Chile: "La Venda Sexy"

Por Eduardo Contreras: 

Fue el 12 de enero de 1998 que en nombre del Partido Comunista un grupo de abogados presentamos la primera querella criminal en contra de Augusto Pinochet y demás responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura instaurada en nuestro país por el gobierno norteamericano y la derecha y la centro derecha chilenas, todos ellos autores del golpe de Estado de 1973.

Esa primera acción penal permitió iniciar el conocimiento de toda la verdad respecto de las violaciones de los derechos humanos y abrió la posibilidad de procesar y condenar a los culpables del genocidio. Tras la querella del 98 siguieron cientos de otras, la mayoría en curso hasta nuestros días. En su desarrollo han trabajado decenas de destacados abogados, procuradores y jueces de dedicación exclusiva a lo largo de todo Chile.

Nuestro Poder Judicial - cuya Corte Suprema apoyó el golpe del 73 y que nada hizo en dictadura - se ha reivindicado ante la Historia.

Por aquellos días de 1998 en que cursamos esa querella fue conmovedor que desde la lejana Europa viajaran a Chile algunas compañeras en busca de verdad y justicia. Se trataba de un grupo de compatriotas que habían vivido terribles experiencias y estaban radicadas desde hacía años en el extranjero. Algunas vinieron, otras nos enviaron los respectivos mandatos con lo que preparamos y presentamos su querella por torturas.

El caso se denominó “Venda Sexy” por el lugar en que esos terribles hechos sucedieron. Y así fue como Sara, Beatriz, Cristina, Maritza, Elena, Fidelia, Verónica, Ida, Marta, Bernardita, Nora, Fátima, Ana, Olivia, Laura, Carmen, Ingrid, entre varias otras, fueron de las primeras víctimas en encomendarnos la investigación y juzgamiento de crímenes de la dictadura.

Pero sucede que por aquel tiempo la decisión de los tribunales era la de investigar sólo casos de detenidos desaparecidos, relegando al olvido los casos de ejecutados y de torturados. Lo que explica que a los pocos meses ese expediente “se extraviara” para nunca más reaparecer. Fueron inútiles las múltiples gestiones de esos tiempos.

Sin embargo, el Estado chileno no tenía conciencia de la tenacidad de las víctimas y entre ellas de estas compatriotas que habrían de volver a la carga en su accionar judicial. 

Y por otra parte, venciendo la resistencia de los gobiernos de turno y logrando variados y numerosos apoyos, fuimos consiguiendo que, conforme a Derecho, se investigara no sólo los casos de detenidos desaparecidos, sino también de los ejecutados políticos y de los torturados.

Nunca se olvide que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles e amnistiables. Así se explica que exista el proceso rol N° 73 – 2016 del 34 Juzgado del Crimen de Santiago, a cargo del Ministro de Corte don Mario Carroza, y que hoy comentamos porque este 5 de noviembre y a partir de la foja número Cinco mil ochocientos veinticuatro de ese voluminoso expediente, puede leerse la Sentencia de primera instancia. 

Se trata precisamente del llamado caso “Venda Sexy”. Así se caratula el proceso en que constan las violentas torturas y agresiones sexuales con la que militares, carabineros y policías civiles de nuestro país trataron a aquellas compañeras ya fuera porque se atrevían a denunciar los crímenes o simplemente porque se trataba de mujeres con un pensamiento democrático y progresista. Los hechos se registraron entre los años 1974 y 1976 y las prisioneras eran jóvenes veinteañeras, profesionales o estudiantes universitarias que, en general, militaban o eran cercanas al Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR.

En la resolución judicial de que hablamos se relata cómo eran violentamente capturadas y llevadas luego a la rotonda de Quilín, calle Irán n° 3037, esquina de Los Plátanos, a aquella casa de dos pisos que se conoció como de la “Venda Sexy” y en donde las compañeras eran sometidas a toda clase de tormentos. Se comenzaba por desnudarlas, amarrarlas de brazos y piernas, taparles la boca, tirarlas al suelo mientras se ponía música a altísimo volumen y se les aplicaba electricidad en senos y vagina, las manoseaban, algunos de los captores se masturbaban frente a ellas, para luego someterlas a ser violadas por un perro especialmente adiestrado. Luego serían objeto de las peores atrocidades sexuales imaginables en manos de sus captores que les causaron numerosas, violentas y diversas heridas físicas o psicológicas, muchas vigentes hasta nuestro tiempo.

Así actuaron esos a los que se ha llamado nuestros “valientes soldados”

Algunas de las prisioneras fueron trasladadas más tarde a lugares de prisión y torturas como Villa Grimaldi por ejemplo o a otros campos de concentración. El promedio de su encierro y torturas es entre dos a tres años. Entre los torturadores figuran, entre otros, los nombres de German Barriga, Raúl Iturriaga Neumann, Moren Brito, Krasnoff Marchenko, Osvaldo Romo, Lauriani, Basclay Zapata, Ingrid Olderock 

Los tipos penales de este proceso son los de Secuestro Calificado, Aplicación de Tormentos y Violencia Sexual. El fallo sólo dispone la condena de Raúl Iturriaga, General del Ejército, Manuel Rivas, Subcomisario de la PDI, Hugo Hernández, funcionario de la PDI y Alejandro Molina, suboficial de Carabineros. Los tres primeros a 15 años y un día de cárcel y el último a una pena menor.

