Venezuela: Una mirada semanal V

Por Jesús A. Rondón:

El asunto de la gasolina, la conmemoración del nacimiento del comandante Chávez y el seguimiento del pulso de la pandemia y el proceso electoral.

Bienvenidas y bienvenidos a una nueva presentación de un panorama semanal sobre Venezuela, esta oportunidad se comienza con la primera entrega de una síntesis explicativa de la situación de la gasolina en nuestro país, de igual manera se comparte una nota en alusión a la conmemoración del nacimiento de comandante Hugo Chávez. Como ya es habitual continuamos con haciendo el seguimiento al desarrollo de la pandemia del Covid-19 y al proceso de elecciones parlamentarias, que culminará el 6 de diciembre; para finalizar con informaciones breves, pero resaltantes.

El asunto de la gasolina (I parte).

La primera planta de electricidad se instaló en la ciudad de Maracaibo a finales del siglo XIX, siendo Venezuela fundamentalmente un país agrícola. No había suficiente demanda para el novedoso servicio, de tal manera que se implementó una estrategia para asegurar que la oferta eléctrica fuera utilizada, para ello se incorporaron cambios en los hábitos de la población, en la arquitectura y en otros ámbitos de la vida cotidiana. Así, se garantizó que el negocio de la electricidad resultará rentable.  Esta introducción es oportuna, porque algo similar ocurrió con los combustibles en Venezuela.

A finales del siglo XIX con escasos recursos y una vida política convulsionada, que se expresaba en la inestabilidad de los gobiernos, el desarrollo de los ferrocarriles fue aumentado, de tal manera que había una red en crecimiento. El inicio del siglo XX, comenzó la explotación petrolera y la constitución del Estado desde una concepción moderna, lo que demando el reimpulso de la movilidad nacional, para lo cual se cambió de rumbo y se optó por construir las carreteras y el vehículo automotor se impuso como medio de locomoción.

Hasta muy entrado el siglo pasado Venezuela no contaba con refinerías propias, y gracias a la renta petrolera, no fue problema importar los combustibles necesarios y colocarlos a disposición de la población y la industria a precios accesibles. Una vez instalados los complejos de refinación en nuestro territorio, la tecnología y los aditivos necesarios para su operación seguían siendo foráneos, fundamentalmente estadounidense, de tal manera que no hubo soberanía sobre tal asunto. Sin embargo, los combustibles siguieron siendo muy baratos, al punto que llego un momento donde con una moneda de un bolívar podías comprar cientos de litros de gasolina.

Llevó décadas aumentar significativamente los precios de los combustibles, aunque en el debate social y político era recurrente estar de acuerdo con un ajuste de los precios. El 1988, el presidente Carlos Andrés Pérez, en el marco de la implementación de un paquete de medidas económicas de corte neoliberal, subió los precios de la gasolina y eso fue detonante para una protesta popular sin precedentes, que se conoce como el “Caracazo” y que fue reprimida violentamente por las fuerzas militares y policiales. El comandante Chávez, fue siempre cauto con esta medida y decreto un aumento, que no fue sustancial, y esencia la gasolina siguió siendo altamente subsidiada.

Esta realidad nunca fue un problema, hasta que se agudizaron las agresiones contra Venezuela y varias de las medidas coercitivas unilaterales se orientaron a Petróleos de Venezuela C.A. En los hechos esto se tradujo en la supresión de asistencia técnica, equipos y aditivos para producir combustibles. La consecuencia fue una paulatina y drástica disminución de la oferta combustibles en el territorio nacional, que tuvo su momento más crítico hacia febrero de este año, justo antes de la declaración de cuarentena nacional.

Esta situación alentó el mercado ilegal de los combustibles, manejado por mafias, en acuerdo con algunos funcionarios públicos y militares. En la vida cotidiana de los venezolanos y venezolanas esto se expresa en limitaciones para la movilidad tanto de las personas, como de las mercancías, causando en esta ultimas el aumento de los precios de venta final.

Según el escritor Luis Brito García, el parque automotor venezolano está conformado 4.100.000 vehículos, de los cuales 76 % son de uso particular, 16 % para el transporte de carga y solo 3,2 % para el transporte público. Afirma Brito que a la fecha se estima que solo el 57 % de ese parque está operativo y demanda aproximadamente 90.000 barriles diarios de petróleo para su movilidad.

En la próxima entrega abordaremos, las medidas implementadas por el presidente Nicolás Maduro y nos aproximaremos a un balance de las mismas.

El avance del Covid-19.

Finaliza semana número 21 desde que se diagnosticó el primer caso y durante la cual el gobierno bolivariano autorizo la operación de algunas actividades en algunos Estados (provincias), mientras que en los que prevalece el aumento de contagios de mantuvo el esquema de cuarentena radical.

Al 1 de agosto en Venezuela se han diagnosticado 19.443 personas con Covid-19, de los cuales 11.129 ya está recuperados, la mayor parte de los casos activos no siguen presentando síntomas. La cifra de fallecidos esta semana ascendió a 169. La semana 20 es la que más casos se ha diagnosticado, es decir 3994, mientras que Julio es el mes con más diagnósticos, sobre los 11.000 casos y esta jornada (1/8) cierra con más casos diagnosticado 869.

La semana pasada expusimos los datos de Venezuela en relación a la región suramericana, en esta oportunidad lo haremos en relación al mundo. De acuerdo al “Informe Estadístico Covid 19” del Centro Venezolano de Estudios sobre China, de fecha 30 de julio, donde se abordan reportes de 211 territorios, nuestro país presenta los siguientes datos.

•             Ocupa el puesto 67 y posee el 0,10 % de los casos diagnosticados.

