El encarcelamiento de Antauro Humala es una pena de muerte

Por Oscar Rotundo:

Para este martes 12 de mayo, el Ministerio de Salud de Perú (Minsa) informaba que 72.059 personas estaban contagiadas con el COVID-19 en el país y que, hasta ayer lunes, eran 68.822. También indicaba que 2.057 personas habían fallecido.

En este panorama recibimos la denuncia que desde la cárcel nos hace llegar el Mayor Antauro Humala, preso político y rehén de la clase política corrupta e inescrupulosa del país andino…

“En esta crisis del coronavirus ha habido prácticamente un abandono de las prisiones, sepan ustedes para darles una idea, que en mi pabellón somos 100 personas, de esas 100 personas, la mitad ya tiene el coronavirus, o sea, en verdad ya todos tenemos el coronavirus;  han  cortado los alimentos, han bajado las raciones, han cortado las visitas entonces ahorita, yo les puedo decir que esto parece un campo de concentración de la segunda Guerra mundial, el que menos, ha bajado 7 a 8 kilos de peso, hay dos muertos por coronavirus nada más en este pabellón, de los ochenta muertos que hay en otros penales. Hay 10 compatriotas, internos presos, que están aislados con oxígeno, ni siquiera con ventilación mecánica, prácticamente este es un hospital de cuidados intensivos, estamos en U.C.I, previo al cementerio. 

Prácticamente a mí el estado me ha abandonado, me ha querido matar en ambas palabras, así, como ese excongresista (Glider Ushñahua) que murió diciendo, caramba, mis exámenes son positivos, pero yo me siento mal. Bueno en mi caso he pasado el examen molecular positivo en coronavirus, el examen rápido positivo en coronavirus, ahora me tomaran otro examen molecular, voy a dar positivo seguramente, entonces han evacuado ya a varios oficiales del ejército por otras cosas al hospital, pero menos a mí y en la ley que acaba de dar el ejecutivo para despenalizar, han puesto ahí, que menos  los que están condenados por delitos contra el orden constitucional y el estado, entiéndase rebelión y el único preso de todos los 100.000 peruanos que hay ahorita en prisión, el único condenado por rebelión es Antauro Humala, entonces es una ley con nombre propio, pueden salir todos menos Antauro Humala”.

Si tomamos en cuenta que el Mayor Antauro Humala lleva 15 años de los 19 años de prisión a los que fuera condenado por rebelión, de acuerdo al código penal peruano tendría que estar en libertad por haber cumplido las ¾ partes de su condena, pero parece que la “justicia” no es igual para todos en el Perú.

Esa legalidad que otorga la libertad a los presos por corrupción, viola los derechos humanos y constitucionales a quien se sublevara contra las injusticias de un régimen de opresión que se niega a morir.

Mucha razón tiene su abogada defensora Carmen Huidobro al indicar que “Este gobierno es complaciente con imputados por corrupción que tienen prisión preventiva y de oficio les da arresto domiciliario”, aunque no presenten síntomas de Covid-19, como la procesada Keiko Fujimori, o el ex premier del presidente Vizcarra Cesar Villanueva, o la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán involucrados junto a otros miembros de la partidocracia tradicional peruana en los famosos casos de sobornos de Odebrecht.

Ante esta realidad, Ima Súmac Humala Tasso, hermana mayor de Antauro, interpuso una demanda ante el Comité Internacional de la Cruz Roja en Ginebra, específicamente a Mr. Guinand, director de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), y cientos de personalidades y organizaciones políticas y gremiales del continente se manifiestan a través de una campaña de junta de firmas reclamando la libertad del dirigente etnocacerista.

Desde la resistencia al golpe de estado en Bolivia se pronuncia, “El Comité de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades de la Cámara de Diputados del Estado Plurinacional de Bolivia alzando su voz en solidaridad con el Comandante Antauro Humala

Otro pronunciamiento contundente, que muestra la gravedad de la situación, es la carta que envía el Gobernador Regional de Arequipa al Poder Ejecutivo denunciando esta irresponsable e ilegal actitud.

“CARTA ABIERTA A LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DEL PERÚ

    Arequipa, 11 de mayo del 2020.

