Octubre y la historia

 Por Eduardo Contreras

El 25 de octubre del año 2020 será una fecha inolvidable. Fue el día en que el pueblo chileno decidió romper para siempre con las ataduras jurídicas de una Constitución ultra reaccionaria impuesta por la dictadura y mantenida en su esencia por los gobiernos llamados “democráticos” que le sucedieron. Ha sido la inmensa mayoría de las chilenas y chilenos la que optó por construir una nueva organización política mediante la elaboración de una nueva Constitución, que será hecha por representantes elegidos todos democráticamente por el pueblo.

La importancia del suceso y la fecha de su inicio nos llevan a evocar brevemente algunos de aquellos muchos sucesos que han tenido lugar en este mes. En rigor Octubre ha marcado acontecimientos muy importantes en el plano internacional y en el nacional. No pretendemos copiar aquí el interminable listado, sino sólo señalar unos pocos ejemplos.

Desde luego, fue un 12 de octubre de 1492 que se produjo el llamado “descubrimiento de América” logrado por aquella audaz delegación enviada por los reyes católicos de España, Isabel y Fernando, y que encabezó Cristóbal Colón. Conforme sabemos fue aquella medianoche entre el 11 y el amanecer del día 12 que Colón anunció que, por fin, tras mucho tiempo de navegación, aparecía ¡Tierra! Se trataba de Guanahani, una de las islas Bahamas. Los navegantes siguieron su ruta y poco después llegarían a esa gran isla que es Cuba.

Siglos más tarde, la “Gran Revolución de Octubre” en Rusia tuvo lugar – conforme al Calendario Juliano vigente allí – el 25 de octubre de 1917, aunque para Occidente se tratara del día 7 de noviembre del mismo año. La asunción del poder en esa nación por los bolcheviques, bajo la dirección de Vladimir Ilich Lenin, cambió el curso de la historia de la Humanidad de manera fundamental y, más allá del desarrollo de los acontecimientos en Rusia, la importancia e influencia de ese acontecimiento sigue proyectándose hasta nuestro tiempo. La toma del poder político en una sociedad, en un Estado, por los trabajadores y los cambios que se puede lograr sigue siendo tema fundamental en nuestros días, más allá de todo cambio transitorio.

Medio siglo más tarde, un 9 de octubre de 1967 fue asesinado cobardemente el médico y comandante guerrillero argentino Ernesto, Che, Guevara en la localidad de La Higuera en Bolivia.

La orden vino directamente desde los EEUU de Norteamérica y los cobardes ejecutores bolivianos dieron muerte a uno de los más ilustres personajes de nuestro tiempo que se encontraba prisionero, atado y herido.

Fue también el día 22 de un mes de octubre del año 1970 que un grupo terrorista de la derecha chilena atentó en contra del general de Ejército, entonces su Comandante en Jefe, René Schneider Chereau. Se trataba de impedir a toda costa que Salvador Allende, ganador de las elecciones de 1970 asumiera la presidencia de la República. El plan, concebido y financiado por el presidente Richard Nixon y la CIA norteamericana, Richard Helms y Henry Kissinger de por medio, fue coordinado en Chile por los generales Roberto Viaux y Camilo Valenzuela junto al grupúsculo terrorista Patria y Libertad que encabezaba el abogado Pablo Rodríguez.

Los criminales balearon al general Schneider quien falleció poco después, exactamente el 25 de octubre de ese año. Los hechos están absolutamente comprobados en los propios documentos desclasificados de la CIA, en los informes norteamericanos y por historiadores e investigadores como Peter Kornbluh, Mario Amorós y Mónica González, entre muchos otros. Curioso y lamentable: nadie fue sancionado por ese crimen y hasta nuestros días sus instigadores, sus autores, cómplices y encubridores se pasean muy tranquilos por el país. Lo que no habla precisamente bien de nuestros tribunales. Lo mismo sucedió más tarde con el asesinato del Almirante Arturo Araya.

Octubre suma y sigue. Fue un 24 de ese mes que en el lejano año de 1842 falleció en Lima, Perú, el gran patriota Bernardo O´ Higgins. Y un día 4 de octubre, pero del año 1917  nacía en San Fabián, Ñuble, nuestra inmortal Violeta Parra. En tanto que el 13 de octubre de 1930 en Usulután, El Salvador, nació Schafik Handal, un líder revolucionario de su patria, que cursó estudios en Chile en donde ingresó a militar en las filas del Partido Comunista y tuvo grandes amigos de toda la vida, como nuestro escritor Poli Délano. Tuve el honor de conocerle y compartimos cuando el exilio.

Y fue también en un mes de octubre, pero ahora de este año, que en Bolivia han vuelto a triunfar las fuerzas democráticas del Movimiento al Socialismo, MAS, al que pertenece el ex mandatario Evo Morales. Esta vez los elegidos – con más de 20 puntos de diferencia con sus competidores - han sido Luis Arce y David Choquehuanca. A este último pude conocerle hace unos años mientras se resolvía uno de los temas pendientes entre Chile y Bolivia. Una gran victoria democrática que anuncia tiempos nuevos para América Latina. 

También en octubre se alzan voces que plantean poner fin al atrabiliario y entreguista mandato de ese triste personaje que es Luis Almagro en la Organización de Estados Americanos, la OEA, una entidad servil a los EEUU de Norteamérica. Almagro, ex ministro en Uruguay fue precisamente uno de los intervinientes en las maniobras que dieron paso a la salida del ex presidente Morales.

Y, en fin, volviendo al presente, a este 25 de Octubre en nuestro Chile, digamos que el impresionante pronunciamiento popular respecto de la urgente necesidad de cambiar la actual organización política del país para dar paso a un  Estado distinto, dueño de las riquezas naturales y con recursos suficientes para garantizar al pueblo Educación, Salud, Vivienda, Previsión Social y terminar con la explotación y las injusticias, ha abierto sin duda una de las páginas más promisorias de nuestra historia.

Por voluntad del pueblo chileno octubre queda marcado por siempre como un mes muy especial de nuestra Historia.

 eduardocontreras2@gmail.com

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¿Gloria Álvarez será la Guaidó de Guatemala ?

Por Norma Estela Ferreyra : 

¿Quién es Gloria Álvarez Cross? Es una intelectual orgánica de la clase dominante de Guatemala, que se define como “libertaria”, pero sin tener una postura democrática. Propicia la libertad de mercado que, por supuesto, se opone a la igualdad. No es la de los pueblos, basada en la soberanía de las naciones, donde hoy son esclavos del gran capital multinacional. Es la libertad de hacer sus negocios sin que se meta el Estado regulador, o sea, la panacea de los que tienen dinero, pues no van a pagar impuestos, pero serán un flagelo para los que no lo tienen”, sólo podrán vender su fuerza de trabajo en el mercado, sin que haya un Estado que obligue al capitalismo a pagarles salarios dignos y darles condiciones decentes. Por lo tanto, esta politóloga es, a todas luces, una hija dilecta de las clases dominantes de Guatemala, que habla desde su carrera de grado en una universidad privada y desde su maestría en Europa, y esto debe quedar claro, a la hora de analizar su discurso, puesto que ella se arroga el derecho de hablar en nombre del “pueblo”

Sus distorsiones y mentiras se basan en conceptos bastante rudimentarios. Es una mujer bella y que habla muy bien, intercalando con gracia algunas palabras que mueven a la risa o al aplauso, sólo por el tono que usa y esas expresiones, que simula haber estudiado, cuando en realidad, no puede engañar ni a los más ingenuos, porque parece un discurso que le prepararon y le mandan a decir muy simpáticamente, pero que no le alcanza para querer ser presidenta  de Guatemala sino apenas, un proyecto, como Juan Guaidó.

