¿Qué pasará con Venezuela después de las elecciones en EE UU?

Por Carlos Luna Arvelo:

Hay quienes en la revolución esperan que después de las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos, con la salida de Donald Trump de la Casa Blanca, la política de sanciones contra Venezuela dé un giro y con ello la Revolución Bolivariana tenga un respiro.

Jesús Farías economista, constituyente y férreo defensor del gobierno venezolano es uno de estos. Semanas atrás decía “…yo creo que el tema del bloqueo va a cambiar el año que viene con las elecciones en los Estados Unidos…con Venezuela se van a cerciorar que no es posible acabar con la Revolución Bolivariana a través del bloqueo y se van a ver obligados a utilizar otros métodos…”

Analizando el comportamiento de los EE UU hacia Venezuela desde 1998, cuando Hugo Chávez asumió la Presidencia del país y puso en marcha transformaciones radicales, y viendo la evolución de las sanciones económicas y financieras, hasta el día de hoy, no parece previsible que este giro ocurra.

Quedó fehacientemente demostrada la injerencia de la Embajada de los EE UU en las actividades de desestabilización contra el gobierno de Hugo Chávez y su participación en el golpe de estado 2.002, así como el financiamiento a ONG, que llevaban a cabo actividades desestabilizadoras, bajo la fachada de la defensa de la democracia y las libertades ciudadanas.       

 

Desde 2014 ha venido arreciando el ataque imperial a Venezuela iniciando la estrategia intervencionista de las sanciones económicas y financiera al país.

En diciembre (2014) el Senado estadounidense aprobó la Ley Pública 113-278, llamada Ley de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela, que supuestamente estaba destinada a “imponer sanciones específicas a determinados individuos en Venezuela, que fueron responsables, según el gobierno de EE UU, de violaciones de DD HH., durante las protestas opositoras”.

Dicha Ley establece expresamente sanciones al Banco Central de Venezuela (BCV) y a la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). Contempla además la posibilidad de aplicar medidas unilaterales de bloqueo y congelamiento a activos, fondos, bienes y propiedades venezolanas; la suspensión de ingreso, revocación de la visa a funcionarios que desempeñen cargos públicos, oficiales militares y representantes diplomáticos

Tres meses después (marzo 2015) el presidente Barack Obama, en el marco de la Ley antes reseñada, firma La Orden Ejecutiva 13692. Mediante este instrumento legal se declara a Venezuela amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de EE UU. En marzo de 2016, Obama extendió por un año la declaratoria de emergencia nacional sobre Venezuela, alegando que el gobierno de este país “erosiona los derechos humanos y persigue a los dirigentes políticos”

En agosto de 2017 Donald Trump, emite la Orden Ejecutiva 13808, mediante la cual se imponen las primeras medidas financieras contra el gobierno de Venezuela. El argumento es que el gobierno “ha incurrido en graves violaciones de los derechos humanos, acciones antidemocráticas y es responsable de una profunda crisis humanitaria”

En marzo de 2018 Trump emite la Orden Ejecutiva 13827, en ella prohíbe todo tipo de transacciones relacionadas con el uso de cualquier moneda digital o cripto activo emitido por el gobierno venezolano. Se prohíbe la adquisición de la criptomoneda estatal: Petro, por parte de personas estadounidenses o de extranjeros que mantengan negocios con EEUU.

En mayo Trump emite la nueva Orden Ejecutiva 13835 en la cual se amplían las sanciones económicas a Venezuela. El Decreto prohíbe la compra de deuda y de cuentas por pagar de empresa del gobierno de Venezuela.

En noviembre de 2018 Trump emite la Orden Ejecutiva 13850 la cual prohíbe, bloquea cualquier tipo de operaciones relativas a transacciones de oro o cualquier activo que el gobierno venezolano ejerza con empresas estadounidenses.

