Por Carolina Vásquez Araya:
Dedicar fondos a adornar la ciudad sin atender problemas
esenciales, es un fraude.
Una ciudad es un espacio dinámico y complejo en donde
concurren innumerables factores para ofrecer a sus habitantes los servicios y
sistemas adecuados que les permitan vivir en un ambiente saludable y de ese
modo dedicar tiempo, esfuerzo y creatividad a desarrollar otras actividades
para contribuir al bienestar colectivo. Quien dirige la orquesta –es decir, el
conjunto de entidades encargadas de distintas áreas de atención- no solo debe
poseer la capacidad y el liderazgo para inyectar en su equipo la energía y el
compromiso necesarios para sus distintas labores, sino también poseer la visión
de futuro que le permita proyectar de manera inteligente las rutas de
crecimiento urbano en todos los órdenes: servicios básicos, transporte,
tratamiento de desechos, infraestructura y tecnología adecuados para crecer al
ritmo de una población en constante movimiento y acelerada expansión.
Un alcalde es el servidor público por excelencia. Al ser
responsable de temas de tanta importancia como el abastecimiento de agua o la
extracción y tratamiento de millones de toneladas de basura producida por
cualquier ciudad de regular tamaño, entre otras muchas obligaciones, su
desempeño es contantemente evaluado por los vecinos y, del mismo modo, sujeto a
una estrecha fiscalización; ya que nada es más importante en una ciudad, un
vecindario o un hogar, como la provisión adecuada de los servicios que permitan
a los pobladores dedicar su energía a producir en otras áreas y les ofrezcan
calidad de vida a cambio de su obligatorio aporte económico.
El desarrollo equilibrado de un complejo urbano es uno de
los puntos esenciales en un plan bien estructurado de gobierno municipal. Por
ello, para otorgar cierta legitimidad a la inversión en proyectos cosméticos o
dirigidos a embellecer algunas privilegiadas zonas residenciales o comerciales
en donde se concentra la mayor riqueza económica, estos se deben efectuar
después de haber realizado los más esenciales en toda la extensión del complejo
urbano. Porque es absurdo pretender engañar al público con trabajos
superficiales si la gente carece de lo más elemental como agua potable,
alcantarillado, calles pavimentadas, sistemas modernos de tratamiento de
desechos o un sistema de transporte colectivo seguro y confiable.
El gobierno municipal, por lo tanto, tiene la absoluta
obligación de transparentar sus finanzas y poner toda información relacionada
al alcance de los vecinos, dado que parte importante de sus fondos proceden,
precisamente, de sus aportes. Esta forma de proceder debe ser no solo un gesto
de buena voluntad por parte de las autoridades del municipio, sino una
exigencia seria y consistente por parte de la ciudadanía y de los medios de
comunicación cuyo deber es, también, informar al público sobre el desempeño de
quienes manejan ese delicado y complejo sistema de administración.
Un alcalde y su equipo, al ser electos por los habitantes
del municipio y financiados por ellos en una buena proporción, tienen la
absoluta obligación de rendirle cuentas de manera periódica y con total
transparencia. Su actitud ha de ser de servicio y no de imposición, toda vez
que son servidores públicos y su misión trasciende el marco temporal de su
administración para afectar de manera decisiva el futuro del conjunto urbano
bajo su cargo. La calidad de una administración municipal se refleja con la
mayor precisión en la calidad de vida de sus habitantes: en la fluidez del
tráfico, en servicios públicos eficientes y en el desempeño de sus equipos de
apoyo especializado; no en las flores de los arriates.
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