Por Eduardo Contreras
¿O es que una parte del país se ha vuelto loca? Porque el
homenaje a Agustín Edwards en el Senado, la misma institución que la dictadura
disolvió con el aplauso de Edwards, supera toda inconsecuencia, servilismo o
estupidez de que haya memoria.
Sólo falta que en el Congreso se rinda homenaje al “Mamo”
Contreras o al “Guatón” Romo. Porque este homenaje al promotor principal del
golpe y encubridor de los horrores, representa la pérdida absoluta del pudor,
de la vergüenza, del respeto y de la más elemental decencia. Patética la
conducta de los parlamentarios que promovieron y asistieron a ese increíble
engendro.
Como diría Pezoa Véliz, “tras la chambonada, nadie dijo
nada, nadie dijo nada” : sólo la categórica declaración del Colegio Nacional de
Periodistas y la presencia del diputado Boric recordándoles a los “honorables”
quien era realmente Edwards, fueron los hechos que salieron al paso del
bochornoso espectáculo. No hay persona cuerda que asuma como legítimo rendir
pleitesía a un golpista. Creo innecesario reiterar aquí los numerosos
antecedentes que inculpan al propietario de “El Mercurio” por su activa participación en la tragedia iniciada
el año 73.
Señalemos solamente que fue el propio Edwards quien, en la
causa judicial rol n° 12 – 2013 reconoció que efectivamente y antes incluso que asumiera el Presidente
Allende, se reunió con las más altas autoridades de la CIA y del gobierno
norteamericano; encuentros que, como se sabe,
fueron los que dieron origen a la intervención extranjera y al
financiamiento a las fuerzas de derecha para tratar de impedir que asumiera el
presidente y, más tarde, para derribar su gobierno.
Como si no bastara con lo del Senado otra noticia vuelve a
graficar los niveles de abuso y de la absoluta impudicia de los golpistas. Fue
al enterarnos que, al contrario de lo que suponíamos, los autores de crímenes
de lesa humanidad nunca perdieron sus derechos y privilegios irritantes de los
que gozan los uniformados. En efecto, se ha difundido las elevadas sumas por
concepto de “pensiones” que reciben los que hicieron desparecer seres humanos,
o les arrojaron al mar, o los asesinaron o degollaron o quemaron vivos durante
la dictadura. Unos ciento veinte reclusos ganan sumas millonarias, la más alta
la del ex fiscal Torres Silva con
$3.255.000 mensuales.
“Es que eso es legal” chillan sus defensores. Puede serlo,
ese no es el tema. Lo de fondo es que revela la negativa actitud de las
autoridades de los institutos armados del Estado que en su momento no adoptaron medida alguna en
contra de los delincuentes. Apenas fueron procesados bien pudo aplicarse – hace
ya muchos años – las medidas correspondientes, su destitución o lo que
correspondiere.
Al no hacerlo de propia iniciativa las FFAA, como debió ser,
los otros poderes del Estado, el Gobierno, el Parlamento, deberían hace ya
mucho tiempo haber adoptado las medidas jurídicas apropiadas para reparar este
daño a los recursos del Estado, a la imagen del país y a la salud moral de la
nación.
Desde el punto de vista no de la legalidad, sino de la
ética, de la moral y de la legitimidad, que no es igual que legalidad, es
inaceptable que el Estado – que ya tiene a estos asesinos en prisiones de lujo
con piscinas, canchas de tenis, salones de recepción, etc., - más encima les pague una millonada mensual.
En cambio sus víctimas y sus familiares vieron destruidas
sus vidas, perdieron sus trabajos, fueron frustrados sus sueños personales y
los que sobreviven lo hacen hoy con pensiones del orden de los $120.000
mensuales. ¿Es legítima esta situación objetiva? ¿ es moral? ¿es ética?
Por cierto que es deleznable. Y forma parte de la crisis
general que afecta a las instituciones armadas del Estado. El “milico gate ” o
el “paco gate” ¿ son casos excepcionales? Por supuesto que no. Pero si el jefe
supremo de toda una época, el general Augusto Pinochet era, además de cobarde,
traidor y criminal, un ladronazo de marca mayor, ¿qué más se podía esperar?
