miércoles, 29 de abril de 2020

Los fondos y Clarín ya sobrevuelan como buitres

Por Sergio Ortiz:


El gobierno presentó el jueves 16 su oferta a los fondos privados. Supone un fuerte recorte de intereses y uno más leve de capital. Igual los bonistas lo rechazan y hablaron por boca de Clarín. Por boca de ganso, perdón de buitres.

Argentina no puede pagar absolutamente nada, dijeron Alberto Fernández y el ministro Martín Guzmán en la conferencia de prensa de Olivos. El presidente admitió que estamos en default virtual, o sea real pero no declarado. Esa caída del telón, dolorosa, podría llegar el 22 de mayo si no se paga un vencimiento de 500 millones de dólares el 22 de abril. Además de eso, si no hubiera acuerdo con lo ofertado por Argentina, posibilidad grande si se atiende a las reacciones de los interlocutores.


Los fondos de inversión privados, titulares de 68.000 millones de dólares en bonos de moneda extranjera, no hablaron por sí mismos. Usaron sus voceros Clarinete, Desinfobae y Gaceta Ganadera, entre otros medios afines. El tono, contenido y títulos de esos medios concentrados descalificaron la propuesta de «muy agresiva», «amarrete», etcétera.

De esa manera trataban de crear opinión pública favorable a BlackRock, Greylock, Fidelity, Templeton y demás fondos, como si fueran las «víctimas» de esta historia. Los victimarios o verdugos serían las autoridades argentinas que propusieron una «abultada quita» de una deuda muy poco transparente (ni hablar del trámite ilegítimo que tuvo el empréstito de Mauricio Macri con el FMI de 2018).

El Frente de Todos está negociando porque así lo autorizó el Congreso, al aprobarse la ley de reestructuración de la deuda. Es lo que debieron hacer todos los gobiernos según el artículo 75 de la Constitución Nacional pero muy pocos lo hicieron.

En función de eso se dispuso a negociar 68.000 millones de dólares atesorados por los fondos privados. Se dijo que el 31 de marzo se presentaría la oferta. La aparición del COVID-19 demoró eso unos días y aquella se conoció el 16 de abril. Todo en regla.

Guzmán quiere un período de gracia de tres años: no pagar capital ni intereses, y reiniciar los pagos en 2023.
Propone un leve recorte del 5,4 por ciento en el capital, ahorrando 3.600 millones de dólares; a los intereses, en cambio, la guadaña quiere rebajarlos 62 por ciento, para dejar de abonar 37.900 millones. Sobre esa base se reanudarían los pagos en 2023, con cinco títulos nuevos que reemplazarían a los 21 actuales (17 de Macri y 4 del canje anterior, 2005). La tasa de interés sería del 0,5 por ciento anual y aumentando hasta llegar a 2,33 por ciento. Actualmente la tasa es del 8 por ciento anual, promedio.

En líneas generales, esta propuesta sería un alivio para el país, aunque no quiere decir que sea suficiente ni muy patriótica. Pero para los voceros de los nuevos buitres es una brutal agresión a los acreedores, que serían unos santos como Teresa de Calcuta.

Sin auditoría, mucha plata.
La propuesta tiene de rescatable, además de venir de un gobierno legitimado no sólo por las urnas sino también por la opinión pública en pandemia, que en tres años no se pagará nada. Esto por supuesto depende de un acuerdo con los acreedores, que en sus primeras reacciones negativas pone duda un final feliz de la transacción.

El primer límite a la oferta es que de movida legalizó la deuda externa, sin auditarla para ver sus grandes componentes ilegales, ilegítimos y odiosos. Fernández desde antes de ser electo presidente había manifestado esa postura errónea: es deuda exigible, dijo. La contrajo un gobierno democrático, en referencia al macrista.

El movimiento plural Auto convocatoria por la Auditoría y suspensión de los pagos de la deuda externa, liderado por Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas, cree que se debió estudiar la deuda. En caso de internarse en las cavernas del fondo monetarismo, los auditores deberían ponerse no sólo barbijos sino toda la parafernalia de los médicos que auscultan a enfermos de Covid-19. Tal es el grado de putrefacción de los negociados financieros de aquella runfla internacional (los fondos mencionados, Christine Lagarde y sus socios de Cambiemos con DNI argento).

Respecto al período de gracia de tres años es algo, y el viejo dicho afirma que «algo es algo, peor es nada». Sin embargo, a fuer de ser sincero, es un lapso corto. El 2020 está absolutamente perdido y el país quedará en su PBI 5,7 por ciento abajo según los cálculos nada antiimperialistas de Kristalina Georgieva, la búlgara que reemplazó a madame Christine. Con mucha suerte, dudosa, en el 2021 se podría volver a subir un poco y empardar el nada glorioso punto en que Argentina se hallaba al finalizar 2019. Y si sigue la buena racha, también improbable porque el mundo ha entrado en la crisis más profunda desde la de 1929-1930, entonces en 2022 los números argentinos podrían tener algún resto positivo. ¿Con eso será suficiente para comenzar a pagar 8.000 millones de dólares o más de deuda externa?