Sucesos como estos jamás deben olvidarse y menos ocultarse a las actuales generaciones porque son parte de nuestra realidad, de nuestra historia contemporánea.

Nos muestran el extremo a que llegan los sectores reaccionarios de la sociedad chilena cuando sienten amagados sus privilegios. La implantación de la dictadura de Pinochet fue su venganza por los cambios en favor del pueblo realizados por Salvador Allende y la Unidad Popular.

Los de “Venda Sexy”, como tantos otros, son hechos terribles y concretos que nos muestran el grado de corrupción moral y material, así como la patología criminal que existió al interior de los institutos armados de nuestro país. Fue como dijimos parte también de la cruel y sangrienta venganza de los grandes sectores empresariales y de los políticos reaccionarios.

No olvidemos a la par que, como nunca antes, los privilegios materiales de nuestros uniformados han llegado en los últimos años a excesos que hubieran sido increíbles en el pasado. Y, en paralelo, ha llegado la corrupción de sus mandos, en lo que no me parece necesario extenderse por ser materia de todos conocida.

¿Cuánto de esta dura realidad podrá cambiar?

A pesar del tiempo trascurrido, no pocos de los políticos y empresarios de la época y que impulsaron el genocidio siguen vivos y activos

Leo y releo la sentencia y surge la pregunta inquietante. ¿Nunca más habrá en Chile crímenes de lesa humanidad? Mucho depende por cierto de que, por una parte, se asuma estas realidades históricas, y que, por otra, se consolide la unidad de los sectores democráticos y progresistas a objeto que se recupere el verdadero papel de Estado. Y que el proceso constituyente que ya empezamos a vivir sea comprendido a cabalidad en toda su inmensa importancia para lograr una nueva normativa jurídica superior en cuyo centro se ubique el respeto real a los derechos del ser humano.

eduardocontreras2@gmail.com 

Leer más

El ejército y Luksic

Por Eduardo Contreras:

Cuanto sucede en nuestro tiempo al interior de instituciones del Estado tan fundamentales como son las Fuerzas Armadas y Carabineros es de extraordinaria gravedad y debe llamar a reflexionar y opinar a los más diversos sectores políticos del país. Es urgente salir al paso de lo que sucede y aunar fuerzas para poner fin a tan delicada situación. Mañana puede ser demasiado tarde.

Corrupción, ilegalidades, desviación de los fines y propósitos para las que fueron concebidas, vínculos y dependencia de sectores oligárquicos, complicidad con la política genocida de tiempos de la dictadura de Pinochet, destrucción de evidencias de los crímenes de lesa humanidad en nuestro país. Esto y más, ¿le parece algo natural, normal, al lector? ¿O habrá llegado por fin la hora de tomar en serio cuanto sucede y buscar soluciones de fondo a tan grave situación? No son cosas del pasado, son del presente.

Fue sólo hace unos días que el juez Mario Carroza procesó y decretó la detención de tres militares que, amparando a los criminales de la época, de los que en los hechos se hacen cómplices y encubridores, quemaron archivos de la Central Nacional de Informaciones, CNI, la ex DINA de Pinochet. El gravísimo delito fue cometido en dependencias del Ejército conocidas como “Escuela de Inteligencia del Ejército” y lo fue entre los años 2000 y 2001, época en que las investigaciones judiciales producto de los juicios sobre derechos humanos que llevaban adelante las agrupaciones de familiares con la asesoría de los abogados de DDHH, apuntaban a la búsqueda de datos sobre el destino final de los detenidos desaparecidos.

El autor principal de este nuevo crimen es el ex general de brigada y director de inteligencia del ejército Eduardo Jara Hallad quien dio la orden de revisar minuciosamente los archivos de la CNI y de quemar todo aquello que resultara comprometedor para la institución. Orden que cumplió la entonces teniente coronel Mercedes del Carmen Rojas Kuschevich, la que, tras revisar el material que evidenciaba las responsabilidades institucionales, decretó que el suboficial Luis Zúñiga Celis y el cabo Osvaldo Ramírez Lazcano llevaran los archivos a la así llamada Escuela de Inteligencia que se encuentra en el pueblo de Nos. Allí fueron incinerados uno a uno y por supuesto sin levantar las actas respectivas a lo que les obligaban sus propios reglamentos y normas.

De todo esto estuvo debidamente informado el jefe del Estado Mayor General del Ejército, Carlos Chacón Guerrero, quien avaló la artera maquinación de ocultamiento de la verdad. Huelga comentar que, además, nuestro “glorioso” (¿) ejército no colaboró en absoluto con la investigación llevada a cabo por el juez Carroza.

Y todo esto en democracia. Y todo esto con pleno conocimiento de las más altas autoridades del ejército. Y todo esto cuando los militares le rejuraban a los tribunales que no tenían información alguna. Es decir, una canallada cobarde y un grave delito que se suma a las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por los uniformados en nuestro país.

