La Moneda les declara la guerra a los mapuches

Por Juan Pablo Cárdenas S.:

No es extraño que la primera gira a regiones del nuevo ministro del Interior haya sido precisamente a la Araucanía. De un viaje relámpago, trascendió que Víctor Pérez se reunió con autoridades locales, con las cúpulas uniformadas y también se esforzó por llevarle un mensaje de aliento a los sectores civiles que más demandan la mano dura del Gobierno para hacer frente a la insurrección mapuche.

Tal es así que terminada su visita a Temuco se organizó una hueste de empresarios agrícolas, forestales y otros quienes desalojaron con inédita violencia a los mapuches que habían ocupado el Municipio de Curacautín en solidaridad con su machi Celestino Córdoba, en huelga de hambre desde hace varios meses. Actos de extrema virulencia física y consignas racistas se sucedieron también en localidades como Ercilla y Traiguén que culminaron con decenas de detenidos y heridos, incluidos varios niños indígenas.

La propia Comisión Nacional de DDHH ha condenado la inusitada represión policial  que siguió en el sur del país apenas juró en nuevo jede de Gabinete de Sebastián Piñera, un político de ultraderecha  que formó parte en el pasado del más extremo pinochetismo  y que en tres décadas no ha dejado de alabar la acción de la Dictadura, defender a ultranza la Constitución de 1980, así como se sabe que estuvo vinculado a lo que fue Colonia Dignidad, el enclave nazi fundado y dirigido por un criminal como Paul Schaffer, junto al que se ve el nuevo ministro desfilando en algunas fotografías de la época.

Estas primeras acciones de agresión contra nuestra principal etnia, nos convence que La Moneda ha decidido encarar con fiereza la protesta mapuche que ciertamente ha retomado su lucha por su autonomía o su independencia respecto de un Estado que lo ha privado de sus derechos más elementales en la que se asume la zona más pobre del país. Quizás en nuevo ministro piense que, ahora sí, los mapuches tendrán que someterse completamente y renunciar a cinco siglos de lucha contra los invasores que han ocupado sus ancestrales y legítimos territorios. Mediante una guerra colonialista y de exterminio que se constituye en uno de los episodios más bochornosos y cruentos de toda nuestra historia nacional y regional.

Seguramente, lo que no calcula el Secretario de Estado es que la causa mapuche ya no es solo una demanda de una etnia sino uno de los sentimientos que concita mayor respaldo e identidad en todo el pueblo chileno. Tanto así que la llamada explosión social, que sacó a millones de chilenos a las calles de todo el país en octubre pasado, exhibió dentro de sus principales banderas y estandartes las del pueblo mapuche, convirtiendo su pabellón en el principal símbolo de la dignidad y resistencia de todo el pueblo discriminado y abusado por el estado chileno, su constitución y mandamases.

Por cierto, que La Moneda calcula que las fuerzas militares y de orden pueden reeditar episodios tan trágicos como la criminal “Pacificación de la Araucanía” del siglo pasado sin considerar, por supuesto, que la causa mapuche puede encender rápidamente al país de norte a sur y constituirse en el principal detonante del desmoronamiento de la institucionalidad vigente y su pretendido Estado de Derecho. Conduciendo al país a un grave conflicto en momentos, además, que la adhesión ciudadana al Gobierno apenas sobrepasa el 10 por ciento. Una cifra que se explica en los fracasos reiterados de la actual administración como en el pésimo desempeño de las autoridades frente a la pandemia del coronavirus.

Una embestida que podría ser temeraria para las pretensiones de toda la derecha, el gran empresariado nacional y los inversionistas extranjeros. Toda vez que en el mundo ya se conocen los resbalones del actual mandatario, se simpatiza universalmente con las vindicaciones mapuches y ahora observa de forma atónita como uno los más incondicionales pinochetistas y amigos de Paul Sheaffer ingresa a La Moneda. Sin vergüenza o autocrítica alguna.

Tampoco la cruzada alentada por el ministro del Interior tiene visos de comprometer íntegramente al mundo uniformado, cuando se sabe que el gran número de estos efectivos pertenece a la etnia mapuche que hoy produce más orgullo que menoscabo dentro de la población chilena, reconociéndose de forma tan amplia el legado cultural y el arrojo de los primeros habitantes del país. Ya sabemos que la sensibilidad alemana y europea ha hecho sonar sus primeras alertas de lo que puede ser un enfriamiento de sus gobiernos con Chile, nuestros gobernantes y un régimen político cada vez más en entredicho.

