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viernes, 5 de junio de 2020

Bolivia iría a elecciones generales el próximo 6 de septiembre del 2020


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Por Verónica Zapata:
El presidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, Salvador Romero anuncio finalmente que enviará un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa que fijará un nuevo plazo para realizar las elecciones generales hasta el 6 de septiembre. El candidato presidencial por el M.A.S. Luis Arce Catacora informó que su fuerza política viabilizó un acuerdo con las demás fuerzas políticas para concertar que la fecha de elecciones sea el próximo 6 de septiembre.


El T.S.E.  Informo que en las próximas semanas se definirán los protocolos para que en las actividades preparatorias y la misma jornada electoral se cumpla con las debidas medidas de protección, tanto de distanciamiento social como de equipamiento, a partir de recomendaciones de autoridades nacionales y expertos internacionales. Por otra parte, el secretario general de la O.N.U. realizo un pedido a los partidos y autoridades para que cooperen con el T.S.E. en la celebración de elecciones pacíficas, trasparentes e inclusivas:

“A solicitud del T.S.E. y con el apoyo de la Unión Europea, Suecia, Canadá y el Reino Unido, las Naciones Unidas seguirán brindando asistencia técnica al Órgano Electoral Plurinacional, incluso sobre las medidas de mitigación que permitan que las elecciones se lleven a cabo en las mejores condiciones sanitarias posibles”, sostuvo.

La lucha del pueblo boliviano para exigir elecciones generales.
El 3 de mayo pasado se postergaron las elecciones generales en el país por la emergencia sanitaria. De esta manera, por segunda vez se venció el plazo del mandato del llamado “gobierno de transición” de Áñez. El primer vencimiento fue el 22 de enero cuando la presidenta de facto, se auto prorrogó el mandato junto a la asamblea legislativa hasta el 3 de mayo, en un accionar de avasallamiento al derecho jurídico. La intención de los golpistas es de volver a auto prorrogarse el mandato, pero esta vez, de manera indefinida utilizando la pandemia como estrategia para mantenerse de manera indefinida en el poder, lo que fue rechazado por las organizaciones sociales.

El pueblo boliviano exige la realización de las elecciones generales para elegir un gobierno legítimo y con liderazgo para convocar a cada sector de la sociedad con el fin de enfrentar en conjunto la situación dramática de crisis sanitaria y económica que atraviesa el país. Hasta el momento el gobierno de facto no ha podido garantizar los elementos básicos para enfrentar el Covid-19, reactivos y respiradores mecánicos, desatando el colapso sanitario en Beni y Santa Cruz. El país se ha endeudado vía F.M.I. y B.M., pero no se conoce el destino de los fondos, pues no se observan en inversión en sistema sanitario.

El 29 de abril se realizó el primer cacerolazo y petardazo masivo a nivel nacional en plena cuarentena para exigir al T.S.E. que fije fecha de elecciones. Tras la presión del pueblo, el 30 de abril se sancionó la Ley 1.297 de Postergación de las Elecciones Generales que dio un plazo de 90 días para que el tribunal electoral fijara la fecha de las elecciones generales hasta el 3 de agosto. Áñez rechazo la medida y presentó un amparo de inconstitucionalidad al Tribunal constitucional, y diferentes golpistas siguieron la misma línea y fueron rechazados.

Para lograr que se vuelva a retornar el tema electoral y reencauzar al país en la vía democrática, el pueblo boliviano sostuvo una fuerte lucha con medidas de presión en plena cuarentena. Se realizaron cuatro cacerolazos y petardazos con acatamiento absoluto, marchas de protestas y numerosos bloqueos en diferentes regiones del país. El primer cacerolazo fue el miércoles 29 de abril, y los domingos 10, 24 y 31 de mayo a las 19 horas. Durante el primer y exitoso cacerolazo, en UNITEL el principal medio de comunicación funcional al golpe de estado, distorsionaban la realidad y afirmaban que el contundente reclamo tenía el objetivo de exigir la anulación de la personería jurídica del M.A.S. Uno de los bloqueos más importantes se llevó a cabo en kara kara, ciudad situada al sur de Cochabamba donde se desató una fuerte represión con gases lacrimógenos y balines. También, en El Alto se reprimió y los militares manosearon a una mujer mientras era detenida.

