Por Homar Garcés:
El incremento hiperinflacionario y los niveles de
desabastecimiento crónico, unidos a la ineficiencia y la corrupción
institucional presentes en cuanto a lo que debiera ser la efectividad de los
canales de distribución de productos, obligan a plantear como una alternativa
necesaria que el pueblo organizado, ya sea a través de los consejos comunales,
de las comunas o de los comités de usuarios y consumidores que se lleguen a
constituir, tenga una participación real y vinculante en el control de la grave
situación económica que está confrontando Venezuela.
Si nos hallamos en una guerra económica, como lo manifiestan
a cada rato los personeros del gobierno, lo lógico es pensar que se tomen
medidas excepcionales (entendiendo lo que es una economía de guerra) que
permitan derrotar al enemigo, en este caso, a los comerciantes inescrupulosos,
a los bachaqueros y a los funcionarios públicos que han hecho de la corrupción
un negocio muy lucrativo, a tal punto que ninguno de ellos se queja de la
crisis en que se halla la generalidad de los venezolanos. En tal caso, debiera
activarse una contraloría social de forma permanente, incluso entre los mismos
organismos públicos a los cuales se les encomiende esta tarea, puesto que el
burocratismo es uno de los principales resguardos de la corrupción y demás
delitos que se cometen, al ocultar, obviar e impedir cualquier procedimiento
legal que se inicie en su contra.
Por otra parte, hay que advertir que la extensión del
rentismo petrolero y la profundización del extractivismo, sobre todo con la
explotación del Arco Minero del Orinoco y la implementación de la criptomoneda
del Petro, estarían beneficiando, básicamente, al capital financiero, nacional
o extranjero, lo que a la larga significaría desmantelar, de una u otra forma,
lo que pudo ser la construcción de un sistema económico distinto en manos de
los trabajadores y de los sectores populares, en el cual predominara el valor
de uso por encima del habitual valor de cambio del capitalismo. Respecto a
ello, se entiende la necesidad de obtener recursos y tratar de levantar la
economía nacional, pero debe evitarse, en lo más que se pueda, recurrir a las
fórmulas del neoliberalismo capitalista como única y última opción, lo que
complacería grandemente a quienes, abierta y encubiertamente, desde adentro y
desde afuera, se han opuesto a la alternativa democrática del poder popular
soberano, esta vez con mayor empeño que cuando gobernaba Hugo Chávez.
La situación presente de Venezuela, con todo el diagnostico
negativo que se pueda hacer a diario en cualquier parte del territorio
nacional, exige la construcción colectiva y democrática inmediata de nuevos
espacios de participación, así como de nuevos liderazgos, sin reciclajes, que
estén verdaderamente comprometidos con la ampliación y la consolidación
efectiva de una democracia participativa que rebase y elimine, al mismo tiempo,
los límites impuestos por la demagogia y el clientelismo político.
El bloqueo o estado de sitio económico que padece Venezuela
pudiera superarse si se trabajara ciertamente por hacer realidad el poder
popular soberano, con suficiente independencia económica y política, lo que
podría incidir, siendo optimistas, en la generación de los cambios
estructurales que fueron postergados desde los tiempos de Chávez y que ahora
son harto necesarios, aún más que antes, puesto que el viejo modelo político
implantado por el puntofijismo ya caducó y se requiere uno más ajustado a los
nuevos tiempos que vive el país. Esto debiera bastar para unificar a todos los
sectores sociales y políticos alternativos en la puesta en marcha de una amplia
propuesta de transformación estructural del Estado, como lo plantea, por
ejemplo, el Frente Amplio Nacional Bolivariano (FANB), de modo que exista esa
posibilidad no lejana, ni quimérica, de regenerar el país con hombres y mujeres
realmente patriotas, dispuestos a defender los intereses nacionales por encima
de cualquier interés particular, ya sea éste partidista o económico.-
mandingarebelde@gmail.com
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