizo con los y las que su trabajo es pensar y actuar desde el Pueblo y con el Pueblo.

También somos conocedores del nivel de su compromiso político y social. Por todo ello me uno a la repulsa y denuncia de este tipo de confluencias entre el poder y algunos intelectuales al MEJOR POSTOR que han perdido el sentido de su función crítica.

Ya no es tiempo de “iluminados intelectuales”, de exitosos banqueros y proveedores del Estado, ganaderos y multinacionales. Es tiempo de los pueblos y de dignidad.

Fraternalmente

almada@fcpa.org.py

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Integración, democracia y Paz, o más guerras y sabotajes

Por Jairo H. Pertuz Suarez

Integración, democracia y paz, temas obligados para lograr desarrollo equitativo, se han convertido en una fantasía, en un mito, en algo imposible de lograrse. Son tantos los intereses que prevalecen en unas elites político-económicas mundiales desajustadas que cada día son más corruptas, insensibles y deshumanizadas, que así se puede colegir. Lograr estos objetivos viene costando millones de muertos, mutilados, torturados, desaparecidos, discapacitados y migrantes alrededor del mundo. La pobreza y las enfermedades cobran cada día dimensiones impensables.

El coloniaje no logra superarse. Los modelos de integración de latino-América – ALALC, Grupo Andino y Unasur han sido habilidosamente penetrados y desarticulados, desde afuera, con la complicidad de actores criollos internos, herederos y facilitadores de infamias, para dar paso a Alianza del Pacifico o Pro-Sur, convenientes al statu-quo internacional, igual que los TLC bilaterales que tanto daño hacen a las economías y a los pueblos en vías de desarrollo. Al polo tradicional de sometimiento de mercado - EEUU-UE-Japón -no conviene la nueva apertura a China, Rusia, India y otros grandes países consumidores, vendedores e inversores con quienes se debió negociar hace años.

La política internacional de apoderamiento indebido, violatorio de todo principio moral, jurídico y legal que algunos gobernantes pretenden imponer como normal, o de pleno derecho unilateral a título de emperador mundial. La política internacional de apoderamiento es cada día más voraz y algunos actores en su ego e ignorancia se auto conceden privilegios de ceder u otorgar territorios y secuestrar o robar riquezas de otros países. Ningún país o gobierno puede otorgar, ceder o concesionar partes de su país, menos de otros países, peor en una región marcada como botín y envuelta en guerras prefabricadas.

Tampoco utilizar nuevas tecnologías (electromagnéticas o cibernéticas) contra otros países vulnerables. Tecnologías de las cuales, quienes las utilizan, aceptan que se están protegiendo, eso es criminal. Lo que parece es que las próximas elecciones a celebrarse, llevan a algunos actuales mandatarios a cometer torpezas y exabruptos. Estamos viviendo tiempos de abusos y cinismo rampante que por inacción o incapacidad de organismos internacionales y países obsecuentes, están conduciendo a la humanidad por un camino tortuoso que tiene señas demarcadas del apocalipsis.

Para occidente, la cooperación, la equidad y la convivencia pacífica no es tema de consideración, menos de discusión. Tal parece que su filosofía y métodos son tomar todo por la fuerza, y vaya que han tenido, tienen, o encuentran, especímenes con la suficiente prepotencia e incapacidad y dotados de una inescrupulosa y experimentada crueldad.

Pretender ser grandes con violaciones, imposiciones, invasiones, sabotajes, destrucción y muerte no conducen al respeto o reconocimiento, ni a la admiración, sino al rechazo y hasta el odio. Las guerras militares, financieras, mediáticas, cibernéticas o de cualquier índole, no pueden justificarse ni tienen perdón de Dios y sus graves consecuencias no las olvidan ni perdonan los pueblos que ponen los muertos, viven la destrucción y las dolorosas precariedades que se derivan de todo ello. Cada día se altera más la paz y la seguridad mundial, y no es por parte de países que aún no tienen armas nucleares calificadas y suficientes. Afortunadamente, algunos países cuyos pueblos han sufrido largo tiempo de innumerables dolores y privaciones, hoy son fuertes económica y militarmente y practican otra filosofía. Vemos hoy que Francia, sumida en crisis, acaba de recibir y firmar acuerdos con China. ¿Vendrán sanciones de los Estados Unidos?

 Algunos países están retrocediendo a 400 años a.c, cuando Grecia, tuvo una corrupción alarmante, y luego en otros lugares, Emperadores y dictadores asesinaron masivamente a inocentes como nos muestra la historia, ¿será que se está dando la reencarnación? La “democracia” sin corrupción, y la integración, así como la equidad entre naciones, son las vías para la paz. Solo así habrá justicia, progreso y cero migrantes. -    

Periodista-Analista Internacional

jhpertuz@hotmail.com

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Guantánamo, una de las tantas asignaturas pendientes de Obama

Esta prisión viola sistemáticamente los derechos humanos

Por Emilio Marín

A poco de asumir su primer mandato, Barack Obama prometió que cerraría la cárcel de Guantánamo. No cumplió. Y de devolver a Cuba esa zona usurpada, ni hablar. Perlas del neocolonialismo y de una potencia que se ufana de defender derechos humanos.