Sres.:

Ing. Martín Alberto Vizcarra Cornejo

Presidente Constitucional Del Perú

Abg.  José Luis Lecaros Cornejo

Presidente Del Poder Judicial

Abg. Fernando Rafael Castañeda Portocarrero

Ministro de Justicia y Derechos Humanos

Med. Víctor Marcial Zamora Mesia

Ministro de Salud y Presidente del Consejo Nacional de Salud

 Presente. -

Previo cordial saludo, como ciudadano de la República del Perú, procedo a exponer lo siguiente:

El Perú es una República democrática, social, independiente y soberana; que se caracteriza por ser un Estado Garantista, que cumple y hace cumplir lo establecido en su Constitución Política.

En ese contexto y conforme lo establece nuestra Carta Magna en su primer artículo, el fin supremo del Estado es la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad; entendiéndose que ante cualquier situación que ponga en riesgo cualquier derecho fundamental de la persona, o que pueda denigrar, menoscabar y perjudicar su dignidad; el Estado tiene la obligación de accionar a través de todos los mecanismos existentes para lograr su correcta defensa.

Los derechos fundamentales establecidos por nuestra Constitución hallan su origen y sustento en los diferentes tratados internacionales suscritos por nuestro país como son: la “Declaración Universal de Derechos Humanos”, la “Convención Americana de Derechos Humanos” y, el “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos” entre otros; los cuales conforme el Art. 55 de nuestra Constitución forman parte del derecho nacional.

Que, nuestro país atraviesa una grave emergencia sanitaria ocasionada por el avance de la enfermedad de coronavirus ocasionada por el virus COVID 19, que ha conllevado al Gobierno Central a declarar en “Emergencia Sanitaria a nivel nacional”, a través del D.S. N° 008-2020-SA. Asimismo, ha establecido diferentes medidas y mecanismos para su prevención y control, siendo que a la fecha la crisis persiste a pesar de las diferentes acciones emprendidas.

En ejercicio de mi derecho fundamental de Petición que ampara la Constitución Política en su art. 2º inciso 20, me dirijo a ustedes para SOLICITAR SE OTORGUE LA GRACIA PRESIDENCIAL POR RAZONES HUMANITARIAS A FAVOR DE LOS SENTENCIADOS Mayor EP Antauro Humala Tasso y el Lic. Walter Aduviri Calisaya, bajo los siguientes fundamentos:

Primero: Es de conocimiento público que el mayor EP Antauro Humala Tasso, ha dado positivo a la enfermedad de coronavirus; situación que lo coloca en especial vulnerabilidad frente a otros internos, ya que implica un grave menoscabo a su salud.

En ese sentido, la Defensoría del Pueblo en su Informe Defensorial Nº 177, señala: “La reclusión de personas cuya salud se encuentra seriamente comprometida, implica una mayor afectación a su integridad personal, por lo que la privación de libertad pierde su objeto y todo intento de resocialización resulta insostenible. (…)”; asimismo, el Tribunal Constitucional ha establecido debe tenerse en consideración que el principal sustento para la concesión de esta gracia, lo constituyen los informes médicos que acrediten la grave afectación a la vida, salud o integridad de la persona privada de libertad, presupuesto que se cumple en el presente caso, ya que el Sr. Antauro Humala al dar positivo a la enfermedad del coronavirus tiene su derecho a la salud seriamente comprometida, perdiéndose el sentido de su encarcelación considerando que la afectación que ha sufrido al derecho a la salud y la vida, es más grave que la afectación a su derecho a la libertad. Asimismo, debe evaluarse que de no recibir el tratamiento pertinente y considerando que esta enfermedad aún no tiene cura, lo sitúa en una situación de mayor riesgo que podría originar consecuencias irreversibles.

Segundo: Respecto del Lic. Walter Aduviri Calisaya, igualmente se encuentra expuesto en mayor riesgo a poder contraer esta enfermedad debido al hacinamiento en el que encuentra en el penal donde viene cumpliendo su condena. Asimismo, debe considerarse que el delito por el que se encuentra recluido no reviste una gravedad que justifique la privación de su derecho a la libertad por encima de la exposición de su derecho a la salud, que podría generar igualmente, consecuencias irreversibles.

