Por Ansonith Albano:
En el marco de las transformaciones institucionales que
Estados Unidos adelanta para reconquistar la hegemonía global, ha puesto en
marcha en enero de este 2020, la denominada Corporación Financiera de
Desarrollo Internacional (DFC, en sus siglas en inglés), como la nueva agencia
que operará el financiamiento necesario para su reposicionamiento en el mundo.
La intención de modernizar el esquema de financiamiento al
desarrollo internacional, está contenida en la nueva Estrategia de Seguridad
Nacional (ESN), promulgada a finales del año 2017, y donde refiere que Estados
Unidos debe armarse con nuevas herramientas para enfrentar la creciente
influencia de China y otras potencias, sobre la escena internacional.
La ESN reconoce que Estados Unidos viene perdiendo la
batalla por esa preeminencia global, y orienta la conformación del nuevo
esquema de financiamiento, entendiendo que esta acción será fundamental para
actualizar su posición geopolítica. El cuestionamiento que hace el documento de
la situación de la hegemonía estadounidense, se vincula a su incapacidad para
ofrecer relaciones comerciales justas y atractivas, en contraposición a lo que
China viene logrando, especialmente en América Latina y el Caribe. “Hoy,
Estados Unidos debe competir por relaciones positivas en todo el mundo. China y
Rusia dirigen sus inversiones en el mundo, para expandir su influencia, y
obtener ventajas competitivas frente a Estados Unidos”, reitera la ESN.
China y su promoción de un mundo pluripolar, es definido en
la ESN, como la mayor amenaza para los objetivos de Estados Unidos. Y desde
este criterio, la ESN refiere que este país debe utilizar una nueva metodología
para el financiamiento internacional, priorizando la promoción del capital
privado sobre áreas que sean tributen a los grandes objetivos de la política
exterior imperial.
La nueva doctrina de seguridad nacional estadounidense,
plantea que la nueva DFC debe confrontar abiertamente el proyecto de la Franja
y la Ruta de China, y a la vez, favorecer la expansión del capital privado
estadounidense, para fomentar nuevas alianzas y fortalecer las ya existentes:
“Estados Unidos puede desempeñar un papel catalizador, en la promoción del
crecimiento económico, liderado por el sector privado”, aclara el documento.
La iniciativa legal que crea la DFC, aprobado en consenso
por republicanos y demócratas, fusiona la antigua Corporación de Inversiones
Privadas en el Extranjero (OPIC), y la Autoridad de Crédito para el Desarrollo
(DCA), perteneciente a la USAID, en una supra agencia de ayuda al desarrollo,
la más grande e importante creada en ese país.
Para materializar esta operación geopolítica, la DFC
administrará unos 60 mil millones de USD, doblando la capacidad financiera de
su antecesora OPIC. La nueva Corporación asumirá también, la gestión de las
carteras crediticias de la OPIC y la DCA; es decir, inicia sus labores,
administrando poco menos de 30 mil millones de USD, distribuidos en diversidad
de proyectos en todo el mundo.
La legislación brindó a la DFC, de novedosas herramientas
financieras, que le garantizan mayor flexibilidad en su nuevo rol, y
priorizando su eje de acción, en la inversión de proyectos energéticos y de
infraestructuras, contenidos en las siguientes iniciativas regionales dispuesta
por Estados Unidos para su reposicionamiento geopolítico: Connect Africa, 2X
Women’s Initiative, Feed the Future, América Crece, Indo-Pacific Strategy,
US-India Development Foundation, y, European Energy Security and
Diversification.
Desde esta perspectiva, el Gobierno de Estados Unidos hizo
efectivo en diciembre del 2019, el lanzamiento de la iniciativa "América
Crece", como la respuesta del Gobierno de Donald Trump al avance
significativo de China y Rusia en el continente.
En los últimos años, países de América Latina y el Caribe
han profundizado sus relaciones económicas con China, estableciendo cada vez
más acuerdos y flujos comerciales con la nación asiática. Según un informe del
Foro Económico Mundial del 2018, China desplazó a Estados Unidos como el
principal socio comercial de Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay, y ha
invertido más de 110 mil millones de USD en proyectos gubernamentales en toda
la región. El informe destaca la particularidad de que los bancos chinos, se
abstienen de imponer condiciones políticas a los Gobiernos receptores de
préstamos.
En este escenario, que vislumbra una transición del orden
político, económico y cultural en latinoamericana y caribeña, Estados Unidos
plantea la iniciativa América Crece, como una instrumentalización actualizada
de la vieja Doctrina Monroe.
Entre otras cosas, Estados Unidos busca con la
implementación de la iniciativa América Crece, el cambio de la matriz
energética de la región caribeña, para redirigir sus crecientes excedentes de
gas natural licuado (GNL). La Agencia Internacional de la Energía (AIE), señaló
en un informe fechado en noviembre del 2017, que Estados Unidos se convertirá,
en 2025, en el mayor exportador del mundo de GNL, proveniente de la extracción
del gas esquisto en su territorio.