•             En cuanto a los casos activos, se encuentra en el puesto 54 y ha reportado el 0,11 % del total.

•             Está en el puesto 82 y ha reportado el 0,02 % de las personas fallecidas por el virus.

Tal como se afirmó la semana pasada, el panorama venezolano en relación a nuestro orbe es alentador, pues da cuenta de la labor como pueblo y la de nuestro gobierno bolivariano, pero hay seguir afinando las medidas de control de la pandemia.

Conmemoración de cumpleaños de Chávez.

El 28 de julio se conmemoró el nacimiento de comandante Hugo Chávez y desde distintas organizaciones y colectivos hubo manifestaciones por la ocasión. En el colectivo donde participo, la Escuela de Formación Política Hugo Chávez, publicamos la siguiente nota:

No ha habido un ser más especial en la historia reciente de Venezuela, que Hugo Chávez Frías.

Él nos devolvió a Bolívar, haciendo que recuperáramos nuestra conciencia histórica y permitiéndonos reencontrarnos como pueblos de América, Nuestra América.

Nos dio voz a los pobres, nos llenó de la fuerza vital que brotaba de su ser, para defender a los pueblos del mundo de las injusticias.

Quien no lo sintió, quien no lo escuchó, quien no lo miró, no entiende de lo que hablamos, pero quienes abrazamos su discurso y vivimos el frenesí del huracán bolivariano, hoy lo mantenemos vivo y es la moral, que nos sigue movilizando para no cansarnos de luchar.

Hoy más que nunca:

Yo soy Chávez,

Tú eres Chávez,

¡Nosotras y nosotros somos Chávez!

Seguimos invitando a las compañeros y compañeros de los pueblos del mundo a seguir conociendo su pensamiento y legado.

El camino a las elecciones parlamentarias.

Esta semana término la prorroga otorgada por las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) para la inscripción o modificación de datos en el Registro Electoral Permanente. Se espera que en los próximos días el ente anuncie los resultados, sin embargo, es claro que este proceso fue afectado por las medidas para el control de la pandemia, que en particular afectan la movilidad de las personas.

El ente comicial publicó el Reglamento Especial Elección de representantes indígenas, un instrumento clave. Como se recordará uno de los aspectos que contribuyo a la conflictividad en la legislatura que pronto culminará, fue la impugnación a los diputados indígenas del Estado Amazonas, sobre la cual el Tribunal Supremo de Justicia de pronunció y ordeno la realización de nuevas elecciones. De igual manera el CNE informó que coordina con el Ministerio del Poder Popular para la Salud, el establecimiento de un Plan Integral de Bioseguridad del Poder Electoral, que entre otros aspectos contemplan las medidas de prevención durante el evento electoral del mes próximo.

La presidenta del CNE Indira Alfonzo, se pronunció en relación a las postulaciones, indicando que las mismas deben garantizar a igualdad entre hombres y mujeres. En consecuencia, las organizaciones con fines políticos mantener la proporción del 50 % para cada sexo en sus postulados y postuladas.

El presidente Maduro instruyo para que el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) se encuentre con los otros factores políticos revolucionarios, de cara a la definir las candidaturas conjuntas que se desarrollarán en el marco del Gran Polo Patriótico. Mientras tanto, varios colectivos y organizaciones políticas que apoyan la revolución están desarrollando diálogos, para lanzar candidaturas alternas a esta alianza en algunos circuitos electorales. En el lado opositor pocas son las declaraciones sobre esta materia, pero las discusiones y las negociaciones se siguen dando, en dos vías: se participa o no y en caso de participar a quienes se postula y como se asume la unidad.

Breves para finalizar:

•             El 28 de este mes el canciller de la República denunció el desmantelamiento del Consulado de Venezuela en Bogotá y responsabilizo al gobierno colombiano de Iván Duque de no ofrecer las garantías de seguridad que establece la Convención de Viena, para resguardar los bienes y el personal diplomático en su territorio. Este evento se suma a una lista de agresiones a la dignidad diplomática de nuestra nación en otros países, como Brasil, Estados Unidos de América y Bolivia.

•             El Banco Central de Venezuela gano el derecho apelar en el Tribunal Superior de Londres, por el caso de la confiscación del oro venezolano bajo custodia del Banco de Inglaterra. Este es un paso más, en el largo proceso para evitar la confiscación de bienes de la Republica en el extranjero, en particular para revertir la ilegal decisión que le otorga control de una cantidad importante de oro al diputado Juan Guaido, quien de manera fraudulenta se asume presidente.

•             Esta semana hizo presencia en Venezuela una delegación de diplomáticos noruego para alentar en dialogo entre los líderes de la revolución bolivariana y la facción opositora liderada por Juan Guaidó. El Presidente Maduro se mostró receptivo y manifestó su total disposición, mientras que el diputado opositor sigue renuente a atender públicamente el llamado al dialogo.

Si desea comentar este texto, solicitar que se profundice en un tema o cualquier otro asunto relacionado, puede escribir al autor

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¿Va a conseguir un éxito?

Por Bruno Lima Rocha:
Análisis del contenido especulativo en la parte superior de la junta que puede estar llegando en Brasil

Divido este artículo en tres partes para un debate urgente, que pasó de estar en el universo de la imaginación a entrar en conjeturas especulativas.  En las últimas semanas la pregunta "¿habrá un golpe de estado?" se ha vuelto recurrente en varios debates. Y reconocemos que hay algo muy podrido en la República de Bananistáo. El siguiente texto está dedicado a especular sobre posibles maniobras de extrema derecha en el país. No me dedico a tratar de "dar línea" a través de Internet, considero esta posición pretenciosa e innecesaria, ya que tomo como sólo líneas posibles las que se toman en las decisiones colectivas dentro de los partidos, colectivos, movimientos y otros grupos más a la izquierda. Como dijo el Maestro Lupicínio Rodríguez, a los que tienen "nervios de acero", vamos al debate.

