Por Tony López
R (*):
Las declaraciones del
presidente Juan Manuel Santos Calderón
sobre Venezuela al
afirmar que el éxodo de venezolanos hacia Colombia es el más grave
problema que tiene su Gobierno, es casi como un chiste o parece una
mediocre declaración de un operador político de medio pelo y no la de un Jefe de Estado.
Al hacer tal afirmación el Presidente está desconociendo,
que más bien Venezuela es la que debía haberse preocupado por la migración de
cerca de 3 y medio millón de colombianos hacia Venezuela durante los últimos
gobiernos presididos por el conservador
Andrés Pastrana, el ultra derechista Álvaro Uribe y durante sus dos mandatos que
concluyen el próximo 7 de agosto.
Los problemas más grave de Colombia no pasan por la
cacareada migración de venezolanos hacia Colombia, sino por la grave crisis
económica que vive esa Nación y que tiene en el desempleo uno de sus más serios
problemas, que aunque oficialmente, lo
ubican en un 10 por ciento o sea un poco
más de 3,5 millones de desempleados, otras entidades y Centros de Estudios
Políticos y Sociales, incluidos los vinculados a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) señalan
que el desempleo en Colombia fluctúa entre un 18 a un 20 por ciento.
Santos debía preocuparse por la grave crisis que en la
actualidad tiene el sector campesino y que amenaza con un gran paro y exigirle
que cumpla con los acuerdos contraídos con ellos.
Le debía preocupar
la gravísima crisis con el incumplimiento de los Acuerdos a La Habana,
engañando no solo a su pueblo, a la Comunidad Internacional, a los países
garantes y observadores, a las Naciones Unidas y al Consejo de Seguridad, en un
tema tan importante para Colombia y América Latina y el Caribe como es la paz
en su país y la región. Pues aunque lo quieran ocultar es muy claro que
Colombia está hoy lejos de alcanzar la
anhelada paz, de lo contrario no se estuvieran produciendo el accionar criminal
del paramilitarismo con el evidente apoyo de sectores de extrema derecha, políticos, empresarios,
latifundistas, narcotraficantes, sino como explicar que desde que se firmaron
los Acuerdos de Paz, se hayan producido el asesinato de más de 50 ex
guerrilleros, 150 dirigentes populares y comunales, y que los paramilitares
hayan ocupado los territorios que antes ocuparan la guerrilla de las FARC.
De acuerdo al artículo publicado por Rebelión este 13 de marzo
bajo el título: “De que
posconflicto hablan los señores de Estado
y señalan: “En los últimos cuatro años se registran 18 desapariciones
forzadas, 126 asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos, 560
agresiones individuales, 532 asesinatos y 2.374 amenazas, 305 atentados, 171
detenciones arbitrarias. En el año 2017 se registran: 126 asesinatos de
defensores y defensoras de derechos humanos, 560 agresiones individuales. En
los 64 días del año 2018 han sido asesinados 14 dirigentes sociales y llegan a
decenas las amenazas”.
Está carencia de seguridad ciudadana arriba apuntada,
demuestra que este si es un grave problema para el Gobierno colombiano, pues se
asoma la existencia de una política de terrorismo de Estado.
Otro de los graves problemas que tiene el gobierno
colombiano, es el asentamiento de siete o más bases militares del Ejército de
los Estado Unidos en su territorio y que pueden ser utilizadas contra
cualquier país de la región y que hoy
apuntan contra Venezuela.
El esclarecimiento por parte del Gobierno colombiano y la Fiscalía General de la República a la Corte Penal Internacional del asesinato
de un poco más de 3000 jóvenes colombianos, víctima de la llamada política de
falsos-positivos, cometidas por agentes del Estado, durante el gobierno de
Uribe Vélez y Santos como ministro de Defensa. Este es unos serios problemas y
los familiares de las victimas están pidiendo justicia.
Con las declaraciones del Presidente colombiano sobre
Venezuela, es evidente que se ha convertido en el operador político de Estados
Unidos para crear las condiciones que permitan la intervención militar en ese
país hermano.
Es evidente que el presidente Santos Calderón y su
estrategia es la de acallar sus graves problemas internos y atizar la
confrontación interna en su vecino país, en función de crear las condiciones
que permitan la intervención “humanitaria“, de una coalición militar apoyada por la OEA, derrocar al gobierno
legítimamente constituido de Nicolás Maduro y establecer el gobierno
“democrático” al servicio de los Estados Unidos.
(*) Periodista,
politólogo y analista internacional