La joven politóloga de 34 años y crítica del populismo, aseguró que su programa de gobierno consistirá de diez acciones: "Cinco no son negociables y otras cinco que sus votantes escogerán según su voluntad”

De cara a las elecciones que se llevarán a cabo el próximo mes de junio, Álvarez aseguró que no necesita venderle su alma "ni al narco, ni al empresario para hacer publicidad". Sin embargo, un obstáculo que podría tener, es el artículo 185 de la Constitución, que establece que para ser presidente de la nación hay que tener más de 40 años. Ella dice que intentará mantener al Estado con aquellos impuestos que sean iguales para todos los guatemaltecos, como el IVA. Impuestos únicos", adelantó (algo que provoca risa).

www.las2orillas.co, señala: “Aquí entendemos por qué opera en el discurso de Álvarez la presencia de una figura como Mussolini. La idea que se quiere instalar es la del viejo populismo fascista europeo, que hacía un discurso de odio hacia las minorías y eso era su bandera. Pero el error de la politóloga es doble: primero (asume la categoría de populistas para Chávez, Néstor, Perón y Vargas) pero el populismo americano nada tiene que ver con el europeo. En nuestra región los líderes populares no persiguen la dominación sobre otras naciones, sino todo lo contrario; las consignas en América Latina han sido, desde siempre, la de sacudir el yugo del imperialismo, la liberación nacional y la unión con pueblos vecinos. 

Y segundo, porque el odio que ella le adjudica a los de clase baja, en populismos como el chavista y el kirchnerista, allí está ausente y más bien está en las clases dominantes, que perciben la pérdida de sus privilegios. Con sólo ver las imágenes de los cacerolazos en Argentina o de las guarimbas en Venezuela, es suficiente para determinar que el odio no parte de los pobres, sino de los ricos y de la clase media. Jauretche ya decía que “la multitud no odia, odian las minorías, porque conquistar derechos provoca alegría, mientras perder privilegios provoca rencor”. Pero parece que en la universidad privada donde Gloria Álvarez estudió, no suelen leer a Jauretche, aunque no por eso se privan ellos de sacar conclusiones, sobre la política y la sociedad de nuestro país” No sabe que Latinoamérica, tiene envenenada los cielos y los campos, por Monsanto-Bayer, porque otros Estados quieren matarnos, O sea, los que ella, defiende.

La corrupción está en el centro de su discurso “libertario” donde esta joven inexperta e ingenua, pretende hacernos creer que el populismo hace inservible al pueblo, a quien ella misma usa para ser presidenta. Además, habla muy mal de los poderes del Estado, de las instituciones y en especial del Poder Judicial. Y evidentemente, no sabe que la igualdad se logrará cuando a algún político se le ocurra, abolir el derecho hereditario. ¿No se lo dijeron? Así no tendrán que poner impuestos. Porque los humanos no son iguales desde la cuna, unos nacen sin nada y otros con grandes fortunas. Ahí está el asunto que nadie quiere tocar, las mismas condiciones para poder optar por lo mejor, para esforzarse a ser lo que elija ser. Pero eso es lo que va a venir, con los crímenes y la inseguridad social que se desatará cuando la miseria de muchos aceches a los ricos, que no lo son por el esfuerzo, sino por la corrupción y la herencia de sus progenitores. Hacia allí debe dirigirse la igualdad y sólo con ella, el hombre será libre y tendrá propiedad privada, que todos respetaremos.

No niego que dice algunas verdades, sobre lo que ocurre con la clase política, pero ella misma está usando todo esto a su favor y sin escrúpulos para ser presidenta de Guatemala. Habla de República y da su significado etimológico, como si eso se cumplieran en la realidad, cuando todos sabemos que la república surge para opacar y desestimar al vocablo democracia de la Atenas griega, donde no existían los partidos políticos con el Kloresterión. Pero esa bolilla no la estudió, la joven Guatemalteca. Dijo que nuestro CHE Guevara era un asesino y Fidel, Chávez y todos los etcéteras. Esta mujer, se cree inteligente y se sabe bonita, como para hacer una elección favorable. Eso significa creer, que el pueblo guatemalteco, es tonto e ignorante, que puede elegir una presidente por su cara, su estatura, su gracia, su lenguaje teatralizado o de circo, como lo llamamos los argentinos.

Yo creo que como Juan Guaidó, fracasará en el intento. Y es una pena que la gente joven, como ella, se deje manejar por los Uribistas, por ambición de lograr algo de fama. Ese fin no justifica los medios. Soy una defensora de los jóvenes y me entristece este hecho tan grosero, donde ha entremezclado lo peor de los políticos en general, en las personas de los grandes líderes de pueblos latinoamericanos que no conoce. Me parece que no debe seguir participando de estos espectáculos, porque el pueblo de Guatemala merece mejor suerte y finalmente, sabrá elegir.

normaef10@hotmail.com

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El destemplado intento derechista por conservar su Constitución

Por Juan Pablo Cárdenas S.:

Ante el contundente estallido social que vive el país, la derecha no ha tenido más remedio que aceptar la realización en abril próximo de un plebiscito en que a los chilenos se les consultará si quieren una nueva constitución o le dan continuidad a la Carta Magna legada por Pinochet y sacralizada por el gobierno de Ricardo Lagos. Con muy pocas defecciones, los partidos ligados al oficialismo ya han iniciado una campaña electoral destinada a obtener en las urnas un apoyo para la preservación de la actual institucionalidad, oponiéndose a la posibilidad de que sea una asamblea constituyente la que se encargue de redactar un texto constitucional nuevo, o a partir de cero.

Lo más previsible es que los ciudadanos apoyen muy ampliamente la idea de derogar la actual Constitución, pero la derecha espera que con un tercio de los votantes y de los asambleístas que se elijan en septiembre próximo pueda exigir que las normas obtengan al menos dos tercios de apoyo para que puedan ser promulgadas. Una extraña facultad que se le ha concedido a la minoría con los votos de los propios legisladores derechistas, demócratas cristianos, socialistas, del PPD, radicales y hasta algunos miembros del Frente Amplio mareados todos por el protagonismo mediático. Todo lo cual avizora las tensiones que seguirá viviendo nuestro proceso constitucional, con el pueblo francamente enardecido en las calles y radicalizando día a día sus acciones.

La millonaria publicidad que ya implementa la derecha busca que no se aprueba la idea de una nueva Constitución en la promesa de que al texto vigente se le pueden hacer las reformas demandadas por el pueblo sin más dilaciones. Como si ya el país no hubiera esperado por más de treinta años que éstas hubieran sido acogidas durante la larga postdictadura, como si en todos estos años la clase política no le hubiese dado un portazo a las demandas por un nuevo sistema previsional, una auténtica reforma sanitaria y a esa cantidad de aspiraciones que constituyen la agenda social del pueblo.  Población que exhibe los más extremos índices de desigualdad en el mundo y al que se le han continuado coartando y reprimiendo sus derechos sindicales, de reunión y asociación, tal como lo hacía la Dictadura Militar.

Lo más probable es que la represión policial que cobra a diario nuevas víctimas en el país tenga la intención de amedrentar a los chilenos en la idea de que se conforme con algunas reformas a la Constitución actual antes de abrirse a la idea de un texto nuevo con toda la incertidumbre que ello implica.

La constatación de las violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos acreditadas por varias y prestigiosas entidades internacionales parece no inquietar a La Moneda y a su más que cuestionado gobernante. Las autoridades confían en que el caos callejero y la acción incluso de los vándalos que salen a saquear supermercados y otros (sin que poco nada tengan que ver con la protesta pacífica y masiva) pueda darle el sufragio de los más ciudadanos más ignorantes, de los que prefieren siempre cobijarse bajo el orden establecido, aunque éste vulnere constantemente sus derechos.

Sin embargo, parece que por primera vez en nuestra historia el pueblo ha tomado conciencia de su situación y de la necesidad de movilizarse. Las protestas ya se han extendido por tres meses y todo dice que, desde marzo, después del período estival, las marchas, barricadas, tomas, huelgas y otras acciones van a multiplicarse en todo el país. Al menos así lo prometen las federaciones estudiantiles y las organizaciones vivas de la sociedad civil.

Pese a la criminal represión policial, el país sigue dando un gran ejemplo de coraje y unidad, así haya que lamentar la acción de algunos desquiciados que en realidad se infiltran o son infiltrados en las movilizaciones para obtener imagen para los noticiarios y victimizar a Carabineros. Institución que se ha desmoronado en su prestigio y muchos de sus efectivos ya se encuentran fatigados y desmoralizados.