Primer debate - ¿Habrá un golpe de estado?

Quiero arriesgarme a la proyección de algunos escenarios. Reconozco el riesgo político de un golpe de Estado y digo, con cierto nivel de especulación, que es sólo el 20%, pero que puede caer en la incertidumbre frente a lo que ya no es posible planificar. Creo que la única manera de tener un golpe de Estado en Brasil hoy sería una especie de autogolpe protegido con el clan Bolsonaro a la cabeza y con el apoyo directo de las Fuerzas Armadas, mediada por los casi 3.000 militares que ocupan posiciones en la administración federal del actual desgobierno.

La fórmula de la autogestión no es nueva en América Latina (Bordaberry en Uruguay en 1973, Fujimori en Perú en 1992) y también en Brasil, con la implementación del Estado Novo en 1937. En las tres ocasiones, el líder civil golpista, incluido Vargas, tuvo el apoyo incondicional del alto mando de las fuerzas armadas, y ya se habían estado preparando para la toma parcial o total del poder estatal. Por lo tanto, al establecer un contingente de este tipo en la gestión directa de la Unión, el personal militar de carrera puede pensar que se siente dispuesto a asumir un gobierno, pero nunca más a asumir el control del Estado, como lo hicieron en 1964.

¿Qué tipo de motivación puede haber para un autogolpe dando lugar a un golpe de Estado, con Bolsonaro por delante, pero ante la presión y la protección de los generales de su gobierno? Veo como la única posibilidad la desaploma de la placa Bolsonaro-Mour'o, por el Tribunal Superior Electoral (TSE). No veo, si esta decisión se toma en el máximo tribunal electoral del país, posibilidades que el núcleo más duro del bolsonarismo acepte la resolución. Pronto, inmediatamente, sería necesario romper claramente la disciplina militar, ya sea por el Ejército Brasileño o incluso por sectores enteros de la Policía Militar en los estados, tal vez en estados clave (como Río, Sao Paulo o Minas Gerais), tal vez en el Distrito Federal (unidad de la federación que no considero defendible, si el gobierno distrital sigue siendo legalista) o, en el movimiento de un maestro, para sustituir algún gobierno estatal, Maranhao y Ceará).

Entre una decisión del TSE y alguna apelación presentada en la Corte Suprema nos enfrentaríamos a una escalada de movilización de fuerzas políticas, sociales, económicas (sí, porque parte del negocio que apoyó a Bolsonaro en 2018 se retiraría), con énfasis dentro de las gradas que comandan el poder judicial (incluidos los diputados), la policía (militarizada o civil) y el ejército. ¿Hay un ala legalista por encima de todo? ¿Hay generales, almirantes y brigadistas dispuestos a tomar las últimas consecuencias para asegurar la salida constitucional que sobrevivió al golpe con el apodo de impeachment de 2016? Sinceramente, no sé y sospecho que no existe. Al mismo tiempo, reconozco que a lo que se anuncia en los grandes portales que todavía se afirman periodísticos, esos puentes y relaciones de seguridad se estarían construyendo en todo momento.

Segundo debate: primer bloque de ansiedades

¿Pueden los militares más malos preceder a la toma del poder por parte de los generales de Bolsonaro? ¿Puede tal apartida de poder constituir un nuevo orden político de tipo semi parlamentario, que es fundamental para garantizar tanto la estabilidad de la república como la inmutabilidad de las relaciones de privilegio y acumulación de riqueza y recursos de poder? ¿Sería posible forjar una salida tan rápida en poco tiempo?  Si se aplica este supuesto semiparlamentismo, ¿es el modelo transferible al menos a los gobiernos estatales? ¿Cuál de los poderes fácticos de la república y los bloques de poder e intereses identificados y con la envergadura nacional estarían anticipando? Por ejemplo: en el anterior a 1964, el plan de contingencia sería un gobierno rebelde a la derecha con Magalhaes Pinto en Minas Gerais, cogobierno de la UDN con la milicia fascista.

Es por eso que el integralista general Olympio Morá Filho comenzó por Rio-Bahía para tomar Guanabara. Paratal, Magallanes, Lacerda y el invaluable Adhemar de Barros hicieron viajes a Washington, tomaron la bendición del difunto futuro John F. Kennedy y recibieron garantías de la embajada del Imperio de que recibirían refuerzo militar. No era necesario en ese momento. Por cierto, no tienes nada de eso. ¿El viro uniforme corre el riesgo hasta tal punto sin la garantía de apoyo explícito de los gringos? Una es la duda, pero las operaciones paralelas siempre se desarrollan en los Estados Unidos.

Crueles dudas y quitar el sueño - segundo bloque de angustia

Realmente lo admito y entiendo que nos enfrentamos a una escalada de riesgos políticos. Cuando Romero Jucá proclamó el arreglo de casi todo el mundo para salir de Lava Jato, trajo la idea de que sería "con el Supremo, con todo". Mientras tanto, en el cuartel, la milicia dijo que no interferiría. ¿Por qué no interferir? Señalo cuatro posibles razones: una es la cruzada moralista del tipo "revolución coloreada", en la que el viento a favor arrojó poder político en el regazo del Nosferatu Adhemarista, que traería un papel principal de generales muy inconscientes de la Comisión de la Verdad (tímida, incompleta y que no resultó en justicia transicional).