En enero del 2019, en el marco de la OE 13850, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) incluyó en su lista de sancionados a PDVSA, por lo que todas las propiedades de la compañía petrolera bajo jurisdicción estadounidense son bloqueadas. Los pagos realizados a las empresas CITGO y PDVSA Holdings en EE UU se congelarán en cuentas estadounidenses.

Además de las sanciones de EEUU, las de mayor impacto en la economía, es importante considerar también sanciones económicas impuestas por la Unión Europea (EU) a funcionarios del gobierno venezolano, enmarcadas en la misma política injerencista de EE.UU.   

Suponer que un cambio de gobierno en los Estados Unidos, producirá por sí mismo, un importante cambio en la política exterior que en los últimos 6 años han ejecutado contra el país, es desconocer las razones de fondo de la injerencia gringa en Venezuela.

Antes dijeron que el problema era Chávez y su autoritarismo, después del 2013 dicen que es Maduro y que desde 2018 se convirtió en “usurpador” y gobernante de un régimen corrupto y autoritario.  

Diseñaron y pusieron en marcha una campaña propagandística enmarcada en la vieja tesis de la lucha contra el narcotráfico, señalando a miembros activos de la FANB de tráfico de drogas, así como a destacados dirigentes de la Revolución Bolivariana de integrar el “cartel de los soles” sin mostrar ningún tipo de evidencias creíbles. Una “ficción” creada por la DEA y por cuerpos de inteligencia gringos que sí están involucrados con el narcotráfico desde Colombia a EE UU y conocen en profundidad estas millonarias operaciones.

Pero el tema ha sido, es y seguirá siendo en el futuro uno y el mismo siempre, el petróleo y las inmensas reservas que reposan bajo nuestro subsuelo.

Así que debemos seguir asumiendo que la Revolución Bolivariana en el mediano plazo seguirá siendo acosada y hostigada por el imperio del norte, independientemente de quien dirija los destinos de la Casa Blanca. Sea republicano o demócrata, quien ejerza desde Washington la Presidencia de los Estados Unidos, seguirá imponiendo los intereses imperiales de los gringos, del aparato militar industrial, que desde que apareció Chávez en el escenario chocan con los intereses de las mayorías de un pueblo que está decidido a continuar la senda de la independencia definitiva.

carloslunarvelo72@gmail.com

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Los fondos y Clarín ya sobrevuelan como buitres

Por Sergio Ortiz:

El gobierno presentó el jueves 16 su oferta a los fondos privados. Supone un fuerte recorte de intereses y uno más leve de capital. Igual los bonistas lo rechazan y hablaron por boca de Clarín. Por boca de ganso, perdón de buitres.

Argentina no puede pagar absolutamente nada, dijeron Alberto Fernández y el ministro Martín Guzmán en la conferencia de prensa de Olivos. El presidente admitió que estamos en default virtual, o sea real pero no declarado. Esa caída del telón, dolorosa, podría llegar el 22 de mayo si no se paga un vencimiento de 500 millones de dólares el 22 de abril. Además de eso, si no hubiera acuerdo con lo ofertado por Argentina, posibilidad grande si se atiende a las reacciones de los interlocutores.

Los fondos de inversión privados, titulares de 68.000 millones de dólares en bonos de moneda extranjera, no hablaron por sí mismos. Usaron sus voceros Clarinete, Desinfobae y Gaceta Ganadera, entre otros medios afines. El tono, contenido y títulos de esos medios concentrados descalificaron la propuesta de «muy agresiva», «amarrete», etcétera.

De esa manera trataban de crear opinión pública favorable a BlackRock, Greylock, Fidelity, Templeton y demás fondos, como si fueran las «víctimas» de esta historia. Los victimarios o verdugos serían las autoridades argentinas que propusieron una «abultada quita» de una deuda muy poco transparente (ni hablar del trámite ilegítimo que tuvo el empréstito de Mauricio Macri con el FMI de 2018).

El Frente de Todos está negociando porque así lo autorizó el Congreso, al aprobarse la ley de reestructuración de la deuda. Es lo que debieron hacer todos los gobiernos según el artículo 75 de la Constitución Nacional pero muy pocos lo hicieron.