Ante el éxito de los cacerolazos que se vivieron como una “noche de festejo de año nuevo” en Bolivia, el gobierno de facto decidió desplegar a los militares en las principales ciudades para amedrentar y hacer gala de su fuerza. Diversos reclamos se fueron sumado a las protestas, entre ellos, la flexibilización de la cuarentena para poder iniciar las actividades económicas para sobrevivir en medio de la pandemia del Covid.19, el rechazo a los numerosos casos de corrupción del gobierno de facto, el cese de la persecución política y encarcelamientos, la derogación del decreto que permite el uso de semillas transgénicas, etc., fueron caldeando densamente el clima político y social en el país las últimas semanas.

Ante la lucha del pueblo boliviano, el grupo paramilitar “Resistencia Juvenil Cochala”, se reorganizó y llamó a atacar a los movimientos sociales si estos continuaban con los bloqueos, el pedido de elecciones, y como contrademanda exigieron el cierre de la asamblea legislativa y la postergación de las elecciones.

Por otro lado, una institución que en el pasado apoyó a Áñez como la iglesia le realizó fuertes críticas. El 10 de mayo el presidente de la conferencia episcopal de Bolivia (C.E.B.) Monseñor Ricardo Centellas critico a Áñez por “preocuparse demasiado” en repartir cargos a familiares y prorrogar su mandato y no dedicarse con eficiencia a cuidar la salud de las y los bolivianos.

Ofensiva militar a la asamblea legislativa para evitar elecciones.
La situación política y social de crisis tuvo su pico el 21 de mayo cuando el comandante en jefe  de las F.F.A.A. de Bolivia general Sergio Orellana ingresó a la asamblea legislativa  para dar un ultimátum con plazo de una semana con el fin de que se apruebe una lista de ascensos de militares presentada a la asamblea por Áñez en febrero pasado, y que la cámara rechazó el 18 de mayo siguiendo la normativa constitucional que establece que: “La propuesta de ascensos debe ser enviada por el ejecutivo al senado para que esta cámara en sesión reservada apruebe o rechace la proposición”. Eva Copa, la presidenta del senado rechazó las amenazas, sostuvo que no era indispensable tratar ascensos en plena pandemia del Covid-19, y que ello debería realizarse posterior a la elección de un gobierno democrático.

Evo Morales definió a esta situación como el tercer golpe, el primero contra su persona el 10 de noviembre del 2019, el segundo el 22 de enero cuando Añez se auto prorrogó el mandato, no convocó a elecciones generales, se mantuvo en el poder y se presentó como candidata presidencial para una próxima elección. Y un tercer golpe o “autogolpe” ante la amenaza de cerrar la Asamblea Legislativa y gobernar por la vía militar como única opción con cierre de la asamblea legislativa de la cual dos tercios pertenecen al M.A.S., la derogación de la Constitución Política de Estado, retrotrayéndola la de 1994 con el objetivo de evitar el proceso electoral. Volver a la constitución de 1994 implicaría disolver el Estado Plurinacional y restablecer la República, con la consiguiente exclusión de la vida política y de la distribución de la riqueza del país a los indígenas y a las mujeres.

Anteriormente el 10 de mayo Evo Morales realizó una grave acusación y exigió por Twitter explicaciones al jefe de las F.F.A.A. que amenazó a los asambleístas: “El comandante en jefe Orellana, debe informar al país por qué y para qué los norteamericanos entregaron en el estado mayor el pasado 14 de abril, paquetes de dinero y con qué fin los comandantes reciben 50 mil dólares por día”.
 
