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sábado, 8 de febrero de 2020

El destemplado intento derechista por conservar su Constitución



Por Juan Pablo Cárdenas S.:
Ante el contundente estallido social que vive el país, la derecha no ha tenido más remedio que aceptar la realización en abril próximo de un plebiscito en que a los chilenos se les consultará si quieren una nueva constitución o le dan continuidad a la Carta Magna legada por Pinochet y sacralizada por el gobierno de Ricardo Lagos. Con muy pocas defecciones, los partidos ligados al oficialismo ya han iniciado una campaña electoral destinada a obtener en las urnas un apoyo para la preservación de la actual institucionalidad, oponiéndose a la posibilidad de que sea una asamblea constituyente la que se encargue de redactar un texto constitucional nuevo, o a partir de cero.

Lo más previsible es que los ciudadanos apoyen muy ampliamente la idea de derogar la actual Constitución, pero la derecha espera que con un tercio de los votantes y de los asambleístas que se elijan en septiembre próximo pueda exigir que las normas obtengan al menos dos tercios de apoyo para que puedan ser promulgadas. Una extraña facultad que se le ha concedido a la minoría con los votos de los propios legisladores derechistas, demócratas cristianos, socialistas, del PPD, radicales y hasta algunos miembros del Frente Amplio mareados todos por el protagonismo mediático. Todo lo cual avizora las tensiones que seguirá viviendo nuestro proceso constitucional, con el pueblo francamente enardecido en las calles y radicalizando día a día sus acciones.

La millonaria publicidad que ya implementa la derecha busca que no se aprueba la idea de una nueva Constitución en la promesa de que al texto vigente se le pueden hacer las reformas demandadas por el pueblo sin más dilaciones. Como si ya el país no hubiera esperado por más de treinta años que éstas hubieran sido acogidas durante la larga postdictadura, como si en todos estos años la clase política no le hubiese dado un portazo a las demandas por un nuevo sistema previsional, una auténtica reforma sanitaria y a esa cantidad de aspiraciones que constituyen la agenda social del pueblo.  Población que exhibe los más extremos índices de desigualdad en el mundo y al que se le han continuado coartando y reprimiendo sus derechos sindicales, de reunión y asociación, tal como lo hacía la Dictadura Militar.

Lo más probable es que la represión policial que cobra a diario nuevas víctimas en el país tenga la intención de amedrentar a los chilenos en la idea de que se conforme con algunas reformas a la Constitución actual antes de abrirse a la idea de un texto nuevo con toda la incertidumbre que ello implica.

La constatación de las violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos acreditadas por varias y prestigiosas entidades internacionales parece no inquietar a La Moneda y a su más que cuestionado gobernante. Las autoridades confían en que el caos callejero y la acción incluso de los vándalos que salen a saquear supermercados y otros (sin que poco nada tengan que ver con la protesta pacífica y masiva) pueda darle el sufragio de los más ciudadanos más ignorantes, de los que prefieren siempre cobijarse bajo el orden establecido, aunque éste vulnere constantemente sus derechos.

Sin embargo, parece que por primera vez en nuestra historia el pueblo ha tomado conciencia de su situación y de la necesidad de movilizarse. Las protestas ya se han extendido por tres meses y todo dice que, desde marzo, después del período estival, las marchas, barricadas, tomas, huelgas y otras acciones van a multiplicarse en todo el país. Al menos así lo prometen las federaciones estudiantiles y las organizaciones vivas de la sociedad civil.

Pese a la criminal represión policial, el país sigue dando un gran ejemplo de coraje y unidad, así haya que lamentar la acción de algunos desquiciados que en realidad se infiltran o son infiltrados en las movilizaciones para obtener imagen para los noticiarios y victimizar a Carabineros. Institución que se ha desmoronado en su prestigio y muchos de sus efectivos ya se encuentran fatigados y desmoralizados.

Además de la falsa promesa de conceder cambios dentro de la actual Carta Magna, las figuras más visibles del oficialismo y de los gremios patronales están impulsando campañas para romper la precaria unidad de los partidos opositores. En la prensa y las redes sociales se apela al histórico carácter democrático de la Democracia Cristiana y de otros partidos para inducirlos a romper con las agrupaciones de izquierda o violentistas, según las motejan. Se los insta a creer en la buena voluntad del gobierno y sus legisladores para emprender reformas económico sociales que hasta hace algunos meses se hacían imposibles, olvidándose que en el pasado la Derecha se opuso a la Reforma Agraria, a la recuperación de nuestras riquezas básicas y a tantas otras iniciativas impulsadas por los gobiernos de Frei Moltalva y del propio Salvador Allende, a cuyos seguidores hoy apelan.