Un núcleo sustancial de los proyectos, contenido en la
iniciativa América Crece, refleja la intención de Estados Unidos, de colocar
sus excedentes de gas en la región caribeña.
El pasado 21 de julio del 2020, Estados Unidos y Honduras
firmaron también un memorando de entendimiento, en el que el país
centroamericano formaliza su incorporación a la iniciativa América Crece, con
la promesa de inversión de mil millones de USD, en proyectos privados, durante
los próximos tres años, priorizando el asunto energético: “Nuestro enfoque será
en proyectos para fortalecer la infraestructura del país, avanzar en la
conectividad digital, fortalecer el sector salud, expandir los servicios
financieros, y ayudar a sentar las bases para un futuro más próspero”, refirió
el Director Ejecutivo de la DFC, Adam Boehler, durante la firma de documento,
que contó con la presencia virtual del Presidente hondureño, Juan Orlando
Hernández.
El documento, negociado entre Estados Unidos y Honduras,
toma puntos referenciales de los acuerdos ya firmados con Panamá, Chile,
Argentina, Jamaica, Colombia, Brasil, Perú, El Salvador, y establece el marco
legal de referencia, de las futuras actuaciones financieras de la DFC en
América latina y el Caribe.
A diferencia del tipo de financiamiento que China brinda a
los países de América Latina y el Caribe, donde se priorizan los proyectos
nacionales, y se fortalecen las capacidades de los Gobiernos para generar
mayores niveles de bienestar a la población, la acción de la DFC, reforzaría la
dependencia económica, y la expansión del capital privado estadounidense,
mercantilizando el fenómeno de la asistencia al desarrollo.
La configuración de la DFC como nueva instancia financiera
de la política exterior estadounidense, ha generado entusiasmo en los grupos
conservadores anti chinos. El pasado 14 de agosto del 2020, los Senadores Marco
Rubio (republicano), y Bob Menéndez (demócrata), caracterizados por sus
posiciones extremistas contra gobiernos soberanos en América Latina y el
Caribe, presentaron el proyecto de Ley para la Promoción de la Competitividad,
la Transparencia y la Seguridad en las Américas (ACTSA).
De acuerdo a la iniciativa presentada, la propuesta
bipartidista buscaría, por un lado, fortalecer la competitividad económica de
Estados Unidos, y por el otro, criminalizar la presencia política y comercial
de China en la región. “El objetivo de China es utilizar el poder económico
para desplazar a EE.UU. Me enorgullece unirme al Senador Menéndez, en presentar
este proyecto, que busca fortalecer nuestra capacidad económica, para
contrarrestar la creciente influencia maligna de Beijing en América Latina y el
Caribe”, señaló el senador Rubio en sus redes sociales.
El proyecto ACTSA involucra a la nueva DFC, y propondrá para
la aprobación del Congreso, que se dedique el 35% del presupuesto financiero de
dicha agencia para la región durante los próximos diez años.
La agenda de la DFC, desde el inicio formal de sus
operaciones el 02 de enero de este año, ha estado afectada por el reacomodo
institucional, la captación del capital humano que hará efectivo el trabajo de
este órgano, y, por supuesto, las consecuencias de la pandemia del Covid-19.
Sin embargo, su Director Ejecutivo, Adam Boehler, joven
empresario ligado a la prestación de servicios sanitarios, graduado en el año
2000 en Ciencias Económicas de la Universidad de Pensilvania, no ha perdido
tiempo, y ha entablado reuniones de trabajo con diferentes personajes y
funcionarios de América Latina y el Caribe, llevando la promesa del Gobierno de
Trump, de generar grandes inversiones para los proyectos que puedan ser
presentados a esta institución.
Antes de terminar 2019, visitó al Presidente colombiano,
Iván Duque, en Cartagena, donde ratificó que desde su agencia, impulsarán
gestiones que garanticen el financiamiento de la mayor cantidad de proyectos,
especialmente en energía e infraestructura.
También mantuvo reuniones con el mismo criterio discursivo,
con los Presidente Nayib Bukele, de El Salvador, Juan Orlando Hernández, de
Honduras, Alejandro Giammattei, de Guatemala, y el Canciller mexicano Marcelo
Ebrard, con quien firmó una carta de intención para financiar un gasoducto, que
será construido por la empresa Rassini SAB de CV en los estados del sur del
país, por un monto de 632 millones de USD.
Tal cual está planteada la nueva agenda de la DFC, basada en
los lineamientos expuestos en la Estrategia de Seguridad Nacional
estadounidense, podría contribuir a la profundización de la inestabilidad
política en la región, y escenarios todavía más explosivos, en la medida que se
profundice la desigualdad económica, la inequidad en la distribución de los
recursos, y la dependencia política.
Profesor. Facultad de Ciencias Políticas
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua
