Entre ovejas te veas…

Por Carolina Vásquez Araya:

Nuestros gobiernos hablan de inmunidad de rebaño y nos envían al matadero. 

Entre los términos científicos para explicar los diferentes aspectos de la pandemia que nos tiene encerrados y temerosos, se ha comenzado a difundir el concepto de inmunidad de rebaño (o inmunidad de grupo) como una posible solución para detener la expansión del contagio con el virus SARS-CoV-2, nombre técnico del coronavirus responsable de la pandemia. Es la estrategia de emergencia ante la imposibilidad de realizar una campaña masiva de vacunación, dado que esa vacuna aún está lejos en el horizonte, o por lo menos inalcanzable para miles de millones de seres humanos en el planeta.

La inmunidad de rebaño, de acuerdo con un artículo publicado por los doctores Esperanza Gómez-Lucía y José Antonio Ruiz-Santa-Quitería, ambos investigadores del departamento de Sanidad Animal de la Universidad Complutense de Madrid, “se da cuando un número suficiente de individuos están protegidos frente a una determinada infección y actúan como cortafuegos impidiendo que el agente alcance a los que no están protegidos.”. Es decir, para que la estrategia funcione sin la aplicación de una vacuna –lo cual sería ideal- deben haberse contagiado de la enfermedad suficientes personas. Para más claridad, la mayoría de la población. Esto tendría el efecto de desarrollar una barrera inmunológica capaz de proteger a los más vulnerables; sin embargo para que esto suceda también debe haber transcurrido un largo tiempo, sobre todo en países que han aplicado y mantenido severas medidas de restricción.

Otra de las condiciones indispensables para garantizar el éxito de esta aparente solución de carácter colectivo, es poseer una infraestructura sanitaria sólida y eficiente capaz de atender los numerosos casos que se van a producir a partir de la apertura de las restricciones impuestas desde el inicio de la pandemia. Es decir, cuando todo el mundo comience a recuperar la dinámica normal de escuelas abiertas, restaurantes, bares, cines, centros de trabajo y demás, los contagios se multiplicarán de manera exponencial bajo la consigna de la inmunidad de rebaño, llegando con especial dureza a los segmentos de población susceptibles a sufrir la enfermedad con todos sus devastadores efectos: niñez desnutrida (alrededor del 50 por ciento de la población infantil en algunos países centroamericanos), adultos mayores con enfermedades crónicas, personas carentes de seguridad social y de medios para costear la atención hospitalaria.

En países cuya infraestructura y servicio sanitario han sufrido los embates de sistemas políticos y económicos opuestos a satisfacer las necesidades de la población con el objetivo de privilegiar a sectores empresariales de enorme poder, se carece de los recursos mínimos para aplicar una estrategia de tan elevado riesgo para las mayorías. De acuerdo con el documento mencionado, en el caso del Covid19, la inmunidad de rebaño se alcanza cuando el 70 por ciento de la población está protegida y, como indican sus autores, “la inmunidad de grupo, para ser eficaz, necesita que haya un único hospedador (en este caso las personas), que la infección se transmita de persona a persona (sin intermediación de vectores) y que la transmisión o vacunación induzca una inmunidad sólida. En el caso de SARS-CoV-2 no hay suficientes datos como para entender aún la epidemiología de la infección, y además el grado de inmunidad adquirido tras la infección está por determinar.”

En países como los nuestros, con gobernantes opuestos a apoyarse en la ciencia, no se puede hablar de “inmunidad de rebaño” sino de algo mucho más real y específico: el “sálvese quien pueda” de los incapaces.

El “sálvese quien pueda”, la consigna de los corruptos.

elquintopatio@gmail.com

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Mi valoración sobre las últimas decisiones del Alto Mando Político y Militar de la Revolución

Por Juan Martorano:

Indudablemente, hubo tres grandes acontecimientos que tenían amplísima expectativa dentro de nuestro pueblo, y tenía que ver con la disolución de la AN por parte de la ANC, la convocatoria de elecciones anticipadas del parlamento, y ahora con la designación del gabinete, por parte del ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro. Y he decidido formular algunas consideraciones, desde mi óptica.