Queda en claro la complicidad del actual ejército con el ejército que bajo las órdenes de Pinochet horrorizó al mundo entero por la brutalidad y sadismo de sus crímenes. Queda en claro que no han cambiado.

Suma y sigue. Como denunció el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín, el ejército también tuvo en sus manos los antecedentes del asesinato del ex Presidente Eduardo Frei Montalva y también los destruyó.

Pero hay más. Porque fue en medio de la indignación provocada por el correcto procesamiento del tribunal por este nuevo delito, cuando se hizo público hace pocos días el Informe de la agencia periodística CIPER que, documentadamente, incluyendo grotescas fotografías del magnate en uniforme, denuncia los cuantiosos pagos que el multimillonario Andrónico Luksic hace desde hace casi una década al ejército chileno a través de las diversas fundaciones del empresario. CIPER, que tuvo acceso a documentos oficiales del ejército, denuncia, entre otros temas, que una veintena de generales, coroneles, mayores y tenientes del ejército chileno han estudiado en carísimas universidades ¡¡por supuesto de los EEUU de Norteamérica!! entre ellas Harvard y Georgetown, financiados con dineros del Grupo Luksic al menos desde el año 2012. Estamos hablando de muchas centenas de miles de dólares.

De los actuales miembros del alto mando del ejército al menos tres han sido parte de los beneficiados. Son los generales Esteban Guarda, German Arias y Christian Romero.

Informa también CIPER que no es lo único que financia Luksic al ejército; por algo su Grupo está en el top 100 de los más ricos del mundo. Viajes al exterior, hospedaje a oficiales en los hoteles de su propiedad en diversas partes del mundo, vuelos en aviones privados del Grupo Luksic, etc. En compensación, desde el año 2007 don Andrónico es reservista de ¿“nuestro” o “su”? ejército como parte de la primera generación del Curso de Aspirantes a Oficiales de Reserva, un invento de 2 próceres no muy prestigiosos como son los ex comandantes en jefe de la institución, Oscar Izurieta y Juan Miguel Fuente – Alba.

Ha sido sugestivamente rápida la carrera militar del super multimillonario que ya, 2 años después, en el 2009 era ascendido de alférez a subteniente. Pero no paró ahí su carrera porque el 2016 fue ascendido a teniente. Es de esperar que no llegue a Comandante en Jefe.

Cada curso universitario, aunque breve, tiene un costo aproximado de entre 50 a 70 mil dólares por cada alumno. Y todos en EEUU, precisamente del país de donde salió la orden para llevar a cabo el peor crimen de nuestra historia como fue el golpe de Estado de septiembre del 73. Allí se forman, o más bien se deforman, estos oficiales.

Sugerimos leer y estudiar el Informe de CIPER y recordamos además que hoy mismo está en curso un proceso judicial que investiga estos ilícitos y está a cargo de la jueza Romy Rutherford.

El mismo Informe se refiere además al hecho comprobado de que fue precisamente desde las oficinas de Luksic donde salió el informe “big data” que alertaba sobre la presencia extranjera en el estallido social chileno de octubre pasado y las sucesivas movilizaciones. Igualmente alude a cómo el Grupo Luksic ha reclutado para integrar directorios de su grupo empresarial a diversos políticos como Rodrigo Hinzpeter, Soledad Alvear, René Cortázar, Nicolás Eyzaguirre, Rodrigo Álvarez, Alberto Arenas entre otros.

Gravísimo lo denunciado que viene a confirmar lo que sucede al interior de una de las principales ramas de las Fuerzas Armadas chilenas. Y todo esto sin hablar por ahora de lo que sucede en Carabineros.

Es tiempo de meditar, de dar a conocer estas realidades, dialogar, pensar en buscar soluciones. Y habrá que hacerlo ahora.

eduardocontreras2@gmail.com

Leer más

Chile deudas en derechos humanos

 Por Eduardo Contreras:

Las huellas brutales dejadas en Chile por la dictadura impuesta en septiembre de 1973 para derrocar al presidente Allende y que durara tantos años, no han desaparecido ni se borrarán jamás. Sobre todo, si, como sucede en la realidad, no acaba de hacerse plena justicia y, a pesar de los avances, la impunidad todavía mantiene un espacio.

Por eso es que siempre será oportuno revisar y difundir qué sucede en materia de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad, así como las reacciones de los diversos sectores de la sociedad.

Un suceso reciente es que, a propósito del reciente procesamiento del ex alcalde derechista Cristian Labbé por su responsabilidad penal como autor del delito de torturas, se levantaron de inmediato las voces de representantes del pinochetismo que sostuvieron indignados que era simple persecución política venir a juzgar al representante de la UDI – y ex coronel de ejército – tantos años después de ocurridos los hechos.

Lo sucedido es que – sin perjuicio de otros casos en que se encuentra procesado igualmente por el delito de torturas y por los que será sin duda condenado – Cristian Labbé recibió sentencia condenatoria de apenas 3 años de presidio. Se trata del fallo del proceso criminal el juzgado de Temuco que condena al reo Cristian Labbé Galilea, coronel de ejército en retiro a la pena de 3 años de presidio por haber sido autor de la aplicación de tormentos a Harry Cohen Vera. Originalmente el procesamiento era más amplio e incluía además las torturas inferidas por Labbé a Jaime Rojas, Bernardo Santibáñez y Juan Horacio Rosales, hechos ocurridos en la ciudad de Pangipulli en el mes de noviembre de 1973.

