Por Carlos Fonseca Terán:
Ahora le tocó el turno a Nicaragua; un país con envidiable
estabilidad en una región inestable y después de sucesivas guerras; con índices
de crecimiento de alrededor del 5% en los últimos diez años; con altos índices
de seguridad ciudadana; y según datos del PNUD, uno de los países
latinoamericanos con mayor disminución de la pobreza y de la desigualdad social
durante ese mismo período de tiempo, o sea desde que volvió el sandinismo al
poder.
Durante poco menos de una semana, el país literalmente,
ardió. El detonante fue una reforma al seguro social –ya derogada–, que
consistía en aumentar levemente las cotizaciones a los trabajadores y en mayor
medida a los empresarios, y establecerla para los jubilados. Otra medida fue
hacer que quienes devengan salarios superiores a determinada cantidad, paguen
sus cotizaciones conforme al total de lo que ganan y no solamente hasta un
determinado monto, como ha sido hasta ahora. Esta última medida tuvo como
objetivo disminuir las posibilidades de los empresarios de desangrar la
seguridad social al reportar altos cargos fantasmas con enormes sueldos, para
luego cobrar al sistema de seguridad social los beneficios correspondientes.
Pero el objetivo general del conjunto de medidas tomadas era
resolver la crisis financiera del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social
(INSS), ocasionada por la mayor cobertura de la seguridad social y la mayor
cantidad de beneficios que ésta otorga a los trabajadores. Esta fue la
alternativa encontrada por el gobierno para no aplicar la propuesta del FMI, de
aumentar la edad de jubilación y la cantidad de semanas requeridas para ésta, y
eliminar las pensiones a víctimas de guerra y la pensión reducida a quienes
teniendo edad de jubilación no hayan completado la cantidad de semanas,
beneficio que fue implementado por el sandinismo al poco tiempo de haber
regresado al gobierno en 2007.
Como puede verse, las medidas tomadas eran menos
perjudiciales para los trabajadores que las planteadas por el FMI, las cuales
habían sido respaldadas por los empresarios privados, quienes se manifestaron
en contra de la reforma aprobada y que fue luego derogada; lo cual es normal,
ya que los principales afectados eran los empresarios y quienes devengan altos
salarios. Por tanto, no es de extrañar que ningún sindicato y ningún trabajador
hayan salido a protestar, a excepción de los empleados de las grandes empresas privadas
–a quienes por cierto, éstas no dejan sindicalizarse, obligados a marchar por
sus patrones, los empresarios afiliados al Consejo Superior de la Empresa
Privada (COSEP). Pero el protagonismo lo tuvieron varios grupos de estudiantes
universitarios, sobre todo en algunas universidades privadas que reciben
subvención pública para facilitar el acceso a ellas de jóvenes con escasos
recursos. Las protestas comenzaron con pequeños piquetes organizados por
jóvenes de clase media alta y clase alta, que de manera recurrente organizan
ese tipo de actividades en contra del gobierno sandinista.
La variante esta vez fue que los enfrentamientos entre ellos
y los jóvenes sandinistas de los barrios populares –llamados “turbas” por la
derecha– generó un sentimiento de solidaridad en una buena parte del
estudiantado universitario, que escaló la protesta colocando barricadas en la
vía pública y enfrentándose a la policía con armas de fuego caseras, cuando
ésta intentó despejar la vía.
Manifestante porta un arma de fuego casera similar a las
vistas en las protestas de la derecha contra el chavismo en Venezuela. Foto:
Reuters/Oswaldo Rivas.
Este fenómeno fue producto de la percepción generalizada de
que la reforma afectaba a los trabajadores y a los jubilados, mientras que como
contrapartida no hubo un proceso de discusión y apropiación de las medidas, lo
cual hizo que los posibles defensores de la misma no supieran qué defender y
por tanto, en su mayor parte no estuvieran motivados para hacerlo, lo cual fue
un factor decisivo para la tardía respuesta del sandinismo políticamente
organizado en los barrios e instituciones del Estado, y del movimiento social
afín al sandinismo. Esto fue también en parte lo que motivó la participación en
contra de la reforma, de grupos de estudiantes y jóvenes en general que asumían
estar defendiendo reivindicaciones que consideraban justas, pero que ahora
corren más peligro que nunca ante la correlación de fuerzas que habrá en el
necesario diálogo nacional instaurado para ver este y otros temas; correlación
que es producto, precisamente e irónicamente, de las protestas.