Su primera promesa fue el 20 de enero de 2009, a poco más de dos semanas de haberse instalado en la Casa Blanca con la aureola del “Sí Podemos”. El primer presidente afroamericano de la historia norteamericana dijo que en el curso de 2009 cerraría la cárcel de Guantánamo donde estaban secuestrados, torturados y en un limbo judicial 242 prisioneros de la “guerra antiterrorista” de su predecesor, George W. Bush.

Los presos habían sido capturados por Estados Unidos en Afganistán, Yemen, Pakistán y otros “oscuros rincones del planeta”, diría el texano bruto, a partir de 2002, cuando había lanzado su guerra tras los atentados del 11 de setiembre de 2001 en las Torres Gemelas.

Esos presos llegaron a ser 780 en el momento de más capturas. ¿Qué hace el imperio estadounidense cuando tiene presos a los que no respetará sus derechos legales, no digamos humanos? Obviamente no los lleva a su territorio sino que usa dependencias en otros países, por ejemplo la cárcel de Guantánamo, enclavada en el oriente de Cuba, arrebatada con la Enmienda Platt de 1903, refrendada por los presidentes Tomás Estrada Palma y Theodore Roosevelt. Luego el Tratado de 1934 dio continuidad a la usurpación.

Allí había una base militar naval norteamericana y le adosaron la cárcel de Campo Delta, para contener esa carga humana no deseada en el territorio propio. Antes de recalar allí, esos presos fueron capturados en los países mencionados y torturados en prisiones diversas, antes de ser fletados hacia Guantánamo en vuelos ilegales que hicieron escalas y se aprovisionaron en aeropuertos europeos. La culta Europa miró para otro lado, conciente de que la estaban usando de socia en actos reñidos con la ley.

Muchos de esos gobiernos son los que levantan su índice acusador contra Cuba por no respetar supuestamente los derechos humanos, contra Venezuela, Irán, Siria, Rusia y China. Además de que tales acusaciones carecen de fundamentos, son formuladas por autoridades sin ninguna autoridad moral pues fueron parte imprescindible del acto violatorio de los derechos humanos cometido por Washington.

Segunda promesa

La primera promesa le valió al norteamericano el Premio Nobel de la Paz, otorgado por la academia sueca en 2009, cuando no había hecho ningún mérito. Después tampoco, vale la pena remarcarlo.

La segunda vez que juró que cerraría la cárcel ilegal fue en abril de 2013 y enero de 2014, avanzando ya su segundo mandato. Por entonces quedaban sufriendo con el mameluco color naranja unos 150 presos en el centro de detención ilegal estadounidense.

Las razones esgrimidas para demorar el cierre fueron dos. Una, básica, de índole política: los republicanos, que iban ganando la mayoría de ambas cámaras del Capitolio, eran hostiles al cierre. En parte para no darle una chance a Obama de mejorar su reputación política y ensanchar sus márgenes de maniobra hacia las presidenciales de noviembre de 2016. Los republicanos, en particular sus lobbies anticastristas de La Florida, como el senador Marco Rubio, no iban a votar ninguna ley que implicara una cierta concesión a La Habana. En rigor lo que Cuba siempre reclamó, hasta el día de hoy, es la devolución de Guantánamo y no tanto o no principalmente la cárcel, que es parte del paquete mayor.

A la luz de los hechos puede conjeturarse que el partido demócrata no tuvo interés de lidiar con los republicanos sobre este tópico. No quisieron un enfrentamiento que podía implicarles una pérdida de votos por derecha con los rivales.

El otro motivo para la postergación del mentado cierre, fue de índole financiera. La administración Obama, que no se fija en gastos cuando se trata de recompensar a sus bancos o financiar sus guerras, consideró excesivas las partidas para cerrar la cárcel y crear otras nuevas o remodelarlas en territorio norteamericano.

Se sabe que Guantánamo cuesta unos 450 millones de dólares anuales; reforzar algunas cárceles de máxima seguridad en EE UU implicaría un ahorro, al menos en la amortización a pocos años. Poner por delante un gasto menor, cuando hay un presupuesto de Defensa (léase Ataque) de 600.000 millones de dólares anuales, suena a excusa. En el fondo no quieren forzar a sus aliados a recibir parte de los presos actuales y sobre todo no quieren polémicas en casa por llevar lo que un sector yanqui considera terroristas y criminales aunque no se les haya probado esos cargos. Poner esa carga en su territorio, así sea a cárceles de máxima seguridad, podría dar argumentos al xenófobo Donald Trump, de que se está comprometiendo la seguridad norteamericana.