Esta situación de ofensiva militar a la asamblea legislativa, último bastión democrático e institucional en pie dentro del país pos golpe de estado, se llevó a cabo con el silencio cómplice de Áñez y su gabinete, de las fuerzas políticas de derecha de Fernando Camacho y Carlos Mesa, principalmente, y de los sectores civiles empresariales, medios de comunicación, etc., que apoyaron el golpe de estado del 10 de noviembre del 2019. Por otro lado, fue fuerte el repudio a nivel mundial por el accionar antidemocráticos del jefe de las F.F.A.A.  Sergio Orellana a quien se le pidió la renuncia y se le exigió respetar la constitución nacional que en su Art. 245 afirma: “Las F.F.A.A. son una institución esencialmente obediente, no delibera, no realiza acción política, y está sujeto a órdenes del presidente”.

(*)Verónica Zapata, periodista y psicóloga boliviana.

zapataveronica513@gmail.com

sábado, 30 de mayo de 2020

Bolivia en resistencia

Por Oscar Rotundo:


Reportaje al profesor Jhonny Peralta Espinoza, boliviano, economista egresado de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). Analista político. Ex integrante de las Fuerzas Armadas de Liberación Zárate Willka. Preso político durante 15 años en el Penal de Máxima Seguridad de Chonchocoro.

En noviembre de 2019 se produce en el Estado Plurinacional de Bolivia un golpe de estado que genera violencia y represión en los sectores populares, y un quiebre institucional que crea una fuerte contradicción con el sistema democrático y con el estado de derecho que existía hasta la fecha en el país. ¿Cuáles han sido las consecuencias en los sectores productivos y sindicales desde la instauración de esta aventura golpista?
Antes que nada, agradecerte por la entrevista, saber que otros pueblos están queriendo conocer la realidad boliviana es esperanzador porque nos alienta a seguir en la lucha.


Para responderte voy a contextualizar el problema de las consecuencias del golpe de estado en la economía y en las organizaciones sindicales. Por un lado, la violencia y la represión de parte del régimen golpista se ha centrado principalmente en el pueblo boliviano, debido a que  después del golpe de estado, fueron las mujeres y hombres anónimos que salieron en defensa de la democracia, de la whipala; no hubo una resistencia organizada política e ideológica y esto refleja  que durante 14 años de proceso de cambio apostó a un sobredesarrollo de la corriente sindicalista de las organizaciones obreras y también indígenas, una línea sindicalista que nunca tuvo una ideología hegemónica, o sea un conjunto de ideas, creencias que nos digan que la gente está dispuesta a luchar por otro orden social, o al menos , defender el proceso de cambio.

Reconocemos que en la historia boliviana jugó un rol importante el movimiento sindical, pero nunca llegó a un grado político superior, excepto en los años 70 con la asamblea popular, por lo tanto si tomamos en cuenta que durante 13 años de proceso de cambio, el movimiento obrero boliviano tuvo experiencias económicas, políticas, culturales, sociales que tendrían que haber producido una conciencia de clase, o sea que el movimiento obrero, en particular, tendría que haber atravesado el proceso de clase en sí a la clase para sí, pero eso no sucedió. Entonces lo que tenemos ahora son sindicatos, comenzando por la Central Obrera Boliviana, con la misma cantaleta de reivindicación economicista, su objetivo central es el incremento salarial.

Por tanto, desde la instauración del neoliberalismo, el pueblo anónimo cuenta a sus muertos y los movimientos sindicales obreros son los que, junto al pueblo, los grandes afectados a nivel económico-productivo. Y aquí vinculamos el tema económico. El régimen golpista ha vuelto al redil de los organismos internacionales mediante la deuda externa, en 14 años de gobierno de Evo la deuda era de 5 mil millones de dólares, pero en 6 meses el gobierno golpista contrajo una deuda de más de 2 mil millones de dólares. He aquí la paradoja para el movimiento obrero sindical, que fue una instancia que en su momento pidió la renuncia a Evo, y que ahora debe enfrentarse a una política económica que exigirá reducir el gasto público, o sea menos política social, así como también despidos o salarios sin incrementos para controlar la inflación, todo para abaratar costos de producción; es ahí donde los sindicatos están en la obligación de pasar de la reivindicación per se a la movilización en las calles. No le queda otro camino.