La confrontación fue en aumento, hasta que la situación se
salió de control para las autoridades y proliferaron los enfrentamientos entre
detractores y defensores, ya no tanto de las reformas, sino del gobierno
sandinista, que ha contado durante los últimos ocho años con un respaldo
popular invariablemente superior al 60%. Al fragor de la confrontación
aparecieron armas de guerra y con ello, inevitablemente, los muertos de uno y
otro lado, incluyendo policías, ya que hubo también armas mortales en manos de
los grupos enfrentados a las autoridades. De igual manera, durante dos días
seguidos proliferaron los incendios de edificios públicos, ataques a
instituciones y saqueos a negocios privados, sobre todo supermercados, casi
todo perpetrado obviamente, por el bando anti gobierno.
El Presidente Daniel Ortega se dirigió a la nación durante
los dos días más violentos del enfrentamiento, primero para llamar al diálogo y
luego, para anunciar la derogación de la reforma que motivó el inicio de las
protestas. A solicitud de ambos sectores enfrentados, la Conferencia Episcopal
de la Iglesia Católica aceptó ser mediadora en el diálogo, aunque algunos
obispos se han declarado abiertamente en contra del gobierno.
La situación volvió a la calma cuando el Presidente declaró
que se derogaba la reforma a la seguridad social, para buscar otras opciones en
el diálogo nacional. A continuación, pequeños grupos politizados permanecieron
protestando, repudiando el diálogo y exigiendo la renuncia del Presidente, en
aras de lo cual han permanecido incitando a la violencia desde los medios de
comunicación controlados por ellos, y a través de éstos divulgando cifras
falsas que aumentan cada vez más la cantidad de fallecidos en las protestas,
para lo cual incluyen en sus listas a personas cuya muerte no tuvo nada que ver
con los hechos violentos ocurridos, entre los que además se debe mencionar el
hecho de que la delincuencia aprovechó la situación para atacar a las
autoridades del orden público e incluso, fueron muchos los casos de
enfrentamientos entre diversos grupos delincuenciales por el control de
territorios; lo cual también ocasionó muertes, pero no hizo que la situación de
violencia se prolongara, debido a que tales grupos en Nicaragua no tienen ni de
cerca la capacidad organizativa y operativa de las maras, que son características
de los tres países vecinos del Norte: Guatemala, El Salvador y Honduras.
Actualmente, la Fiscalía General de la República investiga
los hechos para proceder a acusar formalmente a las personas que sean
encontradas como responsables de las muertes ocurridas, y por iniciativa de la
bancada sandinista en la Asamblea Nacional, ésta formó una Comisión de la
Verdad integrada por personalidades de prestigio en el país, ajenas al
conflicto. Sin embargo, en la percepción general tanto dentro como fuera de Nicaragua,
se ha instalado el mito de que hubo una masacre estudiantil perpetrada por la
Policía Nacional, lo cual es absolutamente falso.
Es posible que tanto las reformas en sí como el método para
implementarlas no hayan sido lo mejor, pero no puede negarse que con ellas se
intentaba frenar las políticas que pretende imponer al país el FMI con respaldo
de la empresa privada, que precisamente por eso no respaldó las reformas del
gobierno, apoyó las protestas e incluso, inicialmente pretendió condicionar su participación
en el diálogo. Esto constituyó una ruptura temporal del mecanismo de consenso
que se ha venido implementando con participación del gobierno, los sindicatos y
el sector privado para definir cosas tales como los aumentos al salario mínimo,
la política fiscal y demás aspectos de la vida económica y laboral del país.