Finalmente, como peruano orgulloso de nuestra historia y del legado de grandes hombres y mujeres que forjaron nuestra nación; respetuoso de lo establecido en nuestra Constitución, solicito que se cumpla lo establecido en la ley otorgándose la gracia presidencial por razones humanitarias al Mayor EP Antauro Humala Tasso y el Lic. Walter Aduviri Calisaya.

Atentamente Arq. Elmer Cáceres Llica”.

Estos reclamos de justicia han tomado forma de solicitada, para sumar adhesiones nacionales e internacionales, antaurolibertad123@gmail.com impulsada por los congresistas del bloque patriótico Rubén Ramos Zapana, Alí Mamani Barriga, Héctor Maquera Chávez, Javier Mendoza y María Isabel Bartolo Romero y que desde Argentina ya cuenta con el apoyo de Hebe de Bonafini, Presidenta de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, el intelectual y comunicador social Atilio Borón y destacados medios de la comunicación alternativa como Resumen Latinoamericano, Barómetro Internacional y Periodismo Internacional Alternativo (P.I.A) entre otros medios, organizaciones políticas, sociales y personalidades del arte, la lucha sindical, la juventud y la comunidad educativa.

En la solicitud se expresa lo siguiente:

Libertad para Antauro Humala y cumplimiento de todos sus derechos básicos

 Las organizaciones, movimientos, personalidades y representantes de diversos países solicitamos y exigimos al Gobierno Nacional y al Poder Judicial de Perú la inmediata libertad de Antauro Igor Humala Tasso ya que, de acuerdo al código penal peruano, por haber cumplido las ¾ partes de su condena, puede acceder a este derecho, sobre todo cuando se ve agravada su salud y corre riesgo su vida debido al contagio de Covid19.

 Antauro Humala es un preso político, condenado injustamente por el levantamiento popular conocido como “El Andahuaylazo”, en el Departamento de Apurímac, el 1ero de enero de 2005. Este levantamiento buscaba poner fin al modelo económico neoliberal; cuestionar la Constitución nacida con la dictadura de Alberto Fujimori en 1993; y exigir la renuncia del Presidente de ese entonces Alejandro Toledo, actualmente prófugo de la justicia peruana por delitos de corrupción.

 El Mayor Antauro Humala fue condenado por rebelión a 19 años de prisión y, de acuerdo al código penal peruano puede acceder a su libertad inmediata por haber cumplido las ¾ partes de su condena. Sin embargo, continúa privado de su libertad a modo de rehén del actual gobierno. No es menor que el Frente Patriótico, espacio político fundado y liderado por Antauro, haya logrado obtener 13 representantes en el parlamento peruano en las elecciones congresales extraordinarias de 2020 lo que lo convierte en una de las principales fuerzas políticas de Perú que luchan por la justicia social y los derechos del pueblo.

 En el contexto de Pandemia mundial han surgido disposiciones internacionales: de la Organización Mundial de la Salud, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ONU para reducir el número de presos y presas ante la posibilidad de que las cárceles se convirtieran –por sus rasgos de hacinamiento y las deficiencias sanitarias— en focos de contagio masivo que repercutirán en los sistemas de salud. La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, pidió a los gobiernos “reducir drásticamente la población de las prisiones” y “que el distanciamiento sea posible”. Y tanto el Mayor Humala como el resto de los detenidos por el “El Andahuaylazo”, no solo que han cumplido gran parte de su condena, sino que además han sido injustamente acusados.

Por todas estas razones solicitamos que sean liberados los compañeros y su salud sea resguardada, haciendo efectivos sus derechos humanos, sociales y políticos.

 Antauro Libertad

La pandemia del Covid-19 pasara dejando su secuela de muertos e infectados, pero al mismo tiempo terminara de develar las injusticias de un sistema de exclusión que durante siglos ha empobrecido a millones de personas en el mundo y ha generado una catástrofe ecológica que agrava las condiciones de vida de toda la humanidad.

Cuando esta calamidad global pase, el capitalismo se tornará más reaccionario y voraz y en ese momento, los nuevos liderazgos populares serán fundamentales para el desafío de la construcción de un mundo nuevo.