Además de la falsa promesa de conceder cambios dentro de la actual Carta Magna, las figuras más visibles del oficialismo y de los gremios patronales están impulsando campañas para romper la precaria unidad de los partidos opositores. En la prensa y las redes sociales se apela al histórico carácter democrático de la Democracia Cristiana y de otros partidos para inducirlos a romper con las agrupaciones de izquierda o violentistas, según las motejan. Se los insta a creer en la buena voluntad del gobierno y sus legisladores para emprender reformas económico sociales que hasta hace algunos meses se hacían imposibles, olvidándose que en el pasado la Derecha se opuso a la Reforma Agraria, a la recuperación de nuestras riquezas básicas y a tantas otras iniciativas impulsadas por los gobiernos de Frei Moltalva y del propio Salvador Allende, a cuyos seguidores hoy apelan.

Está fresca en la memoria, felizmente, como después los derechistas terminaron conspirando para asesinar a nuestra democracia, incendiar La Moneda, justificar y sostener una sanguinaria dictadura. Así como después de Pinochet lo que han hecho es alentar las privatizaciones, concentrar la riqueza, hacer más dependiente a nuestra economía y desatender las justas aspiraciones de nuestros pueblos autóctonos. En el goce, por supuesto, de su impunidad.

Tendrían que ser demasiado ingenuos los dirigentes demócrata cristianos y de otras colectividades políticas para atender los “cantos de sirena” de quienes hoy están a punto de ser derrotados y se afirman a un gobierno que no cuenta con más de un 10 por ciento de apoyo popular. Pero ya sabemos que hoy no existen partidos ideológicamente monolíticos y que la corrupción hace presa fácil del conjunto de los políticos que también quieren seguir aferrados al poder, como a sus prebendas.

Un Piñera completamente desacreditado, una casta política y empresarial que teme por sus lucrativos negocios, no apuesta todavía a iniciar una nueva conspiración que los lleve a conservar el poder y sus privilegios de manos de los militares. De alguna manera, se sabe que las Fuerzas Armadas no están en la misma actitud de 1973, después de pagar los costos por sus crímenes y de alguna manera comprender que sus efectivos son parte del mismo pueblo que sufre tantas carencias. Es difícil que surja un líder castrense después de los bochornosos episodios de corrupción que han envuelto a los altos mandos de todas sus instituciones, pero no hay que desatender esta posibilidad a la que tantas veces han recurrido los golpes y conatos de rebelión militar en nuestra historia.

Sin embargo, de lo que sí estamos seguros es del intento de algunos dirigentes de derecha por estrechar relaciones con el gobierno de Donald Trump y otros referentes mundiales que pudieran alentar, como lo hacen en otras naciones hermanas, movimientos subversivos y de protección de sus enormes inversiones en todo nuestro continente. Porque ya sabemos que no es la democracia lo que le interesa a la Casa Blanca y a sus incursiones militares en toda la Tierra, cuando siempre después de éstas instalan a los más tenebrosos gobernantes.

juanpablo.cardenas.s@gmail.com

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“Su Excelencia” y los “honorables”

Por Juan Pablo Cárdenas S.:

Si algún día llegamos a tener una nueva Constitución ojalá ésta contemple el mecanismo de remoción de las autoridades que incumplen con lo prometido durante sus campañas electorales, incurran en ilícitos o pierdan sensiblemente la adhesión ciudadana. En las mejores democracias del mundo los jefes de estado, parlamentarios, alcaldes y otros funcionarios públicos pueden ser separados de sus cargos para, con ello, evitar la crisis social que puede derivarse de sus abusos de poder o ineptitud.

Hay casos en nuestra historia en que los propios cuestionados decidieron abandonar sus cargos en favor del bien general, pero para ello se requiere de representantes dignos y capaces de anteponer la conveniencia del país a sus propios intereses. Una actitud que es bien difícil que surja de una clase política como la nuestra, en que los que detentan el poder creen que la administración del Estado le pertenece a perpetuidad.

 Es increíble que, en Chile, con la insurrección social que estamos viviendo, Sebastián Piñera, el político más repudiado por el pueblo, no haya resuelto todavía abandonar su cargo junto a sus ministros, subsecretarios y asesores. Lo que no ha ocurrido, tampoco, con los diputados y senadores igualmente cuestionados en las multitudinarias manifestaciones callejeras. No nos olvidemos que una de las primeras demandas de la población fue la de “que se vayan todos”, después de tres décadas en que se consolidó la más brutal inequidad social y se han evidenciado, para colmo, tantas formas de corrupción de parte de los moradores de La Moneda, del Poder Legislativo, de los grandes empresarios y los mandos superiores de las FFAA y Carabineros. Además de la histórica lenidad y abyección de tantos jueces.

 Por ello es que la inmensa mayoría del país de verdad no quiso reelegir al actual mandatario, si consideramos que en la segunda vuelta electoral se abstuvo de sufragar más del 52 por ciento del padrón electoral. Lo mismo ocurrió en las elecciones parlamentarias, con la bajísima concurrencia ciudadana a las urnas y los consabidos cuoteo y arreglos cupulares, de lo que resultó que buena parte de los electos apenas consiguiera una pizca de sufragios y, por lo mismo, una precaria legitimidad.

Lo anterior explica que en todos los sondeos y encuestas la popularidad de Sebastián Piñera se haya precipitado aun más y hoy no tenga más de un 12 por ciento de aprobación. Asimismo, ya es un hecho ampliamente conocido que la institución más desprestigiada del país es la del Congreso Nacional, superando el descrédito que afecta a la Justicia, lo militares y los policías.

Luego de seis semanas de furia y protesta no tenemos todavía indicios de que el descontento popular vaya a menguar. Por el contrario, cada día las movilizaciones se asumen más radicales, especialmente después de la criminal represión. No hay duda que el Ejecutivo y las policías han sido desbordadas y el llamado “orden público” difícilmente pueda establecerse sin que antes el país compruebe una voluntad política destinada realmente a resolver sus demandas salariales, previsionales, como las relativas a la salud, educación pública, transporte y vivienda.

El jefe de estado y los parlamentarios han dedicado semanas a alcanzar un acuerdo destinado a consolidar un proceso constituyente que contempla la realización de un plebiscito en abril próximo y, enseguida, elecciones para elegir a los integrantes de una instancia redactora de la nueva Carta Magna, la cual durante largos meses se ocuparía de proponerle un texto a la ciudadanía para ser finalmente ratificado o desahuciado por ésta. Por lo que en no menos de un año recién podríamos contar con el instrumento que defina los lineamientos de nuestro Estado, sus instituciones, así como los derechos políticos, económicos y sociales de la población.

Es importante, sin duda, que se alcance este cometido jurídico institucional, pero es lamentable que las reglas del juego de este proceso hayan sido definidas a puertas cerradas por los partidos con representación parlamentaria, aunque algunos de ellos de verdad prefirieron omitirse de una negociación cupular y sin la participación de nuevos actores sociales que, a no dudarlo, tienen mucho más ascendiente entre la población que las colectividades políticas. Es indiscutible que una de las grandes demandas ciudadanas ha sido también la necesidad de derogar la Constitución de Pinochet con esas superficiales enmiendas acordadas bajo el gobierno de Ricardo Lagos, quien tuvo la pretensión de hacer pasar como obra propia este texto de 1980.

Las grandes aspiraciones de la población reclaman soluciones concretas antes de abocarse al proceso constituyente. Entidades como No+AFP, la CUT, No+TAG, el movimiento de pobladores Ukamau, la Coordinadora Feminista 8M, las federaciones sindicales, indígenas, gremiales, estudiantiles y tantas otras son las que el pueblo les asigna autoridad y liderazgo en la actual insurrección.  Son éstas las que salen todos los días a las calles y concitan la masiva adhesión de los chilenos sin que en todas estas semanas las autoridades le hayan reconocido la legitimidad que tienen, como el aporte que pueden hacer en las urgentes soluciones. Una actitud contraria a lo que ha sucedido en otros países de la Región en que los gobiernos (algo más sensibles que el nuestro) han reconocido a los actores sociales como interlocutores, convocándolos a concitar acuerdos directos y no intermediados.