Llama la atención que la escalada violenta se haya
presentado simultáneamente en varias de las principales ciudades del país, y
que se haya desarrollado con métodos similares en todas partes donde esto
sucedió. También es llamativa la similitud entre estos hechos y el formato de
desestabilización aplicado por el imperialismo en los países árabes. Es curioso
ver a alguien como Ileana Ross-Lethinen y a toda la fauna ultraderechista norteamericana
y latinoamericana respaldando lo que pretende presentarse como una protesta
social en contra de políticas neoliberales.
Lo alucinante, sin embargo, es ver cómo algunos opinadores
auto considerados de izquierda cierran filas en contra del sandinismo a raíz de
lo sucedido, acusando al gobierno nicaragüense y al Presidente Daniel Ortega,
de haber abandonado los principios revolucionarios, y presentando como los
verdaderos sandinistas a los “renovadores” que renunciaron al socialismo y al
antimperialismo a raíz del derrumbe soviético, y que no han dudado en acudir
desde hace ya algún tiempo ante los sectores más reaccionarios del Congreso
norteamericano a solicitar sanciones económicas contra Nicaragua.
Se acusa al gobierno sandinista y al Frente Sandinista de
Liberación Nacional, de estar dirigido por corruptos, y se habla del
surgimiento de una burguesía sandinista. Sin embargo, curiosamente la actual
burguesía sandinista fue precisamente la que abandonó el FSLN y fundó el
Movimiento Renovador Sandinista (MRS), al cual se sumaron a mediados de los
noventa la mayoría de quienes fueron los más altos dirigentes políticos y
gubernamentales de la Revolución Sandinista en la década de los ochenta, y
cuando el sandinismo perdió el poder fue este sector el que se apropió
indebidamente de bienes públicos y se alió con la derecha gobernante, como
continúan hoy respaldando a los candidatos más reaccionarios de la derecha en
las elecciones, mientras atacan al FSLN por las negociaciones que hizo con un
sector de la derecha cuando era oposición, y que era la única posibilidad de
elegir magistrados y contralores debido a disposiciones jurídicas promovidas
por los mismos “renovadores” a espaldas del pueblo y en alianza con otro sector
de la derecha; pero ocultando el hecho de que el FSLN jamás ha ido a elecciones
en alianza con ninguno de los dos sectores de la derecha en Nicaragua: la
oligarquía de la que es aliada el MRS, ni el sector de la burguesía plebeya con
el que años atrás el FSLN llegó a acuerdos sin los que el sandinismo no habría
vuelto al poder; acuerdos que incluso, fueron criticados desde dentro del FSLN,
pero sin que por ello quienes equivocadamente los criticamos dejáramos de
apoyar al FSLN y sus candidatos en las elecciones siguientes.
Ningún burgués fue visto en las manifestaciones del
sandinismo en defensa de la Revolución durante los reciente acontecimientos; en
cambio, en las manifestaciones de la derecha era notoria la presencia
entusiasta de la burguesía nicaragüense, inconfundible como en todas partes por
su buena ropa “de marca”, sus pañuelos y gorras, sus caros lentes oscuros, sus
refinados modales y en el caso de América Latina, su piel blanca heredada de
los colonizadores que con el despojo a nuestros pueblos originarios, dieron
origen a sus fortunas teñidas de la sangre indígena y del sudor de los
esclavos, así como de los obreros y campesinos que en Nicaragua, con Sandino,
levantaron la frente para siempre y para admiración de los pueblos del mundo,
enfrentando a sus opresores de adentro y de afuera con valentía sin igual, como
se disponen ahora a defender las conquistas revolucionarias, alcanzadas por el
sacrificio de más de ochenta mil nicaragüenses caídos en la guerra de
liberación contra el somocismo y en la guerra de los ochenta en defensa de la
Revolución Sandinista, que hoy como ayer advierte al imperialismo y sus
lacayos, que NO PASARÁN.
Carlos Fonseca Terán es militante del FSLN, hijo de su
fundador, Comandante Carlos Fonseca
carfonter9@yahoo.com