 Interesante la lectura del expediente. El entonces joven coronel Labbé actuaba con el rostro pintado para impresionar a sus víctimas y se paseaba entre ellas a grandes pasos profiriendo toda clase de insultos y amenazas en contra de prisioneros atados, indefensos. Así actuaron en esos años nuestros “valientes” militares  Recordemos de paso que Labbé ha sido signado como uno de los fundadores de la siniestra DINA, policía secreta de Pinochet y formadora de torturadores y asesinos.

Los golpistas no se quedaron callados ante la sentencia. Esto “es solamente venganza” dijo, por ejemplo, el senador derechista Juan Antonio Coloma dolido por la resolución de tribunales y denunció la excesiva tardanza. El reclamo de la derecha se funda ante todo en la tardanza en hacer justicia. Y en eso coincidimos. En nuestro país la Justicia ha tardado demasiado. Pero es preciso revisar y conocer ¿quién o quiénes son precisamente los responsables de esta tardanza? ¿Por qué ante crímenes tan feroces como miles y miles de detenidos desaparecidos, de ejecutados políticos, de torturados, de prisioneros sin causa cometidos a partir del 11 de septiembre de 1973 y hasta el fin de la dictadura, no actuó en su momento del Poder Judicial?

Recordemos, brevemente, qué pasó en todos estos años. Desde luego debe reconocerse que desde 1973 y hasta 1998, hacer justicia en estos casos era imposible. Que nadie olvide que la Corte Suprema de la época, declaró a mediados de 1973 que el gobierno del presidente Allende era inconstitucional. Aquello fue parte de la estrategia diseñada en Washington a fines de 1970 tras la reunión de Agustín Edwards con Richard Nixon y el director de la CIA de la época. Por supuesto, la Corte carecía absolutamente de facultades jurídicas para un pronunciamiento de tal naturaleza. Pero era el golpe en marcha.

Luego de producido, Pinochet promulgó una ley de autoamnistía y contó por muchos años con el servilismo de la Corte Suprema, cuyo presidente Israel Bórquez respondió con una burla infame a quienes buscaban a sus familiares: “¡Los desaparecidos ya me tienen curco!”. Así pasaron esos años. Pero el fin de la dictadura no cambió las cosas. La amnistía seguía vigente, Pinochet continuaba como jefe del Ejército y su discurso era concreto: “El día que me toquen a alguno de mis hombres se acabó el Estado de derecho”. Sus hombres no fueron tocados por los gobiernos de la Concertación y así pasaron los años.

Hasta que el 12 de enero de 1998, la querella presentada en nombre del Partido Comunista de Chile por un grupo de abogados que tuve el honor de encabezar y acompañados de la dirigente Gladys Marín, fue aceptada a trámite por la Corte de Apelaciones de Santiago la que designó como juez investigador a don Juan Guzmán Tapia. Un hecho histórico que cambió el curso de los acontecimientos ante la sorpresa de todos. Coincidentemente, meses más tarde Pinochet era arrestado en el Reino Unido por solicitud del juez español Baltasar Garzón en el proceso iniciado en el exterior tiempo antes. La historia cambiaba. Comenzaron los procesos y a la querella de enero del 98 se sumaban cientos y cientos.

Pero no debe olvidarse que la llamada Concertación de partidos por la Democracia había premiado a Pinochet con el cargo de Senador Vitalicio. Y fue esa misma fuerza política, supuestamente democrática, la que salvó al dictador de su segura prisión en Europa: Un político “socialista”, José Miguel Insulza, fue el encargado de viajar al rescate del tirano. La fragilidad de la memoria no debe borrar jamás esta asquerosa maniobra en contra de los derechos humanos.

Hasta la querella de enero del 98 un manto de impunidad había cubierto la historia del país. Olvido para los miles de víctimas y en cambio jubilaciones multimillonarias y privilegios de fantasía para los oficiales de todas las ramas de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. Llegó a llamarse al general Juan Emilio del Corazón de Jesús Cheyre como el del “Nunca más” Hoy está procesado criminalmente.

Y además fue sólo a partir de fines del 2009 que los tribunales se abrieron a investigar también los casos de ejecutados políticos y de torturados; hasta entonces sólo se llevaba los casos de detenidos desaparecidos. Esto obligó a la designación de jueces de dedicación exclusiva en diferentes puntos del país. Son más de Mil quinientos juicios en desarrollo. Y una parte de ellos ha estado dedicada a los casos de oficiales y suboficiales de las propias FFAA que en su momento se opusieron a asesinar o a torturar a sus indefensos prisioneros por lo que ellos mismos fueron sometidos a torturas y a Consejos de Guerra. Su caso, al igual que otros de civiles, llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Hoy nuestro país muestra una situación que en esta materia registra más avances que en otros países que igualmente sufrieron dictaduras como son los casos de Uruguay y Brasil y se puede equiparar a lo avanzado en Argentina. Pero por una parte lo obrado sigue siendo insuficiente y por otra aparecen señales peligrosas como por ejemplo que las sentencias condenatorias que están dictando los jueces especiales en los últimos años son penas bajísimas, presidios de muy corto plazo. Por otra parte, se hace exigencias desmedidas a las víctimas para acreditar que sufrieron, como si las torturas o las balas hubiesen sido juguetes de niños, lo que además alarga por muchos años los procesos. Y debe agregarse el extraño comportamiento en estas materias del llamado “tribunal constitucional” que interfiere dudosamente.