Disminuir el grosero sueldo recibido por ministros y parlamentarios, congelar las abusivas cuentas de la luz, del agua o del pasaje en Metro son apenas tenues gestos de las autoridades, sin el propósito real de intervenir el sistema de las AFP, de isapres, de los monopolios farmacéuticos o proponerse el término o modificación de esos leoninos contratos con las concesionarias de carreteras. Todas las cuales registran inauditas utilidades a expensas de las obligadas cotizaciones de los trabajadores, pensionados, pequeños y medianos empresarios, como los impuestos descargados a todos los consumidores. Sin prosperar todavía un tributo efectivo a los que más ganan, es decir a ese 1 por ciento de chilenos que tiene ingresos que superan lo que obtiene el 20 por ciento de nuestra población.

El economista Manuel Riesco, en carta a El Mercurio, señala que si el Estado asumiera la administración de los fondos previsionales podría doblar el monto de las actuales pensiones pagadas por las AFP, además de recaudar para el fisco unos 11 mil millones de dólares por año. Recursos que podrían satisfacer un sinnúmero de otras demandas sociales. ¡Vaya qué justa sería, entonces, una nacionalización de los agentes que tanto lucran de los ahorros de los trabajadores cotizantes!

No es cosa de atribuirle a Piñera y a los miembros del Parlamento tanta insensatez o desidia. Lo que ocurre es que la mayoría de ellos son parte o están supeditados a los grandes intereses económicos de la banca, la minería, las forestales, pesqueras o de las empresas administradoras de los servicios básicos. Como, también, a los llamados “sostenedores” de la educación privada, los dueños de laboratorios, clínicas e hipermercados.

Basta hacer un cruce entre los apellidos de quienes nos gobiernan con los de los gerentes o administradores de todas estas entidades, para demostrar tal confabulación. Por lo cual ha resultado tan fácil el lobby empresarial ejercido hacia los legisladores, ministros de estado o alcaldes. Un tráfico de influencias que se ha llegado a constatar en los mismos pasillos de La Moneda y los hemiciclos parlamentarios. Así como constan los escandalosos aportes de estas poderosas entidades al financiamiento de los partidos y las campañas electorales de sus candidatos.

Si el mismo Jefe de Estado es uno de los grandes acaudalados del mundo es difícil o imposible materializar de parte suya una reforma estructural de nuestro sistema económico, ni siquiera cumplir con una agenda social que encare las más urgentes necesidades de la nación. De allí es que los grandes intereses económicos lo insten a poner mano dura a las demandas de la población, así sea al extremo de violar gravemente los Derechos Humanos. Como ya lo han consignado los observadores extranjeros, así como en carne propia los miles de chilenos agredidos por el descontrol policial.

De esta manera es que también se explica que la mayoría opositora del Congreso no le haya exigido, todavía, la renuncia del Jefe de Estado, pese a feble apoyo ciudadano y a su creciente descrédito popular. Los “honorables” legisladores saben que cuestionar a “Su Excelencia” es exponerse a cesar también en sus funciones y perder sus múltiples granjerías. Sabemos que la ciudadanía ya despertó y ha descubierto los despropósitos de nuestro sistema político, económico, social y cultural.

Se trata de la gran colusión de todas las cúpulas políticas. Por años administrando en su favor el legado pinochetista, sin ánimo de avanzar hacia una genuina democracia y servir a la justicia social. Por lo mismo es que ya han pactado quórum y otros cerrojos que hagan difícil o imposible una nueva Constitución. Al mismo tiempo que parecen estar confiando en que la población desista de protestar a causa de los episodios de violencia que hemos conocido y repudiado. Actuaciones vandálicas que muy probablemente, como en otras ocasiones, cuentan con el beneplácito y hasta el aliento de las autoridades y policías a fin de que colaboren al desprestigio del justo alzamiento popular.

juanpablo.cardenas.s@gmail.com

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Todo un feble “arreglo político”

Por Juan Pablo Cárdenas:

Nadie puede tener certeza de lo que pueda suceder después del acuerdo político de los partidos que conforman el parlamento chileno destinado a plebiscitar en abril próximo la posibilidad de una nueva Constitución y el mecanismo para definirla. Damos por descontado que la ciudadanía va a optar por una nueva Carta Fundamental, pero tenemos muchas dudas respecto del organismo que se escoja para redactar el nuevo texto; porque ello dependerá de cómo se promueva y se venda publicitariamente la idea de una asamblea o convención constituyente, integrada solo por representantes electos por el pueblo, o bien se opte por la entidad propiciada por la derecha, integrado en un  50 por ciento por representantes del Congreso Nacional más la mitad de ciudadanos surgidos de las urnas.

De lo que ya no habría duda es que el ente que finalmente resulte tendrá que aprobar cada acápite de la nueva Constitución con un quórum mínimo de dos tercios, lo que augura un casi un imposible desafío para legitimar este nuevo texto. No olvidemos que desde el año 1980, la Carta Fundamental heredada por Pinochet solo pudo ser sometida a dos reformas por nuestro parlamento justamente por el alto quorum que el mismo texto exigía para ser reformado. Situación que ahora se repetiría y haría bien difícil obtener mayorías tan sólidas a la hora de definir la institucionalidad que los chilenos quieren consolidar. Cuando persisten diametrales diferencias en el país entre los que buscan un estado subsidiario o, por el contrario, un estado soberano respecto de la propiedad de sus riquezas fundamentales y capacidad de iniciativa económica. Tal como entre una institucionalidad que asume la educación, la salud, la vivienda y la previsión social como derechos del pueblo, y no la deje a merced del mercado, el régimen neoliberal y los inversionistas privados o extranjeros.

Al acometer estas decisiones, bastará que solo un tercio de los chilenos constituyentes asuman una posición al respecto para desbaratar la posición mayoritaria. Por lo mismo que la tarea será ardua y muy difícil de agotarse en tan solo un año de plazo, a juzgar por los tiempos definidos para ello y apurados por las urgentes soluciones que se les deben dar a las demandas públicas. No olvidemos que hemos tenido que soportar por cuarenta años una constitución ilegítima en su origen y ejercicio. Pese al triunfo del NO contra Pinochet, la persistente demanda popular por los cambios y la voluntad de muchos legisladores que una y otra vez se estrellaron con estos quorum, las resoluciones del Tribunal Constitucional y la falta de solvencia y consecuencia de los sucesivos gobiernos que se rindieron al legado del Dictador en ésta y tantas materias.

No es sorprendente la positiva reacción “de los mercados” después de este acuerdo entre las directivas partidistas, si se considera, por ejemplo, que la recuperación de riquezas básicas como el cobre y el litio, aunque fueran apoyadas masivamente, le darían amplio margen a las empresas nacionales y extranjeras para asegurarse el quórum mínimo a fin de que no prospere ni una reforma sustantiva. Y ya sabemos cómo éstas, o las AFP y las isapres no trepidan en sobornar a quienes toman las decisiones cuando se les hace necesario defender sus intereses.

No dejemos de lado, tampoco, que fue el estallido social el que nos puso a las puertas de un gran cambio en el país. Es decir, la enorme movilización que cumplió cuatro exitosas semanas a lo largo de todo el país, en la cual los chilenos le dijeron basta al Gobierno de Sebastián Piñera, pero también al conjunto de la clase política. Como consta que entre los millones de compatriotas movilizados todos los días no se pudieron apreciar las banderas o pancartas de los partidos. Aunque la rebelión de pueblo mapuche contra el Estado, sin embargo, desplegó la mayor cantidad de banderas junto al pabellón tricolor.

Tampoco podemos soslayar que, en estas protestas, si bien la nueva Constitución fue intensamente demandada, en lo principal el pueblo reclamó mejores salarios y pensiones, resolver el déficit de la salud y el precio abusivo de los medicamentos. Dejando en evidencia la profunda inequidad que existe entre los habitantes de nuestro país. Esto es, entre la pavorosa opulencia de un puñado de privilegiados y explotadores y la inmensa mayoría de trabajadores que sufre las más drásticas e injustas carencias. O la desesperanza de los jóvenes, de los estudiantes endeudados de por vida y la de esos 500 mil que no estudian ni trabajan.