Por eso también la segunda promesa de Obama fue una hoja que llevó el viento, pese a que fue hecha en 2013 en medio de una larga huelga de hambre de gran parte de los reclusos, que desenmascaró aún más la imagen de su administración a nivel mundial.

Por la puerta de atrás

En 1903, cuando el mal vecino impuso la Enmienda Platt, el lugar donde obtuvo una base naval y carbonera podía tener alto valor estratégico. Además era para el naciente imperio una forma de cobrarse el haber arrebatado a España esa perla de la corona de su majestad. José Martí y los suyos habían luchado por esa independencia de la corona española, como última colonia en el continente. Y cuando esa pelea estaba cerca de la emancipación, apareció EE UU para que robarse el fruto ajeno. De allí que los cubanos no gozaron de una primera independencia como el resto de la región; pasaron sin solución de continuidad de la colonia española a la semi colonia estadounidense.

También quizás por eso mismo la tercera oleada independentista, con Fidel Castro a la cabeza, puede haber sido más potente que en toda América, cuando bajó como una lengua de fuego de la Sierra Maestra. Y Cuba sigue demandando el fin del bloqueo de USA y la devolución de Guantánamo.

Obama no quiere darse por enterado de lo segundo. Sobre el bloqueo, dice que está de acuerdo en que debe ser levantado, pero adjudica al Congreso la falta de avances reales tras su gesto de viajar a La Habana en marzo de este año. Tendrá que dar explicaciones en la 71° Asamblea General de la ONU a partir de setiembre próximo.

Sobre Guantánamo, el afroamericano ha reiterado ahora que querría terminar su mandato en enero de 2017 con el cierre, pero todo indica que no será así. No tiene correlación de fuerzas en el Capitolio y no quiere desafiar a los republicanos en este punto, como no lo hizo en ocho años. Apostará a que en todo caso Hillary Clinton pueda hacerlo.

A lo sumo, ha vuelto a recomendar la clausura diciendo algo cierto, que Guantánamo significa un aplazo al gobierno norteamericano a nivel internacional. Y a falta de cierre lo que viene haciendo este año es disminuir la cantidad de presos mediante el traslado de pequeños grupos a otros países.

Los saca, como la basura, por la puerta de atrás. Esta semana fletó a 12 yemeníes y tres afganos a los Emiratos Árabes Unidos. En abril pasado transfirió 9 a Arabia Saudita y en enero otros 10 fueron a Yemen, que podría recibir más cantidad pero está sufriendo una agresión militar de la dinastía Al Saud, de Arabia Saudita. Antes, 600 fueron transferidos a 57 países y 9 murieron en el lugar de detención. Seis fueron a Uruguay, 5 a España, 2 a El Salvador y 2 a Portugal.

Aún quedan 61 presos en Guantánamo, de los cuales un tercio tampoco tiene acusaciones en su contra por parte de los tribunales militares norteamericanos. Quiere decir que en el mejor de los casos, por cuarenta presos supuestamente “terroristas”, cuyos cargos no fueron probados en sede judicial, el imperio ha mantenido activa una cárcel ilegal durante los últimos doce años.

Lejos de pontificar sobre los derechos humanos, esa potencia debería comenzar a recibir instrucción básica sobre esos derechos, “desde la a hasta la zeta”. Con su prontuario es muy improbable que reciba un aprobado en esa materia porque el mundo seguiría reprochándole las terribles violaciones a los derechos humanos en Abu Ghraib (Irak), Bagram (Afganistán) y otras cárceles que fueron cerradas recién en 2014. Guantánamo sigue ofendiendo a la humanidad, dentro de esa trilogía. 4.085 dólares al año

Obama reduce la plantilla de presos y tratar que la nueva administración -si es demócrata- clausure la cárcel. Eso puede ser valorado positivamente por el gobierno de Raúl Castro, pero no hace a lo fundamental de su reclamo, que es la devolución de toda la zona oriental usurpada.

Guantánamo, como Puerto Rico y las Malvinas, son tres de las dolorosas reminiscencias del colonialismo en nuestra América. Será por eso que los cubanos siempre consideraron a Puerto Rico como su hermano (“Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas”, cantó Pablo Milanés) y que fuera tan generosa su solidaridad con Argentina por las islas.

Por el territorio de 116 kilómetros cuadrados, EE UU pagaba a la isla un arriendo anual de 2.000 dólares, aumentada en 1973 a 4.085. Desde la revolución de 1959 ese cheque no se cobra, por indigno. Aunque fuera de 4.085 millones, tampoco lo habrían aceptado Fidel y Raúl Castro. Cuba quiere a Guantánamo y tiene mucha dignidad. 

ortizserg@gmail.com

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