Por Horacio Duque:
El histórico departamento del Cauca (Popayán), al Sur
occidente de Colombia, con 1 millón 3 mil habitantes y 42 municipios, es hoy un
campo de muerte y violencia generalizada, consecuencia del fracaso absoluto de
los Acuerdos de paz que firmo el Estado durante el gobierno neoliberal de Juan
Manuel Santos con un sector de las Farc en plan de conciliación y subordinación
a las elites oligárquicas que controlan las palancas estratégicas del poder
político nacional.
Este departamento es un importante productor de marihuana,
de hoja de coca, centro minero desde la colonia y punto estratégico sobre la
cuenca del pacifico.
Dominar y manipular el corredor Pacífico caucano es clave en
materia geopolítica, dada la biodiversidad, los grandes caudales de agua, los
páramos, la existencia de 50 mil hectáreas en trámite de concesión minera, con
minerales de oro, platino y cobre, donde 17 empresas multinacionales mineras
africanas, canadienses estadounidenses, alemanas y colombianas, codician su
explotación.
La existencia de potencial hidroeléctrico y la intención de
grupos de poder para activarlo, así como el proyectado Puerto de Timbiquí, con
facilidad para el acceso de buques de gran calado, hace pensar que detrás de
los negocios de la coca hay pretensiones mucho más suculentas, por lo que el
papel de la explotación de la coca es la de crear condiciones logísticas,
rutas, caminos, deforestación y desarraigo de población para facilitar la
implementación de los megaproyectos previstos.
Factores históricos de la violencia caucana y de su
persistencia.
No obstante que Colombia supuestamente adelanta una ruta de
implementación de unos pactos de paz, la violencia politica no cede y en la
actual coyuntura generada por la peste del coronavirus se ha incrementado la
misma en los ámbitos sociales y politicos, con territorios muy caracterizados
como el Cauca, Bajo Cauca Antioqueño, Sur de Cordoba, Bajo Atrato, Tumaco y el
Occidente de Antioquia que colinda con el Eje Bananero de Uraba en manos de las
bandas neoparamilitares del Aleman en alianza con los urabeños.
El Defensor Negret ha emitido, al menos, diez Alertas con
respecto al riesgo en un departamento como el Cauca donde la inversión social
no llega y cuyo territorio sufre la disputa por el control de parte de las
Organizaciones sucesoras del neoparamilitarismo.
En el Cauca hay una situación que tiene dos elementos. Uno
de carácter estructural, consistente en las condiciones históricas e
identitarias del departamento como lo es su geografía quebrada, con accesos
recónditos al Océano Pacífico a través de los ríos Naya y Micay, la dificultad
de intercomunicar a los poblados más alejados, la ausencia de condiciones para
construir cadenas de suministro a los territorios con mayor vocación agraria
por los altos costos logísticos. Sumele, el abandono histórico del Estado
determinado por lo anterior, y el uso estructural de las vías de hecho para
hacer frente a las carencias de la población.
Neoparamilitarismo aliado con el Estado y Fuerzas Armadas.
Los urabeños-AGC, las Aguilas Negras, Caparrapos, narcos
mexicanos, la Oficina de Envigado en alianza con sectores de las Fuerzas
Militares y Policiales, han aprovechado el aislamiento preventivo decretado en
distintos niveles para desplegar su presencia, confrontar a sus rivales de las
guerrillas agrarias y actuar de forma violenta contra los indígenas,
campesinos, afros y población trabajadora o desempleada.
Las Organizaciones herederas del paramilitarismo articuladas
por los urabeños hacen presencia y actúan, de forma que se han fortalecido con
el negocio del narcotráfico, la minería ilegal y la corrupción imperante en la
Gobernación, las entidades nacionales y las 42 alcaldías municipales.
El terror de la violencia.
Cauca resulta ser hoy el departamento comparativamente más
afectado por las disputas armadas y por la victimización de su población,
especialmente en áreas rurales, golpeando directamente a comunidades
campesinas, indígenas, afros y a ex integrantes de las FARC en traumático
proceso de reincorporación.