Pese a su dilatada trayectoria parlamentaria, el ministro Pérez parece tener confianza en que oponer mano dura a la demanda mapuche podría ocasionarle unidad a la esmirriada y dividida derecha, como despertar los sentimientos nacionalistas en la izquierda. Pero al menos en lo que se consideran opositores, lo más natural sería que desde el centro hacia la izquierda una acción descabellada en la Araucanía produciría más unidad y protestas sociales. Y un triunfo más contundente de quienes se proponen en el plebiscito de octubre próximo derogar la Carta Magna que nos rige dando paso a una convención constituyente elegida íntegramente por el pueblo.

Parece extraño que Sebastián Piñera no haya aludido como habría correspondido a la grave situación de la Araucanía en su última cuenta pública ante el Parlamento. No tenemos certeza alguna de que él esté detrás de las bravuconerías de su flamante jefe de gabinete en relación a un tema que concita alta atención pública. Pero esto, más que la posibilidad de un desacuerdo dentro de su gobierno, puede ratificar que su papel en La Moneda es la de un “presidente encargado” más que de un gobernante con real liderazgo. Verdaderamente maniatado por los sectores que le dieron un nuevo golpe a su gabinete ministerial.

juanpablo.cardenas.s@gmail.com

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Los que sobran en Chile

Por Juan Pablo Cárdenas S.

Nadie o muy pocos en 1973 pudieron suponer que la dictadura de Pinochet se prolongaría por largos 17 años. Muchos menos que su Constitución, ilegítima en su origen y contenido, como se decía, mantuviera vigencia por más de treinta años. Es evidente que el cruento Golpe de Estado abrió cauce a un cambio revolucionario en nuestra historia, consolidando hasta nuestros días un orden político, económico y cultural que recién empieza a desmoronarse con la Explosión Social, pero que nos tiene a todos en ascuas respecto de lo que pueda venir.

La existencia de un régimen marcado por la desigualdad y los abusos de los sectores dominantes es la causa de una nueva revolución, pero surgida esta vez desde el seno del pueblo y sus organizaciones y no desde el gran empresariado, la clase política o la casta militar. Un furioso descontento que se propone derribar todo el andamiaje institucional para construir no se sabe a ciencia cierta qué, aunque la protesta tenga ideas fuerza que bien pudieran llegar a plasmarse en un régimen que marque un después más promisorio que el que ha condenado a la enorme mayoría de los chilenos a vivir con severas carencias y el yugo de la opresión y desesperanza.

Algunos creen que el itinerario acordado por la clase política puede llevarnos a una asamblea constituyente y a una nueva Carta Fundamental, lo que podría ser posible. Pero ya se ve que lo que más le apura al pueblo son las reformas sociales que deriven, por ejemplo, en un nuevo sistema previsional, una nueva distribución del ingreso, una profunda reforma educacional y la recuperación de la soberanía nacional en el control de la minería y las riquezas fundamentales del país usurpadas por las transnacionales que pueblan todo nuestro territorio.

Por ello es que este proceso no tolera que un Sebastián Piñera se proponga seguir en La Moneda, toda vez que lo que sigue haciendo es sortear las demandas con propuestas cosméticas que verdaderamente no atacan el sistema de AFP, de ISAPRES y ni siquiera se proponen una reforma tributaria que le exija a los más ricos financiar las justas y tan postergadas exigencias de los pobres y de la clase media. El actual mandatario es un empresario y multimillonario, no es un líder popular e incluso carece de la más mínima sensibilidad social.

Pero tampoco es posible que en el Parlamento haya quienes tengan la capacidad de enrielar las manifestaciones y protestas, aunque sea a objeto de salvarse o darle continuidad a sus revenidos partidos y agrupaciones. Cuando todos sabemos que ellos han jurado acatar la Constitución y las leyes injustas, al mismo tiempo que han hecho de comparsas de los gobiernos a la hora de fijar los reajustes de remuneraciones, aprobar tratados de libre comercio indecorosos para Chile e, incluso, soslayar por tantos años reformas que bien pudieron haberse impuesto a pesar de la renuencia del Ejecutivo. No solo del actual Gobierno si no de los que ellos mismos integraron.

