Por Juan Pablo Cárdenas S.
Más de trescientos ex integrantes o partidarios de los
gobiernos de la ex Concertación han convenido un texto público en que hacen un
desesperado llamado a un acuerdo nacional en “pro del bien superior del país, a
fin de evitar un lacerante enfrentamiento entre los chilenos”. Se trata de una nómina de quienes fueron
ministros de estado, subsecretarios y otros altos funcionarios públicos, además
de embajadores y parlamentarios, algunos incluso en ejercicio todavía.
Conscientes, como indican, de que su propuesta será
repudiada por quienes están “movidos por la estrategia de la confrontación y de
la polarización”, a lo que aspiran en realidad estos firmantes es a lograr la
atención de la derecha y del oficialismo, lo que rápidamente han logrado con la
rápida acogida que les brindara el ministro del Interior, Gonzalo Blumel,
apenas unas horas después. El secretario
de Estado valoró el texto y aseguró que éste recoge el reciente llamado del
presidente Piñera para construir un acuerdo por la democracia, en su esfuerzo
por tratar de salvar un régimen ya colapsado en su adhesión popular y
credibilidad.
Más allá de la presencia entre los firmantes de algunas
figuras bien reputadas, lo que predomina en esta propuesta son los nombres de
quienes por largo tiempo ocuparon cargos en La Moneda y en el Parlamento sin
satisfacer mínimamente las más importantes demandas sociales, legitimando con
sus actos la Constitución heredada de la Dictadura, junto con demostrar una
pavorosa conformidad con el modelo económico que ha llevado a Chile a ser
considerado en el mundo como uno de los países de mayor inequidad.
En la lista destacan también los nombres de varios miembros
de la cúpula política enriquecidos a la zaga del poder y altamente cuestionados
por su flagrante renuncia a los valores social cristianos y socialistas que
antaño profesaron y que los llevara a militar en las colectividades de más
radical izquierdismo. Para muestra de ello, baste el nombre del lobista Enrique
Correa, uno de los operadores de las bochornosas colusiones político-
empresariales para financiar la política y llenarse los bolsillos de dinero.
Sin que hayan trepidado para ello en cederle soberanía sobre nuestros recursos
naturales a las transnacionales u otorgarles impunidad a los ejecutivos de
Soquimich, Penta, de las cadenas de farmacias y otras poderosas empresas
concertadas para para comprar leyes o estafar al fisco y a los consumidores.
Parece ser que todas “figuras” (así los tilda El Mercurio)
saben que será imposible que su llamado reciba acogida del mundo social,
laboral, sindical, como de las organizaciones de Derechos Humanos. Como tampoco
tuvo demasiado eco el engañoso acuerdo parlamentario cupular logrado entre
éstos mismos actores y el oficialismo para convenir el plebiscito de abril
próximo y la posibilidad de convocar a una entidad constituyente, en que se le
asegura a la derecha un poder de veto a cualquier norma de la nueva
Constitución que no obtenga un quorum de dos tercios.
Además, llama la atención en esta iniciativa la presencia de
varios políticos que rompieron con los partidos de la Concertación y
abandonaron sus cargos gubernamentales por sus desacuerdos dentro de la alianza
que más largamente ha gobernado durante los últimos treinta años sin emprender
los cambios insistentemente prometidos y que explican el estallido social que
hoy lamentan y los tiene tan acongojados. Perece ser que a todos los une su
común embriaguez de poder, riqueza y figuración pública, por lo que su llamado
ha recibido una bajísima acogida desde los mismos partidos en que todavía
militan la mayoría de ellos. Especialmente de la Democracia Cristiana y el
Partido Socialista.
No es extraño, entonces, que, en su arrinconamiento
político, Piñera y los partidos de derecha reciban con beneplácito la propuesta
de los llamados ex concertacionistas y pudieran resolverse otorgarles algunos
cargos públicos para, con ello, amarrarlos y buscar morigerar las
movilizaciones sociales y la posibilidad de que, de una asamblea constituyente,
contra quorum y mareas, pueda darnos una nueva Carta Fundamental. Que, por
primera vez en nuestra historia republicana, sería aprobada por genuinos
representantes del pueblo y refrendada por la ciudadanía.
Era obvio que, ante una insurrección social, la clase
política va a tratar de hacer todo lo posible para impedir un conflicto como el
de 1891. Una guerra civil que pueda ocasionar miles de muertos como los que
cayeron en los enfrentamientos de Concón y Placilla a propósito de los
desacuerdos de la casta gobernante que oficiaba en La Moneda y el Congreso
Nacional. Un conflicto en que se involucraron, por supuesto, las Fuerzas
Armadas, los inversionistas extranjeros, a pesar de que el pueblo se mantuvo
prácticamente al margen y bastante conteste con las obras que emprendía el
presidente Balmaceda. A quien la historia terminó reconociendo como uno de los
mandatarios más fructíferos y consecuentes de nuestra trayectoria republicana.
Ya sabemos que las diferencias entre quienes hoy ocupan el
Palacio de Gobierno y quienes han elaborado una propuesta como la que
comentamos son realmente nimias si se considera lo que unos y otros hicieron
mientras se rotaban en el poder después de Pinochet. De allí que la rebelión
social no concentre sus dardos solo en Piñera y sus colaboradores, sino en el
conjunto de la casta política, lo que augura que en el Plebiscito también los
ciudadanos van a preferir abrumadoramente que todos los integrantes de una
entidad constituyente sean todos elegidos por el pueblo, sin otorgarle espacio
alguno a los legisladores actuales.
No parece extraño que, entre estos firmantes, que piden “un
acuerdo para frenar la violencia y avanzar en reformas y crecimiento”, haya
varios que ya reconocen o confidencian en privado su deseo de alentar la
presencia de los actuales parlamentarios en la redacción de un nuevo texto
constitucional. Se trata de salvar de la insurrección popular a los que se
sienten ungidos para gobernar y definir los destinos de Chile. Para lo cual de
nuevo desatan una campaña del terror y manifiestan su histeria respecto de las
acciones de violencia, cuando en realidad el caos y el terrorismo han sido
siempre ejecutados por los que detentan el poder político y económico. Para
oponerse a toda posibilidad de profundizar la democracia y consolidar una justa
distribución de nuestra riqueza.
Tampoco nos sorprendería que próximamente el Gobierno y la
derecha se valgan de ésta y otras destempladas declaraciones públicas para
justificar a una nueva asonada cívica, empresarial y militar que aborte otra
vez en nuestra historia una victoria popular. Esto es de los millones de
chilenos abusados por las oligarquías y de sus consabidos operadores o
verdaderos “achichincles”. Al decir de una conocida expresión mexicana, país en
que varios de estos firmantes vivieron su exilio y aprendieron las trampas de
la dictadura del PRI, un régimen que los acogiera tan generosamente. Cuando en
1973 arrancaron de las fauces de Pinochet retornando con los años a Chile para
ser definitivamente encantados y engullidos por la derecha.
juanpablo.cardenas.s@gmail.com