La segunda es la aparición de la legalidad, con los Washerers Made in U$A mintiendo y rodando en trajes, caras y bocas, con su lenguaje punitivita y el respaldo de gringos. Un tercero, porque había la apariencia de legalidad todo el tiempo, incluso cuando la Marreco da Republiqueta de Curitiba asumió todos los riesgos de fraude procesal, con el famoso “no tenemos pruebas, ¡pero tenemos convicciones!", dijo Danoninho en la red nacional. El cuarto y último es el factor inequívoco que, con emisiones en vivo y en color, Globo y otras emisoras transmitían las versiones contemporáneas de los fariseos, artistas, estafadores de todos los tamaños, mientras que los "chicos de Brasil", el MBL y otras excrecencias, gritaron por más "¡Marchas con 'dios' para la democracia del mercado y el fin de los derechos sociales!". Nada de esto sucede ahora, todo lo contrario, y esta ausencia sigue siendo un respiro.

El viralatismo uniformado está presente - tercer bloque de angustia

Por otro lado, el factor militar no estaba presente y menos aún la legitimación de 57 millones de votos para una mentalidad que no sabe lo que es gobernar. En el saldo de cuentas, incluso si es elegido, Bolsonaro gana el campeonato de crímenes de responsabilidad, comanda un ministerio de alucinaciones y se niega a gobernar durante la pandemia. Puede que nunca baje un 25% y nunca vuelva a superar el 30% de soporte. Estoy hablando de la posibilidad de autolesiones con el turno de la mesa y el régimen de fuerza con el impeachment de la placa por parte del TSE.  Este no es un caso de impeachment con Mour'o asumiendo una guambiara de tipo semiparlamentario y con algunos cardenales de la política, como Rodrigo Mais (DEM-RJ), dando las tarjetas y sirviendo como garante con los grupos de medios, la baronía financiera, las principales capitales que todavía operan en Brasil y el equilibrio cada vez más delicado entre las estancias por delante del aparato estatal , con carreras perennes.

¿Arriesgarían los generales, brigadieres y almirantes tomar el poder al estar al frente del poder ejecutivo, subordinando los otros poderes oficiales y fácticos del país? ¿Consolidaría la dictadura de 1964 un régimen con reglas autoritarias, si no fuera por la máquina agria del SNI y después de la Guerra Interna? Claro que no. Y como no hay nada de eso ahora, existe un riesgo real de asociación con el bolsonarismo, de complicidad de nada que haber hecho durante la pandemia.

Parte de Tercera - lo que implicaría una toma de poder por la fuerza de un autogolpe

Conjeturas de horror. Al decidir por el TSE, si hubiera una maniobra de auto golpe, el Distrito Federal, más específicamente, el Plan Piloto, tendría que estar bajo el estado de sitio, con toque de queda y dispositivo de tropas federales, subordinados al Comando Militar de la Meseta. Una imagen similar a la que ocurrió cuando la votación de Diretas Já fue tomada el 25 de abril de 1984. Pero en ese momento, ya había en el país lo que los clásicos de la transición política llamarían Diarquia, con los gobiernos estatales bajo el mando de la oposición, y en ese momento, el aparato de estas potencias subnacionales seguía intacto (incluidos los bancos y los instrumentos de política económica para emitir bonos y créditos).

Si hoy el país está más centralizado en la Unión, en los años 80 ya no era tanto, todavía bajo el mando de los palacios de los gobernadores una colección de instituciones importantes. El poder judicial y los centros penitenciarios se mantienen a nivel estatal, incluso en este último la policía civil y los departamentos del sistema penitenciario. Imaginando la crisis de las crisis, asumo la premisa de que la extrema derecha sólo correría el riesgo de un golpe si tuviera una certeza de la cadena de lealtades de los diputados, cuyos coroneles se subordinarían al mando del golpe y arrestarían a los gobernadores del Estado. Las potencias estarían rodeadas como en el golpe de Yeltsin contra el parlamento ruso en enero de 1994. Tanques y tropas de combate rodearían los palacios de las potencias federales y estatales, incluyendo los Tribunales de Justicia del estado. Al mismo tiempo, no podía comunicarse a los seguidores de la extrema derecha sólo a través de las redes sociales.

En el campo de los medios de comunicación, no basta con tuitear desesperadamente. Necesariamente tendrían que tomar estudios globo y afiliados, al menos el más grande, incluyendo las instalaciones de la estación líder en Río, Sao Paulo y Belo Horizonte. Al mismo tiempo, sería necesaria una alianza con los conglomerados de los medios de comunicación, como un grupo de redes fariseos y aquellos que "salen por todo por dinero". Inmediatamente, se debe imponer cierto sentido del orden, silenciando las oposiciones institucionales y reprimiendo voluntariamente los focos de la resistencia popular. Casi siempre esto no funciona si no tiene el apoyo de la población dispuesta a movilizar por los estafadores. Jango tenía más del 70% de apoyo en todas las clases, pero el estafador de derechas era ruidoso y tenía todo el viento a favor de las fracciones organizadas de las clases dominantes. El riesgo de "romper la jerarquía militar", con la sindicalización de soldados, cabos, sargentos y suboficos motivó la adhesión de las órdenes de tropas al putsch del 1 de abril de 1964. Ahora todo sería al revés.

Entiendo que el período inmediatamente después de esta loca aventura de pollos verdes, polluelos amarillos, fascistas en pijamas y otros fenómenos sería de mucha represión, pero también un caos y desgobierno abundante. Si comienza la baderna militar, su fin es el imponderable absoluto, pero necesariamente pasa por el control sobre los gobiernos estatales, el poder judicial en los estados y el mismo a nivel federal. También implica subalternizar a la policía judicial, a saber, la Policía Civil estatal y toda la poderosa Policía Federal.

¿Sería posible centralizar los poderes de la república en torno al poder ejecutivo federal y, al mismo tiempo, subalternar a los gobiernos subnacionales de estados y capitales al menos? Posiblemente no, pero eso no significa que sea absolutamente inviable y, menos aún, que los herederos decrépitos de Sylvio Frotta, Joao Paulo Burnier y Carlos Penna Botto no lo intenten y tal vez, por desgracia, tendrán éxito temporal.

Cualquier conclusión

No sé si tal medida puede tener éxito en maniobras tácticas, ni cuál sería el objetivo estratégico de "seguridad y desarrollo nacional", en las versiones más ponderadas de Golbery do Couto e Silva, o el supuesto "potenciómetro" de Carlos de Meira Mattos. La caricatura y la ridícula suma de la extrema derecha con entreguismo, el proto fascismo con mentalidad “Marielita miamera",y "Zeus, Jefe y Familia", con las fiestas de la ducha dorada allanamiento de cabeza, no trae ningún objetivo a largo plazo, excepto el desmantelamiento de las capacidades y recursos de nuestro país. 

Como dijo el difunto dictador Ernesto Geisel, "el golpe es algo muy serio". El golpe de estado tuvo en 1945, 1954, intento en 1955, 1957, 1959, victoria de los conspiradores de golpe con la enmienda parlamentaria en 1961, golpe de Estado en 1964, golpe de Estado dentro del golpe de Estado en 1967 - con la Constitución autoritaria y la posesión de un mariscal sucediendo a otro - y luego otro golpe dentro del golpe de Estado, el 13 de diciembre de 1968, con la AI-5. Pero, tomando el poder del estado, al menos hasta donde yo sé, tuvo lugar el 1 de abril de 1964, un mes más tarde, cuando el SNI se estableció como jefe de un sistema de vigilancia. Había un control del acceso a los puestos dentro del aparato estatal, es decir, la toma de control y censura dentro del estado, un acordeón que podría estirarse o apretarse.

Por mucho que haya control o cierta verticalidad dentro de los cuarteles con ropa de civil que ocupe miles de puestos en el desgobierno de bolsonaro, la situación es muy, pero muy distante del tipo de conspiración que la literatura de la ciencia política y la historia reciente nos demuestra exhaustivamente. Simplemente no lo veo como un gesto responsable de ignorar por completo la bravuconería y no asumir -por algún mecanismo de negación- que una parte de estas declaraciones no tienen ninguna capacidad para materializarse. Además, si los discursos amenazantes son de las autoridades constituidas, la idea "fantasiosa" se agota y termina como una proyección de posibilidades, con una baja proporción de que se realiza.

Por último, pido, sugiero e implore que todos los que se adentran más a la izquierda tomen este texto como una proyección de un posible futuro y se organicen a partir de lo que ya está constituido. Tenemos un tejido social profundo y cada vez más autoorganizado que nunca permitirá que el régimen se cierre a privilegios de extrema derecha y una escalada aún más represiva. Sin bravuconería y con los dos pies en el suelo: los pueblos del Brasil podrán resistir esta intención –si se produce– y avanzarán en derechos sociales, colectivos, individuales, difusos y avanzados, hacia una democracia participativa, llena de derechos y con justicia social y reparadora.

Bruno Lima Rocha es becario postdoctoral en economía política, doctor en ciencias políticas y profesor universitario en los cursos de Relaciones Internacionales, Periodismo y Derecho. Editor de canales de "Estrategia y Análisis, análisis político a la izquierda más a la izquierda".

Traducido al Español: Por Sylvia Ubal 

blimarocha@gmail.com

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Colombia duele

Por Carlos Flanagan:

La violencia que sigue instalada en Colombia desde hace décadas y la continuidad de los asesinatos de líderes sociales, sindicales y ex combatientes de la guerrilla luego y a pesar de los acuerdos de paz firmados, violentan toda conciencia democrática y de justicia.

En lo que a mi respecta, me duelen particularmente; ya que a algunas y algunos de ellos los pude conocer en instancias de encuentros internacionales en las últimas décadas.

La realidad colombiana vuelve a estar en las noticias a raíz del anuncio hace pocos días de Iván Márquez y algunos otros dirigentes de las FARC (Jesús Santrich y Hernán Darío Velázquez) de que, ante los incumplimientos por parte del gobierno de muchos aspectos de los acuerdos de paz y los reiterados asesinatos, retomaban la lucha armada (defensiva) nuevamente como Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC – EP).

Por otro lado, Rodrigo Londoño continúa presidiendo el partido político FARC (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común) creado en agosto del año 2017, luego de la firma de los acuerdos de paz en 2016, que rechazó enfáticamente la decisión hecha pública por Iván Márquez y reafirmó la apuesta por la paz y el cumplimiento de los compromisos emergentes del Acuerdo de Paz firmado.

El contexto histórico, formas y contenidos

Colombia es el país en nuestro continente con mayor continuidad democrática en el plano institucional con partidos políticos muy antiguos, como el Liberal (1848) y el Conservador (1849). Sólo tenemos partidos de similar antigüedad en Estados Unidos: Demócrata (1824) y Republicano (1854) y Uruguay (Colorado y Nacional ambos en 1836).

Sin embargo, desde hace muchas décadas esa “continuidad democrática pactada” de carácter formal, convive con una realidad social con un contenido de violencia inusitado.

Un caso emblemático fue sin duda el magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán; parlamentario que encabezó el ala de izquierda del Partido Liberal, siendo candidato presidencial en las elecciones de 1946 y seguramente próximo ganador de las siguientes elecciones en 1950.

El 9 de abril de 1948 es asesinado (un plan orquestado por la CIA). La respuesta fue el alzamiento popular llamado el “bogotazo” y de ahí en más se abre un capítulo histórico denominado “la violencia” en el cual en una década se estima que murieron entre 200.000 y 300.000 personas y emigraron más de 2 millones de personas (casi la quinta parte de la población de esa época).

En el ámbito rural imperaba la violencia de los terratenientes contra los campesinos, con el consiguiente desplazamiento forzoso y la usurpación de sus tierras.

Como respuesta a esta situación surgen a lo largo de los años distintas organizaciones de autodefensa campesina de diversos signos políticos; desde liberales hasta comunistas.

Por ende, el establecimiento de muchas zonas rurales liberadas, como la Marquetalia de Manuel Marulanda, “Tirofijo” o el nacimiento de las propias FARC en 1966, no es fruto de una casualidad, sino que por el contrario es una consecuencia histórica de todo este largo proceso de violencia.

Los acuerdos de paz; un largo proceso

Por los motivos arriba esbozados, el proceso de conversaciones fue largo y complejo.

Se inició con una ronda de diálogos entre la delegación del gobierno presidida por Juan Manuel Santos y la delegación de las FARC-EP que se dio en llamar Encuentro Exploratorio y tuvo lugar en La Habana entre el 23 de febrero y 26 de agosto de 2012.

Ese día se firmó un Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, ante delegados de la República de Cuba y el Reino de Noruega que de ahí en más se constituyeron en garantes del proceso.

La agenda pautada en este Acuerdo General indicaba la constitución de una Mesa de Conversaciones. La misma comenzó a sesionar en Oslo el 18 de octubre de 2012, para luego pasar a funcionar en La Habana durante cuatro años. En ese lapso se fueron abordando todos los puntos de la agenda de negociaciones para así llegar a la firma del “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera” el día 24 de agosto de 2016.

Se estableció que este Acuerdo debía ser sometido a ratificación mediante plebiscito, previsto para el 2 de octubre siguiente. El triunfo del no a su ratificación obligó a renegociar y volver a redactar algunos de sus artículos. Finalmente, el 24 de noviembre se procedió a la firma de las modificaciones realizadas. Y entre el 29 y 30 de noviembre fue aprobado el Acuerdo definitivo por la Cámara de Senadores y de Diputados.

A partir del 1º de diciembre de 2016 dio comienzo el proceso de desmovilización y entrega de las armas a la ONU que finalizó el 26 de setiembre de 2017 cuando la Primera Misión de Verificación de ONU culminó sus actividades. De esta forma se estaba en condiciones de iniciar la reincorporación social, económica y política a la vida civil por parte de los ex combatientes.

El cumplimiento de los Acuerdos

En agosto pasado, la Procuraduría General de la Nación Delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz emitió el primer informe al Congreso. Es un extenso documento de 344 páginas en el cual se aborda y analiza el estado de situación de seis puntos:

1)            Reforma rural integral.

2)            Participación política.

3)            Fin del conflicto.

4)            Solución al problema de drogas ilícitas.

5)            Sistema integral de verdad, justicia, reparación, y no repetición.

6)            Implementación, verificación y refrendación.

Se puede afirmar que en general los resultados obtenidos en los puntos mencionados han sido claramente insatisfactorios; sea por motivos de insuficientes recursos presupuestales dotados por el gobierno para la implementación de las medidas, la ausencia de informes periódicos de la implementación física y financiera de los términos del Acuerdo que diera por resultado hojas de ruta claramente definidas, la ausencia de indicadores en el PMI (Plan Marco de Implementación) o la descoordinación entre distintas instancias institucionales del Estado.

Sólo a modo de ejemplo en la reforma rural existe una gran lentitud en el otorgamiento de tierras a los solicitantes.

En la participación política los partidos de oposición consultados   denunciaron amenazas a sus miembros. No se dieron espacios adicionales en medios de comunicación por parte del Consejo Nacional Electoral según lo acordado. Es uno de los puntos que presenta mayor retraso en su ejecución.

Por su parte el partido político FARC (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común) tuvo una baja votación en las elecciones parlamentarias de 2018 (52.092 votos para la Cámara de Senadores y 32.636 para la Cámara de Representantes) que de por sí no le otorgaba ninguna banca. Sin embargo, por lo establecido en el Acuerdo de Paz, le correspondieron 5 bancas en cada Cámara.

Desde la firma del acuerdo a la fecha del informe, 134 ex integrantes de las FARC fueron asesinados. El 70% de esos asesinatos se perpetraron en territorios en donde se implementan programas para la seguridad producto de los Acuerdos de Paz.

En lo que respecta al encare del problema de las drogas ilícitas, se fracasó en la política de disminución de áreas de cultivo y de apoyo a las familias que decidieron abandonar esos cultivos.

En conclusión, los resultados hasta ahora en la implementación concreta de las disposiciones del Acuerdo de Paz son totalmente insuficientes. La violencia paramilitar continúa y sigue impune.

Una dolorosa escisión

El 29 de agosto, Iván Márquez – quien fuera jefe de la delegación de las FARC – EP durante el proceso de negociaciones para el Proceso de Paz, Senador designado en la cuota de 5 que le correspondía al Partido FARC, con paradero desconocido desde hacía un año, aparece en un video anunciando que junto a un grupo de dirigentes (Jesús Santrich, Romaña, el Paisa entre otros) y ante los incumplimientos del gobierno de los compromisos del Acuerdo de Paz decidieron retomar las armas (esta vez en una lucha defensiva) como FARC-EP.