En conclusión: el tema del tratamiento de los crímenes de lesa humanidad perpetrado por la dictadura de la derecha chilena en 1973 sigue siendo tema pendiente. No abordarlo decididamente es seguir violando los derechos esenciales de la persona humana.

eduardocontreras2@gmail.com

Leer más

Las lecciones de Ecuador y la comunicación

Por Rubén Suarez y Raquel Bonzi

 Ecuador, se logró el cambio del decreto de Moreno, ahora bien, la presión Internacional de los medios alternativos de comunicación sin voz, pero con mucha solidaridad, no debe decaer. Se debe estar atento a que se cumpla con lo pactado, que no vuelvan represiones contra el pueblo, a su vez exigir que los culpables de la represión y de muertes ocasionadas por ella. paguen por esos delitos de Lesa humanidad.                                                                                      

¿Es difícil que se cumpla en su totalidad este acuerdo, hay que tener en cuenta la presión que vendrá ahora sobre Moreno desde los acreedores y el FMI, cómo se pide a un traidor qué no traicione? El pueblo siempre es el que paga con muertos, heridos y mutilados. Cabe pensar y sospechar que este acuerdo no se cumplirá cabalmente.                                                                                                   

La comunidad internacional deberá    seguir muy de cerca el cumplimiento de la pactado y la reconstrucción de la convivencia pacífica, después de tanto daño.                                                              

Los traidores son siempre eso traidores y Lenin Moreno lo es. Traicionó ideales con su promesa dada al pueblo cuando asumió la presidencia y al entregarse al FMI, a las oligarquías, al reprimir a su pueblo que confío en él.

Ecuador no puede dormirse en sus laureles ni sentirse triunfadores, por desgracia, el enemigo primero analizó lo que haría. La correlación de fuerzas es muy adversa al pueblo. Pero no subestimemos a alguien herido.

 El pueblo y sus organizaciones deben comenzar a pensar el rearme ideológico de una manera silenciosa, pues vimos como resistieron la represión con valentía, pero sin organización, como se defendían   con piedras, mientras el ataque lo hacían con armas de fuego y tiraron a matar. No es lo mismo ser valiente porque se tiene un arma contra alguien que está desarmado.                                                                    

La constante preparación, formación y organización para enfrentar cualquier evento que se presente debe ser permanente.

No olvidemos quién traiciona una vez lo volverá a hacer. Lenin Moreno no es la primera vez que lo hace.

De todo esto queda demostrado que a nivel internacional hay un pacto de silencio y apoyo a los gobiernos represores y funcionales a los intereses de EEUU.

Nada dijo ni dice Luis Almagro en la OEA, ni Michel Bachelet en la ONU, similar acción realiza con los Crímenes y atentados en Colombia, la represión en Brasil, el hostigamiento en Argentina y Chile contra el pueblo mapuche.                           

Los ejemplos son muchos del incumplimiento por parte de estas organizaciones, y su silencio cómplice de la realidad.

Nos preguntamos si esta brutal represión por parte del estado ecuatoriano, hubiese ocurrido en Venezuela, cuál sería la reacción de Almagro, Bachelet, EEUU y el cartel de Lima. ¿Todos somos iguales, pero algunos son más iguales que otros?

El ocultamiento vergonzoso por parte de las cadenas internacionales de Comunicación, (des comunicación), la tergiversación de los hechos, poniendo como responsable al pueblo y como víctima al gobierno, quedó a las claras demostrado.

Es importante cada vez más resaltar el papel de los medios comunitarios y Alternativos en esta lucha desigual.                            

Por ello la comunicación no es un privilegio es un derecho del pueblo y para el pueblo, lo más importante es hacer de la comunicación un bien público, porque debemos saber que hay una comunicación privada comercial con mejores condiciones para tergiversar y manipular el acontecer de los hechos, para de esta forma sostener el sistema de privilegios de unos pocos sobre la gran mayoría.

La comunicación la entendemos como un bien público por lo cual todos los medios son públicos. Entendiendo que lo público es aquello atinente a la dignidad de todos y todas los que conforman la sociedad o sea el pueblo.

La comunicación es un derecho fundamental e irrenunciable, que no debe pasar exclusivamente por la tenencia de los medios y que se apoya fundamentalmente en los criterios de acceso y participación de todos, en igualdad de oportunidades para comunicar, en la producción de mensajes, en el intercambio de ideas, en el debate.

Realizamos y felicitamos la importancia de los medios alternativos que siempre están; son y serán los reales hacedores llevar la realidad, pues son parte consciente del despertar de la organización de los pueblos.

