Sin una niñez bien alimentada, tarde o temprano todos
sufrirán hambre.
La niñez y la juventud representan la renovación
indispensable para garantizar la permanencia y transmisión de valores,
tradiciones y ese complejo legado cultural que conforma el patrimonio
intangible de una nación. Sin esa dinámica de cambio generacional resulta
imposible conservar el equilibrio del tejido social y, más importante aún, las
capacidades de crecimiento y desarrollo para una sociedad cuyo principal
recurso es el aporte productivo y creativo de sus integrantes. Sin embargo, en
la mayoría de países latinoamericanos regidos por sistemas basados en un modelo
de economía de mercado, la niñez ha pasado a convertirse en un renglón pasivo
sin incidencia alguna en los programas políticos.
En países como Brasil y Chile, en donde el sector económico
tiene el poder de decidir sobre un asunto tan sensible y alejado de su
territorio como la educación, ha quedado en evidencia el dramático
desequilibrio en las prioridades cuando se trata de los derechos inalienables
de la niñez y la juventud. Con el cierre de establecimientos educativos “no
productivos” y la eliminación de materias del pensum escolar por “no ser
relevantes” como ha sucedido en Chile con la asignatura de Historia, se
transparentan las intenciones de esos sectores poderosos cuyos intereses se contraponen
de manera frontal con el desarrollo de una sociedad ilustrada, capaz de ejercer
una ciudadanía fuerte y responsable.
Eso que sucede en dos naciones con algunos pasos más en la
vía del desarrollo se repite en países mucho menos avanzados, en donde incluso
se reduce la inversión estatal para fortalecer a otros sectores de mayor poder
político, como sucede en Guatemala con las fuerzas armadas. La negligencia en
el trato del tema educativo ha sido, en este país centroamericano, una política
de Estado desde hace muchas décadas. Con el cierre de institutos vocacionales y
el abandono de la red de escuelas públicas, la niñez guatemalteca carente de
recursos –la abrumadora mayoría- es sometida a enfrentar las peores condiciones
para tener acceso a una educación mediocre y sin mayores perspectivas.
Es evidente la intención detrás de esta “no-política
educativa”: La creación de un contingente de seres humanos carentes de
herramientas para progresar en el ambiente laboral de manera digna; un gran
reservorio de esclavos cuyas opciones quedan reducidas a un salario de miseria
o al desempleo. Un relevo generacional pobre y desprovisto de capacidades
intelectuales debido a la desnutrición crónica, apto únicamente para las
labores más duras en situación de explotación. Todo lo cual proporciona la
excusa perfecta para mantener el sistema con la farsa de que para dar empleo es
preciso flexibilizar las leyes laborales. Este cuadro tan poco promisorio es el
sello de identidad de Guatemala, un país que pudo ser ejemplo positivo para el
resto de la región.
El maltrato hacia la niñez y la pérdida de derechos de este
sector tan importante se refleja no solo en la educación, también en la
privación de recursos para el desarrollo de sus comunidades y en la falta de
inversión pública en áreas como la infraestructura vial, la red de hospitales y
centros de salud o en la raquítica presencia del Estado en áreas rurales, cuya
incidencia en la mayor o menor calidad de vida de la población toca a todos sus
integrantes.
Invertir en la niñez es invertir en el futuro de la nación;
un axioma repetido hasta el cansancio. Sin embargo, quienes tienen el control
del Estado y sus instituciones se han empecinado en colocar a este gran
segmento poblacional en la columna de los costos. Caro pagará el país por esta
manipulación del valor de la niñez y por no darle el trato que merece.
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