Está fresca en la memoria, felizmente, como después los derechistas terminaron conspirando para asesinar a nuestra democracia, incendiar La Moneda, justificar y sostener una sanguinaria dictadura. Así como después de Pinochet lo que han hecho es alentar las privatizaciones, concentrar la riqueza, hacer más dependiente a nuestra economía y desatender las justas aspiraciones de nuestros pueblos autóctonos. En el goce, por supuesto, de su impunidad.

Tendrían que ser demasiado ingenuos los dirigentes demócrata cristianos y de otras colectividades políticas para atender los “cantos de sirena” de quienes hoy están a punto de ser derrotados y se afirman a un gobierno que no cuenta con más de un 10 por ciento de apoyo popular. Pero ya sabemos que hoy no existen partidos ideológicamente monolíticos y que la corrupción hace presa fácil del conjunto de los políticos que también quieren seguir aferrados al poder, como a sus prebendas.

Un Piñera completamente desacreditado, una casta política y empresarial que teme por sus lucrativos negocios, no apuesta todavía a iniciar una nueva conspiración que los lleve a conservar el poder y sus privilegios de manos de los militares. De alguna manera, se sabe que las Fuerzas Armadas no están en la misma actitud de 1973, después de pagar los costos por sus crímenes y de alguna manera comprender que sus efectivos son parte del mismo pueblo que sufre tantas carencias. Es difícil que surja un líder castrense después de los bochornosos episodios de corrupción que han envuelto a los altos mandos de todas sus instituciones, pero no hay que desatender esta posibilidad a la que tantas veces han recurrido los golpes y conatos de rebelión militar en nuestra historia.

Sin embargo, de lo que sí estamos seguros es del intento de algunos dirigentes de derecha por estrechar relaciones con el gobierno de Donald Trump y otros referentes mundiales que pudieran alentar, como lo hacen en otras naciones hermanas, movimientos subversivos y de protección de sus enormes inversiones en todo nuestro continente. Porque ya sabemos que no es la democracia lo que le interesa a la Casa Blanca y a sus incursiones militares en toda la Tierra, cuando siempre después de éstas instalan a los más tenebrosos gobernantes.
juanpablo.cardenas.s@gmail.com

sábado, 19 de octubre de 2019

En jaque el cantinflas neoliberal del Ecuador



Por Eduardo Andrade Bone:
Después de casi 12 días de manifestaciones transversales del pueblo ecuatoriano, junto a las organizaciones indígenas, sociales, estudiantiles, sindicales, ha triunfado el clamor popular, los cuales han terminado de poner en jaque al gobierno neoliberal de Lenín Moreno (Alianza país) y han logrado en un primer diálogo con el gobierno, los líderes indígenas han logrado aventar la derogación del decreto ley 883 del Fondo Monetario Internacional (FMI).


El saldo de las grandes protestas del pueblo ecuatoriano ha significado alrededor de 10 muertos torturados, más de 1000 detenidos, dos mil heridos, 100 desaparecidos, todo esto, producto de la brutal represión desatada por el gobierno de Alianza país y su presidente Lenín Moreno.

El presidente Moreno que estuvo durante todos estos días escondido en la ciudad de Guayaquil y bajo la protección de los altos mandos corruptos de las Fuerzas Armadas, vendidos al cartel del FMI. Lo único que hemos observado es un mandatario que vive obsesionado con achacar responsabilidades al expresidente Rafael Correa, a Nicolas Maduro, a las FARC, el narcotráfico y los presuntos infiltrados en el país, que buscan desestabilizarlo, pero sin entregar ningún tipo de pruebas ante el país y la prensa nacional como extranjera, lo que refleja una gran irresponsabilidad gubernamental.

En estas alocuciones el primer mandatario se parece mucho al führer Trump, que todo el tiempo está cargando contra los demócratas, o de Mauricio Macri que también vive obnubilado con la figura de Cristina Fernández o del ultraderechista Jair Bolsonaro que acusa de todos los males del Brasil, a la gestión gubernamental del gobierno de Lula o Dilma Rousseff, es el discurso calcado del Departamento de Estado norteamericano y los grandes empresarios, que vienen aplicando en la región, cuando se trata de sus espurios intereses, buscando neutralizar la lucha social por mejores condiciones de vida.

El presidente Moreno en su verborrea seudo política, suele acusar a los máximos líderes de Revolución Ciudadana de corrupción. Sin embargo, nada dice acerca de las imputaciones que involucran directamente a su hermano y toda su familia, ligados al escándalo Odebrecht y la escondida de sus dólares en los paraísos fiscales.

