Por Jesús A. Rondón:
Esta discusión para que sea saludable, debemos comenzarla
cuestionando la idea socialmente instalada de sanciones, de manera que permita
de identificar lo que en realidad son y su propósito real.
I) En el marco del derecho contemporáneo de occidente, hablar
de sanciones implica afirmar del posible resultado de un proceso en el sistema
de justicia, el cual debe garantizar una serie de derechos para quienes son
imputados. En el campo político nada más alejado de este axioma. Lo que
socialmente se ha venido entendiendo como sanciones son en realidad medidas
coercitivas unilaterales de un Estado contra otro Estado, que incluye sus
instituciones, las personas que lo representan y empresas estratégicas bajo su
control o que operan en su territorio, de las cuales se sospecha una relación
con este o con una determinada política que desarrolle.
Estas medidas son por naturaleza arbitrarias y
discrecionales, adecuándose a una orientación –política- diseñada por quien
dirige el Estado, digamos emisor; y que solo son posibles gracias a que este
asume que tiene una posición de ventaja en alguno o varios campos, como el
geopolítico, económico, militar o político.
La motivación para imponer medidas coercitivas unilaterales
son variadas, pero en los últimas décadas estas han sido implementadas cuando
el Estado que las promueve, cuenta con pocos apoyos de otros Estados y su
capacidad para influenciarlos es baja o supone altos costos, en función de sus
objetivos. También se utiliza cuando las posibilidades de oposición -política,
económica o social- en el terreno son limitadas, en relación al actor político
que gobierna parte o la totalidad del Estado agredido; bien sea por sus propias
capacidades o las del contexto donde opera.
La implementación de medidas coercitivas unilaterales busca
–entre otros fines- criminalizar al oponente político y por ello es
complementada con una narrativa política, que es masificada por las empresas de
comunicación, que obviamente tienen que estar bajo la influencia del Estado
emisor. En síntesis, son medidas políticas, que pueden tener un sustento legal
en el territorio Estado que las promueve, pero en el derecho internacional
carecen del mismo, pues violan un principio vital: la soberanía nacional de los
pueblos.
El propósito fundamental de las medidas coercitivas
unilaterales es afectar la gobernabilidad de un actor político en un sistema
social determinado, por lo cual son variadas, encontramos las políticas y las
económicas, que contemplan las financieras y las comerciales. En general se van
implementando de manera escalada, hasta el bloqueo como forma superior.
En efecto las medidas coercitivas unilaterales afectan la
gobernabilidad, pues limitan las capacidades de relación de los Estados de los
países que son objeto de ellas, quienes en concreto ven disminuidos los
ingresos y con ello la disminución de las condiciones de vida de la población
en general, que se constituye en el gran afectado en todos los escenarios.
II) En el caso venezolano las medidas coercitivas unilaterales
vienen siendo impulsadas fundamentalmente por el gobierno de los Estados Unidos
de América, secundado por la Unión Europea y Canadá. De manera marginal
encontramos a los ejecutivos gubernamentales de los países que conforman el
“Grupo de Lima” (Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Chile). El gobierno
estadounidense ha implementado estas medidas desde 2006, según Manuel
Sutherland (2020:17), y de acuerdo a Oscar Shemel ya sumas más de 300 acciones,
las cuales han evolucionado de políticas, a financieras y ahora a comerciales,
sin excluir las acciones diplomáticas de intervención en asuntos nacionales.
Estas medidas son repudiadas por la población venezolana, de
hecho, la empresa encuestadora Hinterlaces ha revelado que el 81 % de las
venezolanas y los venezolanos rechaza los que socialmente, se entiende por
sanciones, que como se insiste, debe denominarse como medidas coercitivas unilaterales.
Mientras una parte de la oposición venezolana al chavismo reitera la necesidad
de que continúen, lo que evidencia de manera expresa, su incapacidad de avanzar
políticamente con sus propias capacidades, además de su desconexión con la
percepción generalizada de la población.
A nivel global muchas empresas de comunicación, forman parte
del aparato propagandístico al servicio de esta política de agresión contra
Venezuela, logrando construir un relato que criminaliza al gobierno
bolivariano, y dentro de él, una justificación para desarrollarlas. Para
contrarrestar esta situación la Cancillería del gobierno bolivariano de
Venezuela ha sostenido estrategia de denuncia en todos los foros mundiales,
sobre las consecuencias de las medidas coercitivas unilaterales, exponiendo
desde los costos en ingresos, hasta las consecuencias en la vida de las
personas.
