Por Diego Olivera Evia:
Crisis humanitaria y
los continuos asesinatos de luchadores sociales
Las maniobras de EEUU para tratar de invadir a Venezuela,
han fracasado para lograr una acción militar, ahora el presidente bipolar
Donald Trump, habla de una acción del gobierno de Iván Duque manifestando que
sea un conflicto de vecinos, una burla más de los gringos, que tienen
desplazados en esta nación con más de 7 bases militares, con poder bélico.
Estas acciones impulsados por el senador y ex presidente Álvaro Uribe, asesino confeso, narcotraficante, que habla
de una nueva agresión a Venezuela, como lo intento contra el presidente Hugo
Chávez, al afirmar que le faltó tiempo, para una operación ante la fallida,
operación con para militares, con uniformes del ejército venezolano, que fueron
detenidos y repatriados a Colombia.
Iván Duque, actual presidente electo de Colombia, enfrenta
la que quizás sea la encrucijada que le dará su gobierno: siendo leal al
ex presidente Álvaro Uribe el popular líder de su partido Centro Democrático y
la fuente de buena parte de los votos que lo llevaron a la presidencia.
La Corte Suprema de Justicia de Colombia, abrió una
investigación contra el ex presidente después de que se presentara evidencia que
sugiere que Uribe habría intentado manipular testigos, por eso decidió llamarlo
formalmente a indagatoria. Tras la noticia, Uribe, con la habilidad de un
jugador consumado no es casualidad que sea la figura que ha dominado el
escenario político colombiano en los últimos dieciséis años.
Su primera carta fue política. Anunció que renunciaría a su
curul de senador para concentrarse en su defensa legal y de inmediato
contraatacó a la Corte con la estrategia que ha usado siempre: acusarla
infundadamente, vía redes sociales, de perseguirlo por razones políticas y de
ser un instrumento de sus enemigos y opositores. Sus abogados, por otro lado,
jugaron la carta jurídica al presentar una petición para remplazar, por
supuestos impedimentos, a los magistrados que conocen del caso.
Estamos ante un estado forajido, manteniendo los
paramilitares y controlando el mercado de drogas, podrá Duque decide ser autónomo, sus políticas y su
estilo de gobierno estarán más cercanos a una centroderecha institucionalista,
tendría un gobierno neoliberal en materia económica y social, pero respetuoso
de la separación de poderes y los derechos constitucionales. Pero los vínculos
del presidente colombiano, con su familia de narcotraficantes, avalan una
realidad de mecanismos criminales, logrando superar los Carteles de Cali y
Medellín, ahora legalizados por el gobierno de Trump, que acepta los niveles
más altos de drogas de cocaína, mariguana y otras yerbas.
La droga es la base del estado forajido
La droga en Colombia es un flagelo, y los nuevos carteles,
permitieron de manera “legal” a niveles récord en los cultivos de coca y el
potencial de producción de cocaína durante 2017, según lo acaba de revelar un
informe de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de Estados
Unidos (Ondcp, por sus siglas inglés). Situación que el subdirector de la
entidad, Jim Carroll, calificó de “inaceptable” y por la que exigió que el
gobierno colombiano “debe hacer más”.
Las nuevas cifras apuntan a que las hectáreas cultivadas de
hoja de coca aumentaron un 11%, pasando de 188.000 en 2016 a 209.000 en 2017. Y
el escenario frente al potencial de producción de cocaína no es más alentador:
con un incremento del 19%, el país llegó a las 921 toneladas métricas en 2017
frente a las 772 que se registraron en 2016. Este último indicador es una
estimación con base en números de área cultivada con coca, número de cosechas
por año y la productividad de los lotes de coca.
“El mensaje del presidente (Donald) Trump a Colombia es
claro: el récord de crecimiento en la producción de cocaína debe revertirse”,
advirtió Carroll. “A pesar de que los esfuerzos colombianos de erradicación
mejoraron en 2017, fueron superados por la aceleración de la producción. El
gobierno de Colombia debe hacer algo más para abordar este aumento”
Santos en su gobierno también señaló que “es muy fácil venir
a criticar a Colombia, que por que se le aumentaron los cultivos ilícitos”, por
eso pidió que se midieran otras circunstancia e indicadores como “la
efectividad de las incautaciones, cuántos miembros de las mafias hemos
extraditado, el esfuerzo inmenso que hemos hecho y que seguiremos haciendo”.