Los últimos acontecimientos hay que irlos viendo desde la relación esfuerzo-rendimiento para poder alcanzar los objetivos y las metas. En política esto no es muy diferente. Este esfuerzo que es una unidad, lo ideal es que la misma se traduzca en una unidad de rendimiento.

Puedo entender que el objetivo masivo de un Jefe de Estado es el de evitar el conflicto que nos infrinja el mayor daño posible, y que la situación país actual hay que verla a escala geopolítica. Pero tampoco puede obviarse que luego de la multitudinaria movilización del sábado 10 de agosto de 2019 (estuve allí presente), más las palabras pronunciadas por el presidente Nicolás Maduro, las expectativas sobre lo que ocurriría el día lunes en la ANC, con transmisión incluso de Venezolana de Televisión (que no acude a todas las sesiones de la instancia supraconstitucional, bueno es de acotar este significativo dato) eran extremadamente altas.

Pero, en una razón, para algunos inexplicable, el parlamento solo decidió el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de cuatro diputados más (José Guerra, Rafael Guzman, Juan Pablo y Tomás Guanipa), además de la designación de una comisión para la consulta al pueblo acerca de la fecha para la realización de los comicios parlamentarios de la AN.

Pudiéramos argumentar que la estrategia del Alto Mando Político y Militar de la Revolución es ir rebanando poco a poco a la dirigencia fascista opositora, irlos dejando sin generales, por expresarlo en jerga militar, para dejar a Guaidó sin aliados y posteriormente ir por él. Este sería un argumento válido políticamente hablando, pero también hay que reconocer que el esfuerzo y las expectativas que se han realizado no se corresponden con el rendimiento esperado, no se compensó.

La coyuntura es particularmente compleja, y nuestro pueblo la está pasando verdaderamente mal. Y creo que si el Gobierno es verdaderamente revolucionario, debe asumir algunas decisiones, a pesar de los riesgos y de los costos políticos que ello implica.

Creo que no debe pararle mucho al qué dirán de los gringos, porque más temprano que tarde, y cuando ellos quieran, pueden venir por nosotros cuando menos nos lo imaginemos y pensemos.

Creo que en este momento es muy importante conocer el programa para poder enfrentar la agresión a raíz de la última y más reciente orden ejecutiva de Trump del 05 de agosto de 2019. La Cuba revolucionaria de Fidel Castro (de quien conmemoramos ayer 93 años de su vuelta al sol) del período especial así lo hizo. Y aquí cabría una interrogante: ¿Existe por parte del Gobierno Bolivariano y de las fuerzas políticas y sociales un plan de acción para afrontar las agresiones a las que estamos siendo objeto en estos instantes?

Resultan extremadamente peligrosas la decepción y desmoralización del pueblo. Después que el miércoles 8 de agosto de 2019, en un contacto especial en el programa “Con El Mazo Dando” del camarada Diosdado Cabello, el presidente Maduro anuncia la suspensión de las negociaciones de Barbados (cosa que aplaudí a rabiar hasta que me sangraron las manos). Ahora hay una especie de recule que nadie comprende ni entiende.

De hecho, se trata de compensar la decepción de estas expectativas populares, con la designación de un nuevo gabinete, o por lo menos la sustitución de ocho titulares de carteras ministeriales. Y he aquí también algunos planteamientos importantes que es necesario formular, dentro del marco de las evaluaciones que estamos realizando.

Algunos hemos pensado que se requiere un nuevo perfil en la cartera de planificación. Alguien con mayor capacidad de innovación, pues esto le permitiría introducir los cambios necesarios en la estructura y procesos del Estado para la implementación del Plan de la Patria 2019-2025.

