Por: Tony López R.:
Me comentaba un amigo colombiano que la aristocracia y las
élites oligárquicas de su país, se vanaglorian de que, en América Latina,
Colombia, es el país del respeto a las leyes y la democracia, porque honran los
principios de Estado Nación que proclamó Francisco de Paula Santander. Valorado
en su esencia y en lo que hoy acontece en esa bella tierra neogranadina, parece
todo lo contrario y los hechos son los que confirman las palabras.
No parece que el gobierno de Iván Duque honre mucho las
leyes, tomemos en cuenta las denuncias de los senadores Iván Cepeda y Antonio
Sanguino contra el gobierno del presidente Duque de violar la Constitución y la
ley, al permitir sin la debida aprobación del Senado de la Nación, el ingreso
de Fuerzas Militares extranjeras a territorio colombiano.
Los congresistas se refieren, al ingreso de 800 efectivos de
la 82 División Aerotransportada y a la orden del Tribunal Departamental de
Cundinamarca, librada por una jueza de esa jurisdicción, que decretó suspender
las acciones de dichos militares y se iniciaran los trámites legales con el
Senado. A dicha denuncia y orden el
ministerio de Defensa, emitió un comunicado que dice que “el gobierno en este
caso no tiene que hacer ningún trámite con el Senado”. Una respuesta de un
gobierno que se siente impune y autoritario, desconociendo las leyes.
Mucho menos se respeta la ley, cuando se denuncia y es
público que los militares estadounidenses no han venido a Colombia a luchar
contra el narcotráfico, es un secreto a voces, que están preparando y
entrenando mercenarios y paramilitares, para ejecutar los planes de agresión a
Venezuela, según lo ha denunciado públicamente el presidente Maduro y agencias
de prensa en Venezuela y Colombia.
Tengan en cuenta que estas unidades gringas están ubicadas
en la frontera colombo-venezolana, en los departamentos de Santander del Norte
(Catatumbo) y Arauca (Saravena, Arauquita y Tibú), territorio que no se conocen
como zonas cocaleras.
De otra parte, el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas emitió la Resolución 2532 instando a los países miembros donde exista un conflicto armado, procurar
un alto al fuego para contribuir a combatir la Pandemia que azota a la
humanidad y ayudar a los países más vulnerables.
Basado en tal Resolución el Ejército de Liberación Nacional
(ELN) propuso un alto al fuego bilateral por 90 días, pero el gobierno del
señor Duque, se negó acatar dicha resolución y deja evidenciada sus posiciones
antidemocráticas de continuar la guerra y alentar la despiadada violencia que
azota a ese hermano pueblo.
Con relación a la propuesta del ELN de cese bilateral de
fuego, el presidente Duque, se negó aceptar la propuesta bajo el siguiente
argumento: “nuestro gobierno no dejará de cumplir el deber constitucional de
enfrentar la criminalidad en todo el territorio”.
La opinión publica colombiana conoce que ese es un falso
argumento, si fuera cierto que combate a la criminalidad, ya hubieran eliminado
a las bandas de paramilitares y sicarios, que desde que Duque asumió la
presidencia el 7 de agosto del 2018, han asesinado a más de 700 líderes y
lideresas sociales afrodescendientes e indígenas y 175 ex combatientes de las
FARC.
En relación al ELN, el gobierno a cometido un muy grave
error y pretende que se violen acuerdos y protocolos de carácter internacional,
cuando ha solicitado la extradición de los delegados de esta organización, que
llevan esperando desde agosto del
2018, que la delegación del gobierno de
Duque viaje a La Habana e iniciar las conversaciones, suspendidas por el cambio
de sede, de Ecuador a Cuba, cambio solicitado a La Habana por el Estado
colombiano y aceptado por Cuba y los países garantes como Noruega y los
acompañantes Venezuela, Chile y Brasil.
El cumplimiento de este protocolo para que las partes en
conflicto gobierno-insurgencia, busquen una solución de paz, no se puede
violar, porque están totalmente refrendados por los países arriba mencionados y
con pleno apoyo de las NN. UU y de su Consejo de Seguridad. La solicitud
extraditar a los miembros de dicha delegación contraviene todo lo pactado y
Cuba ni los países firmantes pueden acceder a tal acción ilegal, pero sí sirvió
a Estados Unidos para utilizarla en su política contra Cuba, acción de la cual
se hizo cómplice el gobierno de Duque.
Otro de los incumplimientos y antidemocráticas conductas lo
representa la impune actuación del Gobierno de Duque, al no cumplir con los
Acuerdos de Paz de La Habana. La sociedad colombiana, había acogido dichos
acuerdos como un gran triunfo político, social y económico para su pueblo. Pero
lo que fue un sueño, se ha convertido en una pesadilla para la sociedad
colombiana, sueños aplastados por una oligarquía liberal conservadora que
continúan en el poder incumpliendo leyes y acuerdos internacionales.
La opinión pública debe saber que, de los 6 puntos de la
agenda de paz y la implementación de los acuerdos, solo se ha cumplidos el 18
por ciento, y de ese por ciento, un gran parte lo ha cumplido las FARC-EP: a)
Entregó las armas, b) se transformó en partido político y c) renuncio a su
carácter marxista leninista.
De la agenda acordada, el punto 1) Desarrollo Agrario
Integral. El gobierno ha dicho que no tiene presupuesto para cumplirlo. Los puntos 2. Reforma Política y 3 Fin del
conflicto, no se ha ejecutado absolutamente nada. El Punto 4, relacionado con la
sustitución de cultivos ilícitos, no se ha implementado y tienen el plan de
utilizar el riego del venenoso Glifosato, perjudicial para la salud de las
personas causante de graves problemas a la piel y el cáncer, la fauna y la
flora.
El punto 5. Víctima,
justicia, verdad y no repetición, el gobierno ha nombrado en el Ministerio del
Interior, como Coordinador para la Articulación política de victima a Jorge
Rodrigo Tovar Vélez, hijo del connotado narco-paramilitar y confeso criminal
Jorge 40, que cumple prisión en EE. UU, esto ha provocado dentro de las
víctimas y en una buena parte de la opinión publica un fuerte rechazo y lo
considera una burla a las familias que fueran víctima del paramilitarismo.
El 6to punto relacionado a la Implementación, Verificación y
Refrendación de los Acuerdos, prácticamente se ha podido hacer muy poco, porque
la implementación de dichos Acuerdos está realmente paralizada, incluso la
amnistía política pactada en diciembre del 2016, aprobada por el Congreso de la
República y la Corte Constitucional, se ha cumplido a medias, aún permanecen en
prisión 312 prisioneros políticos en las cárceles colombianas, que debieron
estar en libertad. Otro gran incumplimiento del gobierno de Iván Duque Márquez.
Otras grandes manifestaciones de violaciones de la ley y
de impunidad ha sido el gran escandalo
que acaba de desatarse en Bogotá con la denuncia de la Comisión Nacional de
Juristas, (CNJ) presentada a la Justicia
Especial de Paz (JEP) el pasado 10 de julio que involucra al menos a 17 generales
y comandantes de las FF.MM, que fueron cómplices de 10 de las 41 masacres, cometidas por paramilitares en la
Región de los Montes de María, entre el 2001-2002, y que casi 20 años después
vienen a ser ventiladas por la JEP.
Esperemos que la JEF inicie y juzgue lo denunciado por la
CNJ y se imponga la justicia de manera igualitaria para todos los que hayan
cometido delitos o crímenes de guerra y no la tendencia que últimamente se ha
venido presentando de solo juzgar los casos que tienen que ver con la
insurgencia y dejar de lado los cometidos por los agentes del Estado y mucho
menos de los civiles que formaron parte de los grande señores que financiaron
masacres y crímenes, como lo continúan ejecutando hoy en Colombia.
No debe olvidarse que el tema de la JEP en los debates de la
Mesa de Paz en La Habana, fue el que mayor tiempo consumió, por las diferentes
visiones y criterios que tenían las partes y que se agudizaron, mucho más,
cuando por esas irracionalidades de la vida y llevados por una falsa y mentirosa
campaña, el electorado en el plebiscito celebrado el 2 de octubre del 2016, le
dio el triunfo a la continuidad de la guerra y le dijo No a la paz.
Con ese triunfo del NO, cuyo principal promotor del voto
negativo en el plebiscito fue el senador Álvaro Uribe Vélez, enemigo público
número 1 de las conversaciones de paz de La Habana. Él utilizó el triunfo del
NO para exigir y modificar muchos de los acuerdos, a pesar de que el plebiscito
no era vinculante y uno de los temas en discusión y el más atacado fue el de la
justicia transicional de paz, acción que aún actualmente tratan de eliminar o
que modifique sus actuaciones contra los agentes del Estado y contra los
financiadores civiles del paramilitarismo. De acuerdo a sus exigencias, los
militares y los civiles no debían ser juzgados por la JEP, en última instancia
si hubiera denuncias, que estas fueran tratadas, por la justicia militar y por
la civil, cuyos fallos en Colombia, como la opinión publica afirma, conducen a
la impunidad.
Por último, los dos grandes escándalos que implican al
presidente Iván Duque, con la “Ñeñe Política”, acusado de ocupar una
presidencia ilegal por la compra de votos financiados por los
narco-paramilitares y la de la vice presidenta Martha Lucia Ramírez, por sus
acciones de un alto monto financiero para lograr la salida de su hermano de la
cárcel en Estados Unidos, acusado de narcotraficante, ambos escándalos están
cuestionando la legitimidad del Gobierno. La situación objetiva y subjetiva
está sobre el escenario político, pero no hay una agenda unitaria ni un
liderazgo que conduzca al éxito de una salida democrática con justicia social.
Estos hechos no solamente están agravando la crisis
política, económica y social del gobierno del Centro Democrático y su
presidente Iván Duque, también la crisis sanitaria producto del insuficiente
trabajo frente al Covid-19, con una muy lamentable atención a la crisis
sanitaria, derivado de la dolorosa cifra de
más de 5000 fallecidos y una cifra superior a los 100,000 contagiados,
la crisis hospitalaria y una salud privatizada que se aprovecha de esta
Pandemia para sacar suculentas ganancias. Esta crisis solo la sufren los
sectores vulnerables, abandonados por los servidores públicos, cuya obligación
es tomar medidas para evitar este triste y lamentable desastre humanitario.
No parece que la muy cacareada democracia colombiana y la
transparencia y aplicación de las leyes, como dicen honrar a Santander, se este
cumpliendo y bien lo dio a conocer la señora Patria: “Un grupo de hombres
armados uniformados allanaron su apartamento, y otros dos apartamentos, sin
orden judicial y ocuparon las computadoras, discos duros y celulares, luego de
tenerla desaparecida toda la noche, la liberaron y quedaron con todo, sin orden
judicial y sin su nombre en los papeles”. En su Twitter el senador Gustavo
Bolívar Moreno. Expresó: “Se metieron en apartamento de tres personas del
edificio, sin orden de allanamiento”. “Los retuvieron e incautaron sus
computadores, igual que La Noche de los Lápices”. “ESTAMOS EN DICTADURA”. Fin de la cita.
(*) Periodista, politólogo y analista internacional.
jorgarcia726@gmail.com