Un grado de injusticia social de la cual no solo es responsable la administración de Piñera sino todos los gobiernos anteriores que tenían por misión construir una democracia participativa y un régimen económico social solidario. Además de la recuperar nuestros recursos naturales, imponer el respeto al medioambiente y ponerles término a los privilegios de la casta militar, tanto o más cuestionada por las corrupciones del poder empresarial y político. A todo lo cual se debe consignar, también, todos los pendientes de la verdad, justicia y reparación por los crímenes cometidos por el último Régimen Militar, sumado a la barbarie acometida hasta nuestros días contra el pueblo mapuche y otras minorías étnicas.

No vaya a ser cosa que el proceso constituyente acordado en esa desesperada y maratónica sesión de las cúpulas políticas vaya a supeditar las urgentes demandas sociales a la posibilidad solo de darnos una nueva Constitución. Más bien, creemos que si el actual gobierno y los parlamentarios no implementan con suma urgencia una real agenda social lo que podría fomentarse es el rápido retorno de nuevas protestas y más radicalizaciones. Como verdaderamente una verdadera guerra civil y fratricida, posibilidad que empezó a insinuarse en los últimos días con esa violencia ciertamente brutal e incontrolable que no trepidó en avanzar hacia los barrios más pudientes, que llegó a incendiar iglesias y edificios patrimoniales y hasta se atrevió a disparar contra los cuarteles policiales y militares.

Sabemos que el proceso constituyente, que algunos todavía festejan, ha dejado profundas heridas en los propios actores que lo acordaron, tanto en sus propias bases partidarias como en todo el movimiento social que fue excluido de las negociaciones. Una discriminación que puede conspirar mucho contra la intención de quienes pusieron la firma de este acuerdo. Claro: las dirigencias políticas, en su desarraigo de la realidad y crónica falta de prolijidad, pasaron por encima de movimientos tan prestigiados como No+AFP, no+TAG, los gremios de la administración pública, los colegios profesionales, las organizaciones de DDHH, la propia Central Unitaria de Trabajadores, las federaciones estudiantiles y otras múltiples y legitimadas instituciones ciertamente han resultado más convocantes que los partidos políticos.

En nuestro deber de informar lo que apreciamos, ya sabemos que la protesta vuelve a encenderse en algunos barrios de Santiago y regiones.

Pareciera que Sebastián Piñera, cuya renuncia se seguirá exigiendo como condición sustantiva de la paz, busca la oportunidad histórica de revertir sus deplorables atentados contra de los derechos humanos de la población con un itinerario político que lo conduzca a ponerle su rúbrica a una nueva Carta Magna y ser reconocido, así, por la posteridad. Como tantos otros viles gobernantes de nuestra historia que fueron capaces de eludir sus crímenes y despropósitos con algunos aciertos (la Constitución de 1925, por ejemplo). Lo que se explica en los múltiples monumentos que los honran en todas nuestras ciudades y pueblos y que con muchísima más razón podrían haber terminado derrumbados por la insurrección popular que vivimos.

Sin duda que la recuperación de imagen que se propone Piñera ya tiene drásticos opositores en su propio sector, donde por mucho tiempo ha acumulado numerosos detractores. Porque hay demócratas consecuentes que lo conocieron como partidario y beneficiario de la Dictadura, como un empresario sumido constantemente en las malas prácticas y un descarado gobernante que, además, tuvo la pretensión de ser reconocido como un líder continental y mundial.

 Después de tal desenlace político cupular, creemos que sería muy apropiado que la Justicia aclare si la violencia que empañó muchos actos constituyó solo una explicable respuesta de una juventud burlada y agredida por la represión policial y militar, como de una población harta del saqueo propiciado por el sistema que consagró la Constitución de 1980 y que nos llevara a extremos nunca vistos en inequidad social. Si no tendrá explicación, además, en los agentes policiales encubiertos y las complicidades gubernamentales que, como en otros momentos de nuestra historia, ya saben que las manifestaciones vandálicas logran inhibir las justas demandas de la población, alentar sus temores y renunciar a sus legítimas aspiraciones.

juanpablo.cardenas.s@gmail.com

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Buenos Aires escuchó un solo grito contra el gatillo fácil

Por Leandro Albani

En Argentina, cada 22 horas la policía asesina a un pibe o una piba que, indefectiblemente, es parte de la clase más humilde. Por eso, desde hace cinco años se realiza la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Un recorrido por la movilización que ayer caminó por las calles porteñas hacia Plaza de Mayo para denunciar que las fuerzas de seguridad continúan matando con total impunidad.

Los fierros que brillan en la Plaza de los Dos Congresos está vez no son los de los policías. Ahora son trompetas, trombones y platillos que un grupo de pibes hace sonar en el centro de la movilización que empieza a caminar hacia Plaza de Mayo para denunciar, otra vez, que las balas de las fuerzas de seguridad siguen matando a los chicos y a las chicas del país.

Al ritmo de bombos y redoblantes, la música que sale de los instrumentos siempre es acompañada por cantos en contra de la policía. No es para menos: en Argentina, cada 22 horas la policía asesina a un pibe o una piba que, indefectiblemente, es parte de la clase más humilde. Por eso, desde hace cinco años se realiza la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, que en esta ocasión también se llevó a cabo en las principales ciudades del país.

En un martes soleado y claro, cuando Buenos Aires llega a sus límites de un caos generado por autos, gente casi corriendo por las veredas, y un ritmo citadino que raya la locura, cientos de personas se reúnen para reclamar justicia por sus pibes, pero también para llamar la atención –a quienes quieran oírlo y verlo- sobre la escalada represiva que parece no tener fin desde que asumió la presidencia Mauricio Macri. Aunque los casos de gatillo fácil no son una exclusividad del gobierno de Cambiemos: desde que volvió la democracia al país en 1983, se registraron 6.500 casos, como lo denuncian los organizadores de la marcha.

 “No puedo creer que haya tanta gente… ¿Esto cuándo va a parar?”, me dice Silvia Rosito, madre de Fernando Latorre, uno de los siete pibes que murieron el 2 de marzo de 2017 en la comisaría primera de la ciudad de Pergamino, luego de que los policías dejaron que un incendio se lleve sus vidas. Silvia se conmueve porque sabe, aunque por momentos no lo pueda creer, que cada año se suman más familias a la marcha. Esa es la confirmación de que la policía continúa matando con total impunidad.

Cuando la movilización avanza por avenida de mayo, en pleno centro porteño, las banderas flamean al ritmo de la música y de consignas contra la policía. “¡Yuta asesina!”, explota en las voces de los manifestantes. “Lacras”, es el calificativo que más se repite entre las personas. Seis letras que, en la Argentina de hoy, resumen de forma casi milimétrica a los uniformados y a las uniformadas que gatillan sus armas, aplicando la doctrina de disparar y después preguntar.

Emilia Vassallo, madre de Pablo “Paly” Alcorta –asesinado en 2013 por el policía bonaerense Diego Ariel Tolaba-, me dice que no hay problema con una entrevista, pero que la siga. Y eso no es tarea fácil. Emilia va, viene, organiza, grita “como a los nazis les va a pasar, a dónde vayan los iremos a buscar”, se acerca al camión que lleva el sonido, habla con las demás madres.

“Este es un día muy especial, porque hoy están todas las voces de nuestros pibes, de los que ya no están y de los que están. Por eso es que luchamos y denunciamos a este Estado asesino y represor”, cuenta Emilia. Para ella, como para los cientos de familiares que marchan, “el gatillo fácil es una política de Estado, porque gobierno quién gobierne, a los pibes los matan, los desaparecen y los torturan”.

Emilia dice que, si no nos organizamos y salgamos a las calles, el gatillo fácil va a seguir existiendo. “Está bien visibilizar y pedir justicia, pero hay que cambiar de fondo a este sistema para que esto no siga pasando”, afirma.