+59896901566

conaicop.uy@gmail.com

Leer más

Colombia Democracia, Estado Fallido o dictadura narco paramilitar

Por Tony López R :

Los acontecimientos sucedidos en las últimas horas en Colombia, con los asesinatos de líderes sociales y ex guerrilleros desmovilizados de las FARC, el insólito desacato y enfrentamiento al fallo de la Justicia Especial de Paz, en el caso del ex comandante Jesús Santrich, la denuncia del diario New York Time, sobre la orden impartida a las Fuerzas Militares de obtener resultados sin importar los métodos. Lo publicado por el New York Time es supremamente preocupante.

Esa orden del Jefe del Ejército, nada diferente a la que ordenó el presidente Uribe durante su mandato (2002-2010) cuyos resultados fue el asesinato de miles de jóvenes inocentes, haciéndolos pasar por guerrilleros de las FARC y acuñados esos crímenes bajo  el nombre de falsos-positivos, una fórmula gramatical mediática para esconder y no llamarlo por su nombre: crímenes de lesa humanidad, aún pendientes de juzgar por la Corte Penal Internacional y cuyas familias esperan justicia, justicia que ha interferido, el renunciante fiscal Néstor Humberto Martínez al no entregar las pruebas en poder de la Fiscalía, solicitada por la Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI).

En septiembre del 2017 la  Fiscal Fatou Bensouda de la CPI se fue muy descontenta de la reunión con el Fiscal General de la República  Néstor Humberto Martínez, al declarar a la prensa colombiana  que “le habían solicitado pruebas al Fiscal que demostraran investigaciones serias y contundentes contra los militares acusados de permitir falsos-positivos y no obtuvo ningún compromiso a su solicitud” dichas declaraciones se produjeron a la salida de su reunión con el  Fiscal General de la República de Colombia.

Estas y otras graves acciones, no dejan dudas de que la democracia colombiana está en terapia intensiva, impera un Estado Fallido, pues el presidente Iván Duque y su gobierno se muestran incapaces de imponer el orden, la convivencia y llevar la tranquilidad y la paz en el país y tampoco es insensato afirmar que el pueblo colombiano está sometido a una dictadura narcoparamilitar si tomamos en cuenta la ola de asesinatos, desapariciones y acoso contra las etnias colombianas y afrodescendientes y el crecimiento impune de las bandas paramilitares. 

Desafiando los Acuerdos de Paz de La Habana, el gobierno de Iván Duque y determinados sectores minoritarios del Congreso Nacional y del Poder Judicial, han incurrido en graves violaciones en la implementación de los acuerdos, no solo que no se cumplen, sino que se atenta contra el Estado de Derecho y en violaciones a los Derechos Humanos, como lo ha sido el asesinato de 114 ex guerrilleros y 31 miembro de las familias de estos y  un poco más de 500 líderes sociales asesinados desde la firma de los Acuerdos de Paz, el gobierno no solo, no toma medidas, sino parecieran no importarle  lo que viene sucediendo.

Es una demostración que Colombia es un Estado Fallido, el Gobierno no asume su papel y no toma medidas frente a estos horrorosos crímenes, no cumple los acuerdos internacionales firmados por el gobierno anterior, incluso los que han sido  aprobados por organismos multilaterales como la ONU, la CPI e incumplen los  acuerdos de la CELAC, relacionado con  trabajar porque América Latina sea una zona de paz, apoyando activamente a Estado Unidos en derrocar al gobierno venezolano y  pese a la desmovilización y entrega de armas de las FARC-EP,  convertido en Partido político le incumplen  los acuerdos de paz, suscrito el pasado 24 de noviembre del 2016. Tampoco responden positivamente a la disposición del ELN para establecer conversaciones que los conduzca a la firma de un acuerdo pacifico y de reconciliación. 

Es público y notorio lo presenciado por la opinión pública nacional e internacional en el caso de Jesús Santrich.  La conducta del director del Inpec y del Centro Penitenciario La Picota, no solo atentaron contra el Estado de Derecho, violaron la Constitución al entrar en desacato con lo ordenado por la JEP y él Fiscal interino, al no ejecutar de manera inmediata su puesta en libertad.  Lo más graves mantenerlo durante horas en aislamiento y sospechosamente con serios problemas de salud y no autoprovocado como dieron a entender medios oficiosos, sino por una alta ingesta administradas para sedarlo, según ha trascendido por fuentes de la Clínica Medéri a donde fue trasladado en la madrugada del 18 de mayo, más sospechoso aun cuando ningún familiar, ni su médico de confianza, ni los abogados han podido acompañarlo.

Nunca Santrich, el prisionero-inocente, intento atentar contra su persona, nunca tuvo heridas, lo que si sucedía es que entre las 9 y 30 de la mañana del 17 cuando fue decretada su libertad y hasta en la tarde del 18 de mayo, estuvo aislado.  Fueron cerca de 36 horas de aislamiento que sus abogados y el médico personal pudieron acceder a verlo.

En acto teatral escoltado por tal vez más de 100 efectivos de la policía y oficiales del Inpec lo sacaron hasta la puerta de la Picota en silla de rueda y fue la libertad más corta de la historia universal, fueron menos de tres minutos, todo para cumplir con la JEP, pues llegó la orden de la fiscalía de detenerlo, bajo supuestas nuevas pruebas de la DEA y lo llevaron al interior de la Picota y más tarde trasladado al bunker de la Fiscalía. 