Como vemos  el gobierno de Añez o cualquier gobierno de la derecha que venga, se va a proponer la restauración de una política económica neoliberal, algunos jerarcas del gobierno ya  expresaron sus intenciones de participación de la inversión privada en el teleférico, privatizar empresas estatales con el pretexto de que son deficitarias, subastar el litio a empresas yanquis, freno a los proyectos de industrialización como la planta de fertilizantes, boicot al transporte del tren eléctrico, de la planta de medicina nuclear; y por otro lado la ampliación de la frontera agrícola con el incentivo de las semillas transgénicas, que provocará la expulsión de familias enteras de las zonas rurales.

Para redondear la respuesta, la violencia y las masacres las pagó el pueblo boliviano, las consecuencias productivas y sindicales serán de desnacionalización de la economía con graves consecuencias para el pueblo y de recorte de conquistas sociales para el mundo sindical, lo más probable es que ocurran levantamientos populares de resistencia y si el campo popular no está preparado en cuanto a organización, politización y unidad, quizás, el golpe sea demasiado fuerte e impida una recuperación por muchos años.

Si bien la correlación de fuerzas político – gubernamental en los últimos cinco años se ha modificado hacia la derecha en el cono sur, llama poderosamente la atención que al golpe de estado en Bolivia a nivel internacional no se le haya dado la gravedad que tiene desde el punto de vista político y simbólico ¿cuál es su apreciación al respecto?

El conocimiento práctico después del 20 de octubre nos muestran dos hechos concretos, primero, que los preparativos  con métodos violentos de la derecha reaccionaria y racista se venía fermentando desde hace mucho tiempo, y dos, que hubo una estrategia yanqui que no solamente se propuso echar a Evo, querían entrar ellos y para lograr este fin no les importó  pisar la Constitución, destrozar la institucionalidad mediante la quema de instituciones, secuestrar y torturar de dirigentes sociales, matar al pueblo con el uso de sus aliados estratégicos, los militares y policías, donde Camacho, Mesa, Tuto, Ortiz, Pumari y demás personajes cumplían sus roles.

Entones a pesar de la intromisión yanqui, no hubo una repercusión simbólica a nivel internacional del golpe de estado. Pienso que las razones están en que, el gobierno de Evo fue nacionalista, progresista, con una base social que descansaba en los movimientos sociales, que recupero el rol social del Estado y que esto le permitió distribuir el excedente económico mediante políticas sociales que favorecieron en reducir la pobreza, ampliar los años de escolaridad, atender el tema de salud, ampliar una red vial de caminos que en el fondo es una medida burguesa para facilitar la rotación de los capitales económicos; entonces lo que quiero decir es que el gobierno de Morales, como el de Kirchner, o Correa o Dilma, más allá de que han sido destituidos por golpes de estado o elecciones o golpes judiciales, nunca fueron un peligro para el sistema.  Y que, si algún líder fue destituido dentro o fuera de los marcos democráticos, son los medios los que le dieron la importancia que tuvieron a nivel simbólico. Entonces creo que el impacto, la importancia a nivel mediático simbólico, no es tanto lo importante, lo que nos debe interesar es la presencia de los movimientos populares organizados en una defensa intransigente, de lucha popular, organizada, movilizada y politizada que defienda derechos, proyectos, en los cuales está en juego su vida, sus proyectos colectivos. Es esto lo que debe interesarnos, y esto no sucedió. Y es aquí donde debemos interesarnos en el fondo de su pregunta, sobre la gravedad que tiene el golpe desde el punto de vista político.

En este sentido, ahora la derecha, el imperialismo yanqui, tienen un espacio más para seguir con sus planes de expansión ideológica y política, en el caso boliviano ocurrió algo que nadie se lo imaginaba hace nueve meses, que la derecha hoy tenga el gobierno, las instituciones, los medios de comunicación, los dineros públicos, etc. Esta es la gravedad política del golpe.