La mamá de Paly alerta que en estos cuatro años la represión se recrudeció, que ahora los denominados “justicieros” –civiles que asesinan a una persona, sea un ladrón o “sospechoso”- tienen vía libre, amparados por el discurso gubernamental, y que la sociedad se deja arrastrar por el tema de la “inseguridad” con el que machacan los grandes medios de comunicación.

“Siguen poniendo en la agenda mediática que el gatillo fácil es consecuencia de que los pibes roban y no de que el pueblo está muerto de hambre, tiene necesidades que no son cubiertas por el Estado, que es el que los lleva a eso”.

Durante toda la movilización, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich fue el principal blanco de críticas y repudios. “¡Fuera, fuera, fuera Bullrich, fuera!”, se coreó en todas las cuadras que separan el Congreso de la Nación y Plaza de Mayo. La mamá de Juan Pablo Kukoc, Ivonne, sintetizó lo que muchos y muchas sentían: “A mi hijo lo mató Chocobar, pero el presidente Macri lo felicitó. Por eso: fuera Bullrich. Pase lo que pase, nadie me lo va a devolver. Le quiero decir a Chocobar: no solo mataste a mi hijo sino a toda la familia”.

Para Pablo Pimentel, titular de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza, “es lamentable que, en un país, que en 1983 empezamos a construir sobre los valores de los derechos humanos, hoy haya miles y miles de familias que reclaman justicia por la violencia que ejerce el Estado”.

“El discurso del gobierno asentó los anti-valores –explica Pimentel-. No respetando ningún protocolo del accionar policial, se ha matado a muchos chicos y jóvenes, sobre todo de los barrios humildes”. Frente a esta situación, el presidente de la APDH asegura que es necesario “reforzar la conciencia del pueblo y exigirles a los gobernantes que respeten la ley. Si se respeta la Constitución, se respetan los derechos humanos”.

Pimentel señala que las “fuerzas de seguridad tienen que tener otros valores, basadas en la prevención y en cuidar a los ciudadanos, pero lo que hacen es reprimir y garantizar las políticas económicas vigentes. En realidad, lo que hay que cambiar es el sistema capitalista, porque mientras exista el capitalismo se tiene que valer de estas fuerzas represivas”.

Al llegar a Plaza de Mayo, varios familiares de las víctimas leyeron el comunicado consensuado para la marcha. Es una radiografía macabra de todos los delitos y crímenes que comenten las fuerzas de seguridad. Desde el gatillo fácil al narcotráfico, de corrupciones varias a sus transas políticas, en el comunicado queda en evidencia a quiénes responden los uniformados: a un Estado capitalista que los necesita como fuerza de choque y difusores de la represión.

(Imagen: Eloísa Molina para La tinta) 

leandroalbani@gmail.com

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La paz no es opcional para el gobierno es su deber constitucional

Por Manuel Humberto Restrepo Domínguez:

La construcción de la paz estable y duradera, es un compromiso de estado y no puede ser omitido por el gobierno, ni eliminado de la agenda de estado, a riesgo de caer en una falta gravísima, por tratarse de la atención urgente a un derecho humano y fundamental y de un principio y valor sustancial a la democracia y al estado de derecho. Las garantías para fortalecer la articulación del sistema de justicia especial de paz, comisión de la verdad, amnistía prevista, conexidad de delitos, reconocimiento y reparación a las víctimas y des escalamiento de toda violencia son imperativos, mandatos que debe cumplir el gobierno de manera incondicional, sin pretender la renegociación de nada, en tanto lo pactado, se firmó y ha de cumplirse, a secas, sin objeción. La implementación del acuerdo de paz no un compromisos opcional ni electivo, y se requiere con urgencia incrustar el espíritu y acciones de paz en el plan de desarrollo y en las agendas institucionales legales, administrativas y financieras.

La paz es un derecho todos los días reiterado en discursos, documentos y directrices del gobierno y de los otros poderes del estado y su práctica exige materialización. La paz tiene el triple rasgo de ser un derecho humano, presente en la declaración universal de 1948 y en todo el sistema de derechos universal y regional; un derecho fundamental, expuesto en la constitución nacional de 1991 y; un bien común en el nivel de valor esencial, invocado en la totalidad de compromisos del estado con la comunidad internacional. No resulta congruente, que el estado se comprometa retóricamente a sacar adelante las tareas de la paz, pero aparezca alentando salidas de guerra, para su propio país y para la región entera.

El grupo político en el poder, ministros y delegatarios que se muestran huraños, esquivos, agresivos, intolerantes y desafiantes ofreciendo la guerra, están amenazando la paz, poniendo en riesgo su ejercicio. Olvidan que la guerra es condenable y lesiona la dignidad de toda la humanidad y es rechazada en los pactos y compromisos democráticos suscritos por el estado (que aunque “ellos” no los hayan firmado, juraron cumplir con sus cargos) y les genera responsabilidades éticas y penales, ante las cortes de justicia, CPI, OEA, ONU y tratados y convenios de todo orden.

El común de los pactos firmados es el compromiso de garantizar la convivencia como razón de ser de la civilización, siguiendo fielmente el espíritu de que “el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias y los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión” (DUDH, preámbulo).

Ese es el fin incondicional de todo gobierno y sus funcionarios del nivel que sean, sin consideración alguna de ideología o política, sea de izquierda, derecha, centro, ateo o creyente, hombre o mujer. Para toda la sociedad y el estado está por encima la obligación ética, moral, política y jurídica, de asumir la paz como meta central. Así ha de entenderlo el gobierno Duque y el centro democrático como partido de gobierno y tanto la negación a dar continuidad a las negociaciones políticas para cerrar el conflicto armado con el ELN, como promover y liderar una confrontación y derrocamiento del gobierno vecino, son una omisión flagrante una y delito la otra. Negarle condiciones a la paz interna es abofetear los derechos humanos y, hacer injerencia en el país hermano es destruir con premeditación el tejido del derecho a la autodeterminación de los pueblos.

Al país hermano lo polarizaron y está listo para que sobre sus odios creados, puedan correr los ríos de sangre que piden nuestros generales, que en su propio país miran a otro lado para no ver como asesinan a sus líderes o “matan a la gente para quedarse con el rio y después matan al rio”.

    

La barbarie como fuente del temor y la humillación están proscritas desde el fin del holocausto nazi y el establecimiento del tribunal de Núremberg y desde entonces promover o hacer la guerra es un crimen y cuando un gobernante la asume para sostener su legitimidad y beneficiarse de ella para mantener el ejercicio del poder, se convierte en un tirano, que podrá ser juzgado cuando los limites de su poder traspasen la barrera de lo moralmente permitido y su poder cese. La historia de este siglo da cuenta de cerca de una docena de expresidentes juzgados por crímenes de guerra o genocidio como: Charles Taylor deLiberia inculpado  en 2003 por crímenes en  Sierra Leona, que dejó 120.000 muertos; Laurent Gbagbo deCosta de Marfil, detenido  en 2011 (CPI), “coautor indirecto” por mas de 3000 muertes cometidas por sus fuerzas; Slobodan Milosevic, de Yugoslavia juzgado en 1999 por el Tribunal Penal Internacional, por más de 200.000 muertos.; Milan Milutinovic deSerbia inculpado en 1999; Khieu Samphan de Kampuchea, detenido en 2007; Omar El Beshirde Sudán, acusado en 2009 por la CPI por mas de 300.000 muertos en Darfur, según la ONU.

Así mismo varios ex presidentes Suramericanos como Pinochet, Fujimori y Videla fueron a prisión, aunque cuando condujeron la barbarie, contaron con el irrestricto apoyo de los Estados Unidos, que contribuyó a fortalecer la versión de que eran promotores de derechos humanos y que sus indicadores de éxito (asesinatos, desapariciones) acciones democráticas necesarias para salvar la patria de enemigos.