El mismo día el Consejo Político Nacional del Partido FARC emitió un comunicado por el cual rechaza la decisión de esos exdirigentes, manifestando que “proclamar la lucha armada en la Colombia de hoy constituye una equivocación delirante” y que “los firmantes de la alocución rompieron públicamente con nuestro partido, protocolizaron su renuncia y asumieron las consecuencias de sus actos.”

Afirman que “es cierto que el cumplimiento de los Acuerdos por parte del Estado marcha a paso paquidérmico, y que los reincorporados hemos pasado por serias dificultades en distintos sentidos. Nadie niega que existan importantes sectores e intereses que trabajan incesantemente contra lo pactado. Pero los revolucionarios enfrentamos la adversidad con optimismo, valoramos altamente la palabra empeñada y no renunciamos a nuestros objetivos por duro que sea el camino.” 

Tal como lo señalamos en el capítulo anterior, del propio detallado informe de la Procuraduría General de la Nación Delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz surge de manera inequívoca y por diversos motivos explicitados en él, la lentitud en el cumplimiento de los planes emergentes del Acuerdo.

Si bien podría entenderse que ante este panorama de incumplimientos un grupo de ex dirigentes guerrilleros, agotada su paciencia, hayan entendido que no hay más alternativa que volver a las armas, la gravedad del tema en cuestión y sus posibles consecuencias ameritan un análisis sereno y detenido.

Lo primero a considerar es que es un diferendo doloroso entre compañeros; militantes revolucionarios honestos y convencidos en sus posturas.

Muchos medios de la derecha no tardarán en catalogar de una forma aparentemente simplista (pero maquiavélica en el fondo) este diferendo como “entre malos y buenos”.

Consideramos que la actitud de volver a empuñar las armas puede entenderse, pero no justificarse, por varias razones.

Luego de décadas de enfrentamiento armado tanto el gobierno colombiano como las FARC-EP llegaron a la conclusión de que ninguno de los dos podía llegar a triunfar por la vía militar; lo que evidenció la necesidad de iniciar un diálogo conducente a un proceso de abordaje de una agenda temática hacia un acuerdo que pusiera fin a las hostilidades y abriera las perspectivas de paz con reinserción social y política.

Cabe preguntarse entonces, ¿a quién beneficia políticamente esta decisión de volver a las armas?

Sin duda alguna al presidente Iván Duque y a toda la oligarquía colombiana.

Duque es un títere de Álvaro Uribe Vélez quien con el apoyo de Estados Unidos mueve los hilos de su política guerrerista y de apoyo a los paramilitares con objetivos muy claros:

•             que Colombia sea, encabezando el Grupo de Lima, el contrapeso de derecha funcional al imperialismo de todo gobierno progresista en el continente. Una suerte de Israel en América del Sur.

•             Ser la plataforma de lanzamiento de una provocación armada contra Venezuela, posiblemente en la zona fronteriza. Duque ya está preparando el terreno cuando no perdió tiempo en acusar al presidente Nicolás Maduro de encubrir al grupo guerrilleros de Iván Márquez. No sería de extrañar que mediante el expediente de “falsos positivos” - método que tanto conocen y aplican los servicios colombianos – les dé el pretexto para ingresar en territorio venezolano.

Para ello posiblemente cuenten y contarán con el silencio cómplice de la OEA y en particular de su Secretario General Luis Almagro.

El deber de defender la paz.

Será tarea de los países democráticos y progresistas plantear en los organismos internacionales la necesidad de que el gobierno colombiano acelere y garantice el cumplimiento de las tareas previstas en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera y ofrecer los buenos oficios de acompañamiento de la comunidad internacional para ello.

Ahora bien; hay una tarea que es materia privativa del pueblo colombiano: la paciente construcción de la unidad.

Por un lado, la unidad del movimiento social, del movimiento sindical.

Pero además trabajar duro en pos de un acuerdo de unidad de todos los partidos de izquierda y progresistas en base a un programa mínimo de consensos políticos contra el neoliberalismo, por la justicia social, una política exterior soberana y en defensa del proceso de paz.

Es la hora de que las fuerzas políticas se den la oportunidad de debatir fraternalmente sobre lo que los une a corto y mediano plazo en aras de poder caminar juntos.

Y por una vez hacer el ejercicio de dejar de lado por un momento las eternas discusiones sobre diferencias filosóficas de corte finalista a las que la izquierda lamentablemente ha sido y es tan afín en todo tiempo y lugar.

Sólo así podrán acumular fuerzas y afrontar juntos próximas instancias electorales con posibilidades de lograr el triunfo que el pueblo colombiano espera y merece. -

carlos.flanagan@gmail.com

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A un año de los Acuerdos de Paz de La Habana. ¿Cuáles Acuerdos?

Por Tony López R. (*):

Colombia

En la noche del pasado viernes 24 de noviembre, se celebró en el Teatro Colón,  el primer  año de la firma de los Acuerdos de Paz, negociados en La Habana, entre la delegación del Gobierno presidido por Juan Manuel Santos Calderón,  y  las Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia –Ejército del Pueblo (FARC-EP) comandadas por Rodrigo Londoño Echeverry, quienes volvieron a encontrarse  y  motivó  las excusas del primero por los incumplimientos a la implementación de los Acuerdos de Paz y los firmes reclamos del segundo, por el engaño del que han sido objeto, no solo  la fuerza guerrillera, sino también  la sociedad colombiana y la comunidad internacional, que clama y exige el cumplimiento de los Acuerdos, que permita una paz estable y duradera.

El presidente Santos Calderón, asumió públicamente la responsabilidad de los incumplimientos y admitió  errores en la implementación de los acuerdos y se comprometió a que trabajarían día y noche para solventar la crisis provocada por esos desatinos. Londoño Echeverry por su parte hizo una fuerte denuncia contra los poderes Judiciales y Legislativos, especialmente contra la Fiscalía, la Corte Constitucional y el Congreso.