Un golpe de estado que se explica a partir de que la clase media tradicional durante 13 años de mandato de Evo, aguantó como un goteo incesante en la frente la presencia del indio, y que terminó por hartar la paciencia de esa clase media y de la oligarquía. Porque con cada elección que ganaba Evo llevaba al país hasta lo que estamos viviendo hoy en día, esa oligarquía que tiene la cara visible en Camacho, Tuto, Mesa, se cree que tiene el derecho naturalizado de tener el poder, primero, y de gobernar el país; acaso no repetía esta derecha  eso de que “los salvajes ya no pueden volver al poder”, y es que antes de las elecciones del año pasado, había gente que ingenuamente pensaba que la victoria de Evo también se basaría en el enriquecimiento de los grandes empresarios cruceños conseguido durante el proceso de cambio, así como también se pensaba que habría apoyo de una clase media que era el funcionariado, que mejoró sus ingresos y que quería mantener su puesto de trabajo, iba a apoyar en las elecciones. Esa clase media que se le llamo emergente. Nada más falso.

Más allá de los cambios importantes que hubo, de la visión modernista que se impuso para transformar el país, de una política extractivista que se impulsó para modernizar el país, porque no había otra, y que después iba a venir la industrialización de los recursos naturales; durante 14 años no se vislumbraba un programa o un proyecto que tarde o temprano afecte los intereses del latifundio, de los grandes industriales, del gran capital, que dé inicio auténtico a procesos de igualación de derechos, no de beneficios, económicos, políticos, culturales, procesos de transformación de las instituciones heredadas del colonialismo, neoliberalismo, procesos de transformación del sistema de creencias. Si esto hubiera sucedido, ten por seguridad que el final de las batallas de octubre y noviembre otro hubiera sido, y las repercusiones hubieran sido distintas a nivel internacional, más allá del resultado.

Como vemos el gobierno lo perdimos, no porque fuéramos buenos en la gestión económica, no porque supiéramos administrar los excedentes, o porque se hicieron los cambios importantes en el país, lo perdimos porque no tuvimos organización, militancia, politización, batalla de las ideas, cuadros políticos, y esto me recuerda a lo que en una reunión lo expresó un dirigente provincial de la federación Túpac Katari “que en 14 años no habíamos construido lo orgánico, porque en 3 ó 4 días nos habían destrozado”. Este es el daño, la gravedad política que debe interesarnos y que debemos hablar, el ceder espacio político al imperialismo y a la derecha reaccionaria, y haber perdido tiempo valioso en no haber atravesado niveles políticos que crean conciencia, organización, unidad, politización, poder popular.

Desde hace unos meses se habla de posibles elecciones generales en Bolivia ¿No parece un contrasentido que quienes usurparon el poder hablen de volver a la vía democrática por un proceso electoral garantizado por ellos?

Comencemos agarrando las cosas de raíz. Fue un enorme error permitir que la OEA, ese organismo carcomido desde sus entrañas por el imperialismo yanqui, se constituya no solo en veedor, que lo hace en diversas elecciones, sino que sea el juez que de un veredicto de las elecciones bolivianas. Eso en primer lugar. Otro error fue no usar en su momento, las fuerzas policiales en el desarme de los grupos paramilitares durante las jornadas violentas de octubre, para develar el rostro antidemocrático de la derecha, y en los días cruciales no destituir a los comandos militares y policiales por el delito de deliberación política al plantear la renuncia de Evo, para demostrar que había un golpe de estado planificado por la embajada y los sectores más antidemocráticos del país.

Ahora todo eso pasó y lo demócratas son ellos, se presentan como los defensores de la democracia, tienen el descaro de usar las siglas de CONADE un instrumento que se formó en la década de los 80 justamente para hacer frente a los golpes militares fascistas de Natusch Busch y García Meza, y es esta derecha reaccionaria la que tiene el mango de la sartén de la organización de las elecciones. En última instancia la derecha tiene la iniciativa política mediante una estrategia que se basa en la violencia y el racismo, que no está dispuesta a dejar nuevamente el gobierno y que este nuevo orden se vincula a los intereses yanquis de someter a todo el continente y saquear los recursos naturales.