En Perú la experiencia, juventud y fortaleza de Antauro Humala, “El Hombre de las Mil Batallas”, será esencial para la construcción de una nación en la que la equidad y la justicia social llegue a todos los rincones de La Patria.

rotundointernacional2020@gmail.com

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Disidencias, reincidencias y resiliencias, regreso a la guerra

Por Manuel Humberto Restrepo Domínguez: 

Hay unos que no entraron en el proceso de finalización de la negociación del conflicto armado con las FARC. Esos son los disidentes. Los que no compartieron los acuerdos firmados, manifestaron su inconformidad y quedaron por fuera de lo pactado. No tienen relación alguna con la JEP, ni beneficio con la implementación. Los disidentes, se separaron de la doctrina y conductas que implicaba el abandono de la lucha armada. En la historia política y social, los disidentes han sido perseguidos y censurados por sus actuaciones contrarias al grupo mayoritario que cierra las negociaciones.

Hay otros que estuvieron en la construcción de los acuerdos, compartieron lo pactado, y cumplieron su palabra empeñada de desarmarse y retornar a la vida civil, pero al final se fueron del proceso, reincidieron en la lucha armada. Ellos ejercieron parcialmente su condición de ciudadanía, pero a la par se vieron incursos en situaciones creadas para obligarlos a afrontar y resistir los embates de la persecución, el estigma y el hostigamiento permanente, por los llamados enemigos de la paz, que representan el horizonte de poder de las elites que emite ordenes no manifiestas sobre lo que debe ocurrir y que termina por ocurrir sin lugar a responsables, como ha sido la recurrente historia de la tragedia, el desastre y la barbarie. Entre el asedio y la resistencia algunos firmantes del acuerdo de paz se esfumaron anunciando su regreso a las armas. Esos son los reincidentes, aunque penalmente no fueron condenados.

Reinciden al volver a las armas como instrumento de acción política, rehacer sus conductas anteriores, y seguir un sistema de valores y modos de vida que ya no comparten sus antiguos compañeros. La reincidencia en cuanto concepto jurídico es amplia, tiene una característica de plasticidad y puede ser entendida como una recaída en el delito político y las conductas de rebelión y conexos, lo cual genera una reacción social de rechazo y produce el agravamiento de la pena en térmi¬nos punitivos por conductas autónomas que concurren en el delito de rebelión, lo que implicaría para cualquier reincidente que sea detenido una condena que resultaría impagable en vida.

Y hay otros, que recibieron con entusiasmo los acuerdos, pero se sienten abandonados, inseguros amenazadas e incluso humillados y están pensando en volver a su antiguo modo de vida en armas. Esos bienes pueden ser resilientes, aunque el estado se encargará de impedir cualquier otro calificativo distinto al de reincidentes. Ellos organizaron su modo de vida ya no alrededor de un comandante, una estrategia, una doctrina y un fusil, si no de proyectos de vida civil, sin armas y en democracia, pero paulatinamente han perdido la esperanza. La sociedad les impide reintegrarse y el estado se niega a cumplir sus compromisos de protección, respeto y garantías a sus derechos. En Ituango donde han asesinado a 12 excombatientes (dos en la última semana), el responsable por parte del estado les ha informado que solo puede dar respuesta a sus demandas de protección dentro de seis meses. Para muchos se han ido desmoronando sus ilusiones colectivas y ante la marginación y el olvido hay quienes dicen preferir desandar el camino y regresar al levantamiento en armas, donde saben moverse y creen que les resulta más segura su vida y sueños de futuro con garantías y dignidad.

Los resilientes, una vez consumen el alzamiento, pasarán a ser reincidentes y seguramente a reencontrarse con los disidentes y para todos ellos hablar de lo justo y lo injusto desaparecerá del panorama y serán tratados como delincuentes. La sociedad sin embargo estará llamada a tener en cuenta que ninguna explicación puede buscarse en la simple repetición de hechos de guerra, sino que también en las responsabilidades políticas en el estado y seguramente otros terceros, quienes usando el poder han obstaculizado la construcción de la paz estable y duradera pactada.