En función de eso se dispuso a negociar 68.000 millones de dólares atesorados por los fondos privados. Se dijo que el 31 de marzo se presentaría la oferta. La aparición del COVID-19 demoró eso unos días y aquella se conoció el 16 de abril. Todo en regla.

Guzmán quiere un período de gracia de tres años: no pagar capital ni intereses, y reiniciar los pagos en 2023.

Propone un leve recorte del 5,4 por ciento en el capital, ahorrando 3.600 millones de dólares; a los intereses, en cambio, la guadaña quiere rebajarlos 62 por ciento, para dejar de abonar 37.900 millones. Sobre esa base se reanudarían los pagos en 2023, con cinco títulos nuevos que reemplazarían a los 21 actuales (17 de Macri y 4 del canje anterior, 2005). La tasa de interés sería del 0,5 por ciento anual y aumentando hasta llegar a 2,33 por ciento. Actualmente la tasa es del 8 por ciento anual, promedio.

En líneas generales, esta propuesta sería un alivio para el país, aunque no quiere decir que sea suficiente ni muy patriótica. Pero para los voceros de los nuevos buitres es una brutal agresión a los acreedores, que serían unos santos como Teresa de Calcuta.

Sin auditoría, mucha plata.

La propuesta tiene de rescatable, además de venir de un gobierno legitimado no sólo por las urnas sino también por la opinión pública en pandemia, que en tres años no se pagará nada. Esto por supuesto depende de un acuerdo con los acreedores, que en sus primeras reacciones negativas pone duda un final feliz de la transacción.

El primer límite a la oferta es que de movida legalizó la deuda externa, sin auditarla para ver sus grandes componentes ilegales, ilegítimos y odiosos. Fernández desde antes de ser electo presidente había manifestado esa postura errónea: es deuda exigible, dijo. La contrajo un gobierno democrático, en referencia al macrista.

El movimiento plural Auto convocatoria por la Auditoría y suspensión de los pagos de la deuda externa, liderado por Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas, cree que se debió estudiar la deuda. En caso de internarse en las cavernas del fondo monetarismo, los auditores deberían ponerse no sólo barbijos sino toda la parafernalia de los médicos que auscultan a enfermos de Covid-19. Tal es el grado de putrefacción de los negociados financieros de aquella runfla internacional (los fondos mencionados, Christine Lagarde y sus socios de Cambiemos con DNI argento).

Respecto al período de gracia de tres años es algo, y el viejo dicho afirma que «algo es algo, peor es nada». Sin embargo, a fuer de ser sincero, es un lapso corto. El 2020 está absolutamente perdido y el país quedará en su PBI 5,7 por ciento abajo según los cálculos nada antiimperialistas de Kristalina Georgieva, la búlgara que reemplazó a madame Christine. Con mucha suerte, dudosa, en el 2021 se podría volver a subir un poco y empardar el nada glorioso punto en que Argentina se hallaba al finalizar 2019. Y si sigue la buena racha, también improbable porque el mundo ha entrado en la crisis más profunda desde la de 1929-1930, entonces en 2022 los números argentinos podrían tener algún resto positivo. ¿Con eso será suficiente para comenzar a pagar 8.000 millones de dólares o más de deuda externa?

Lo más justo sería que no. Que en ese momento lo que se disponga de ahorros se use para seguir poniendo de pie lo caído y destruido en los cuatro años de macrismo y en el año del coronavirus, cuyas consecuencias negativas no se agotarán en un año calendario.

Ese es el límite de la gracia de tres años. Parecen mucho, pero son relativamente poco.

Haber descontado sólo el 5,4 por ciento al capital adeudado a esos fondos especulativos es un recorte módico. Todo el mundo, incluso ellos, esperaban una poda mayor.

El descuento en los intereses, en cambio, del 62 por ciento, luce mucho más ajustado a la necesidad y la realidad. Es una tajada importante de lo nuestro, que no se lo llevarían los especuladores de afuera, y en ese sentido es una parte positiva de la oferta. Esto merece apoyo social a condición que los 37.900 millones de dólares que se ahorrarían tengan un destino correcto.