En estos momentos se requiere de un Estado mucho más dinámico, con capacidad de adaptación y completamente divorciado de los sistemas y aplicaciones imperiales. Un Estado que supere definitiva y rotundamente el esquema de procesos y negocios vigente.

El cambio del gabinete económico sigue siendo una tarea pendiente. A un año de cumplimiento del denominado Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica y Social, el próximo martes 20 de agosto de 2019 (por cierto la AN insubordinada y en desacato ya dijo que sesionaría ese día), creo que las circunstancias y la coyuntura nos obligan a contar con un gabinete económico de guerra dispuesto a demoler el modelo económico rentístico parasitario heredado de la IV República. Y para ello necesitamos método, creatividad, proactividad y competencia, pues los lineamientos políticos están contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Plan de la Patria 2019-2025, junto a una primera avanzada normativa que es parte de uno de los tantos legados del Comandante Hugo Chávez.

Lo que sin duda ha faltado, es un estricto seguimiento, control y evaluación de las políticas públicas, hacer lo que Ernesto “Che” Guevara expresó en alguna ocasión, crear los incentivos morales para aquellos servidores públicos y servidoras públicas que destaquen en sus labores, y que trascienda más allá de la mera contraprestación económica, y las sanciones ejemplarizantes para aquellos que estén incursos en delitos de corrupción y de daños al poder popular.

También nos ha faltado mucho de una adecuada, acertada y conveniente ofensiva comunicacional bien direccionada. Pero claro, esto es así, producto de las debilidades ideológicas y flancos que tenemos. Esto debe ser subsanado de inmediato.

Y es de ahí donde algunos camaradas y compatriotas nos hemos ido encontrando, debatiendo, activando y articulando, no sólo para explicar a nuestro pueblo la actual situación y las implicaciones que estas agresiones están teniendo en nuestro pueblo, sino sobre todo para definir el que hacer, develando la estrategia adversaria sin revelar la nuestra, pero sobre todo, haciendo el trabajo en el que históricamente la izquierda tradicional se ha quedado un tanto en el aparato, como lo es el de dejar saldos organizativos.

Este y otros temas, continuarán siendo desarrollados en próximos artículos.

¡Leales Siempre! ¡Traidores Nunca!

¡Independencia y Patria Socialista!

¡Viviremos y Venceremos!

jmartoranoster@gmail.com

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Con los ojos bien abiertos

Por Carolina Vásquez Araya:

Elegir autoridades no es broma, es un acto cívico de trascendencia.

Cuando el abanico de opciones para elegir a las autoridades muestra fallas de fondo en la depuración de sus listados, es momento de analizar con seriedad hasta qué punto está resquebrajado el sistema actual y cómo la ciudadanía debe participar en su reparación. En Guatemala, el proceso para determinar quiénes tomarán el bastón de mando avanza a tropezones y la sociedad observa con estupor la infiltración de los cárteles de la droga en el evento más importante de la vida política de su país. De hecho, la captura en Estados Unidos de uno de sus candidatos a presidente -¡nada menos!- arroja una mancha indeleble sobre las autoridades del Registro de Ciudadanos y del Tribunal Supremo Electoral, TSE, instancias en las cuales el ahora señalado de delitos tan graves como asociarse con el cártel de Sinaloa para financiar su campaña, aprobó su inscripción sin el menor reparo.

Para la ciudadanía, este caso constituye un llamado de atención de alerta máxima toda vez que a partir de la investigación realizada por la DEA, la cual desembocó en una acusación detallada contra el candidato de marras y uno de sus socios, es fácil deducir la ineficiencia de las autoridades de investigación y seguridad en Guatemala o, mucho peor aún, su complicidad con organizaciones criminales de enorme poder. Sin embargo, se puede escuchar el silencio de una población tan acostumbrada a los escándalos, que ante el más reciente capítulo de esta tenebrosa telenovela, ni siquiera se inmuta.