Nunca se sabrá con exactitud cuántos insurgentes se quedaron en la disidencia. Se calculan más de 400 presos aún encarcelados que hace tiempo deberían haber sido amnistiados e indultados. De la reincidencia se conoce que, en agosto de 2019, Iván Márquez, segundo al mando de las FARC y jefe negociador, junto a Santrich, Romaña, el Paisa, Morantes y otros en número superior a 40, anunciaron su retorno a las armas para “luchar por la paz traicionada”, pero además para disputar el nombre original político-militar forjado por Marulanda. De los resilientes, en tránsito de regreso a las armas, nada se sabrá hasta que lo anuncien, como acaba de ocurrir este primero de febrero del 2020, en que el comandante Martin anuncio públicamente que 158 antiguos combatientes, retomarán la lucha armada en el departamento del Tolima.

En su sospecha por su inseguridad jurídica y material, los excombatientes llevan las cuentas de la venganza y el odio con 185 excombatientes asesinados en indefensión, en la oscuridad y a la luz del día en inmediaciones a sus zonas de refugio en las que han permanecido condenados a permanecer allí, inmóviles, a riesgo de ser ciudadanos solo allí.

El contexto en el que actúan las disidencias y crecen las reincidencias, es el de un país, que no pierde la esperanza de que la paz es la única salida para acabar la tragedia, la barbarie y el amor a la muerte. No importa que los hechos muestren que el partido de gobierno volvió a implantar la guerra antes que implementar la paz, lo que ha favorecido violencias y destrucción con masivas violaciones a derechos, desplazamientos forzados, asesinatos de líderes sociales, matanzas delincuenciales, robos, atracos, abusos de todo tipo y corrupción imparable, más debilitamiento de instituciones, por ejemplo ya poco se habla de la consejería de derechos humanos y se recalcan más bien las relaciones internacionales; la memoria histórica fue borrada y; la protesta social vuelve a ser estigmatizada.

 mrestrepo33@hotmail.com

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Tensa calma en Venezuela tras un golpe que nació muerte, sin apoyo militar y menos aún popular

Por Aram Aharonian:

Calma, tensa calma en Caracas y toda Venezuela, tras el publicitario intento de golpe de Estado en Venezuela, donde los sectores radicales de la oposición no lograron ni el apoyo de las Fuerzas Armadas ni que el pueblo saliera a la calle a sumarse a la intentona liderada por el autoproclamado presidente Juan Guaidó y el prófugo Leopoldo López.

El pueblo salió a la calle y se dirigió progresivamente al Palacio de Miraflores, para respaldar al gobierno constitucional de Nicolás Maduro. No fue ni golpe militar ni estallido social, quizá sólo otra operación de bandera falsa, donde los protagonistas anunciados –militares y pueblo- no se presentaron a la cita.

Un golpe de Estado es la toma del poder político de un modo repentino y violento, por parte de un grupo de poder, vulnerando las normas legales de sucesión en el poder vigente con anterioridad. Se distingue de los conceptos de revuelta, motín, rebelión, putsch, revolución o guerra civil. Un golpe necesita paralizar técnicamente el funcionamiento del Estado y tomar los puntos estratégicos como comunicaciones, servicios y vías áreas, terrestres y marítimas. Nada de eso.

Enrique Ochoa Antich, dirigente del opositor Movimiento Al Socialismo (MAS) hizo un análisis certero: “Lo de hoy ha sido una nueva irresponsabilidad del extremismo. Ningún golpe. Ni a pronunciamiento militar llegaron. Operación publicitaria más o menos ridícula. Ahora la oposición negociará más debilitada. Maduro, más atornillado. Nunca como ahora requerimos diálogo y referendo”.

Hasta el momento, el golpe se asemeja a una operación comunicacional de amplio espectro, tratando de imponer imaginarios colectivos con la cartelización de medios y de operadores de la intervención para hacer creíble un “alzamiento militar” que no ha ocurrido. Incluso, canales de televisión locales e internacionales trasmitieron imágenes viejas del ataque a La Carlota durante las guarimbas (terror callejero) de 2014, montando un escenario similar al de la Plaza de Trípoli, en Libia.