Cifras de asesinados.
En el Departamento del Cauca han sido asesinadas en los
últimos meses 215 personas (12% mujeres y 88% hombres), líderes sociales,
defensoras de Derechos Humanos y familiares, lo que representa el 23,57% del
total de homicidios de esta naturaleza cometidos en el país.
103 de las personas asesinadas eran indígenas, más otra
vinculada al PNIS, 23 eran afrodescendientes más dos afros vinculados al PNIS,
15 campesinos, 20 campesinos-comunales; 7 campesinos-comunales vinculados al
PNIS y 14 campesinos-PNIS, 16 dirigentes cívicos, dos comunales, 8 sindicalistas
y 5 víctimas del conflicto armado. Solamente 27 de estas personas formaban
parte de organizaciones urbanas, lo que significa que el 86,51% de los
homicidios están ligados a conflictos por la tierra, al territorio y a los
recursos naturales.
Asesinato de ex militantes de las Farc.
En el departamento han sido asesinados 36 excombatientes del
Partido FARC, lo que representa un 16,98% de los asesinatos cometidos contra
estas personas a nivel nacional.
Violencia en el gobierno fascista de Duque.
Desde la posesión de Iván Duque el 7 de agosto del 2018, han
sido asesinadas en el departamento del Cauca 149 personas líderes sociales,
defensoras de Derechos Humanos y familiares, casi el 30% del nivel nacional.
En este período, 26 excombatientes firmantes del Acuerdo de
Paz y 3 de sus familiares han sido asesinados en el Cauca.
Desde la posesión de Iván Duque se presentaron homicidios
contra personas líderes sociales, defensoras de Derechos Humanos y familiares
en 26 municipios del departamento. La mayor frecuencia de estos hechos se ubica
en Caloto, Toribío, Corinto, Suárez y El Tambo. Precisamente, este último
municipio y en Mercaderes es donde se han presentado la mitad de los asesinatos
durante la pandemia del covid-19.
Violencia con pandemia.
En la actual cuarentena a causa del covid-19, 25 personas
líderes sociales, defensoras de derechos Humanos y familiares han sido
asesinadas en el Cauca.
En términos geográficos, esto significa que desde la firma
del Acuerdo de Paz entre el gobierno Nacional y las FARC EP hasta la fecha, se
han ejecutado asesinatos en 38 de los 42 municipios del Departamento del Cauca
contra personas líderes sociales, defensoras de Derechos Humanos y familiares,
lo que representa un 88,09% del departamento con crímenes de esta naturaleza.
Igualmente, en 21 de los municipios que forman parte del PDET Alto Patía Norte
del Cauca se presentaron 176 homicidios contra personas líderes sociales,
defensoras de Derechos Humanos y familiares.
Indolencia gubernamental.
Para empeorar este cuadro de terror, el gobierno nacional en
cabeza del Ministerio del Interior carece de una política y de una actuación
capaz de lograr las soluciones requeridas de distinto orden.
Las investigaciones judiciales de la Fiscalía y la policía
judicial no esclarecen ni logran judicializar la mayoría de las graves
violaciones sucedidas dejando todo en la más espantosa impunidad. Además, hay
responsabilidad del FUDRA No 4 y del Batallón de Alta Montaña José Hilario
López No 4 en amenazas, intimidaciones y señalamientos contra campesinos,
afros, indígenas y líderes sociales.
La mayoría de los homicidios se concentran en regiones del
Departamento con altos niveles de militarización, donde desde el 1 de enero de
2017 se adelanta el “Plan Victoria por la consolidación y estabilización de las
regiones”.
Exterminio de líderes en la impunidad.