El paso inevitable a partir de la denuncia del Departamento de Justicia de Estados Unidos debería ser la revisión a fondo de todas las demás candidaturas, sus respectivos partidos políticos y las fuentes de financiamiento de sus campañas. Para transparentar aún más el proceso, retroceder en el tiempo para esculcar en lo acontecido durante elecciones anteriores, debido a las salpicaduras del caso actual sobre antiguos altos funcionarios de gobierno íntimamente vinculados a los ahora atrapados por la justicia estadounidense.

Una revisión a conciencia de las opciones sobre el tablero da ganas de llorar. En la contienda se presentan absolutos esperpentos señalados por toda clase de delitos, desde tráfico de bebés y de drogas hasta intentos de subvertir el orden democrático, pasando por un abanico multicolor de denuncias de corrupción en una amplia gama, todo aceptado gustosamente por las autoridades electorales y los respectivos partidos políticos sobre cuyas estructuras han montado sus ambiciosos planes. Todos ellos (y ellas) poseedores del correspondiente carnet de candidatos registrados, con el regalo adicional de la inmunidad ante la ley.

La ciudadanía debe tener los ojos bien abiertos y no dejarse deslumbrar por las evidentes falsedades de quienes pretenden hacerse con el poder. Las pruebas de corrupción detectadas por el trabajo de la Cicig, en conjunto con el Ministerio Público, no dejan lugar a dudas de cómo el sistema político y quienes dirigen los hilos desde las cúpulas empresariales han destruido toda posibilidad de restauración de una democracia tambaleante ante sus embates; del mismo modo, han acabado con innumerables oportunidades de desarrollo para Guatemala, uno de los países más ricos pero peor gobernados del continente.

Abrir los ojos y escuchar con filtro no será suficiente. El paso esencial será exigir al TSE una revisión acuciosa de los listados de candidatos ya aprobados, dada la magnitud de su responsabilidad y su enorme deuda con la ciudadanía. Es preciso recordar a esos magistrados cuánto daño hacen al país con su incomprensible negligencia.

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Manipular la ley para quitarle la justicia y la verdad

Por Manuel Humberto Restrepo Domínguez:

Cuando la ley, como regla que conduce la organización de la vida y orienta a la sociedad y al ser humano para ir por el camino recto, es conducida por el poder, la justicia queda en riesgo, la derrota la sufre la política y los más afectados son los derechos de los débiles, las víctimas y los adversarios. La pérdida de capacidad legitimadora de la ley se debe a la multiplicidad de manipulaciones a la que es sometida por agentes del estado y del partido de gobierno, cuya obsesión por mantener el liderazgo de las acciones por el control del país hermano los hace fallar. El síntoma del daño no esta en la estructura de las cortes de justicia, ni tribunales, si no en la arbitrariedad con la que es atacado el sentido de lo jurídico alejándolo de su realidad material y manteniendo a la sociedad bajo el rigor de quienes se hacen temer amenazando con usar la ley.

El poder hegemónico incomunica las interpretaciones sociológicas de las jurídicas sobre el contexto de país que existe, y le entrega a la opinión simplificaciones de lo que ocurre, para que los medios, como estrategia del gran capital, construyan su galería impactando y violentando a su antojo la capa protectora de los derechos, desde los más íntimos de la persona, mostrada en su desnudez, hasta los de autonomía y soberanía de los pueblos, puesta en ridículo a traves de su mas crudo sufrimiento y penuria.