La maniobra estuvo focalizada en el Distribuidor Altamira, en Chacao, histórico reducto de los ciclos de violencia, terror y desestabilización del antichavismo. Guaidó ha convocado manifestaciones allí para generar una situación de enfrentamiento que transmitida en vivo, genere el estado de conmoción que permita sostener la maniobra. Otra operación psicológica fue la divulgación del falso apoyo del Mayor General Órnelas Ferreira al golpe.

Para algunos analistas, están apostando más a un golpe de efecto qué permita tratar de agitar la calle y generar mejores condiciones para construir la “película” para justificar intervención internacional. Leopoldo López aparece como el real operador local del plan, hasta ahora fallido. Pero que logró uno de sus cometidos: el asilo de López, un prófugo de la justicia, en la embajada de Chile, junto a su esposa e hija.

Visto en contexto, un político no da un paso de esa naturaleza sino tiene respaldo concreto, tanto interno como externo. Y en el caso de que fuera una acción desesperada de Voluntad Popular (un salto al vacío) prácticamente están obligando a la administración Tremp y a los países que los respaldan a dar un paso adelante, a radicalizar sus posiciones, ya que aquellos representan sus cartas (y caras) públicas en contra del gobierno.

“Estoy monitoreando la situación en Venezuela muy de cerca. ¡Estados Unidos está con el pueblo de Venezuela y su libertad!”, tuiteó Donald Tremp, para más tarde amenazar de nuevo a Cuba con un “embargo total” si no retira las tropas que acusa mantiene desplegadas en la nación petrolera (de lo que, obviamente, no tiene prueba alguna).

 Los acontecimientos

El de abril del 2002 sí fue un golpe contra el presidente Hugo Chávez, con el apoyo de los viejos partidos, la central empresarial, el episcopado y los gobiernos de EEUU, España y Colombia. Resultó en una breve presidencia del gerente empresarial Pedro Carmona Estanga, de apenas 47 horas. El pueblo repuso a su presidente constitucional.

Lo que parece quedar en claro en esta intentona es que parte de la tropa que llegó a la base militar de La Carlota (exaeropuerto caraqueño), fue engañada.  Un grupo de sargentos de la Guardia Nacional y funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) se retiraron del distribuidor Altamira (en el este capitalino, fuerte de la oposición) al comprobar cuáles eran los objetivos reales, sobre todo cuando aparecieron Juan Guaidó y el prófugo Leopoldo López.

En la madrugada, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, señaló que «No ha sido vulnerada ninguna instalación militar en el país, ellos están en la calle en el Distribuidor Altamira y nosotros estamos dirigiendo las operaciones desde la Base Aérea La Carlota», explicó.

Mientras, el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino, resaltó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se mantiene firme en defensa de la Constitución Nacional y sus autoridades legítimas. Todas las unidades militares desplegadas en las ocho Regiones de Defensa Integral reportan normalidad en sus cuarteles y bases militares, bajo el mando de sus comandantes naturales.

«Los seudo líderes políticos que se han colocado al frente de este movimiento subversivo, han empleado tropas y policías con armas de guerra en una vía pública de la ciudad para crear zozobra y terror», sostuvo el funcionario en Twitter. Padrino denunció que el coronel Jerson Jiménez, jefe de operaciones del batallón 43 de la Guardia Nacional fue herido de bala a la altura del cuello en la autopista Fajardo. Responsabilizó del hecho a los dirigentes opositores.

La derrota política de los sifrinos

La oposición radical, liderada por ya no tan jóvenes de clase alta y clase media alta (sifrinos en el argot venezolano), estaba consciente que la marcha programada para el 1 de mayo iba a ser un fracaso y por eso lanzaron la penúltima carta, liberando a Leopoldo López, con arresto domiciliario, condenado a 14 años de prisión por la autoría intelectual de decenas de muertos durante el terror callejero de 2014, a punta de dólares.

Pareciera el fin definitivo del “momento Guaidó”. Quisieron imponer la excusa que salieron con los militares (un reducido grupo de sargentos de la Guardia Nacional o no) y que el pueblo no les respondió.