En cuanto a los presuntos responsables de los asesinatos, la
mayoría de los casos permanece indeterminada tanto en lo relacionado con la
autoría material como intelectual. En lo referente a indicios, cerca de la
tercera parte se atribuye a grupos paramilitares. En lo referente a las
amenazas, casi todos utilizan siglas de organizaciones sucesoras del
paramilitarismo como el Clan del Golfo, Águilas Negras, AUC, entre otras. En
algunos casos, se presume la autoría a las disidencias de las viejas Farc y del
ELN.
En trece casos de homicidios se afirma que han ocurrido bajo
la competencia de integrantes del Ejército Nacional y la Policía Nacional en
desarrollo del uso desmedido de la fuerza o en contextos de protesta social.
Masacres.
Durante el 2020 se han presentado 6 masacres en los
Municipios de Piamonte, Argelia, El Tambo, Buenos aires y Mercaderes.
Amenazas.
Desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre del 2016 se
han presentado amenazas en 31 de los 42 municipios del Departamento del Cauca,
ya sea como amenazas individuales, colectivas, directas o indirectas, mediante
panfletos, llamadas o mensajes. En 2020 han ocurrido 59 hechos de amenaza
contra líderes sociales, defensoras de Derechos Humanos y familiares en el
Cauca. Las intimidaciones se han ejecutado contra voceros campesinos, indígenas
y afro descendientes.
Desplazamiento forzado.
Se han denunciado durante 2020, hechos de desplazamiento
forzado, individuales y colectivos, en los Municipios de El Tambo, Timbio,
Argelia, Guapi, Morales, Suarez, Buenos Aires y López de Micay.
Esta el desplazamiento forzado de 123 familias de las
Veredas La Hacienda-La Paz, La Palma-Pambillal y San Antonio Medio y Bajo,
quienes llegaron al Corregimiento el Plateado, en el Municipio de Argelia.
En abril, en medio de la pandemia, cerca de 290 personas han
sido desplazadas de manera forzada de los corregimientos de San Juan de Micay y
Huisitó, del Municipio del Tambo, aunque la comunidad afirma que fueron 150
personas más, desplazadas de Betania, Nayita y Sabaletas.
Represión a la protesta social.
No obstante, lo pactado con el “Protocolo para la
coordinación de acciones y garantías a la protesta pacífica”, incluido en la
Resolución 1190 de 2018, a la fecha no se implementa su contenido,
particularmente en lo que respecta al papel de la fuerza pública, a las
instancias de coordinación, a las misiones de verificación y a los enfoques y
principios.
En desarrollo de las movilizaciones de protesta de la Minga
Social Suroccidente, el Paro Universitarios, el Paro Nacional, las Jornadas de
Liberación de la Madre Tierra y los procesos de resistencia por la erradicación
forzada de cultivos de uso ilícito y acciones de exigencia de ayudas
humanitarias de emergencia en el marco de la Pandemia del Covid-19, las fuerzas
mixtas de la Policía Nacional, el ESMAD y el ejército han procedido con fuerza
sin control y utilizado artefactos no convencionales o armas letales, dejando
personas heridas, con lesiones contundentes, así como montajes judiciales,
infiltraciones y sabotajes, estigmatización, señalamiento y persecución, por
parte de mandos de la fuerza pública.
Parapolitica caucana.
Hay que anotar que el ex senador uribista Juan José Chaux,
condenado por Parapolitica, en detención domiciliaria, socio de HH, jefe del
Bloque Calima, sigue muy activo en Popayán en sus peligrosas acciones contra el
movimiento social caucano.
Los derechos de las víctimas.
Casi 400 mil víctimas de la violencia en el Cauca son
afectadas en sus derechos de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1448. No se
hacen las reparaciones, no se pagan las indemnizaciones, se niega su derecho a
la salud y a la vivienda.
La restitución de tierras está prácticamente paralizada en
el Cauca debido a la violencia contra los líderes que reclaman sus derechos.
Con el panorama descrito y ante la incapacidad del gobierno
no que más recurso que acudir a instancias internacionales para que desplieguen
una acción humanitaria en esta region.
HDG/DHC