“Gastos reservados”, “Fondos reservados”. ¿Hasta cuándo?
Pero lo más grave quizás sea la indiferencia de la sociedad.
Preocupados de otros temas, algunos bastante menores, no hay señales concretas
en el campo de la política nacional de enmendar rumbos respecto del manejo de
cuantiosos recursos del Estado, es decir de la sociedad toda. Recursos que no
se gastan ni en Educación, ni en Salud, ni en Vivienda, ni en Previsión Social,
ni en Infraestructura o en desarrollar actividades económicas por parte de los
aparatos del Estado.
Los partidarios del actual modelo se quejan y sostienen que
faltan recursos, que el país no crece, que no se puede hacer cambios
estructurales y que no se puede acabar de una vez con el modelo de libre
mercado. Mercado que, como todos sabemos, no es nada de libre sino monopólico y
en manos de los grupos más poderosos en que se concentra el capital.
Esta suerte de amnesia colectiva, de mirar hacia el lado, de
dejar pasar las peores cosas no es asunto sólo de temas de la política
contingente. Porque el olvido, la amnesia y lo anormal cubren un espectro
todavía más amplio.
¿O no es otra locura, por ejemplo, que la actual directora
del Museo Violeta Parra, doña Cecilia García Huidobro, sea parte del comando de
la candidatura de un sujeto de las características de incultura y ambición de
riqueza material sin escrúpulos que definen a Piñera? Como han dicho
públicamente varias personalidades de la cultura, yo también creo que si
Violeta viviera le habría dado un guitarrazo.
¿O que a nadie le parezca mal que una reciente sentencia
declare que fue simple delito común y no de lesa humanidad ese cometido cuando el 24 de enero de
1974, aproximadamente a las 14.30 horas,
Francesca Romana Antonieta D’Alessandri Matte conducía en el sector de Las
Salinas en Viña del Mar un Fiat 125, patente DM.693 de Las Condes, en compañía
de su tía Franca Putignano Leinetti y de sus primos Paolo y María Livia pasaban
por el frontis de la Escuela de Operaciones de la Armada y entonces cuando
María Livia sacaba fotos , desde las instalaciones militares le dispararon
causándole graves heridas en el cuello y muriendo luego en el hospital Gustavo
Fricke?
¿ O que hoy existan en Chile partidos políticos
autodenominados democráticos y progresistas que sin embargo apoyan a los
golpistas venezolanos y se suman a los ataques contra el legítimo gobierno
bolivariano? Se olvidan que EEUU y sus acólitos están empleando las mismas
tácticas que en el Chile de los años 70.
Nada de esto es casual ni es que las chilenas y chilenos se
hayan vuelto locos. Lo que sucede es producto de la pesada impronta de la
dictadura y lo que hace que la situación se mantenga en el tiempo después de
tantos años, es el resultado del control de los principales medios de
comunicación que ejercen los herederos de la dictadura. Son los medios los que
controla y dirigen o inducen el pensamiento colectivo. Los que crean imágenes
sin importar si son verdaderas o falsas. Todo vale con tal de mantener el negocio.
Y de esos todos somos responsables, por supuesto algunos
sectores mucho más que otros. En primer término es de la responsabilidad de
quienes conducen los órganos del Estado. Un Estado que sigue entregándole
enormes recursos económicos a El Mercurio y demás periódicos que fueron parte
del golpe y luego cómplices o encubridores de los crímenes de la dictadura. O a
radioemisoras y canales de TV que sustentan el actual modelo. Y que, en cambio,
no apoya a los medios escritos o radiales o comunitarios de carácter popular,
democrático y avanzado, que pugnan por cambiar el modelo impuesto de modo tan
brutal.
Y que en cambio y a pesar de las resoluciones judiciales
internacionales, siguen reteniendo el legítimo pago a los también legítimos
propietarios del popular diario “Clarín”. Si se le devolviera lo sustraído a un
medio que estuvo siempre “firme junto al pueblo” otro gallo podría cantar.
eduardocontreras2@gmail.com