Lo cierto, es que después de la lucha desplegadas por el pueblo ecuatoriano en las calles de las diversas ciudades del país, el presidente Moreno, ha quedado herido de muerte, en realidad es un pato cojo sin ningún futuro político. Ya nada será igual para los actuales gobernantes, los que en forma clara y precisa se han puesto al servicio del cartel del FMI, los grandes empresarios y las mafias del mundo financiero y bancario. De allí que el gobierno de Alianza país, se encuentra seriamente dañado, así como la propia figura del presidente Moreno, que solo cuenta con el 10% de apoyo, según diversos sondeos realizados en el país. En este sentido se puede decir que el único camino que le queda a Lenín Moreno es su renuncia y el llamado a nuevas elecciones, ante la conmoción nacional que ha generado su decreto 883 y su programa de reformas laborales, al servicio del cartel del FMI.

Durante los doce días de movilizaciones, la única respuesta del gobierno fue dictar el Estado de Excepción, el toque de queda y la represión y muerte que han padecido los manifestantes, medidas propias de dictaduras militares, transformándose Lenin Moreno, en un vulgar dictadorcillo. En este plano también destaca el silenciamiento de la Asamblea Nacional, por orden del presidente Cesar Litardo, ligado a Alianza país, y que debiera haber sido la institución de la democracia ecuatoriana, llamada resolver el conflicto surgido con la aplicación del decreto 883 del ejecutivo y que gatillo las protestas nacionales.

En Ecuador, Amnistía Internacional (AI), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como la Defensoría del Pueblo, la ONU, han realizado sendos llamados de atención, a terminar con la brutal represión desatada por el gobierno neoliberal de Lenín Moreno y garantizar los derechos humanos de todos los ciudadanos. Además, dichos organismos han denunciado el uso excesivo y de forma indiscriminada de gases lacrimógenos contra los manifestantes o la utilización de escopetas de perdigones, lo que ha dado como resultado la muerte de alrededor de diez ciudadanos. Informaciones que han sido entregadas directamente por la Defensoría del Pueblo, cuyos miembros además han recibidos amenazas anónimas. Extrañamente la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, hasta el momento de escribir está nota, no se había pronunciado acerca de la violación de los derechos humanos, bajo el gobierno de Lenín Moreno.

 Hasta ahora el único apoyo que ha recibido el gobierno de Lenín Moreno, ha sido de los halcones de la Casa Blanca, de Luis Almagro, secretario general de la OEA y primeros títeres de los intereses norteamericano para la región y de todos los gobiernos de derecha y extrema derecha de América Latina (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Paraguay, Guatemala, Perú).

El presidente Moreno, en todos estos días de protestas nacionales contra el decreto ley del FMI sus alocuciones han estado cargadas de odiosidad, manipulación, tergiversación y mentiras, acerca de la realidad económica que vive el país, cuya crisis es producto de la ineptitud e incompetencia del gobierno de Alianza país. De allí, que su gobernabilidad ha estado trazada por la política de los bandazos y la búsqueda de chivos expiatorios (Correa, Maduro, Farc, narcotráfico, corrupción), para imponerle a los ecuatorianos medidas económicas draconianas que afectan directamente el poder adquisitivo de las familias ecuatorianas.
El triunfo alcanzado en la movilización popular, que ha tenido como objeto voltear el decreto 883 que establecía el alza de los combustibles y reforma laborales que perjudicarían al conjunto de la clase trabajadora, han quedado por el momento congeladas, puestos que el gobierno de Lenín Moreno, busca a través de otros subterfugios, imponer los dictados del FMI a la gran mayoría de los ecuatorianos.

En el encuentro y diálogos con las organizaciones indígenas, estas han exigido además la renuncia del ministro del Interior, María Paula Romo, y el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, los cuales junto a Lenín Moreno, son los mayores responsables de la represión, torturas, muertes, heridos y detenidos ocurridos en el transcurso de las protestas nacionales. También se ha exigido la reparación pertinente a los familiares de los asesinados por los aparatos represivos del gobierno de Alianza país.

Al momento de culminar esta nota, cual cacería de brujas dirigida hacia los seguidores de Revolución Ciudadana, se producía la detención de Paola Pabón, prefecta de Pichincha, la cual fue detenida durante horas de la madrugada del lunes 14 de octubre de 2019, en la redada de la policía se detuvieron dos presuntos colaboradores de la prefecta. También se ha encarcelado a Alexandra Arce, ex alcaldesa de Durán se busca al exdiputado Virgilio Hernández y se ha desatado la persecución hacia algunos dirigentes de las organizaciones indígenas, dando por inaugurado el “estado policial”, en el país.

La movilización transversal del pueblo ecuatoriano contra el decreto 883 del FMI, en una primera instancia, ha sido lo más relevantes y una gran victoria del pueblo ecuatoriano contra las medidas draconianas del gobierno de Lenín Moreno, su grupo político Alianza país y el cartel prestamista del Fondo Monetario Internacional (FMI).

aindoamericanap@gmail.com