P.D. La ayuda humanitaria solo existe cuando es prestada por organismos independientes y no afecta la autodeterminación de un pueblo, ni enfrenta la voluntad del gobierno legítimo. Los Principios de la ayuda humanitaria son: A. Independencia operativa: No entremezclase con cuestiones políticas, culturales, militares, ideológicas o religiosas, ni influir en los acontecimientos para inclinar hacia un lado u otro la acción de los organismos de atención. B. Imparcialidad:

La atención y asistencia inmediata no es excluyente. C. Neutralidad: Las misiones no pueden, bajo ningún concepto, tomar partido en lo que sucede en el entorno. En casos de guerras o conflictos internos su labor no será alimentar discrepancias ni mostrarse favorables a uno u otro de los bandos. D. Humanidad y atención: atender el sufrimiento y necesidades de las personas, salvar vidas es el principal objetivo de cualquier programa de ayuda humanitaria en el mundo. Los principios de imparcialidad, neutralidad y humanidad fueron confirmados en la resolución 46/182 de la asamblea General aprobada en 1991, el principio de independencia se añadió en 2004 por resolución 58/114.

mrestrepo33@hotmail.com

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EEUU intenta dar un golpe al pueblo soberano de Venezuela

Por Norma Estela Ferreyra: 

Cuando una Constitución surge de un Plebiscito  y se dispone que el Pueblo gobierna por sobre cualquiera de los poderes instituidos por intermedio de una Asamblea que controlará a los mismos, pudiendo ejercer el derecho de Revocatoria de cualquiera de los cargos, incluido el mandato presidencial, no existe manera de vencerlo, ya que se erige en el custodio de la soberanía.

¿En dónde reside su poder soberano?  Artículo 5. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos.

¿Puede manifestarse el Pueblo? Artículo 68. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley.  Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público

¿Qué es la revocatoria? Artículo 71. Las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a referendo consultivo por iniciativa del Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; por acuerdo de la Asamblea Nacional, aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes; o a solicitud de un número no menor del diez por ciento de los electores y electoras inscritos en el registro civil y electoral. También podrán ser sometidas a referendo consultivo las materias de especial trascendencia municipal y parroquial y estadal. La iniciativa le corresponde a la Junta Parroquial, al Concejo Municipal y al Consejo Legislativo, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; el Alcalde o Alcaldesa y el Gobernador o Gobernadora de Estado, o a solicitud de un número no menor del diez por ciento del total de inscritos en la circunscripción correspondiente.

Artículo 72. Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables. Transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, un número no menor del veinte por ciento de los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato……”   Y podría seguir con las maravillas de esta Constitución, pero mejor les dejo el link: para leerla completa : https://www.oas.org/juridico/mla/sp/ven/sp_ven-int-const.html

Ojalá tuviéramos, los argentinos, una Constitución idéntica, que permite al pueblo soberano revocar el mandato  de cualquier cargo y magistratura. Seguramente, no tendríamos hoy, a un gobierno que utilizó el fraude electoral, prometiendo lo contrario a lo que iba a hacer, mintiendo para acceder al cargo, como tampoco tendrámos que tolerar en su cargo a los legisladores peronistas que accedieron a su cargo por ese partido y hoy se burlan de la doctrina del Gral Juan Domingo Perón, dando su voto en contra de los derechos de los jubilados, a favor de despidos masivos y de salarios de hambre, del endeudamiento salvaje con el FMI y tantas otras aberraciones jurídicas, que son toleradas por un poder judicial corrupto y cobarde, en su mayoría. Estos “representantes” se olvidaron del pueblo que dijeron representar y votan  a “Cambiemos”, seguramente, a cambio de altas coimas.

Pero volviendo a Venezuela hay que decir que Turquía, Irán, Rusia, China, Cuba, Bolivia, Uruguay, son apenas una muestra del apoyo con que cuenta Nicolás Maduro, elegido por su pueblo,  en quien reside la soberanía de ese maravilloso país, hijo de Bolívar y Chávez, entre tantos otros héroes y patriotas.

¿Quiénes desconoce a Maduro?. Apenas unos cuantos países que se resumen en uno, que es  EEUU ya que los demás son sus lacayos, como  grupo de Lima.

Diego Olivera, máximo periodista que lleva adelante el Periódico Barómetro Internacional, de gran prestigio en el mundo, opinó en HispainTV y dijo, entre otra cosas, que es irrisoria e indigna, por parte del presidente de la Asamblea Nacional en desacato y que se basa en un  acto inmoral de Trump, para provocar una crisis. Pero hay que recordar que la derecha venezolana se equivocó al no participar de las elecciones y ese fue su error. Ahora ponen  la mentira al servicio de los intereses de EEUU, que ha destruido a países como Libia, y muchos otros, para apoderarse de sus riquezas. Trump no tiene moral para tener injerencias en Venezuela, para quitarle la libertad  y la independencia a su pueblo. (Esta síntesis conceptual, escueta y no textual, nos da una idea de la solvencia intelectual y del coraje de Diego Olivera, a quien admiro profundamente)

Como argentina y columnista de ese periódico, he podido comprobar las mentiras  que se promocionaban en vídeos desde YouTube, con falsas filmaciones de marchas, que no pertenecían a este momento, sino a varios años atrás y a otras realidades. El autoproclamado presidente encargado, hizo de la mentira un circo mediático, con una difusión distorsionada de los hechos, que eran muy distintos,  comparándolos  con la organización de un pueblo con agallas, que está dispuesto a defender la constitución y al gobierno que votaron. Inclusive, usaron las marchas a favor de maduro, como falso apoyo al falso “presidente encargado”, como se lo nombra, absurdamente.

Estos atropellos al gobierno y al pueblo venezolano, se hacen cuanto se cumplen 61 años del derrocamiento de la terrible dictadura que se había instaurado en este mismo país, por una injerencia anterior de EEUU.  Algo curioso pero ya muy conocido, para el mayor injerencista en asuntos internos de otros países, que existe en el mundo,  como es el que hoy dirige Donald Trump.

Por lo tanto, les pido que sepan diferenciar las noticias falsas, mentirosas y que forman parte de un show mediático. Utilicen canales serios de información para evitar engaños. Difundan la verdad entre sus amigos. Y adviertan que el fraude eleccionario es el camino que siguen los  países lacayos, como el nuestro, para poner a la democracia al servicio de intereses foráneos. Luchen contra todo tipo de fraude, que es la moneda corriente de la corrupción, el engaño y el saqueo de las naciones y de su pueblo.

normaef10@hotmail.com

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Ilegitimo Por Que el presidente Maduro

Por Pascualina Curcio:

¿Se habrán hecho esta pregunta quienes afirman que Nicolás Maduro es un dictador, un usurpador y que el período 2019-2025 carece de legitimidad? ¿O solo repiten lo que escuchan?

Comenzaron a posicionar esta matriz de opinión los 12 países reunidos en Lima. Se lee en su comunicado: “…el proceso electoral llevado a cabo en Venezuela el 20 de mayo de 2018 carece de legitimidad por no haber contado con la participación de todos los actores políticos venezolanos, ni con la presencia de observadores internacionales independientes, ni con las garantías y estándares internacionales necesarios para un proceso libre, justo y transparente.”

Los dirigentes de la oposición venezolana, nos referimos a la no democrática, repiten sin descanso, y por supuesto sin argumentación, que Maduro es un usurpador.

En un acto de desespero, el propio vicepresidente de los EEUU, Mike Pence al verse obligado a convocar personalmente la marcha opositora para el 23 de enero, debido a la incompetencia de la dirigencia opositora, insistió y repitió que el presidente Nicolás Maduro es un dictador, usurpador e ilegítimo.

La estrategia es clara, repetir mil veces la mentira para convertirla

en verdad.

Desmontemos la mentira:

1.            Hubo elecciones presidenciales. Se realizaron el 20 de mayo de 2018, es decir, antes del 10 de enero de 2019, momento en el que de acuerdo con los artículos 230 y 231 de la Constitución se vence el período presidencial 2013-2019. Se estuviese violando la Constitución si las elecciones se hubiesen realizado después del 10 de enero de 2019, o peor aún que no se hubiesen realizado.

           

2.            Fue la oposición venezolana la que solicitó el adelanto de las

elecciones. Se realizaron en mayo y no en diciembre, como

tradicionalmente se hacía, porque fue la oposición la que solicitó, en

el marco del diálogo en República Dominicana, que se efectuasen el

primer trimestre del 2018.