Lo más justo sería que no. Que en ese momento lo que se disponga de ahorros se use para seguir poniendo de pie lo caído y destruido en los cuatro años de macrismo y en el año del coronavirus, cuyas consecuencias negativas no se agotarán en un año calendario.
Ese es el límite de la gracia de tres años. Parecen mucho, pero son relativamente poco.
Haber descontado sólo el 5,4 por ciento al capital adeudado a esos fondos especulativos es un recorte módico. Todo el mundo, incluso ellos, esperaban una poda mayor.

El descuento en los intereses, en cambio, del 62 por ciento, luce mucho más ajustado a la necesidad y la realidad. Es una tajada importante de lo nuestro, que no se lo llevarían los especuladores de afuera, y en ese sentido es una parte positiva de la oferta. Esto merece apoyo social a condición que los 37.900 millones de dólares que se ahorrarían tengan un destino correcto.

No sea cosa que Techint, Fiat, Molinos, Arcor, las petroleras de Vaca Muerta y otros monopolios nucleados en la UIA consigan llevarse buena parte de esa plata como «subsidios para las empresas». Esa película de terror ya la vimos los argentinos.

Dura lucha política.
Hasta el más ingenuo sabe que la oferta argentina tiene más posibilidades de rechazo que de aceptación por los bonistas. Lo han dicho antes y después de su formalización el jueves 16. Sobre todo, han hablado por boca de columnistas y conductores de programas radiales y televisivos, alineados incondicionalmente con Washington y Wall Street.

La fracción más contemporizadora de esos militantes del pago a como dé lugar dice que Argentina debe estirar su propuesta hasta llegar a un valor de bonos de 50 centavos de dólar.
Los más beligerantes apuestan a que sus patrones presenten el pleito ante la jurisdicción de Nueva York. Como primera medida quieren amasar un rechazo a la oferta que la torne inviable. En un bono que vencía en enero en Buenos Aires, Fidelity le dobló el codo a Axel Kicillof. Creen que pueden hacer lo mismo con Fernández. Luego irían a Nueva York, donde tendrán que pagar un plus a sus estudios jurídicos porque es el centro mundial de la pandemia.

Hay que reconocer que en el anterior gobierno de CFK los «fondos buitres» se salieron con la suya al final. Pleitearon en EE UU y gracias a la momia que se llamaba Thomas Griesa, la Corte de Apelaciones del estado y la Corte Suprema que desestimó el caso argentino, Paul Singer y demás delincuentes se alzaron con 13.000 millones de dólares mal habidos, sumando bonos, intereses, comisiones, honorarios de abogados, etcétera. Macri lo hizo.

Griesa ya no está entre los vivos. El matiz es que BlackRock no es exactamente igual a Elliot NML, el fondo de Singer. Y que el Fernández hoy en Olivos no es el mismo que la expresidenta, quien se metía en batallas muy justas sin tener en cuenta qué diría Héctor Magnetto.

La pelea es política y económico-financiera: ¿hay que pagar, ¿cuánto y cuándo? ¿Quiénes están primero entre beneficiarios, BlackRock o Juan Pueblo? Con una propuesta mejor, de auditar la deuda y suspender el pago, o con la de Fernández-Guzmán, en ambas hipótesis, hay que contar no tanto con plata sino con «cash» político. Hace falta una masa crítica de gente con decisión patriótica, pensando ante todo en los 16 millones de pobres que la están pasando verdaderamente muy mal. No tienen reservas monetarias ni alimentarias y en algunos casos ni físicas. Vienen extenuados por cuatro años de sufrimientos causado por el neoliberalismo. Y encima, el coronavirus.

Ahí se nota otra falla presidencial importante. Cree que tener sentado muy cerca a Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales (como Sergio Massa con el jefe del interbloque de Cambiemos, el energúmeno Mario Negri), y llamar a los popes de la industria y el comercio, sería suficiente espalda para aguantar y ganar la tensa negociación con los acreedores.

Error. Esa derecha y grupos concentrados juegan del lado de los acreedores. No sólo en la deuda sino también con la buena iniciativa oficial del impuesto a las grandes fortunas, aunque limitada a una única vez. Para resistir a los acreedores de una deuda inmoral, y cobrar impuestos a sus socios internos, habría que formar un gran frente que tenga adentro a Milagro Sala y no al gobernador de Jujuy; a los mayores de 70 en CABA y no al jefe de Gobierno que los pone en prisión domiciliaria.
ortizserg@gmail.com

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