La Fiscalía ha introducido  modificaciones al acuerdo aprobado sobre la Justicia Transicional, que establece los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición  que incluía el juzgamiento de todos los agentes del Estado,  civiles que hayan financiado y/o  cómplices del paramilitarismo  y guerrilleros.

Estas  modificaciones  presentadas al Congreso, fueron ajustadas  a los intereses del sistema  y  lo aprobado el pasado miércoles 15 por el parlamento y sancionado la misma noche por la Corte Constitucional,  solo serán juzgados los guerrilleros. Quedaron eximidos de toda culpa los militares, otros agentes del Estado, civiles cómplices del financiamiento al paramilitarismo y al sicariato. Un ejercicio parlamentario para dejar en la impunidad los crímenes de guerra cometido contra la población civil y jóvenes inocentes como la muy documentada participación de la fuerza pública  en los llamados, “falsos-positivos.”

Lo más grave de todo este despropósito estriba en lo sancionado por la Corte Constitucional, la que meses antes había, aprobado el absoluto blindaje de los Acuerdos de Paz de La Habana y que luego de los cambios en dicha institución, por nuevos magistrados, hayan procedido a modificar lo ya acordado. Es evidente la motivación política e ideológica que ha llevado a tal aberración, jurídica y política, donde lógicamente existe un componente de complicidad del Gobierno, aunque el mismo Jefe de Estado, aduzca que hay errores y desatinos en los incumplimientos y errores.

Las pláticas iniciales entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP comenzaron en La Habana en febrero del 2012, por petición de las partes al Gobierno cubano,  cuyo objetivo era establecer los principios, normas y las base políticas para comenzar los diálogos, así como  las condiciones prácticas, que permitieran establecer la Mesa  de Dialogo. 

El 19 de octubre de 2012 fue instalada  en Oslo, Noruega, la Mesa de Diálogo de Paz, entre el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos Calderón y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejercito del Pueblo. (FARC-EP)  Con la presencia de las delegaciones gubernamentales de Cuba y Noruega como garantes y de los países acompañantes Venezuela y Chile, se dio  inicio  a  este  proceso de diálogo, formalizándolo oficialmente y ante la opinión pública mundial, toda vez que en las conversaciones preliminares que se venían desarrollando en La Habana, se había logrado llegar a el  “Acuerdo  General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”.

Pero tomando en cuenta lo que ha venido sucediendo en Colombia, al parecer, el Acuerdo General  para darle fin al conflicto y lograr la paz estable y duradera está  seriamente obstaculizado por una poderosa oligarquía y sectores de derecha que  niega a su pueblo  paz, justicia y un orden social justo. 

A un año de firmado los Acuerdos que fueron  refrendados en noviembre  del pasado año por el Congreso de la Nación, la situación es crítica y tiende a complicarse porque, el próximo 30 de noviembre termina el método del Fast Tras que se utiliza en el parlamento para agilizar la aprobación de los Acuerdos.

Dentro de los incumplimientos por parte del Gobierno y de la Justicia está  el hecho de que antes de finalizar la entrega de armas, tenían  que haber excarcelado a todos los miembros de las FARC en prisión, hoy quedan sin ese beneficio 1000 guerrilleros presos. En este periodo  más de 140 líderes campesinos, sociales y comunitarios  y  cerca de 40  ex guerrilleros y familiares han sido asesinados por parte de la fuerza pública y los paramilitares.

La erradicación del paramilitarismo y su procedimiento jurídico y penal, fue uno de los Acuerdos, este lejos de cumplirse, el paramilitarismo ha ocupado las zonas donde antes operaba la guerrilla de las FARC,  asesinan y destierran  quienes ellos consideraban colaboradores de la insurgencia. Tema sensible, porque sin la eliminación del paramilitarismo, será muy complicado el accionar político del nuevo Partido, cuyos miembros son antiguos guerrilleros.

Una de las causas que originó el conflicto armado en Colombia fue el tema de la tierra  y uno de los Acuerdos firmados dejaba claramente establecido que el Estado pondría a disposición  10 millones de hectáreas  y a estas alturas, no hay una sola norma aprobada para garantizar, este que fue el primer Punto de la Agenda discutida en La Habana y mucho menos las tierras destinadas a la sustitución de cultivos ilícito (coca y amapola).

Sí tomamos nota, solo de algunos del más importante incumplimiento de los Acuerdos de Paz de La Habana, bien cabe  la interrogante de: ¿Cuáles Acuerdos?.

Pero como bien me comentó un importante luchador por la paz en Colombia, y cito “Sin duda entre bambalinas se moverán acuerdos, arreglos o pactos secretos inter-oligárquicos y entre estas oligárquicas y el imperio, con la pretensión de impedir la posibilidad de cumplir lo pactado en la Habana, pero estos finalmente no podrán evitar que se desencadene un desajuste profundo dentro del sistema, empujado, claro está  por el desarrollo político de los variables procesos sociales contestatarios del país, que creo también van a enmarcarse dentro de la generación e impulso de un proceso constituyente popular”.

Es exactamente lo que se requiere en Colombia, una Asamblea Nacional Constituyente Corporativa y que los Acuerdos de La Habana sean sometido a ella, de ese modo se convertirá en una política de Estado, porque los Acuerdos firmados el pasado 24 de noviembre del 2016 solo responden a un acuerdo del actual Gobierno, que puede ser modificado o no reconocido por el nuevo gobierno que asuma la conducción del país el 7 de agosto del 2018. 

(*) Periodista, politólogo y analista internacional.

jorgarcia726@gmail.com

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