3.    En Venezuela el voto es un derecho, no es un deber. Quienes de

manera libre, aunque influenciados por algunas organizaciones

políticas no democráticas que llamaron a la abstención, decidieron no

asistir a votar están en su pleno derecho, pero en lo absoluto

ilegitima el proceso electoral, más aún cuando eso implicaría

desconocer e irrespetar a los 9.389.056 que si decidieron votar y

ejercieron democráticamente su derecho al sufragio.

4.    Participaron 16 partidos políticos en la contienda electoral

(PSUV), (MSV), (Tupamaro), (UPV), (Podemos), (PPT), (ORA), (MPAC),

(MEP), (PCV), (AP), (MAS) (Copei) Esperanza por el Cambio, (UPP89). En

Venezuela no es obligatorio que todos los partidos políticos

participen en los procesos electorales. Están en su pleno derecho de

decidir si participan o no. Justamente porque nuestro sistema es

democrático. El hecho de que 3 partidos (AD, VP y PJ) decidieron

libremente no participar, no ilegitima el proceso electoral.

5.    Se postularon 6 candidatos: Nicolás Maduro, Henri Falcón, Javier

Bertucci, Reinaldo Quijada, Francisco Visconti Osorio y Luis Alejandro

Ratti (los dos últimos decidieron retirarse).

6.    Maduro ganó con un amplio margen, obtuvo 6.248.864 de votos, el

67,84%; le siguieron Henri Falcón con 1.927.958, el 20,93%; Javier

Bertucci con 1.015.895, 10,82% y Reinaldo Quijada quien obtuvo 36.246

votos, el 0,39% del total. La diferencia entre Maduro y Falcón fue

46,91 puntos porcentuales.

7.    Acompañaron el proceso electoral unas 150 personas, entre ellas 14

comisiones electorales de 8 países; 2 misiones técnicas electorales;

18 periodistas de distintas partes del mundo; 1 Europarlamentario y 1

delegación técnico-electoral de la Central Electoral de Rusia.

8.    Las elecciones se realizaron con el mismo sistema electoral

empleado en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, en las

cuales resultó ganadora la oposición venezolana. Sistema que es

automatizado y sometido a auditorías antes, durante y después de los

comicios. Sistema que garantiza los principios de “un elector, un

voto” porque solo con la huella dactilar se desbloquea la máquina de

votación; y garantiza el “secreto del voto”.

9.    Se realizaron 18 auditorías al sistema automatizado. Los

representantes del candidato Henri Falcón participaron en las 18 y

suscribieron las actas en las que manifiestan su conformidad con el

sistema electoral. Las auditorías son públicas y televisadas en vivo

por el canal del Consejo Nacional Electoral. Una vez realizadas las

auditorías, el sistema se bloquea y la única manera de acceder

nuevamente es con la introducción simultánea de los códigos secretos

que tiene cada organización política.

10.    Ninguno de los candidatos que participó en el proceso electoral

impugnó los resultados. No hay pruebas de fraude,  no presentaron

ninguna evidencia o denuncia concreta de fraude.

Las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018 fueron libres,

transparentes, confiables, seguras y ajustadas a la Constitución y a

las leyes a pesar del llamado antidemocrático a la abstención por

parte de un sector de la oposición.

Son otros los que pretenden usurpar el cargo de Presidente de la

República con el argumento de un supuesto vacío de poder, figura que

no está contemplada en nuestra Constitución y la instauración de un

“gobierno de transición”, figura tampoco prevista en la Carta Magna.

Por si fuera poco, pretenden ejercer el poder fuera de nuestras

fronteras violando el artículo 18 de la Constitución que establece que

es Caracas la sede de los poderes públicos.

Así las cosas, son otros los usurpadores, ilegítimos y antidemocráticos.

Es ilegítimo y constituye un intento de usurpación el que algunos

sectores de la oposición pretendan sostenerse en el apoyo de sectores

extranjeros provenientes de gobiernos imperialistas para ejercer una

autoridad que ni el pueblo ni la Constitución les da.

Repitamos mil veces estas verdades.

pcurcio@usb.ve

solidaridad-venezuela@lists.mayfirst.org

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Estrangulamiento conceptual opositor

Por Oscar Bravo:

Cuando uno coloca en “el banquillo del acusado “a la dirigencia opositora venezolana y comienza a realizar una sistematización de su accionar en los últimos 20 años, pareciese fortalecer una apreciación que mucha gente en la calle comenta: “la oposición venezolana es mala”…”la gran tragedia política es que tenemos una oposición mediocre”…”la oposición venezolana está dividida”…“no saben lo que quieren”…”no se ponen de acuerdo entre ellos mismos”…”lo que los une es el odio antichavista”…”

En la oposición hay mucho ego, mucho narcisismo  político”…”se siente que no actúan por cuenta propia, que dependen de lo que les digan factores poderosos”…”no tienen un proyecto de país”…”critican todo, por eso no son visto como una alternativa real y seria”…

Tantas cosas que se dicen de la derecha nacional, que podría intentar hacer algunas precisiones: desde el año 1998, cuando a ultima hora cambiaron las candidaturas presidenciales que tenían,  han sufrido grandes derrotas electorales, pero que no tienen una cultura política de reconocer sus errores políticos, culpan al gobierno y al chavismo de sus fracasos…consideran que ellos nunca han perdido unas elecciones , sino que le han hecho trampas, y que desde el punto de vista conceptual han intentado modificar sin ningún éxito, el sentido y razón de muchas palabras y acciones políticas que tienen sus especificidades…

Algunos ejemplos de estos ESTRANGULAMIENTOS CONCEPTUALES son los siguientes:

1.-  En 1999 estuvieron en contra de que se haya convocado a un referendo consultivo para llamar a una Asamblea Nacional Constituyente para redactar una nueva constitución, pero en el 2017, criticaron que no se haya realizado…

2.- Votaron en contra de la aprobación de una nueva constitución en 1999, pero en el 2007,  votaron en contra de la reforma de ésa constitución…

3.- Desde el referendo revocatorio en el 2004, andan cantando fraude y que al día siguiente van a presentar las pruebas…y confunden en cada proceso electoral,  la existencia de  “supuestas irregularidades” con la palabra “fraude”…

4.- Dicen  que estamos en una dictadura, sin explicar las características esenciales del concepto “dictadura”…

5.- Cuando fracasan en su objetivo político de “tumbar al gobierno”, sólo minimizan el hecho, lo descalifican, y  lo llaman “eso es un simulacro o un auto atentado”…

6.- El golpe de estado del 11 de abril del 2002, lo llamaron “vacío de poder” y a los militares alzados, los consideraron como a unos uniformados institucionales, que estaban “preñados de buenas intenciones”…

7.- Las guarimbas no son manifestaciones callejeras violentas, sino “encuentros vecinales de calle”…

8.- los cierres de avenidas y autopistas, no impedían el derecho al libre transito, solo eran “trancazos simbólicos”…

9.- Los saqueos incentivados por la derecha, eran simplemente “la adquisición de bienes sin pagar”, por personas molestas por su situación económica…

10.- Cuando no participan en los procesos electorales, ellos no se consideran “abstencionistas”, sino que es solo una “actitud de protesta” en contra del sistema electoral…

11.- En Venezuela no existe una “alta especulación”, solo existe una “hiper-inflación”…

12.- El homicidio calificado en grado de frustración no existe, lo que ocurren son “hechos confusos” que deben tener una “investigación objetiva”, ya que no consideran que haya ocurrido algún hecho punible…

13.- La dirigencia opositora consideran que los intentos de magnicidio, son casi unos hechos naturales, simples y que no deben magnificarse…ya que no son “actos terroristas”…sino “acciones políticas radicales”

14.- Cuando andan por el mundo suplicando invasión y bloqueo comercial - financiero contra Venezuela, ellos no creen que estén cometiendo el delito de “traición a la patria”, y que solo están  denunciando las cosas que hace “la dictadura chavista”…

Las incoherencias de la oposición venezolana son proporcional a los nuevos significantes y significados de los conceptos que quieren imponer, según sus intereses y conveniencia política…

Politólogo.

bravisimo929@gmail.com

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