No sea cosa que Techint, Fiat, Molinos, Arcor, las petroleras de Vaca Muerta y otros monopolios nucleados en la UIA consigan llevarse buena parte de esa plata como «subsidios para las empresas». Esa película de terror ya la vimos los argentinos.

Dura lucha política.

Hasta el más ingenuo sabe que la oferta argentina tiene más posibilidades de rechazo que de aceptación por los bonistas. Lo han dicho antes y después de su formalización el jueves 16. Sobre todo, han hablado por boca de columnistas y conductores de programas radiales y televisivos, alineados incondicionalmente con Washington y Wall Street.

La fracción más contemporizadora de esos militantes del pago a como dé lugar dice que Argentina debe estirar su propuesta hasta llegar a un valor de bonos de 50 centavos de dólar.

Los más beligerantes apuestan a que sus patrones presenten el pleito ante la jurisdicción de Nueva York. Como primera medida quieren amasar un rechazo a la oferta que la torne inviable. En un bono que vencía en enero en Buenos Aires, Fidelity le dobló el codo a Axel Kicillof. Creen que pueden hacer lo mismo con Fernández. Luego irían a Nueva York, donde tendrán que pagar un plus a sus estudios jurídicos porque es el centro mundial de la pandemia.

Hay que reconocer que en el anterior gobierno de CFK los «fondos buitres» se salieron con la suya al final. Pleitearon en EE UU y gracias a la momia que se llamaba Thomas Griesa, la Corte de Apelaciones del estado y la Corte Suprema que desestimó el caso argentino, Paul Singer y demás delincuentes se alzaron con 13.000 millones de dólares mal habidos, sumando bonos, intereses, comisiones, honorarios de abogados, etcétera. Macri lo hizo.

Griesa ya no está entre los vivos. El matiz es que BlackRock no es exactamente igual a Elliot NML, el fondo de Singer. Y que el Fernández hoy en Olivos no es el mismo que la expresidenta, quien se metía en batallas muy justas sin tener en cuenta qué diría Héctor Magnetto.

La pelea es política y económico-financiera: ¿hay que pagar, ¿cuánto y cuándo? ¿Quiénes están primero entre beneficiarios, BlackRock o Juan Pueblo? Con una propuesta mejor, de auditar la deuda y suspender el pago, o con la de Fernández-Guzmán, en ambas hipótesis, hay que contar no tanto con plata sino con «cash» político. Hace falta una masa crítica de gente con decisión patriótica, pensando ante todo en los 16 millones de pobres que la están pasando verdaderamente muy mal. No tienen reservas monetarias ni alimentarias y en algunos casos ni físicas. Vienen extenuados por cuatro años de sufrimientos causado por el neoliberalismo. Y encima, el coronavirus.

Ahí se nota otra falla presidencial importante. Cree que tener sentado muy cerca a Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales (como Sergio Massa con el jefe del interbloque de Cambiemos, el energúmeno Mario Negri), y llamar a los popes de la industria y el comercio, sería suficiente espalda para aguantar y ganar la tensa negociación con los acreedores.

Error. Esa derecha y grupos concentrados juegan del lado de los acreedores. No sólo en la deuda sino también con la buena iniciativa oficial del impuesto a las grandes fortunas, aunque limitada a una única vez. Para resistir a los acreedores de una deuda inmoral, y cobrar impuestos a sus socios internos, habría que formar un gran frente que tenga adentro a Milagro Sala y no al gobernador de Jujuy; a los mayores de 70 en CABA y no al jefe de Gobierno que los pone en prisión domiciliaria.

ortizserg@gmail.com

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Negocio, política y partidos

 Por Narciso Isa Conde:

Aquí, y en muchas partes del planeta, la política institucionalizada dejó de ser una disciplina mínimamente respetable cuando se transformó en negocio.