¿Una maniobra, fabricar pruebas o investigar las “nuevas” aportadas por la DEA para tener argumento e inculpar a Santrich? Esta es la pregunta que se hacen los colegas periodista pues de acuerdo a la entrevista que sostuvieron con el exfiscal Néstor Humberto Martínez el tema está muy enredado y nada claro.

En la entrevista en la noche de ayer 18 de mayo, el ex fiscal accedió a sostener una entrevista con varios colegas de las cuales su principal respuesta a diversas preguntas fueron la siguiente:” La Fiscalía General de la Republica nunca recibió la carta rogatoria para colaborar con la justicia americana para que agentes extranjeros y que según él actuaban como particulares, desarrollaran el operativo donde aparece Santrich en un video”. Por tanto, si bien no quiso calificar de ilegal esta acción, según él “para no obstaculizar la indagación solicitada por la JEP y que las autoridades judiciales investiguen lo sucedido”.

Aunque al final de la entrevista y ante la afirmación de la colega periodista de que en el operativo relacionado con Santrich, no hubo carta rogatoria de solicitud de permiso. El señor ex fiscal, le respondió: “Usted lo tiene muy bien entendido”. Y ella le responde; a ese punto quería llegar señor fiscal, porque en este caso, aunque usted no lo dice, hubo una dosis de ilegalidad en el procedimiento.

Ante el tácito reconocimiento del ex fiscal de que no hubo solicitud de permiso, se colige que el operativo era ilegal, como señaló la periodista, el hecho era muy grave, porque entonces el operativo lo hizo la DEA sin autorización y sin conocimiento de las autoridades colombianas, le preguntó ella. Y le respondió: “las operaciones que realizan las autoridades judiciales en el mundo de entrampamiento corresponden a realidades, que este caso específico, le puedo decir que la Fiscalía General de la Nación, no tenía conocimiento y por eso no participamos en ese operativo”.

Como se aprecia, totalmente justificativo, sin afirmar ni negar, defensivo y reiterativo en afirmar que la Fiscalía no tenía conocimiento y no participó en el operativo, lo cual resulta muy sospechosa la actitud tan defensiva y reiterativa del ex fiscal pero también tan absolutamente conservador, pues lo que cabía era que afirmará, sí la DEA, no tenía permiso actuó ilegalmente, es también sospechosa ese temor a señalar a la DEA. ¿O el Fiscal sí conocía del tema, pero no querían oficializarlo, pues era claro que se trataba de una maniobra, o en boca de ellos un falso positivo? Y ahora está aflorando el tema, que la JEP está sacando de la tenebrosa realidad.

Precisamente la Jurisdicción Especial de Paz, señala que las leyes internacionales establecen que las autoridades extranjeras, para recabar pruebas en otro país deben contar con el permiso de las autoridades de dicho Estado. Es aquí donde está el debate. ¿Quién autorizó y quien supo de este ilegal operativo de la DEA en territorio colombiano? ¿El ex fiscal nunca ha dicho quien entrego el video o si?  Es una incógnita.

En este tema hay algo más grave.  ¿Quién le entregó al Fiscal General el video, por el cual, este ordenó la detención del dirigente de las FARC y lo mantuvo encarcelado por 13 meses sin antes, investigar y comprobar la veracidad de lo que expone el video?  Un video puede ser totalmente editado y suplantado los diálogos y en eso son expertos los servicios especiales estadounidenses, además en un jurado y un servicio judicial que se respete, un video no es una prueba legal. El trabajo de la Fiscalía es investigar y agotar todos los recursos antes de proceder a una detención, de lo contrario se viola el estado de derecho del ciudadano y más en este caso, pues Santrich está cobijado por los Acuerdos de Paz y solo la JEP puede juzgarlo.

El testigo de la DEA, según trascendió públicamente, se trata del sobrino del dirigente de las FARC-EP Iván Márquez, quien residía en Venezuela y que según diversas fuentes señalan fue reclutado por dicha agencia, trasladado a Estado Unidos, donde le cambiaron su identidad y le han garantizado el suficiente financiamiento para vivir tranquilamente en Estados Unidos. ¿Es confiable ese testigo?  O no es más que una operación política coordinada entre sectores del actual gobierno colombiano y el de los Estados Unidos, para con la detención de Santrich enlodar a las FARC, continuar vinculándola al narcotráfico, extraditarlo y con ello, provocar la ruptura de los acuerdos de La Habana.

¿Porque Santrich es el escogido?  pues muy sencillo porque, fue uno de los principales miembros de la delegación de las FARC en las conversaciones de la Habana que mantuvo firme y exigente posición en los debates, sobre estratégicos temas, como la negativa del Gobierno de convocar a una Constituyente,  que garantizaba convertir los Acuerdos de Paz en una política de Estado y no de gobierno y por eso hoy este Gobierno está incumpliendo los acuerdos, que además tienen que ser sometidos al poder legislativo y judicial donde los adversarios de la paz tienen mayoría. 