Ahora la derecha que en estos seis meses demostró autoritarismo, corrupción, incapacidad, nepotismo, masacre impune, entreguismo, manipulación de la justicia, compra y manejo de los medios de comunicación, quiere dar lecciones de democracia y va a convocar a elecciones; frente a esto el MAS propone un binomio electoral que en este momento tiene un buen porcentaje de preferencia electoral, la pregunta que debemos hacernos es ¿la derecha estará dispuesta a entregar el gobierno, en caso de victoria electoral del MAS?

En términos electorales ese es el hiato a resolver. Primero cómo ganar con contundencia, cómo demostrar que el pueblo democrático es más que su careta seudo democrática, la respuesta está en la organización y más organización del pueblo, construyendo contra el reloj militancia activa y comprometida, planteando un programa renovado que recoja las ideas fuerza que palpita en el pueblo, cero corrupción, salud y educación de calidad, refundación seria de la justicia, combatir los feminicidios, dar el lugar que corresponde a la gente que ha luchado y a las mujeres, proyecto de vida para los jóvenes y autonomía indígena, entre otros. Solo así podremos retomar la iniciativa política, ganar con contundencia y que nos entreguen el gobierno y así desechar, descartar posibles desenlaces cruentos.

La irrupción militar-policial en contra del Estado de derecho y la injerencia de la embajada de Estados Unidos en el evento, marcan el comienzo de una escalada antidemocrática mucho más fuerte de la que se vislumbra. ¿Existe en las fuerzas de la resistencia un debate sobre el alcance estratégico que este fenómeno representa para el futuro del Estado Plurinacional?

El 2008 la derecha intentó dividir al país, años antes de las elecciones de octubre del 2019 venía reclamando quién o quiénes defenderán en las calles el proceso de cambio, la historia nos demostró que no había la militancia orgánica que defendiera el gobierno de Evo, por tanto, la política para la derecha no se resolvió en la contradicción reelección o alternatividad, sino en la contradicción revolución o contrarrevolución. Aquí recuerdo que antes de esas elecciones Evo reclamaba diciendo, "Ayúdenme a seleccionar nuevos asambleístas… con capacidad de debate, porque es una batalla ideológica, una guerra de ideas". He escuchado voces, los menos, decir que hubo cuadros en el proceso de cambio, que después fueron llevados de sus organizaciones a la administración pública. Esta idea se hace añicos y se cae por los suelos.

La clase media del MAS que formó parte de la maquinaria estatal, y los supuestos cuadros que se sumaron al Estado como funcionarios, tenían otra forma de entender y hacer política, que poco o nada tenía que ver con la gente que estábamos fuera de esos  límites institucionales; el tema de la formación política que era algo fundamental, ellos hacían política y tomaban decisiones  en un contexto totalmente diferente, institucional, y que se caracterizaba por una falta de pasión política tan necesaria. Entonces esos supuestos cuadros se dejaron comer por la maquinaria estatal llena de normas y procedimientos, donde la política no es un atributo esencial del ser humano, por tanto en ese mundo de la institucionalidad para tomar decisiones no hace falta formación político-ideológica, porque es más una gestión; y así se crea una paradoja de que esa gente del MAS, que son funcionarios creían que estaban sobrepolitizados por estar rodeados de política y de políticos, pero que en el fondo eran de otra pasta porque estaban metidos en los vericuetos de la administración pública.

Por un lado, esa es la militancia entre comillas que tenía el MAS y que ahora una mayoría está fuera del Estado, y digo una mayoría porque hay gente que se suponía que eran cuadros y ahora prestan sus servicios a esta derecha antinacional. Esta gente de clase media, últimamente ha salido con fuerza en las redes sociales, en debates sobre la coyuntura política, pero por su carencia de formación no están debatiendo en términos estratégicos el problema del poder, de la construcción de un proyecto pos capitalista, de la defensa militante y activa de la democracia para después profundizarla. Ahí hay que remar contra corriente y dar pasos agigantados, y quizás torpes y errados, para hacer frente a la derecha.