Realmente sería hipócrita emprenderlas solo contra La Moneda si se asume que toda la postdictadura ha estado marcada por los atropellos contra la nación de parte de los sucesivos gobernantes. O si consideramos los episodios de corrupción que han involucrado transversalmente a la clase política, permitiendo y hasta alentando con ello los desfalcos del empresariado y de las Fuerzas Armadas, como ahora de las policías, especialmente de Carabineros. Una institución que parece cebada, otra vez, con la sangre de los mapuches, de los jóvenes y los pobres, a juzgar por los horrores cometidos en los últimos meses y que han sido repudiados por el mundo entero.

Cómo quisiéramos que en el plebiscito de abril se resolviera por una enorme mayoría el término de la actual Constitución y luego se eligiera a los más idóneos para convocarse y redactar una nueva Carta Magna. Lo que menos deseamos es que el estado de violencia siga prolongándose y lamentando la pérdida de más vidas humanas, el descalabro de las ciudades y la destrucción de nuestro patrimonio público y privado. Sin embargo, desde hace tiempo es que sospechamos que algunos actos violentistas son acicateados por la derecha, los servicios represivos y los infiltrados que siempre llegan al movimiento social, incluso a la primera línea de las protestas.

El atentado al Museo de Violeta Parra y otros despropósitos nos hablan, justamente, de la acción de estos desquiciados que bien pueden servirle de excusa al conjunto de la clase política para cerrar filas e incluso ausentarse del Senado para dejar sin efecto la acusación constitucional contra el Intendente de Santiago, responsable directo de la horrorosa represión en la Plaza de la Dignidad, como del “copamiento” de las calles para impedir el derecho de reunión de los chilenos. La ausencia de algunos senadores de “izquierda” a la sesión en que se debía condenar e inhabilitar a la autoridad capitalina resultó un acto bochornoso que habla de la complicidad de políticos y partidos en la mantención del orden establecido y represivo.

Extraña sobremanera que desde la explosión del 18 de octubre no haya todavía un solo senador o diputado de la República que haya renunciado a su cargo, como a sus imposturas y privilegios, aunque si consta que Piñera ha debido lamentar el retiro voluntario de varios de sus colaboradores. Por el contrario, antes del inicio de su período de vacaciones, varios de éstos se encontraban en los más distintos destinos del planeta, particularmente en los Estados Unidos y Marruecos, un reino despótico que acostumbra todos los años invitar a varios legisladores de nuestro país a conocer y disfrutar de los encantos de sus balnearios.

En marzo, como lo suponemos, se reinicia con bríos la protesta social, las tomas de establecimientos educacionales, los paros y las más audaces formas de sabotaje a las industrias, bancos y empresas. También es muy posible que vuelvan los bloqueos de caminos y carreteras, además de que se intensifique la lucha mapuche. Si ello ocurre, no hay duda que todo será de responsabilidad de la contumacia política de quienes quieren permanecer contra viento y marea en sus cargos, pese a su enorme descrédito y pérdida de adhesión social y legitimidad. Lo que les correspondía al gobierno y el parlamento era aprovechar la época estival para convenir y programar su retiro o, si estuviéramos todavía en posibilidad, proponerse con urgencia implementar una agenda social de transformaciones realmente en serio.

Los culpables no serán los abusados, sino los abusadores. No serán los pobres, los jóvenes y marginados, sino los ricos y poderosos que constituyen menos del 0.5 por ciento del país. Ni siquiera son los saqueadores de farmacias, tiendas comerciales y otras, sino las clases opresoras representadas por La Moneda, el Poder Legislativo, los jueces abyectos y el conjunto de las instituciones del Estado que, como la misma Contraloría General de la República son tan responsables de las inequidades e iniquidades que explican y legitiman la Explosión Social.

Para inhibir la protesta, se especula que los chilenos tienen miedo y las cámaras de televisión encienden sus luces para dar cuenta de quienes parecen abrumados por la violencia. Pero de lo que tendrán que convencerse es que los pueblos finalmente se sacuden del miedo y nada los detiene, en la convicción que nada puede ser peor de lo que han padecido.

“Que se vayan todos” dice uno de los carteles más reproducidos en las calles y las redes sociales.  Si de democracia se trata, una nueva Constitución debiera contemplar entre sus cláusulas la revocación del mandato de aquellas autoridades que incumplen lo cometido, se corrompen en el poder y renuncian a ser verdaderamente mandatarios de lo que quiere el pueblo. Una disposición así nos habría librado de un buen número de delincuentes de cuello y corbata, asesinos y saqueadores que han alcanzado el poder y, para colmo, a algunos ellos nuestra historia les rinde tributo.

juanpablo.cardenas.s@gmail.com

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