Por otra parte, y lamentablemente Santrich es un hombre invidente, esa era para los ejecutores del plan una importante debilidad y sobre todo, si el plan consideraba filmar un video, “la prueba reina”, inaudito.

Simultáneamente los medios difundían la noticia de que el presidente Duque se encontraba en el aeropuerto militar de Catam y que declararía al país en Conmoción interior y que ello obedecía a que Jesús Santrich seria extraditado a los Estado Unidos, según  tuiteo el senador Álvaro Uribe, pero obviamente ante el gran revuelo que se armó, el debate al interior de las instituciones judiciales y el costo político que esa acción podría traer, adoptaron la decisión ya conocida, Duque salió declarando que respetaba la decisión de la JEP,  los dos minutos en libertad y la vuelta a prisión de Santrich.   Un verdadero show, como el montado en la puerta de la cárcel la Picota   y   en el aeropuerto de Catam, y un desmentido del indocto Presidente, presentándose como gran demócrata y cumplidor de las leyes.

La opinión publica colombiana e internacional debe saber que con el escenario descrito y que solo es una parte de los horrores de lo que está sucediendo en Colombia, queda demostrado que el gobierno de Estados Unidos, el senador Álvaro Uribe Vélez, enemigo jurado de la paz en su país y el gobierno de Iván Duque, están esencialmente dedicados a pisotear, eliminar y destrozar los Acuerdos de Paz de La Habana. En definitiva, la extrema derecha colombiana y su oligarquía tenía el estratégico objetivo de desarmar y desarticular a la guerrilla de las FARC-EP y lo logró, el cuento de la democracia y que ellos podrían competir electoralmente quedó en una enorme y utópica mentira.

(*) Periodista, politólogo y analista internacional.

jorgarcia726@gmail.com

Leer más

Los seguidores de Guaidó que dirán ahora de Baltazar Garzón…

Por Iván Oliver Rugueles:

En 2006 lo trajeron al país factores estrechamente vinculados a la MUD, hay que recordarlo, en sus esfuerzos que entonces hacían para derrocar el Gobierno del comandante Hugo Chávez Frías, tarea en la estaban sumergidos, sin un segundo de descanso, desde que él asumió la Presidencia de la República, por mandato mayoritario del pueblo...

El ex juez de España, Baltazar Garzón, ampliamente conocido en el mundo por la lucha contra la corrupción en su país y por haber logrado la detención del dictador chileno Augusto Pinochet 1998, por crímenes de Lesa Humanidad, ha declarado  que el Gobierno de Nicolás Maduro es "totalmente legítimo", fue enfático al cuestionar la injerencia de países extranjeros apoyando a la oposición: "Las embajadas de Juan Guaidó están fuera de lugar, no contribuye que distintos países ahonden esa fractura y no construyan puentes" y en ese sentido añadió que "la situación de Venezuela tiene que resolverse entre los factores internos", lejos de la interferencia de Estados Unidos (https://www.aporrea.org/medios/n338122.html)

Como se recordará, Garzón fue el corajudo juez que decidió investigar a fondo la madre de la corrupción en España y que el poder del franquismo que aún manda en ese país, no en la sombra, sino  de manera abierta y descarada, lo hace expulsar por ello del Poder Judicial y lo condena, dentro de un juicio amañado y violándole todos sus derechos a la defensa, a 12 años de cárcel en febrero de 2012… Lean esta nota de prensa, “Venganza franquista contra el juez Garzón lo expulsa del poder judicial” (https://www.archivochile.com/carril_c/cc2012/cc2012-034.pdf)

Dada las evidencias de la trampa judicial que le montaron para encarcelarlo, el Tribunal Supremo de Madrid, lo absolvió a finales del mismo año, con votación de seis votos a favor y uno en contra.    

Vale también recordar, que fue Garzón quien logra la detención en Inglaterra del dictador chileno Augusto Pinochet por crímenes de Lesa Humanidad, en octubre de 1998 y que, por cierto, el actual presidente de ese país que se dice “demócrata”, Sebastián Piñera, presidió una concentración en Santiago para protestar de forma airada por ese “atropello” a un “expresidente” que, además viaja, así lo resaltó en su arenga, como representante diplomático del Gobierno chileno y que, por tanto, dijo que era inadmisible que se violara el derecho internacional, pues esa arbitraria detención es una acto de intolerable injerencia en los asuntos internos de Chile y qué curioso que hoy él si lo hace con Venezuela al desconocer la legitimidad  de nuestro Presidente Nicolás Maduro y declarar al mundo que su gobierno reconoce como presidente a un sujeto que se auto juramentó como tal en una plaza pública de Caracas, echando al cesto de la basura lo que proclamaba, entonces, como inadmisible, la violación del derecho internacional en lo que respecta a la no injerencia de un Estado en los asuntos internos de otros países…        

Por favor hagan clic al vídeo para que escuchen de la  propia voz de Piñera, su indignación por la detención de ese atroz criminal, como lo fue Pinochet, en la capital británica: 

https://www.diarioregistrado.com/internacionales/archivo-demoledor--el-dia-que-sebastian-pinera-defendio-al-genocida-pinochet_a5a11e292469c062c48784d9e

rioliverr@gmail.com

Leer más