Unos de los aspectos en debate, es la magnitud del impacto
de las medidas coercitivas unilaterales. Quienes las emiten reducen su
letalidad, relativizan el impacto en quienes son afectados (el gobierno
bolivariano, sus representantes y las empresas con las que tienen relaciones
comerciales) e invisilizan los costes sociales. Quienes son objetos de ellas,
tienden discursivamente a sobredimensionar los efectos y usarlos como
justificación para muchos otros problemas. En síntesis, es otro aspecto en el
debate político, veamos algunos datos.
El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celad)
emitió un informe que calcula el costo económico para Venezuela de las medidas
coercitivas unilaterales entre 2013 y 2017, estimando que alcanza los
350.000.000.000 de dólares americanos o el equivalente a año y medio del
producto interno bruto aproximadamente.
En términos sociales según el experto independiente en derechos
humanos, Alfred de Zaya “Se puede decir que a la fecha más de 100 mil
venezolanos han fallecidos producto de las medidas coercitivas unilaterales,
decenas de miles de venezolanos han fallecido por no tener acceso a las
medicinas".
Manuel Sutherland, en un informe realiza para Provea, que
titula “Impacto y naturaleza real de las sanciones económicas impuestas a
Venezuela”, minimiza las consecuencias de las acciones de los Estados Unidos de
América y concluye que ya la crisis económica estaba gestada y que el impacto
de las mismas solo la agrava.
El ejecutivo venezolano, representado por el Canciller Jorge
Arreaza; recientemente ha acudido a la Corte Penal Internacional y ha
presentado una querella contra el ejecutivo de los Estados Unidos de América.
Igualmente se promueve en Venezuela desde hace poco se desarrolla la campaña
“Las sanciones son un crimen”, con el fin de proponer un relato alterno al
dominante, sobre este asunto.
Las consecuencias de las medidas coercitivas unilaterales
implementadas fundamentalmente por los Estados Unidos de América contra
Venezuela, son terribles, pues se expresan cotidianamente en las vidas de las
personas; pero no son las únicas. Afirmar lo anterior no desconoce los errores
de gobierno bolivariano en el manejo de la crisis, desde una perspectiva
histórica, lo cual no exime de responsabilidad al Estado agresor.
III) Hay un lado más oscuro de las medidas coercitivas
unilaterales y este es, la existencia de todo un entramado en el sistema
financiero internacional, que con cierta permisibilidad de quienes las
promueven; está dispuesto a sortear las dificultades para realizar operaciones
comerciales, a cambio de comisiones, que en condiciones normales sería
imposible de pagar.
Las medidas coercitivas unilaterales son el escenario
propicio para que la proliferación de empresas buitre se conviertan en los
operadores por excelencia. La consecuencia práctica es, que el bien que el país
puede vender por un dólar, por ejemplo; debe rematarlo y acceder a una fracción
del valor de mercado y con esta debe ir a comprar lo que necesita y por el
contrario debe pagar un alto precio. En decir, la pérdida neta es increíble. No
se cuestiona esta práctica, ni las entidades que se lucran con ellas. Esto nos
revela otra dimensión de esta agresión contra nuestro pueblo, en forma de robo
de nuestras riquezas.
En este escenario la labor de contraloría se hace más
difícil, pues muchas operaciones se asumen con discrecionalidad y muchas veces
al margen de sistema institucional, ya revelar sus detalles permite al Estado
emisor afinar las medidas coercitivas que implementa.
Sobre este último elemento podemos referir los acuerdos con
el gobierno iraní para adquirir combustibles, así como refacciones para las
refinerías y aditivos para la fabricación en Venezuela. Se mantuvieron en
secreto y una vez hechos públicos, el gobierno de los Estados Unidos de América
comenzó a proferir amenazas a la operación. ¿Cuánto costó la operación? , ¿Cómo
se pagó? Y otras preguntas, no tienen, ni tendrán respuesta.
Asimismo, apunto que en los últimos meses se ha hecho
público que hay empresas que están implementando acuerdos que buscan cambiar
petróleo por alimentos, frente a las limitaciones que tiene el ejecutivo
venezolano para comercializar su recurso fundamental. Por ahora no hay
confirmación oficial de voceros del gobierno bolivariano.
De estarse dando esta práctica, es conveniente apuntar que
incluso programas como “Petróleo por alimentos”, que se ofertan como medidas
“humanitarias”, terminan sucumbiendo a esta macabra lógica, como ocurrió en
Irak, en el año 2003, que solo fue posible conocer gracias a las denuncias del
ahora reportero y escritor Michael Soussan.
@JesusRondonVen
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