Los partidos se convirtieron en empresas de negocio, en compañías por acciones que ejercen el negocio de la política.

Un negocio altamente rentable.

Entre las compañías por acciones del negocio político las hay corporaciones y empresas grandes, medianas, pequeñas y micro.

Los consejos de accionistas de esas compañías son sus órganos dirigentes conectados a fuentes de financiamientos: empresas, fortunas, fondos, personas que invierten desde dentro y desde fuera de las estructuras estatales y el sistema tradicional de partidos.

Entre este tipo de inversionistas sobresalen los políticos enriquecidos en el ejercicio de variadas modalidades de corrupción.

Pero no solo.

También capitalistas privados de diversas dimensiones y corporaciones transnacionales.

Presidentes y expresidentes enriquecidos, altos funcionarios e instituciones con acceso a fondos públicos y patrimonios de la Nación.

Fundaciones y ongs creadas por Estados, corporaciones y agencias internacionales.

Bancos de negocios y bancas de apuestas.

Narco-carteles y bandas practicantes de negocios ilícitos.

La inversión en la política como negocio se hace desde precandidatos y candidatos ricos o a través de aquellos en el que los híper-ricos invierten.

Entre los políticos ricos que invierten más y con más facilidad, abundan aquellos que detectan importantes fortunas a partir de una suma de prácticas delictivas.

Pasa igual con las grandes empresas privadas de aquí y del exterior, mientras los carteles de las drogas han incorporado al negocio de la política la denominada narco-política.

Las inversiones en política tienen una rápida tasa de retorno y una alta tasa de ganancia. La inversión se recupera rápido y los beneficios de inversionistas y testaferros son elevadísimos.

Es un negociazo con súper-ganancias.

Los fondos de inversión proceden del presupuesto nacional vía asignación discriminada a favor de quienes más poder y riquezas mal habidas concentran; y además, vía robo al Estado, a sus presupuestos y al patrimonio público y natural del país y sus fuentes de créditos.

Pero no solo. Proceden también de los fondos de la corrupción y narco-corrupción privados o privatizados, de los carteles de la construcción, drogas, combustibles, negocio de salud y alimentos … que operan con sus propios bancos de negocios electorales e invierten y lavan dinero en la política tradicional y sus comicios.

El sufragio universal ha sido mercantilizado y convertido en un importante mecanismo del negocio político, operando como mercado electoral.

Un mercado que a su vez no es libre, sino controlado por monopolios y oligopolios políticos: esto es, por uno, dos o tres partidos-empresas; dirigidos por políticos corruptos y empresarios, que como candidatos imponen la conversión masiva de electores/as empobrecidos/as en clientes “borroneados” y/o alienados desde instancias estatales y privadas metidas de lleno en ese negocio; un negocio que genera poder económico y político, y principalía social

Los medios y redes privadas y estatales de comunicación operan como grandes unidades de relaciones públicas de ese y otros negocios políticos asesorados por expertos mercadólogos, firmas encuestadoras y fabricantes de imágenes}; todos altamente cotizados, mientras más inescrupulosos en mayor escala.

La seguridad o blindaje del negociazo la garantiza un régimen de impunidad con bases constitucionales e instituciones a su servicio.

Los mecanismos de arbitrajes y supervisión de la competencia mercantilizada son parciales y sus componentes parte de negocio.

¿Allá los/as que opten por hacerle el juego a tal degradación y/o perversión político-institucional y empresarial, o por tratar de pescar pequeñas y decorativas cuotas de honestidad que hacen las veces de “golondrinas que no crean verano”?

¡Que le vaya lindo!

Yo prefiero promover la subversión callejera frente a este sistema oprobioso, siempre desde una modalidad política institucionalmente excluida, despreciada y estigmatizada por los portavoces y sustentadores de la política como negocio y del lumpen capitalismo en boga. ¡Hasta que la conciencia y organización colectiva que lo impugne logre producir un cambio estructural profundo vía proceso constituyente soberano! (noticiassin.com // 4-09-19)

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