Las declaraciones oficiales sobre el desmantelamiento de la operación llegaron momentos después de que el dirigente opositor venezolano Leopoldo López, supuestamente retirado de su arresto domiciliario por fuerzas opositoras, apareciera en un video junto al diputado Juan Guaidó, supuestamente en la base aérea de La Carlota, rodeado por un grupo de militares desertores, de rostro cubierto y con brazaletes azules.

López, a través de su cuenta de Twitter, afirmó que se había iniciado «la fase definitiva para el cese de la usurpación, la Operación Libertad». También que ha sido «liberado por militares a la orden de la Constitución y del Presidente Guaidó». El autoproclamado “presidente interino” anunciaba que «en este momento» se encuentra «con las principales unidades militares de nuestra Fuerza Armada dando inicio a la fase final de la Operación Libertad», mientras afirmaba que su lucha siempre ha estado «enmarcada en la Constitución, en la lucha no violenta».

Guaidó finalizó su proclama con un llamamiento final: «Pueblo de Venezuela, es necesario que salgamos juntos a la calle, a respaldar a las fuerzas democráticas y a recuperar nuestra libertad. Organizados y juntos movilícense a las principales unidades militares. Pueblo de Caracas, todos a la Carlota».

Escueto el ¿apoyo? de Henrique Capriles Radonski (dos veces candidato a la presidencia por la oposición): “A los países que apoyan la restitución de la democracia en nuestra Venezuela: es momento de apoyar la causa de los venezolanos en esta hora crucial. A nuestro pueblo: ¡es momento de mantenernos movilizados! Vamos Venezuela. ¡La Operación Libertad está en nuestra manos!”

Quizá la operación fue bien planificada, Pero le faltó un ingrediente fundamental: el apoyo popular.

La injerencia colombiana

Venezuela ha sido sometida en los últimos meses a un asedio internacional que ha incluido el apoyo de Estados Unidos y Colombia a la autoproclamación como presidente interino del diputado opositor Juan Guaidó, lo que ha sido denunciado como un golpe continuado por el gobierno constitucional.

No fue casual, sino causal, el arribo del mayor general de EEUU Van McCarty a Bogotá, para analizar con los mandos colombianos la situación en la zona de frontera con Venezuela, mientras el  propio presidente colombiano Iván Duque confirmó que también Colombia estaba detrás del nuevo intento de golpe.

“Hacemos llamado a militares y al pueblo de Venezuela para que se ubiquen del lado correcto de la historia, rechazando dictadura y usurpación de Maduro; uniéndose en búsqueda de libertad, democracia y reconstrucción institucional, en cabeza de la (en desacato) Asamblea Nacional el presidente Guaidó”, tuiteó.

Carlos Holmes Trujillo, canciller colombiano, ha pedido una reunión urgente del Grupo de Lima para tratar la nueva situación en Venezuela. “Hago un llamado a todos los países miembros del Grupo de Lima para que continuemos nuestra tarea de apoyo al regreso de la democracia y libertad a Venezuela”, tuiteó.

Los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú, miembros del Grupo de Lima, apoyaron el golpe fracasado, como era de esperarse.  La cancillería brasileña anunció haber autorizado el asilo de 25 “militares” disidentes. El general Octavio Heleno, integrante del gabinete de Jair Bolsonaro, señaló que el apoyo de los militares a Guaidó no alcanza a los altos escalones de las Fuerzas Armadas, ni hay expectativa de solución en el corto plazo.

El presidente chileno Sebastián Piñera reiteró “nuestro total apoyo al Presidente Guaidó y democracia en Venezuela. La dictadura de Maduro debe terminar por la fuerza pacífica, y dentro de la constitución, del pueblo venezolano. Así se restablecerán las libertades, la democracia, los DDHH y el progreso en Venezuela”, tuiteó.

A diferencia de otros mandatarios que respaldaron al presidente constitucional, entre los que se anotaron el mexicano Andrés Manuel López Obrador, el boliviano Evo Morales y el cubano Miguel Díaz Canel, el argentino Mauricio Macri apoyó a la oposición antichavista y manifestó que espera que “sea el momento decisivo” para desplazar al gobierno venezolano.