Por su parte, el Ministerio de Defensa e Colombia publicó en
su cuenta de Twitter que en 2017 se ejecutó la erradicación más alta de la
historia: 53.000 hectáreas de cultivos ilícitos destruidos. En otro tuit señaló
que durante los últimos ocho años de gobierno, tiempo que lleva Santos en el
cargo, se destruyeron 25.000 laboratorios de producción de drogas y se
incautaron 2.000 toneladas de cocaína, una cifra récord, y porque ha crecido la
demanda a EEUU.
Crisis humanitaria y
los continuos asesinatos de luchadores sociales
Los miembros de asociaciones de campesinos, de barequeros,
mineros artesanales, campesinos cocaleros, líderes sociales, defensores de derechos
humanos, excombatientes de Farc y sus familiares en territorio antioqueño son
objeto de una sistemática persecución y víctimas de homicidios por parte de
grupos armados al margen de la ley.
Esta comunidad denuncia la grave crisis humanitaria por la
que atraviesa y confiesa el temor que la aborda por la falta de garantías y la
inseguridad reinante en sus territorios, abandonados totalmente por el Estado,
cuya presencia se limita a los patrullajes que realiza el Ejército. La
problemática es igual en el Magdalena Medio, en el Bajo Cauca, en Urabá, en el
Nordeste y el Norte de Antioquia. En esta última subregión, la red de
organizaciones sociales y campesinas del Norte denuncia que se encuentran al
alza las continuas violaciones a los Derechos Humanos.
“En el año 2017 los
grupos armados se asentaron en los municipios de Ituango y Briceño generando
más de 20 asesinatos y cientos de desplazados”. “En el mismo año fueron
asesinados varios líderes sociales, así como varios excombatientes de las Farc
sin que el Estado adoptara las medidas de protección para las comunidades, las
organizaciones sociales y sus líderes”.
“Durante este 2018 la situación de seguridad ha empeorado
significativamente. Solo en Ituango se han presentado 42 muertes violentas,
donde junio ha sido el mes más violento desde que inició el proceso de paz”.
“En los últimos días se produjeron los
asesinatos de los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de las veredas El
Mandarino y Pascuita, además de un feminicidio en la vía que conduce del casco
urbano al corregimiento de Santa Rita, hecho que se da presuntamente por
sostener relaciones sentimentales con miembros de la Fuerza Pública y el
asesinato de un miembro de una organización de pequeños mineros”.
“Es alarmante la
numerosa presencia de hombres armados circulando en las localidades del Norte
de Antioquia, en donde esta singularidad no se registraba hacía más de 15 años
y hoy circulan fuertemente armados y sin identificación por caminos, y
carreteras de los diferentes municipios del Norte de Antioquia”. “No existe
voluntad para dar respuesta sobre los asesinatos de líderes sociales y las
amenazas a las organizaciones sociales pues aún no existe ningún señalamiento
sobre responsabilidades en los hechos ampliamente narrados”.
“Es evidente que
seguimos en medio de disputas territoriales armadas de las cuales no podemos
huir y que nos ponen en un deplorable estado de indefensión y abandono, ante el
silencio complaciente de un Estado ajeno a las realidades territoriales y los
dolores de sus habitantes, frente a esta punzante situación nos vemos abocados
a preguntarnos: ¿Cuántos muertos más debemos llorar por querer un territorio en
paz?, ¿Cuántos funerales más nos costará el deseo de habitar y construir
territorios en donde todos podamos trabajar y vivir?”.
Estos índices de violencia de los grupos paramilitares y
militares regulares de ejército Colombiano, ha creado un estado forajido, con
partidos políticos corruptos y asesinos con Uribe, padre de los
narcotraficantes y autor de los paramilitares, para controlar el mercado de las
drogas, y tienen la inmoralidad de criticar a Venezuela, de ser un país en
crisis y el hambre en Colombia, es más grave usando a los campesinos como
productores de drogas, la inmoralidad de los presidentes en Colombia, es parte
de una cultura de muerte, con sicarios y paracos.
diegojolivera@gmail.com