Por otro lado, hay grandes sectores sociales indígena, interculturales, campesinos y de los barrios periféricos o marginales que, por memoria histórica, por carencias estructurales que están sufriendo, han organizado y están organizando la resistencia, allí hay un debate sobre los alcances y fines de la injerencia yanqui y los planes que tiene la derecha para con nuestro país. Es con estos sectores donde el MAS ha consolidado un voto duro, esto es así porque el régimen golpista se ha ensañado con fuerza, masacres, persecuciones, detenciones, allanamientos, han hecho mella en esos sectores sociales que los han llevado a una mejor toma de conciencia de lo que sucede.

Hemos llegado a esta situación porque hemos actuado de forma espontaneísta y esta forma de actuar durante los últimos años nos ha conducido a este desastre de perder el gobierno sin luchar, entonces solo nos queda un camino, preparar y emprender la lucha, porque lo que hagamos y decidamos en esta coyuntura, tendrá efectos en el futuro y le dará sentido a nuestro accionar político. Esos sectores están conscientes que es un acto de sobrevivencia política existencial lo que están haciendo, todo para no repetir el error del pasado que fue de predisponer a los movimientos sociales en contra de la defensa movilizada activa del proceso de cambio.
rotundointernacional2020@gmail.com

lunes, 4 de noviembre de 2019

El conflicto entre ramas del Poder Público que se avizora



Por Juan Martorano
Ha culminado el mes de octubre y empieza el mes de noviembre, penúltimo del año 2019. Uno de los años que, y no sólo así catalogado por el propio presidente Nicolás Maduro, sino por varios analistas, como uno de los más complejos por los que ha tocado afrontar a la República Bolivariana de Venezuela, y en especial a la Revolución Bolivariana.

Indudablemente, hay algunos que no les gusta la política “dura”, sino la política “suave” o soft”. Esto a propósito de la instalación, hace un poco más de dos meses, de una denominada “Mesa Nacional de Diálogo”, con otros sectores de la oposición venezolana, que no se sienten identificados ni creen en el liderazgo de Juan Guaidó.


Como es público, notorio y comunicacional, en esta Mesa Nacional de Diálogo, se suscribieron una serie de acuerdos, uno de ellos estriba en la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) que otorgue todas las garantías para la participación de la mayor cantidad de factores políticos y así legitimar cualquier salida electoral que pueda “acordarse” en el marco de poder dirimir la actual coyuntura política venezolana (elecciones generales o sólo de la Asamblea Nacional, hoy en desacato).

Pues bien, lamentablemente algunos no podemos ser tan optimistas como el propio presidente Nicolás Maduro de pensar que esos “diálogos” puedan terminar en un resultado positivo para el país. Los celebrados en República Dominicana y luego los de Oslo y en Barbados así lo demuestran.

Este sector que se ha venido reuniendo en sesiones de la Casa Amarilla con la representación del Ejecutivo Nacional debería asumir, en mi modesto criterio y no les estamos cobrando la asesoría, un papel y dirigir un mensaje a sus propias bases, ya que por parecerse su discurso muy parecido al de los altos funcionarios del Ejecutivo, esto los hace verse como sus propias bases los denominan de “colaboracionistas del régimen”. La oposición que necesitamos debe ser patriota, indudablemente, pero que no se ponga caretas ni quiera parecerse al discurso del chavismo, que tiene su propia identidad.

Pues bien, en estos momentos ya hay todo un debate y toda una diatriba con respecto a la designación del árbitro electoral de cara a los comicios que deben celebrarse en el año 2020. La Asamblea Nacional en desacato ha procedido (en flagrante violación de la Constitución y de no subsanar la situación en la cual se encuentra) ha designar un supuesto Comité de Postulaciones Electorales para la designación de los rectores del CNE. Al respecto, la bancada del Bloque del Cambio liderada por Francisco Torrealba, ha mostrado serias objeciones al procedimiento aplicado, insinuando que de no haber un acuerdo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, presidida por Juan José Mendoza Jovert, por omisión legislativa y por la situación de desacato del parlamento, procedería a la designación de los nuevos rectores del Poder Electoral, a fin de contribuir a destrancar el juego político y dar viabilidad a los “acuerdos” de Septiembre.