La ley es un es un componente esencial para proteger los derechos humanos, por su capacidad para hacer efectiva la de defensa de la vida, honra, dignidad y salvaguarda del sistema social, pero está en riesgo de ser convertida en un adorno de la pasarela de impunidad, por la que se contonean quienes gozan de inmunidad y anuncian con un discurso de doble rasero, lo bueno y aplaudible de sus prácticas y lo malo y condenable de lo que hacen los otros aunque sea igual. Las fronteras porosas y conflictivas del país, delatan por su mayor exposición las contradicciones teóricas y prácticas del poder, que repite mensajes equívocos en nombre de la ley, y que causan profundos daños a la paz, los derechos y la convivencia. Manipular el sentido de la ley, a la que se dicen aferrarse para juzgar y condenar en nombre de la comunidad política que sostiene el andamiaje de todo estado de derecho es lo condenable, como podría deducirse solo con el caso de Andrés Felipe Arias, del que aduce su partido que es falso que exista un tratado de extradición con Estados Unidos que permita traerlo a Colombia a pagar su condena por delitos comunes, pero el mismo tiempo maldicen porque afirman que el tratado de extradición debe aplicarse al excombatiente Santrich.

Suma en la manipulación de las interpretaciones de la ley el cúmulo de errores por la persistencia en querer derrocar al gobernante vecino. Trasciende los límites de la buena fe, que cada acción siguiente sea tan incierta y agresiva como la anterior porque violenta leyes, principios y valores universales, que van desde el uso indebido de prácticas y conceptos, como pretender señalar de humanitaria, una acción que no lo es o, insistir en querer hacer ver como neutrales y objetivas opiniones que no lo son o, instalar en el imaginario pretendidas verdades que distan de serlo o, interferir en la libre autodeterminación de un país soberano, aduciendo que no hay injerencia política, si no un propósito altruista de liberación nacional, para esconder una alianza de intereses entre el débil cuerpo de autoproclamado presidente que es más bien un impostor o un traidor a su patria por no haber sido ni legitima ni legalmente elegido por su pueblo, según lo define su constitución, porque allí no hay vacancia de poder, ni esta se produce por mandato de gobiernos extranjeros.

O bien hay un grave error en esa suma de interpretaciones de la ley o el mundo está ante un caso innegable de consumados delitos, con trasmisiones en directo, de los que se han desprendido daños irreparables y hechos de violencia con consecuencias fatales.

Hay una lógica de pensamiento y acción del gobierno y en especial del partido de gobierno, que sabe manipular la ley (y los medios), para crear verdades a medias, confundir y hacen perder de vista que el objetivo de la ley es servir de soporte a la justicia para que sobre esta se edifique el estado de derecho. Con esta lógica los derechos solo caben para ser despreciados y sus defensores eliminados, la memoria desdeñada y sus fuentes quemadas.

Una ley y un derecho de papel para gentes humildes, debilitadas por las carencias, la desigualdad y la exclusión, y otra real, sensata, prudente y benévola en sus dictámenes para los poderosos, para unos las penas son inmodificables y se cumplen en atiborradas cárceles de ignominia y crueldad y para otros sus pequeñas penas ocurren en mansiones por cárcel por ser padres cabeza de hogar o enfermos de stress, cuando no logran hacer precluir las investigaciones mediante decenas de dilaciones (y fraudes procesales encubiertos) interpuestas por expertos en torcer la ley aduciendo la defensa de la misma ley.

Lo que ocurre a diario con la manipulación es el síntoma de una grave enfermedad social, que avanza hacia un rea acostumbramiento al fascismo del siglo XXI, en el que la ley pasa a ocupar un segundo plano, el imperio de la ley se desmorona y el poder hegemónico pone todas las reglas según lo pueda su voluntad, en todo caso invocando y con vehemencia la rectitud del derecho. Ese fascismo esta configurando las bases una sólida inseguridad jurídica ya no solo para los antiguos combatientes que suscribieron el pacto de paz, sino para toda la ciudadanía, los críticos, los silenciados y los demás. La inseguridad se apodera del ambiente, aunque su nombre político sea seguridad. La aplicación de la ley cede su capacidad ante los impulsos y pulsiones del poder de excitados gobernantes.