El presidente del derrotado derechista Partido Popular español, Pablo Casado, envió un mensaje de satisfacción a los venezolanos por la liberación del opositor Leopoldo López de su arresto. Señaló que había hablado con López el jueves pasado para comentar la incorporación del padre del político opositor a las listas del Parlamento Europeo.

Mientras, el gobierno de España, por su parte, rechazó el intento violento: “Debe quedar claro que España no respalda ningún golpe militar”. El nuevo asalto apareció con una fuerza mediática que no tiene su correlato en la capacidad militar ni popular.

¿Golpe de estado, golpe de estado fallido, golpe de estado abortado o golpe nati muerto? Nati muerto es el feto viable que no da señales de vida luego del parto, a diferencia del nacido muerto o de la criatura abortada. Las próximas horas van a ser decisivas para el futuro inmediato de Venezuela…

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Venezuela y el reflejo revolucionario en los EEUU

Por Rolando Prudencio Briancon

No creo que la fracasada invasión imperial del pasado 23 de febrero a Venezuela, vaya a quedarse así nomás; y no porque Washington vuelva a intentar a invadir -que puede ser unas de las “opciones”- sino porque las contraproducentes consecuencias de ésta derrota de Washington puede ser el batacazo para que en los EE.UU., se desate un proceso de cuestionamiento desde la sociedad civil hacia su gobierno, que tenga además insospechadas consecuencias para el inicio de una incisiva e incesante interpelación, y que germine un proceso de resistencia y rebelión contra su propio gobierno.

Y si añadimos a este análisis el cuestionado papel que Trump desempeña como gobernante, las condiciones para un descontento creciente pueden ser el caldo de cultivo para que la impugnación a las políticas norteamericanas vaya incrementándose.

Para nadie es un secreto que las políticas que Trump ha aprobado en su gestión, no gozan del respaldo de las mismas autoridades estadounidenses, como es el caso de la deportación de indocumentados, como el caso del alcalde Nueva York Bill de Blasio que ha rechazado ponerlas en prácticas. O las críticas recibidas de varias otras autoridades estatales por su rechazo a suscribir los acuerdos climáticos de París, y otras que no gozan de popularidad.

Es cierto que por ahora Trump ha manejado con solvencia la situación económica estadounidense, pero eso no garantiza que la opinión pública estadounidense sea condicionada para cohonestar con acciones que han comenzado a desatar una espiral de descontento por sus políticas agresivas contra Venezuela, y que ya han comenzado a aflorar, en más de una manifestación ciudadana de rechazo a Trump, y de apoyo más bien a Venezuela y Maduro.

Es por esa razón que el influyente diario New York Times ha dado a conocer, en una investigación realizada que el incendio de la “ayuda humanitaria” provocado en el puente Simón Bolívar el 23 de febrero, se trató de un auto atentado -algo que le suena traumáticamente familiar a la opinión pública estadounidense, por el también auto atentado del 11 de septiembre del 2001- que tiene la marca Made in USA.

Después del incidente en el puente Libertador Bolívar, puede ser éste el hito para que se inicie un descarnado cuestionamiento dentro los mismos EE.UU., contra aquel, ya impertinente e ineficaz mito del “Destino Manifiesto” de los EE.UU., que por obra gracia del poder divino están llamados a someter al resto de las naciones.

No en vano el libertador Simón Bolívar decía que: “EE.UU., parecen predestinados por la providencia a plagar de muerte y miseria nuestra América en nombre de la libertad”. Pero hoy, y después de esa derrota en el puente Bolívar, aquella profecía del libertador; y en honor a él, se ha roto; y en todo caso Venezuela parece que será Venezuela el artífice de proceso revolucionario en los mismísimos EE.UU.; y más aún si las desvergonzadas brechas entre ricos y pobres que existe, donde existen más de ¡30 millones! de personas que viven en la calle.

Venezuela es la cuna de quien ha sido el forjador de la liberación no sólo de su propia patria como fue la generosa gesta del libertador Bolívar para otras cinco naciones más; sino porque no podríamos pensar que hoy sea la causa para generar una verdadera lucha para su liberación; porque como dice ese dicho típico de Venezuela: “El que se mete con Venezuela se seca”.

prudenprusiano@gmail.com

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