Esto no es que pueda resultar o no contraproducente, eso el tiempo será el que realmente lo va a determinar. Lo cierto es que esto traerá un nuevo conflicto entre ramas del Poder Público Nacional muy similares a los ocurridos durante los años 2016 y 2017 entre la AN, el Ejecutivo y el Poder Judicial, que será para coger palco.

Y esto en el marco de las medidas coercitivas unilaterales que ahorcan y agobian al pueblo venezolano, podrían resultar contra producentes. Ya que Maduro, en medio de una encrucijada histórica donde debe tratar de lograr la flexibilización del bloqueo y boicot actual contra el país a fin de garantizarse condiciones mínimas de gobernabilidad, ha accedido a un conjunto de peticiones de sectores de la oposición. Pero las preguntas son: ¿Hasta qué punto eso será bueno? ¿Tendrán algún tipo de incidencia los actores que se sientan en la Mesa Nacional de Diálogo con personeros de la administración Trump y los lobbys estadounidenses para poder, por lo menos lograr la flexibilización de ciertas condiciones con respecto al bloqueo y al cerco que nos tienen?

Pero, retomando el tema que nos ocupa, recomiendo a los que no lo hicieron, ver la entrevista concedida por el Secretario General del Movimiento al Socialismo (MAS) en Venezuela, el opositor Felipe Mujica, en el programa 360 conducido por Boris Castellanos, de fecha 30 de octubre de 2019. Allí Mujica expresó una advertencia que no puede ser despachada alegremente. Mujica señaló la posibilidad de que en el país pueda haber dos CNE (uno designado por el parlamento en desacato, y otro por la Sala Constitucional del TSJ, o en su defecto, por la Asamblea Nacional Constituyente, aunque este segundo supuesto lo consideramos improbable, debido al poco reconocimiento internacional que tiene la referida instancia) lo que buscaría impulsar y propiciar la fragmentación del Estado-Nación venezolano. Ojo con esto.

Miren que según la óptica de algunos, tenemos dos presidentes (Guaidó y Maduro) dos parlamentos (TSJ y el “TSJ en el exilio”) dos Fiscales Generales de la República (Luisa Ortega Díaz y Tarek William Saab), aún no tenemos Defensor del Pueblo paralelo ni CNE, así que muy atentos y prevenidos.

Y esto lamentablemente es así, porque el sector guaidonista opositor no se maneja en términos de política, sino en la estrategia de “tierra arrasada”, del “todo o nada”, y entienden el diálogo como una capitulación y entrega del poder, y no como una concertación entre los bandos en pugna. De no acceder a sus demandas, entonces activan su plan de violencia y muerte.

También ha habido posturas intransigentes por parte de sectores del gobierno y el chavismo. Así como también hay una corriente entreguista y reformista que se plantea la tesis de la “entrega controlada” del poder político que hoy ostenta la Revolución Bolivariana. Contra eso también tenemos que luchar y hay que parársele firme. De ello también nos referiremos en próximos artículos.

Así que, Dios quiera que en esto pueda equivocarme, pero eso es lo que se avizora en el horizonte político.
Y el plazo para llegar a un acuerdo con respecto a este tema será enero de 2020. Ya que estimo que una vez designado el nuevo CNE y juramentados los nuevos rectores y rectoras, en el mes de marzo de 2020, la ANC en coordinación con este nuevo árbitro, procedan a la convocatoria de elecciones parlamentarias para a más tardar el mes de septiembre de 2020, como ya ocurrió en el año 2010.
Pero de ello nos referiremos en próximos artículos como ya lo manifestamos.
¡Leales Siempre! ¡Traidores Nunca!
¡Independencia y Patria Socialista!
¡Viviremos y Venceremos!
jmartoranoster@gmail.com