No es un problema de antinomias, o sea de contradicciones entre normas, ni de conflictos entre ellas, ni de normas invalidas como las que se pretenden contra el derecho a la protesta, a la opinión o las libertades de investigación y catedra, es sencillamente el uso ideologizado de la ley por quienes detentan el poder político, en asocio con los dueños del capital, que saben bien como relegar a la ley basada en la justicia e imponer su ley sin justicia ni verdad.

mrestrepo33@hotmail.com

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Al olor de la carroña

Por Carolina Vásquez Araya:

Atentos a cualquier signo de debilidad, los corruptos esperan…

Nada hay más peligroso que una fiera acorralada. La potencia de su pánico es una droga que la incita a cometer actos extremos para defender su territorio de cualquier amenaza externa. Borracha de adrenalina, es capaz de desarrollar una fuerza destructiva superior a su capacidad con el fin de destruir a sus potenciales enemigos. Así actúan en nuestros países las organizaciones criminales cuando existe la menor posibilidad de perder la inmunidad conseguida durante décadas a fuerza de sobornos y amenazas.

Este es el escenario más peligroso para las naciones democráticas cuyos sistemas han permitido el crecimiento y la consolidación de redes de poder en el corazón de sus instituciones. En Guatemala, el enemigo máximo ha sido una organización destinadas a desarticular estas redes, la Cicig, cuyo desempeño logró investigaciones, procesos y sentencias inéditas en el país, enviando a prisión a muchos protagonistas de los delitos más escandalosos de las últimas décadas. Sin embargo, las organizaciones criminales conformadas por políticos, empresarios, militares y traficantes de droga y de seres humanos, al sentirse acorralados emprendieron la furiosa arremetida hasta neutralizarla e impedirle realizar el trabajo que el mismo Estado de Guatemala le encomendara.

Muy cerca de Guatemala, en México, la asunción al poder de Andrés Manuel López Obrador ha provocado similares reacciones entre los criminales alimentados por la impunidad que les han garantizado los gobiernos anteriores. Capaces de cualquier cosa con tal de entorpecer y aniquilar al nuevo gobierno, han iniciado un plan de sabotajes con el lamentable resultado de la muerte de civiles tan inocentes como indefensos. La estrategia no solo ha ocasionado pérdidas humanas, también ha creado confusión en una sociedad fuertemente dañada por la acción de las organizaciones criminales.

Decididas a todo, estas mafias súper poderosas operan desde todos los ámbitos y no tienen el menor escrúpulo en afinar su puntería sobre la población civil con tal de crear un ambiente de caos y temor, perfecto sustrato para asentar sus planes y continuar con el despojo de la riqueza de sus países. Es así como amordazan a quien tenga el valor suficiente para enfrentarlas y anulan las iniciativas ciudadanas cuyo objetivo sea transformar el sistema para crear uno capaz de abrir espacios de participación, depuración de instituciones y desarrollo de procesos en el ámbito de la seguridad y la justicia.

Estas fieras buscan el olor de la carroña y se agrupan ansiosas alrededor de los cadáveres de su propia especie. Son traicioneras y crueles, saben muy bien cómo debilitar cualquier intento de rebelión y aplastan todo cuanto amenace la impunidad con la cual los ha beneficiado una larga cadena de gobiernos supuestamente democráticos. Ávidas de riqueza y poder, no dudan en violar leyes con tal de perpetuar –incluso en cadena familiar- el despojo y el abuso. Nuestros países son ricos, tanto que no han podido sustraerse a la explotación irracional y extrema a la cual los han sometido estas organizaciones con la plena complicidad de gobiernos extranjeros poderosos, pero igualmente interesados en mantener a la población callada y obediente.

Quizá el miedo pueda ser el aliciente para generar la respuesta de una ciudadanía harta de la sumisión y la pobreza. Quizá por fin se decida a limpiar la carroña que contamina a sus instituciones y comience a exigir, con la debida autoridad, los cambios necesarios para salir del lamentable estado de degradación en el cual se hunden sus sueños y esperanzas.

elquintopatio@gmail.com

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